El documento presenta una línea de tiempo que describe la evolución del tratamiento de las víctimas en el sistema penal español desde 1837 hasta la actualidad. Inicialmente en 1837 y 1858 la víctima no tuvo importancia en los códigos penales, pero en 1936 se reconoció el derecho a la indemnización por daños y en 1938 se le permitió a la víctima intervenir en el proceso penal. Los códigos de 1971 y 1980 ampliaron estos derechos reconociendo la responsabilidad civil y permitiendo a la víctima solicitar pruebas