1. Impreso por Víctor Portugues Carrillo. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
20 Expansión Sábado 23 noviembre 2013
ECONOMÍA / POLÍTICA
Los 7 costes que el Gobierno debe rebajar a
Pablo J. Cerezal. Madrid
La estrategia del Ejecutivo para salir de la crisis pasa por una
devaluación competitiva, pero
ésta no tiene por qué consistir
sólo en bajar los costes laborales. Es lo que aconsejan los expertos e instituciones de todo
el mundo, como el director de
Asuntos Monetarios del Fondo Monetario Internacional
(FMI), José Viñals, que recientemente declaraba a EXPANSIÓN que España debía concentrarse en “reformas que
abaraten los costes para las
empresas”. Bruselas mantiene
la reclamación de que deben
hacerse más reformas (ver página anterior), y el Gobierno lo
sabe. De hecho, la ministra de
Fomento, Ana Pastor, incidió
hace poco en la necesidad de
rebajar los costes logísticos,
vinculados al transporte, y se
marcó el objetivo de reducir
esta factura en un 10% en los
dos próximos años.
El problema es que el Gobierno tiene las manos atadas a
la hora de reducir los mayores
sobrecostes. “Las empresas españolas parten con desventaja
en tres grandes áreas: las cotizaciones sociales, la energía y
la financiación”, explica Rafael
Pampillón, profesor del Instituto de Empresas y la Universidad San Pablo CEU. Y es
muy difícil atacar cualquiera
de estos costes sin acometer
una disminución sustancial de
los gastos en otras partidas ni
renunciar al objetivo de combatir el déficit.
Las cotizaciones sociales.
Este tributo supone el
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27,9% del coste laboral, una de
las cifras más elevadas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que la sitúa un 20% por
encima de la media. El problema, sin embargo, se agrava
porque las rentas más altas tienen un tope de cotización por
encima de un salario bruto de
3.425 euros al mes, pero las
rentas más bajas llegan a cotizar casi una tercera parte de su
salario. Estas rentas suponen
el núcleo más grande de trabajadores de la mayoría de las
empresas, y eso les pone en
desventaja frente a sus competidoras de la OCDE.
El Círculo de Empresarios
ha propuesto en reiteradas
ocasiones reducir las cotizaciones sociales hasta en cinco
puntos, pero las pretensiones
del Ejecutivo son mucho más
modestas. En principio, el Ministerio de Trabajo prometió
bajar un solo punto, pero hace
un año renunció al objetivo. La
ministra del ramo, Fátima Báñez, adujo que no podía “renunciar a los 3.000 millones
que supondrían estos ingresos”. De hecho, las nuevas propuestas del Ministerio van en
la dirección contraria, en la de
ampliar la base máxima de cotización para cubrir el desfase
de la Seguridad Social.
El sistema eléctrico. La segunda gran pata de los costes que podría atacar el Ejecutivo son los de la electricidad,
pero el Gobierno se encuentra
entre la espada de cubrir el déficit de tarifa y la pared de uno
de los costes más elevados de
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Elena Ramón
Los economistas señalan que los elevados impuestos al trabajo, el coste de la energía, la logística, la regulación y los recursos
las tasas al transporte y el suelo industrial imponen un sobrecoste a las empresas españolas, que pierden competitividad y
Una cadena de montaje de Seat en Martorell.
Europa. De acuerdo con Eurostat, el precio de la electricidad se sitúa en el nivel más elevado de Europa, sólo por detrás de las islas de Malta y Chipre. Y uno de los problemas es
la sobrecapacidad del sistema.
Daniel Lacalle, gestor de una
cartera centrada en el sector
energético en el hedge fund
Ecofin, calcula una sobrecapacidad total del sistema del 35%,
disparada por las primas a las
renovables. “Quitarle ingresos
al eficiente para mantener a
otro que no lo es no arregla nada”, señala Lacalle, que apunta
que la falta de la posibilidad de
quebrar es la causa de que los
costes de todo el sistema se
mantengan al alza. “Sólo en los
últimos cuatro años, los costes
han subido en torno al 40%,
debido a que la capacidad se ha
mantenido intacta cuando la
demanda colapsaba”, recalca.
Según el banco de inversión
Morgan Stanley, entre 2008 y
2012, los subsidios a renovables crecieron un 25% al año,
los costes de transporte un
12%, los costes de distribución
un 6%, los costes regulados un
33% y el déficit acumulado un
16%. Un sobrecoste que puede
hundir sectores intensivos en
energía, como la industria cementera o la de los azulejos.
El precio de la financiación. De acuerdo con los
datos que maneja el Banco
Central Europeo, una pyme
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española paga el 5,36% anual
por un préstamo, mientras las
francesas y alemanes lo hacen
entre el 2% y el 3%. Pero hay
más. Según el último dato de la
Central de Balances del Banco
de España, que se actualiza el
próximo lunes, la diferencia de
entre la rentabilidad de los recursos utilizados y el coste financiero ha caído al 0,1% en el
segundo trimestre del año,
frente al 0,4% en el mismo periodo del año anterior, y supo-
La industria debe crecer
OPINIÓN
Fabián Márquez
Sánchez
n algún momento, en el debate nacional, algunos analistas
han llegado a creer que podíamos ser un país capaz de crecer y emplear a más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social basando sólo y exclusivamente nuestra economía en los servicios. Ha dado pábulo
a tal conclusión el desmesurado crecimiento de este capítulo económico
durante los últimos años, así como el
retroceso del componente industrial
español, el 16,9%, incluido el sector
energético, lejos de la media europea
situada en el 19,3% y del porcentaje
E
que ofrece Alemania, el 26,1%, primer país manufacturero y exportador de la UE.
El primero fue el sector textil, pero
después siguieron otros muchos sectores, en retroceso frente a la competencia de los países en vías de desarrollo. El argumento era: no estamos
en condiciones de competir en materia de costos industriales con Estados
recién conformados pertenecientes
al tercer mundo, en los que la presión
de la Seguridad Social es mínima o
inexistente, los sindicatos no tienen
capacidad alguna de presión y, desde
luego, los convenios colectivos carecen de eficacia erga omnes como en
España, lo que obligaba a una reconversión inevitable de nuestra política
industrial para limitarnos a producir
aquello que no fabrican otros.
Europa padece sinsabores semejantes, pero algunos de nuestros socios han conseguido defender su industria textil basando el beneficio en
la innovación y en el diseño, en la alta
confección y en la defensa acérrima
de la calidad; y hoy parece que tan
vieja industria repunta en España
con tibieza y, probablemente, lo hace porque, al socaire de la crisis están
bajando los salarios; ningún sindicato demanda reducciones de jornada
y sí incluso su ampliación con tal de
garantizar el empleo, y todos (sindicatos y patronales) coinciden en la
necesidad de invertir en formación
para lograr plantillas lo más polivalentes posibles. Incluso el sector del
automóvil se reinventa a sí mismo,
ofreciendo claros márgenes para
competir con respecto a fábricas con
costos superiores a los nuestros.
La industria en España hoy da trabajo a más de 2,4 millones de personas y genera un empleo de gran valor
añadido, utiliza mucho más los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada que los
de mera extinción de contratos, lo
que implica una mayor estabilidad de
la mano de obra industrial, con un
83,4% de puesto de trabajo indefinidos; además del total de nuestras exportaciones, el 91,5% de éstas son bienes industriales.
La industria química ofrece un saldo positivo y, año tras año, se incrementa el capítulo de bienes exportados en relación con los importados
para atender nuestro propio consumo, y ello es posible porque los precios y los costos derivados de la pro-
ducción son competitivos. La industria cerámica española ha sufrido una
profunda transformación, reduciendo plantilla pero incrementado su
competitividad, logrando altas cifras
exportadoras, lo que da pie a pensar
que incrementará en años futuros su
cuota de mercado; y las posibilidades
de la industria alimentaria son extraordinarias.
En fin, necesitamos desterrar de
una vez aquella frase malhadada de
que la mejor política industrial es la
que no existe y reconstruir una política nueva, en cuya configuración participen empresas, trabajadores, sindicatos, patronales y Gobierno para,
sobre ella, basar nuestro resurgimiento económico.
Presidente de Analistas
de Relaciones Industriales