En los últimos 10 días han ocurrido varios asesinatos y desapariciones de defensores de derechos humanos en México, incluyendo a Nepomuceno Moreno Núñez, José Trinidad De la Cruz Crisóforo, Eva Alarcón Ortiz y Miguel Marcial Bautista Valle. El documento condena las acciones y omisiones del Estado Mexicano que permitieron estas agresiones, exige investigaciones creíbles sobre los casos, y pide garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.

1. BOLETIN DE PRENSA
REPUDIO A LOS ASESINATOS Y PREOCUPACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE
DEFENSORES.
En los últimos 10 días han tenido lugar en diferentes partes de la Republica Mexicana
asesinatos, atentados y desaparición a los siguientes defensores de derechos humanos:
28 de noviembre, fue asesinado Nepomuceno Moreno Núñez, en Hermosillo, Sonora,
quien denunciaba la desaparición de su hijo Jorge Mario Moreno.
2 de diciembre fue atacada a balazos Norma Esther Andrade, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, denunciante de feminicídios.
2 de diciembre murió Joel Santana Villa, miembro de una familia defensora de los
bosques en Coyuca de Catalán, Guerrero, dentro del CeReSo de Iguala en
circunstancias aún no aclaradas.
6 de diciembre desapareció y fue asesinado José Trinidad De la Cruz Crisóforo,
defensor de la tierra y organización indígena en Santa María Ostula, Michoacán.
7 de diciembre fueron desaparecidos Eva Alarcón Ortiz y Miguel Marcial Bautista Valle,
coordinadora y presidente respectivamente de la Organización Campesina Ecologista de
la Sierra de Petatlan y Coyuca de Catalán.
Nepomuceno Moreno Núñez, José Trinidad De la Cruz Crisóforo, Eva Alarcón Ortiz y Miguel
Marcial Bautista Valle son luchadores sociales y defensores de DDHH con largas trayectorias y
miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Todos ellos habían señalado que
tenían alto riesgo de ser agredidos; varios deberían haber tenido protección del Estado
Mexicano para cumplir con medidas cautelares otorgadas por organismos nacionales e
internacionales y evitar que las amenazas se concretaran.
Si bien el gobierno federal podrá argumentar que todos los casos eran de índole estatal el
hecho es, que por tratarse de defensores que estaban relacionados a casos muy sensibles y de
alto interés para la opinión pública, no debe negar su responsabilidad pues es el representante
ante la comunidad internacional de Estado mexicano. Por ello está obligado a responder,
coordinar y supervisar acciones entre la Federación y sus estados para proteger la vida, la
integridad y la seguridad de todos los mexicanos.
Preocupante y alarmante es que se repita la misma política en los diferentes estados al negar el
acceso a la justicia a todos aquellos que reclaman y defienden los derechos fundamentales y
comunitarios y reclaman por los asesinados y desaparecidos

2. Peor aún es que a los defensores asesinados se les quiera criminalizar y decir que las
principales líneas de investigación están en función de las “relación de las víctimas con el
crimen organizado”, o que los defensores de Derechos Humanos sólo defienden delincuentes.
Faltan a la verdad y atentan contra la dignidad de los defensores aquellos funcionarios que
hacen declaraciones superfluas, sin elementos de prueba, intentando crear en la opinión
pública una imagen negativa de los defensores agredidos.
Hoy en el país y en el estado de Guerrero, vivimos una aparente calma, pero en una violencia
constante en la que toman parte tanto las fuerzas de seguridad como los diferentes bandos del
crimen organizado. No corresponden las declaraciones sobre la disminución de los índices de
violencia por la aplicación de los programas estatales de seguridad, como es el caso del
Operativo Guerrero Seguro, con el incremento de las agresiones y asesinatos a defensores de
derechos humanos y dirigentes sociales.
Es urgente la creación de mecanismos eficaces y oportunos para garantizar la seguridad y la
integridad de los Defensores de Derechos Humanos y de los activistas sociales, ya que una vez
más se demuestra la alta vulnerabilidad en que nos encontramos para realizar nuestras
actividades.
Exigimos la investigación de cada asesinato, de cada desaparición y atentado. Investigaciones
que deben ser apegadas a Derecho, que deben dar certeza jurídica y ser creíbles. Los
responsables deben ser llevados a juicio y sentenciados para que paguen por sus acciones,
terminando así con la impunidad rampante que se pasea por el país.
Repudiamos las acciones y omisiones del Estado Mexicano que permitieron cada una de estas
agresiones.
Nos solidarizamos con las familias de cada uno de estos activistas y defensores a lo largo del
país.
Exigimos al Estado Mexicano, con sus 3 poderes y en sus 3 niveles de gobierno, que asuma y
cumpla su responsabilidad de proteger a todos y cada uno de los mexicanos.
Exigimos al Estado Mexicano que respete y garantice de manera irrestricta la vida y el trabajo
de los defensores en las áreas civil, política, económica, social, cultural, ambiental y de los
pueblos originarios.
¡BASTA DE AGRESIONES EN CONTRA DE DEFENSORES DE DDHH Y LUCHADORES
SOCIALES!