La Legislación Penal Colombiana considera el sistema democrático y las elecciones como un bien jurídico protegido. Por ello estipula en el propio Código Penal varios delitos para aquellas acciones que supongan un ataque al sistema electoral y democrático. Los delitos pueden agruparse según el tipo de actividades que conlleven.

1. Los once delitos electorales que contempla la
Ley colombiana
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la-ley-colombiana/
La Legislación Penal Colombiana considera el sistema democrático y las elecciones como
un bien jurídico protegido. Por ello estipula en el propio Código Penal varios delitos para
aquellas acciones que supongan un ataque al sistema electoral y democrático. Los delitos
pueden agruparse según el tipo de actividades que conlleven.
Listado de delitos electorales:
1- Perturbación del Certamen Democrático:
En el caso de que un ciudadano, a través de engaño, impida o perturbe la votación pública,
el escrutinio o la realización de escrutinio abierto, estará cometiendo este delito cuya pena
oscila entre los 4 y los 9 años de prisión.
Los siguientes tres delitos suponen la ejecución de actividades para procurar modificar el
voto o la actitud ante las elecciones del sufragante:

2. 2- Constreñimiento al sufragante:
Ocurre cuando se usan armas o amenazas por cualquier medio para obtener el voto o se
impida a la víctima ejercer libremente su derecho al sufragio. La pena es entre 4 y 9 años de
prisión.
3- Fraude al sufragante:
Acaece cuando a través de engaño se logra que el ciudadano vote a un candidato, partido,
lista o vote en blanco. La sanción será de 4 a 8 años de prisión.
4- Corrupción al sufragante:
Delito cometido por quien prometa, pague o entregue dinero o dádiva al sufragante para
que vote por una opción determinada. La pena será prisión entre 48 y 90 meses.
El quinto delito supone la suplantación del sufragante.
5- Voto fraudulento:
Lo comete quien suplante a un ciudadano y emita más de un voto o lo emita sin derecho en
elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato. La pena se
establece entre 4 y 8 años de prisión.
El resto de delitos son específicos de funcionarios públicos o bien difícilmente pueden
llevarse a cabo sin una colaboración por parte de éstos.
6- Favorecimiento al voto fraudulento:
Lo comete el servidor público que permita la suplantación de un votante, o que vote más de
una vez, o sin derecho a hacerlo. Incurre en prisión de 4 a 8 años.
7- Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección:
También lo comete el servidor público, en este caso si no hace entrega a la autoridad
competente del registro electoral de los sellos de una urna o de arca triclave. La pena es
de 16 a 54 meses de prisión.

3. 8- Alteración de resultados electorales:
Siempre que un ciudadano que no incurra en los delitos precedentes, altere el resultado de
una votación o introduce documentos o tarjetones indebidamente, podrá ser condenado a
entre 4 y 8 años de prisión salvo que sus actos conlleven pena mayor.
9- Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula:
Quien haga desaparecer o retenga una cédula de ciudadanía ajena o cualquier documento
necesario para ejercer el voto, incurrirá en pena de 4 a 8 años de prisión.
10- Denegación de inscripción:
Lo comete el servidor público que no cumpla con su función legal de inscribir al candidato o
lista de ellos en las elecciones populares, o bien dilate o entorpezca esta inscripción. La pena
es de 16 a 54 meses de prisión.
11- Fraude en la inscripción de cédulas:
También llamado como trashumancia o trasteo de votos, se da cuando indebidamente se
desplaza a ciudadanos que han de votar en un lugar a otro distinto al que residen para
obtener ventaja ilegítima. Conlleva pena de 4 a 9 años de prisión.
Actuaciones sancionables adicionales.
Participación en política:
Consiste en que un servidor público con jurisdicción o cargo influyente en órganos
implicados en el correcto desarrollo del proceso electoral, utilice su puesto para favorecer o
perjudicar electoralmente a un candidato.
No supone delito pero puede acarrear multa o pérdida del empleo público.
Falsedad documental:
Consiste en la falsificación de documento público con carácter probatorio. Sí es un delito y
está penado con entre 3 y 6 años de prisión.
Vías para denunciar estos delitos y otros adicionales.

4. Cualquier ciudadano puede denunciar las actividades constitutivas de estos delitos ante
la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría en el caso de que puedan estar
implicados servidores públicos.
Además, si los hechos afectan a recursos del Estado, también habrá que denunciarlo ante
la Contraloría.
Los delitos electorales pueden afectar el buen curso de as elecciones y transgredir así el
legítimo derecho de los colombianos de elegir a sus representantes.
Es por ello que se debe ser vigilantes activos del buen discurrir de dicho proceso, para
asegurar unas elecciones transparentes y verdaderamente fieles a la voluntad del pueblo.