1. Por: René Arce Islas | Opinión
Miercoles 28 de Marzo de 2007 | Hora
de publicación: 01:40
En la historia de las sociedades modernas el dilema sobre la defensa de la vida y la legalización del aborto
es un tema que ha generado amplias controversias. En muchas partes del mundo, desde hace varias
décadas, han existido avances significativos.
El tema sobre legalizar o no el aborto va más allá de asuntos penales, morales, culturales o religiosos, se
trata de una decisión íntima y personal que sólo compete a la conciencia de la mujer. En los lugares donde el
aborto está penalizado, como es el caso de México, se cancela el derecho individual de las mujeres a
decidir, si continúan o no con su embarazo, además de que coartan las libertades fundamentales del ser
humano, en este caso las del sexo femenino.
El aborto es una práctica cotidiana que se ejerce en la clandestinidad. Reconocer esta realidad resulta difícil
pues sería aceptar que la penalización del aborto ha sido derrotada por la frecuencia con la que éste se
práctica.
En México se llevan a cabo, de acuerdo con estimaciones oficiales, un millón de abortos clandestinos, de los
cuales también se estima que mueren por lo menos 10 por ciento de las mujeres que se lo practican. Aunado
a ello hay que destacar que existe un mercado negro de abortos que se realizan en condiciones de
salubridad confiable sólo para las familias pudientes, capaces de absorber las cifras millonarias que generan,
mientras que las mujeres que no tienen recursos son víctimas de verdaderos mercenarios, y por si eso no
fuera poco se exponen a situaciones de insalubridad que ponen en riesgo su vida.
La realidad del aborto en México es que se trata de un problema de salud pública y de injusticia social, pues
las mujeres más pobres son las que sufren las mayores complicaciones. Pero no sólo se trata de eso. Un
hijo o hija no deseados es contrario a los intereses de la mujer y de la sociedad, pues está demostrado que
niños y niñas no deseados por sus madres tiene graves problemas en su desarrollo personal y social, como
es el caso de niños producto de violaciones, abusos, vejaciones; llegan a familias desintegradas, con madres
solteras, de bajos ingresos o menores de edad y sin la madurez sicológica para criarlos.
En el tema de la despenalización del aborto, el Estado debería asegurar la libertad de la mujer para decidir.
Sin embargo, la actual legislación establece lo contrario. Esta es una de las razones principales para
reformar la ley. Es importante que se legisle, que haya una apertura, porque el aborto se va a seguir dando
de manera clandestina y el riesgo para la mujer y lo que implica a futuro es un daño mayor que el que puede
resultar con una legislación.
Recordemos que en el 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas al Código Penal, a
través de ellas, se crearon cuatro excluyentes de responsabilidad penal por aborto. Tales reformas
permitieron la interrupción del embarazo cuando esté en riesgo la salud de la madre, si hubo violación, por
malformación del producto y por conducta culposa de la mujer.
La IV Legislatura de la ALDF, específicamente asambleístas del PRD, PRI y la Coalición Socialdemócrata,
quieren reformar la ley para incluir una quinta causal aplicable en las primeras 12 semanas del embarazo.
Los diputados locales, en su carácter de representantes populares, tienen no sólo el derecho de promover la
reforma, sino de hacer valer su mayoría para analizar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa. Pero ese
no es el caso.
El aborto es un tema relevante en la sociedad mexicana, por ello se deben escuchar todas las voces, todas
las propuestas, se esté a favor o en contra de la despenalización. Lo que no es conveniente es caer en
posturas extremas que desatienden la realidad social y que limitan los derechos de la mujer. Lo que la
ciudad y el país requieren es un convenio en beneficio de la población. En una democracia, el beneficio
común debe estar por encima de los intereses sectarios o de grupos. Vivamos nuestra democracia y
trabajemos por fortalecerla.