Este documento discute la penalización del aborto en varios países de Iberoamérica. Señala que la Constitución ecuatoriana no contempla despenalizar el aborto ni permitirlo en casos de violación, peligro para la vida de la madre o problemas médicos. También critica los movimientos retrógrados en España y México que buscan penalizar más el aborto o convertir a las mujeres en delincuentes por decidir abortar. Finalmente, argumenta que las leyes ecuatorianas deberían contemplar las demandas sociales actuales y

1. OPINIÓN Tomada de la edición impresa del 10 de enero del 2010 El Telégrafo Imprimir Enviar a un amigo Aborto CÉSAR PAZ Y MIÑO cpazymino@telegrafo.com.ec La discusión sobre la penalización del aborto aún recorre varios países de Iberoamérica, y surge por lo que se ha calificado como un retroceso en la concepción del individuo y de la vida, y una derechización de las prácticas salubristas de los estados. La Constitución ecuatoriana no contempló a su tiempo la inclusión de leyes que posibiliten despenalizar el aborto ni, como plantearon varios grupos sociales, permitirlo en casos de violación, peligro para la vida de la madre y problemas malformativos o genéticos. El aborto en la Región es un problema de salud real. Se lo trata de ocultar con una doble y falsa moral y se lo esconde tras una supuesta legalidad, entremezclada con religiosidad. La mala práctica de abortos en el Ecuador provoca alta mortalidad materna, emergencias médicas por perforaciones uterinas, infecciones y esterilidad, entre otros problemas. Aunque España tiene una legislación clara que despenaliza el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación, surgen en estos momentos movimientos retrógrados, como los ha calificado la prensa, que tratan de modificar la ley por “permisiva” y quieren lograr en 2010 una reforma. Todo apunta a que la ley se mantendrá igual, porque la legislación española, acorde con la europea, tomó conciencia de la realidad del aborto allá en 1985. En México, en estos días, la Academia de Ciencias manifestó que es “inaceptable el fenómeno regresivo
que llevó a 18 estados mexicanos a reformar leyes para
penalizar el aborto, convirtiendo, contra toda lógica, en delincuentes a las mujeres que toman tal decisión
. Sólo el Distrito Federal lo mantiene despenalizado. Los académicos dicen que
en lo jurídico es una violación a los principios del Estado laico y una amenaza contra la racionalidad del sistema jurídico nacional
. Sostienen también que
en lo científico, es una incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo de lo que es un ser humano y la simplista, arbitraria y poco informada definición de la vida en que se basan las reformas”. Aparte de que constituyen un atentado contra las mujeres, sus derechos y sus luchas por reivindicaciones históricas. En la mayoría de países de Iberoamérica, el tema del aborto aún se mantiene candente y sin una solución clara. Mientras no se aborde con seriedad su compleja realidad, cientos de adolescentes, mujeres jóvenes y adultas, enfrentarán secuelas médicas, mientras las sociedades mojigatas se desentienden de sus responsabilidades reales, como son la atención directa a las madres y niños no deseados nacidos de violaciones, o con problemas polimalformativos graves. Al no abordar el tema del aborto, los estados esquivan los costos de manutención de discapacidades graves y de pobreza extrema. Las leyes ecuatorianas, liberándose de tabús, doble moral y falsa religiosidad, deberán, en algún momento, contemplar las demandas sociales actuales y discutir sobre la necesidad de despenalizar el aborto, desarrollar la medicina prenatal, la investigación intrauterina y genética, como derechos de la salud reproductiva.