El documento habla sobre el concepto de servicio público. Explica que el servicio público debe satisfacer necesidades de interés general y puede ser prestado directamente por el Estado o a través de particulares bajo esquemas de concesión. También señala que un servicio público se caracteriza por ser obligatorio, regular, continuo, uniforme y prestado bajo un régimen de derecho público. Por último, clasifica los servicios públicos en federales, estatales, municipales e internacionales.

1. SERVICIO
PÚBLICO

2. Al lado de las medidas necesarias para
salvaguardar el orden público (que
equivale a la tranquilidad, seguridad y
salubridad públicas), así como de
todas las acciones necesarias
tendientes a regular y fomentar la
actividad en la vida económica, cultural
y asistencial del país que constituyen
los fines del Estado; tenemos a los
servicios públicos como parte
sustancial o medios para cubrir esas
necesidades de la comunidad, ya sea
por la gestión directa del Estado o
indirecta, (sectores público y privado).

3. Es así que el servicio público, es
creado para dar satisfacción a diversas
necesidades de interés general.
Cabe decir, sin embargo que el servicio
público no es monopolio del Estado, ya
que a través de la figura de la
concesión puede discrecionalmente y
con arreglo a la ley y los principios de
derecho administrativo público,
permitir que éste sea proporcionado
por una persona física o moral
(particulares), delegando así parte de la
autoridad del Estado o de sus cuerpos
administrativos.

4. Es importante señalar que bajo este rubro
se pueden concebir tanto a los servicios
públicos, como a los trabajos públicos;
obras públicas; función pública y función
administrativa, por ello no es posible
encontrar un criterio único para definir al
servicio público, pues mientras que en
algunos preceptos constitucionales se
encuentran referidos a los servicios
públicos y los servicios explotados o
concesionados de la Federación, en otros
se equipara el concepto a empleos públicos
y a los funcionarios públicos, o se emplea
la expresión para referirse a un organismo
u oficina pública.

5. Sin embargo, es de aclarar que los
servicios públicos propiamente
dichos deben prestarse por el
Estado mexicano o a través de los
particulares bajo el esquema de la
concesión, pero cuando se está en
presencia de verdaderas funciones
públicas clasificadas como servicios
públicos, no pueden ser delegables a
particulares, tal es el caso de la
seguridad pública.

6. Aunado a ello, es preciso tener siempre
en cuenta el marco espacio-tiempo en el
que se han otorgado o se otorgaran esos
servicios públicos, pues las necesidades
colectivas son cambiantes de un
momento a otro, un ejemplo palpable de
ello es que las condiciones imperantes en
1917 bajo las cuales se establecieron los
servicios públicos en nuestra
Constitución, no son las mismas que
operan en la actualidad, pues sin temor a
equivocaciones, las necesidades del
México de hoy han tenido variaciones
sustanciales.

7. En nuestro sistema jurídico de derecho, el
servicio público tiene diversas
características, las que le han llevado a la
bien ganada denominación de Estado-
Empresario, esas características, según el
doctrinario Alfonso Nava Negrete son:
a) Se puede prestar por el Estado o por
los particulares;

8. b) Puede prestarse con o sin propósito de
lucro por el estado o los particulares;
c) Es de naturaleza administrativa o
económica (industrial o comercial); y,
d) Su régimen jurídico es de derecho
administrativo, aunque no exclusivamente
porque también se pueden aplicar normas
de derecho privado.

9. Si bien no existe una definición como tal
en el texto Constitucional, ni en las leyes
federales (pues por regla general la
legislación es poco dada a incluir
definiciones en sus textos); sí en cambio
podemos distinguir en las bases
constitucionales al menos los elementos
que delimitan al servicio público en cada
uno de los órdenes de gobierno:
Federación, municipios; entidades
federativas; Distrito Federal y facultades
residuales se pueden observar desde los
artículos 73, 115, 116, 122 y 124
Constitucionales.

10. Es por ello que los servicios públicos
atendiendo a cada uno de éstos órdenes
pueden clasificarse en:
1. Federales,
2. Estatales,
3. Municipales, e
4. Internacionales.

11. No obstante sí tenemos una definición en
un texto legal del Distrito Federal, de
donde se desprenden los elementos
constitutivos o características esenciales
del servicio público, a saber:
Que tenga como fin satisfacer las
necesidades de interés general; y,

12. Que el servicio se preste de manera:
-Obligatoria;
-Regular;
-Continua;
-Uniforme; y
-En igualdad de condiciones.

13. El precepto a que nos referimos es el
artículo 128 de la Ley del Régimen
Patrimonial y del Servicio Público, en
donde se establece:
“Artículo 128. Para los efectos de esta
Ley, se entiende por servicio público la
actividad organizada que se realice
conforme a las leyes vigentes en el
Distrito Federal, con el fin de satisfacer
necesidades de interés general en forma
obligatoria, regular y continua, uniforme y
en igualdad de condiciones.”

14. Asimismo en el precepto anterior
establece la misma ley que:
“Artículo 127. La prestación de los
servicios públicos en el Distrito Federal
corresponde a la Administración Pública
Local, sin perjuicio de encomendarla,
mediante Título de concesión limitada y
temporal, en los casos expresamente
previstos enlas leyes, otorgada a quienes
reúnan los requisitos correspondientes.”

15. Del contenido de este precepto legal
podemos observar que en principio la ley
regula lo relativo a los servicios públicos
encomendado a la Administración Pública
Local, por tanto se encuentra dentro de la
clasificación de los servicios públicos
estatales; además de que su prestación
no es exclusiva de la Administración
Pública Local, pues pueden intervenir los
particulares bajo la figura jurídica de la
concesión, la que será otorgada en forma
limitada y temporal bajo el régimen
jurídico aplicable.

16. En la tesis que se transcribe, se señalan
esencialmente los puntos torales de la
definición de servicio público; así como
sus notas características, tesis que
aunque no forma jurisprudencia (por no
existir mayores discrepancias en cuanto a
su contenido), nos parece bastante
completa como marco referencial de lo
que debe entenderse por servicio público,
ya que sus puntos distintivos son:

17. SERVICIO PÚBLICO. SUS NOTAS
CARACTERÍSTICAS.
Aunque la doctrina no ha llegado a un consenso
respecto del concepto de servicio público, de las
definiciones más aceptadas es factible obtener
las siguientes notas características:
1. El servicio público debe consistir en una
actividad prestacional, es decir, una actividad
que tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien,
un beneficio, etcétera, de cualquier naturaleza y,
por lo tanto, varía el ingreso de quien la recibe o
disminuye los gastos en que pudiera incurrir en
el supuesto de no recibirlo.

18. 2. Esta actividad es asumida por la
administración pública de manera expresa y
concreta, lo que significa que es reservada en
exclusiva en cuanto a la dirección y organización
a un órgano estatal y que el ejercicio de esa
actividad requiere de autorización previa del
Estado expresada con un acto de autoridad.
En este sentido, las actividades en las que se
permite la concurrencia de particulares sin esta
previa autorización no son servicios públicos.

19. 3. La administración pública realiza la actividad
de servicio público en forma directa o indirecta,
es decir, valiéndose de la concesión, aunque la
legislación mexicana no es consistente en la
denominación que otorga a esta figura jurídica,
puesto que en algunas leyes administrativas se
emplea el término autorización, cuando se refiere
a la prestación de un servicio público.
4. El servicio público siempre debe tender a la
satisfacción del interés general.

20. 5. El servicio público se presta conforme a
un régimen de derecho público, especial y
propio que lo particulariza e identifica
frente a otras actividades administrativas
y cuyas características son su
generalidad, uniformidad, continuidad,
regularidad, obligatoriedad y
subordinación a la administración pública.
Por lo tanto, no puede estar sujeto a un
régimen de derecho privado en cuanto a
su prestación.

21.  Que el servicio público debe consistir en una
actividad prestacional que incide directamente
en el ingreso y los gastos de quien lo recibe;
 Que es una actividad asumida directamente por
la Administración pública; por tanto, es
reservada en exclusiva;
 Que si el servicio público puede prestarse a
través de particulares, se requiere de
autorización previa del Estado, expresada en
un acto de autoridad bajo la figura de la
concesión;

22.  Por tanto dicha actividad puede
realizarse por la Administración Pública
en forma directa o indirecta valiéndose
de la figura de la concesión y/o
autorización;
 Que esas actividades en las que se
permite la concurrencia de particulares
sin esa previa autorización no pueden
considerarse servicios públicos;

23.  Por último, que el servicio público
siempre debe tender a la satisfacción del
interés general y prestarse conforme a
un régimen de derecho público, especial
y propio que lo particulariza e identifica
frente a otras actividades
administrativas y cuyas características
para que se consideren como tales, son:

24. 1. generalidad;
2. uniformidad;
3. continuidad;
4. regularidad;
5. obligatoriedad y
6. su subordinación a la administración
pública.

25. Como corolario a lo anterior, cabe
concluir como lo hace la tesis en cita que
el servicio público, en cuanto a su
prestación, no puede sujetarse a un
régimen de derecho privado, pues aun y
cuando se haya concesionado el
otorgamiento de dicho servicio a un
particular, el Estado es el titular originario
de esta facultad, se entiende que el
servicio público se presta por el Estado
en forma indirecta y bajo un régimen
exorbitante de derecho privado.

26. Por otra parte, cabe resaltar que las
características que establece la tesis
analizada coinciden con las establecidas
por la Ley comentada en el punto
inmediato anterior en cuanto a que los
servicios públicos deben prestarse en
forma obligatoria, regular y continúa,
uniforme.

27. Como lo señala Gabino Fraga, y otros
doctrinarios, los servicios públicos se han
clasificado con diversos criterios, siendo
los más importantes: los que los dividen
por:
La forma como satisfacen las necesidades
generales (uti singuli y de uti universi,
según se pueda identificar a los usuarios)
y,
a) Aquéllos que se clasifican por la forma
de gestión de los mismos (gestión pública
y de gestión privada), etc.

28. Dentro de la primera de las clasificaciones
citadas, podemos mencionar: el servicio
de defensa nacional; los servicios de vías
generales de comunicación; los servicios
de
enseñanza, de correos, de telégrafos,
radiocomunicación, transportes; los de
asistencia pública; los de previsión; los
seguros sociales, los de vivienda barata,
etc.

29. Desde el punto de vista de la forma de
gestión de los mismos tenemos:
1. Aquéllos que son manejados directa y
exclusivamente por el Estado o por
organismos creados por el propio Estado
para tal fin, de
2. Aquéllos que pueden ser explotados
por medio de la concesión administrativa
que se otorga a individuos o empresas
particulares y que en el presente trabajo
constituye el tema central.

30. Casi todos los servicios públicos pueden ser
concesionados, es decir, el Estado puede actuar en
forma concurrente con los particulares como es el
caso de los servicios públicos de radiodifusión y
teléfonos, y también puede actuar en forma
concurrente con las demás entidades públicas, como
es el caso de la educación pública, el turismo,
salubridad, caminos, etc. pero, también hay servicios
públicos que son indelegables, como el caso de los
relativos de la policía preventiva y tránsito, otros que
son exclusivos, es decir con el carácter monopólico,
como es el caso del petróleo, la energía eléctrica,
correos, telégrafos y banco único de emisión; así
como también servicios públicos estatales exclusivos
que deben ser regulados por las legislaturas de los
estados, y concurrentes con la Federación y/o con los
municipios que se encuentran dentro de la
circunscripción territorial del estado, ejem: la
educación pública y el drenaje.

31. Dentro de este tema en particular, es menester
hacer una breve referencia al concepto de obra
pública, puesto que es la realizada por el Estado
con un propósito de interés general, destinada al
uso público, al desempeño de una función
pública, o a la prestación de un servicio público,
destacándose como formas de gestión:
1. La administración directa (realizada por la
propia administración pública con sus recursos
materiales y humanos);

32. 2. El contrato de obra pública (con un régimen
jurídico especial, celebrado por la administración
pública con un particular o contratista, mediante
el pago de un precio); y,
3. La concesión de obra pública (en donde la
administración encarga a un particular la
ejecución de la obra a costa y riesgo de este, y le
confiere su explotación durante un plazo
determinado a efecto de que recupere la
inversión realizada, el importe de los intereses
respectivos, la suma de gastos de operación y
además obtenga una utilidad, es sin embargo un
contrato de obra pública, pero la inversión la hará
el concesionario).

33. Señala Gabino Fraga en su obra que
el patrimonio del Estado se compone
por:
“El conjunto de bienes materiales
que de modo directo o indirecto
sirven al Estado para realizar sus
atribuciones, constituye el dominio o
patrimonio del propio Estado.”

34. Por su parte, la Ley General de
Bienes Nacionales, señala en su
artículo 1º, que el objeto de la misma
es establecer: los bienes que
constituyen el patrimonio de la
Nación; el régimen de dominio
público de los bienes de la
Federación y de los inmuebles de los
organismos descentralizados de
carácter federal; asimismo refiere en
su artículo 3º, como bienes
nacionales:

35. ARTÍCULO 3.- Son bienes nacionales:
I. Los señalados en los artículos 27, párrafos
cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
II. Los bienes de uso común a que se refiere el
artículo 7 de esta Ley;
III. Los bienes muebles e inmuebles de la
Federación;
IV. Los bienes muebles e inmuebles propiedad de
las entidades;

36. ARTÍCULO 3.- Son bienes nacionales:
V. Los bienes muebles e inmuebles propiedad de
las instituciones de carácter federal con
personalidad jurídica y patrimonio propios a las
que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos les otorga autonomía, y
artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42,
fracción IV, y 132 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
VI. Los demás bienes considerados por otras
leyes como nacionales.

37. Para efectos de este tema, baste señalar
que la propia Ley de Bienes Nacionales,
presenta en sus artículos 6º y 7º, dos
grandes clasificaciones, seguidas de
bastas listas de bienes nacionales,
agrupándose de la siguiente manera:
1. Bienes sujetos al régimen de dominio
público, y
2. Bienes del dominio privado de las
entidades y de los Organismos
Constitucionales Autónomos.

38. Los bienes de dominio público
según el doctrinario Rafael I.
Martínez Morales representan:
“(...) el sector de los bienes del
Estado sobre los cuales ejerce su
potestad soberana, conforme reglas
de derecho público, a efecto de
regular su uso o aprovechamiento, y
de esta manera se asegure su
preservación o racional
explotación”.

39. Cabe decir también que estos bienes
son inalienables, imprescriptibles e
inembargables y, generalmente
concesionables y no están sujetos a
acción reivindicatoria o de posesión
definitiva o provisional, o alguna otra
por parte de tercero, (Artículo 13 de
la Ley de Bienes Nacionales).
Tampoco están sujetos a gravamen
alguno ya que están libres de
cualquier carga tributaria.

40. Dentro de esta clasificación
encontramos los bienes de uso
común, estos bienes tienen dos
vertientes o criterios acorde con las
distintas legislaciones modernas,
una que considera como bienes
sometidos al derecho de propiedad,
y otra como no susceptibles de ese
derecho de propiedad.

41. En México, los bienes de dominio público sí son
susceptibles del derecho de propiedad. Baste la
sola lectura de algunos párrafos del artículo 27
Constitucional, en donde se establece:
“La propiedad de tierras y aguas comprendidas
dentro de los límites del territorio nacional,
corresponde originariamente a la Nación.” las
modalidades que el Estado puede imponer a la
propiedad privada; “(...) Corresponde a la Nación
el dominio directo de todos los recursos
naturales (...);” “Son propiedad de la Nación las
aguas de los mares territoriales (...),” etc.

42. Si bien, se pueden otorgar
concesiones sobre bienes sujetos al
régimen de dominio público de la
Federación estas no crean derechos
reales, simplemente frente a
Administración para realizar el uso,
aprovechamiento o explotación de
acuerdo con las disposiciones del
Título de la Concesión de la ley en
comento y las leyes específicas
aplicables, pero nunca salen del
patrimonio del Estado.

43. Para ser incorporado o desincorporado algún
bien se requiere de un “decreto de destino”, con
ciertos requisitos tales como: que lo emita el
Presidente de la República refrendado por el
Secretario de la Función Pública, o, ser emitido
por el Secretario de Estado si solo es un cambio
de usuario; que se publique en el Diario Oficial;
debidamente fundado y motivada la causa que
justifique su incorporación o desincorporación.
Pueden ser enajenados a título gratuito (cuando
se destinen a los servicios públicos), o a título
oneroso (mediante subasta, o fuera de subasta
mediante decreto del ejecutivo que así lo
autorice).

44. Los bienes de dominio privado del Estado son
aquéllos que el legislador ha estimado
innecesario otorgarles tantos requisitos como a
los del dominio público, en los Estados
anteriores a la época contemporánea se
distinguían claramente entre el patrimonio al que
tenía acceso el público, de los bienes del
gobernante propiamente dichos, ahora
podríamos pensar en los bienes necesarios para
la función pública así como la prestación de
servicios públicos; áreas para la regularización
de la tenencia de la tierra y atender el problema
habitacional.