conocimientos

1. Universidad “Fermín Toro”
Vice Rectorado Académico
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho
Araure – Portuguesa
Responsabilidad de la
Administración
Integrante:
Yelis lugo: 25.120.696

2. Concepto de Administración Pública:
Objetivamente, la administración pública, es aquel ente constituido por un
conjunto de organismos cuyas actividades son desarrollados dentro del común
denominador del interés público, cuyo correlato es la satisfacción de las
necesidades o intereses públicos por parte del Estado.
Ahora bien, el Artículo 141 de CRBV preceptúa:
"La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se
fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función
pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho"
Podemos definir la Administración Pública como el contenido esencial de la
actividad de correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de
gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para
suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las
necesidades públicas y lograr con ello el bien general, dicha atribución tiende a la
realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que
norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido
de actos administrativos emitidos exprofeso.
A si mismo Administración Pública Nacional
Se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, esta
Ley creada con la finalidad de ampliar y organizar la administración del Estado
atendiendo a la organización y competencia de los poderes públicos, establecidos
en la Constitución de forma descentralizada, regulando políticas administrativas y
estableciendo normas básicas sobre los archivos y registros públicos.
La Administración Pública, es una organización que está conformada por las
personas jurídicas estatales (entes) y por sus órganos, como lo precisa la Ley
Orgánica de la Administración Pública Art 15.
Ley sobre el estatuto de la función pública.
Antes de iniciar el estudio acerca del presente ley es conveniente explicara
que la función pública en principio es ejercida por la Administración Pública; la cual
es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se
refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre

3. los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la
satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha
atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete al marco
jurídico especializado que norma subejercicio y se concretiza mediante la emisión.
En nuestro Ordenamiento Jurídico específicamente en la Ley del Estatuto de la
Función pública busca definir la función pública estableciendo los principales
objetivos, los cuales se establecerán a continuación: está en su artículo Nº 2, en el
cual explica a continuación lo siguiente: 1 Crear el marco regulador que conforme
un sistema de incentivos definidos para el funcionario público, con reglas claras de
actuación, paraqué su gestión se oriente a garantizar que la Administración
Pública Nacional esté al servicio de los ciudadanos, fundamentada en los
principios deshonestidad, participación, solidaridad, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función
pública, con pleno sometimiento a la ley y el derecho.
Promover que el funcionario público se identifique como servidor público ,que
actúa en función de la acción del Estado para llevar a cabo sus fines esenciales y
forma parte de una Administración Pública al servicio de laciudadanía.3- Crear un
régimen que oriente la actuación de los funcionarios públicos hacia una conducta
intachable, regida por los códigos de ética y moral administrativa, con el más alto
sentido de dedicación y compromiso para la realización de los principios y normas
de la Constitución.4 Crear las condiciones para que los funcionarios que ingresen
y permanezcan en la Administración Pública, respondan a los más altos niveles de
capacitación y experiencia técnica y profesional.5- Establecer las normas que
garanticen que el acceso y ascenso en la Función Pública, sólo se realice en el
más estricto respeto a la igualdad efectiva y real, con base en la selección objetiva
del más apto, mediante la competencia pública sobre conocimientos, méritos y
experiencia.
En el articulo ya descrito, explica, que la función pública deberá establecerse bajo
varios principios que darán como norte el buen funcionamiento de la
Administración pública y que los funcionarios que integren esta, en los diferente
Órganos, Institutos, Ministerios, etc., tengan como principios fundamentales la
honestidad, trabajo, profesionalismo siempre apegados a la Constitución y las
leyes, con la fundamental razón de trabajar para la Nación; es decir para el
colectivo, para la satisfacción del Interés General.

4. La Constitución estableció, con carácter general, que los cargos de los órganos de
la Administración Pública son de carrera, exceptuando los de elección
Profesionalización de la Administración Pública Venezolana 167popular, los de
libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros al servicio de la
Administración Pública y los demás que determine la Ley.
La consecuencia del principio de la carrera es que el ingreso de los funcionarios
públicos y a los cargos de carrera debe realizarse mediante concurso público,
fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. En cuanto al
ascenso, debe estar sometido a métodos científicos basados en el sistema de
méritos, y el traslado, suspensión y retiro debe ser de acuerdo con el desempeño
de los funcionarios.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Ámbito Funcional.
En un ordenamiento jurídico-administrativo determinado puede concebirse
distintos regímenes estatutarios, según que la situación jurídica del funcionario
público se regule en: un estatuto general que comprenda a todos los funcionarios
públicos, cualquiera que fuera su categoría, sus funciones y entidades de que
dependan; o un estatuto particular para un determinado grupo de funcionarios
públicos que existan en el Estado, en virtud de las especiales condiciones de
empleo público a los cuales se encuentran sometidos o en razón de que es el
propio órgano o ente administrativo el que requiere un tipo especial de regulación
mediante Ley especial.
Esta ley se aplica, de manera uniforme, a los funcionarios públicos nacionales,
estadales y municipales, y que, por lo tanto, las leyes especiales ordenanzas
municipales en materia de personal, anteriores a la precitada ley, han quedado
derogadas, en cuanto colidan con la señalada Ley. En este sentido la Ley el
Estatuto rige las relaciones jurídicas de empleo público entre los funcionarios y las
diferentes administraciones ya mencionadas, y dentro de éstas, la Nacional
Central y la Descentralizada, encada uno de sus Niveles. Esto incluye los
Institutos Autónomos en todos ámbitos de la Administración Pública. Además,
señala esta posición que el criterio sustentado se apoya, también, en la ubicación
del artículo 144 de la vigente Constitución, de donde se colige que la intención de
la Constitución era establecer un único estatuto de la función pública en todos los
niveles territoriales del Poder Público.

5. Al igual que En la Ley contra la Corrupción se establece también la sinonimia entre
los términos funcionarios o empleados públicos; en efecto en el artículo 3 de la
citada Ley se consideran funcionarios o empleados públicos . Con idéntica
significación se utilizan estos vocablos en el Código Penal vigente, así pues, el
título quinto del mencionado Código dispone: No incurrirían en los delitos y penas
establecido en los artículos 278 y 279 los militares en servicio, los funcionarios de
policía, los resguardos de aduanas, ni los funcionarios o empleados público.
Funcionarios y Empleados Públicos en la Legislación Venezolana.
En el ordenamiento Jurídico venezolano no hace uso parcialmente de los términos
“funcionario” y “empleado”, para designar a todas aquellas personas que presten
servicios a la administración pública. Por ejemplo, como ya dijimos, La
Constitución vigente sólo hace mención de los funcionarios públicos, mientras que
la Ley contra la Corrupción, el Código Penal y la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público, entre otras mencionan tanto a los
Funcionarios Públicos como a los empleados públicos. En la presente Constitución
en el aparte del artículo 144, dispone: “la Ley determinará las funciones y
requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos y funcionarias públicas para
ejercer sus cargos”. La misma
Constitución en el artículo 149, expresa. “los funcionarios públicos y funcionarias
públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos
extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. En el artículo 187 de la
misma Carta Fundamental, entre las atribuciones de la Asamblea Nacional, se
incluye: “Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar
cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros”.
Ahora bien dándole fin a este trabajo podríamos decir Como bien se ha
notado, el moderno régimen de la responsabilidad administrativa es la fuente
general más importante de posibles responsabilidades extracontractuales. Ello es
así porque es en el ejercicio de la función administrativa, el llevar a la práctica el
derecho y los cometidos del Estado, donde el Estado tiene más contacto con las
personas. Esa relación permanente, continua e ininterrumpida comprende todas
las situaciones dañosas derivadas de la actividad administrativa, esto es actos,
hechos y omisiones. La responsabilidad administrativa-funcional, es consecuencia
de la infracción por parte del servidor o funcionario público de las obligaciones,
prohibiciones y deberes que guían su accionar en el ejercicio de sus funciones;
pudiendo ser pasibles de una sanción de destitución, suspensión, amonestación o
cese según la gravedad del hecho cometido y el perjuicio irrogado a cargo de la
administración, en perfecta armonía con la aplicación del poder disciplinario que le

6. es inherente; pudiendo ser imputable dicha conducta a título de dolo o culpa,
según como se configure la falta cometida.