Perdiendo el año tierra desplazamiento y seguridad alimentaria EGG

Perdiendo el año: Tierra, desplazamiento y seguridad alimentaria

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Emilio García Gutiérrez
Contribución para el Congreso departamental de la ANUC del Meta.
Villavicencio, 28 de junio de 2007.
La convocatoria de este congreso por parte de la Dirección departamental de
la Anuc es un recordatorio de la tarea aún no cumplida por la sociedad
colombiana a costa de inmensos sacrificios de nuestro desarrollo. Dedicados
estudiosos de la economía colombiana, hablan de los costos que había tenido
para el país el no haber realizado oportunamente una reforma agraria; hoy,
cuando gravita sobre el país la imposición generalizada del modelo paramilitar,
estos costos le reducen aún más al país su mermada viabilidad.
Estas palabras responden, sin duda, a los argumentos de algunos sectores
gremiales para los cuales la tierra había perdido toda importancia como factor
productivo en la medida en que Colombia había entrado en “la sociedad del
conocimiento”, por lo cual la problemática del campo era la ciencia y la
tecnología. Sin desconocer la importancia de la ciencia y la tecnología,
alertamos que no se pueden desconocer nuestras realidades, una de las
cuales es el significado económico y político que continúa teniendo la
propiedad de la tierra.
Hoy convergen dos procesos decisivos para la suerte del país como son la
legitimación del paramilitarismo por parte del gobierno y las muy discutibles
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Uno y
otro son referentes obligados para la propiedad territorial en tanto que el
primero confirma su naturaleza política y el segundo lo ponen en evidencia
como uno de los determinantes de la vulnerabilidad de nuestra agricultura
frente a las importaciones de origen norteamericano.
A este respecto vale recordar que en gran parte como resultado de las
medidas aperturistas de comienzos de los 90, el país perdió cerca de 700 mil
hectáreas de producción, mal compensadas con la importación anual de cinco
millones de toneladas de alimentos y materias primas, con costos superiores a
los de haberlas producido, derivados de los desembolsos causados por la
entrada de estos bienes.
El poder político, la tierra y el comportamiento de la agricultura
Coincidiendo con las negociaciones del Gobierno con los paramilitares, uno de
los jefes de estas organizaciones ha reiterado cómo la participación de este
poder en el Congreso representa un 35% de su composición, lo que pone en
evidencia, una vez más, el significado político del control de la propiedad de la
tierra. Esta revelación se ha hecho particularmente evidente con la presencia
del poder terrateniente en las más altas esferas del Estado, incluyendo el
Congreso de la República.
Tres aspectos resaltan en este tema: de una parte, la incidencia del control
paramilitar en uno de los espacios con mayor potencial económico localizado


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en el norte de los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar,
Cesar y Magdalena, caracterizado por los desarrollos agroindustriales del
banano y más recientemente de la palma africana (Mingorance, Fidel; Minelli,
Flaminia; Helene Le Du, 2004) y en donde se prevén otras perspectivas en las
áreas de conducción de hidrocarburos, siderúrgica, integración vial y turismo.
Por otra parte, es precisamente en estas mismas áreas en donde se registran
los mayores coeficientes de concentración de la propiedad y es, finalmente, en
donde han ocurrido los mayores desplazamientos forzados y masacres. Estas
características las comparten otras áreas con perspectivas económicas
similares, como son el oriente antioqueño, en donde se localizan proyectos
hidroeléctricos y de plantaciones forestales o la costa del Pacífico, en donde
están ocurriendo las mayores ampliaciones de las plantaciones de palma
africana.
A comienzos de la década de 1990 el gobierno colombiano, a tono con las
reformas neoliberales, impulsó la apertura comercial y la desestatización de
funciones estratégicas en la producción agrícola y la política social. La rebaja
de aranceles, eje de la apertura comercial, facilitó el ingreso masivo de
importaciones, el cual, junto con la revaluación resultante de la entrada de
divisas del narcotráfico, entre otras fuentes, condujo a la caída sustancial de la
producción nacional.
El resultado fue la desaparición de más de 700 mil hectáreas de cultivos, en
particular transitorios y con ellas de más de 300 mil empleos. Al tiempo ocurrió
el afianzamiento de algunos cultivos permanentes, particularmente la palma
africana, en las regiones ya mencionadas. Los cambios en la economía
agrícola, representados por el descenso de los cultivos transitorios y la
implantación de los cultivos permanentes han ido acompañados por la
praderización que hoy se extiende sobre más de 35 millones de hectáreas, de
acuerdo con el estudio IGAC-Corpoica de 2003 (Zonificación de los conflictos
de uso de las tierras en Colombia, Bogotá) con un hato cercano a los 24
millones de cabezas de ganado.
Como hemos podido apreciar, el comportamiento de la agricultura es el
resultado de una serie de factores internos y externos que han confluido en una
coyuntura en la que la producción nacional, anteriormente protegida, se
expone ante los mercados internacionales. Al tiempo, se evidencia la
incapacidad de los demás sectores de la economía (industria, comercio,
servicios) para absorber la mano de obra expulsada de la agricultura. Un
efecto de todo ello es el crecimiento del desempleo en el país, estimado en el
20,5% de la oferta laboral para comienzos de 2001 y, como consecuencia, la
informalización del empleo que en una ciudad como Barranquilla se estima en
el 75% de la ocupación.
A la confluencia de los factores mencionados, a saber, la eliminación de
instrumentos de protección, el comportamiento de los costos de producción,
en particular las tasas de interés y la renta del suelo, y el manejo de las tasas
de cambio, se añaden los efectos de la guerra, en particular, los
desplazamientos forzados. Esto y el descenso de la rentabilidad de las
actividades agrícolas parecen haber generado un cambio profundo en la
configuración de la agricultura.


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Los componentes más relevantes de este cambio, según las evidencias, son:
• El aceleramiento de la ‘desagriculturización’ del empleo.
• El aceleramiento de las migraciones internas rural-urbanas y rural -rural en el
país.
• La disminución de las áreas sembradas.
• La recomposición de la producción agrícola en términos de reducción de
cultivos transitorios y de ampliación de cultivos permanentes (mientras creció
el área de cultivos permanentes en 2,2%, decreció la de cultivos semestrales
en 6,2%).
• La expansión de la frontera agraria en un 30,2%, en el lapso de 12 años, al
pasar de 35,4 millones de hectáreas en 1984 a 50,7 millones en 1996.
• La gran propiedad aumentó: las fincas mayores de 200 hectáreas, que en
1984 eran el 1,3% del total de fincas y abarcaban el 47,3% de la superficie
agrícola pasaron a ser el 1,1% de las fincas en 1996 y a controlar el 55,2% de la
superficie, es decir, hubo menos fincas pero más grandes. Si hacemos una
comparación con la información producida en el 2002 (IGAC-Corpoica) el
crecimiento de gran propiedad puede verse así: en 1984, las fincas mayores de
500 hectáreas correspondían al 0,5% de los propietarios y controlaban el 32,7%
de la superficie; en 1996, este rango correspondía al 0,4% de los propietarios y
controlaba el 44,6% de la superficie. En el 2001, las fincas de más de 500
hectáreas correspondían al 0,4% de los propietarios que controlaban el 61,2%
de la superficie. Esto implicó también un aumento de las áreas dedicadas a
ganadería extensiva.
• En efecto, a medida que crece la superficie de la propiedad se dedica menos
a la agricultura. Además, se observa que a medida que se utiliza menos en
agricultura, se emplea más en pastos para ganadería.
• Al tiempo con este proceso de aumento de áreas dedicadas a la ganadería
han disminuido la producción y las exportaciones de origen agrícola y se ha
incrementado la importación de alimentos.
De otra parte, se observa que así como el comportamiento de la tenencia de la
tierra es heterogéneo en términos de cultivos y de otros usos, también lo es
según las regiones. Las tendencias mencionadas incluyen el comportamiento
de la estructura de la propiedad tanto en las regiones centrales de mayor
desarrollo, como en las regiones de reciente incorporación a la frontera
agraria.
Un estudio sostenía que en los años 80 la propiedad de la tierra tendía a
orientarse hacia la disolución del latifundio en las áreas centrales y que esa
forma de propiedad se limitaba a las áreas marginales [Lorente y otros sf]. Sus
cifras estarían indicando que esta modalidad de apropiación de la tierra
solamente se sostenía en áreas de bajo potencial productivo o en los bordes de
la frontera agrícola con limitada disponibilidad tecnológica para su
aprovechamiento y dificultades de acceso de su producción a los mercados
(entre ellas, los Llanos Orientales). Estas circunstancias harían de la gran


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propiedad destinada a la ganadería extensiva la única modalidad de obtención
de rendimientos económicos en estos espacios.
No obstante, ya en la siguiente década se afirmó la tendencia señalada a la
concentración de la propiedad en todas las regiones, en lo que, sin duda, tuvo
especial importancia el narcotráfico, que generó (y genera) recursos que se
pretenden legalizar con la compra de tierras.
El estudio citado anteriormente, basado en información catastral, puede
reflejar la ‘liquidación formal’ de la gran propiedad en las áreas de mayor
desarrollo, pero en ninguna forma sustenta un quiebre de la tendencia central
hacia la concentración de la propiedad agraria. En efecto, la ‘liquidación
formal’ continúa su avance de manera inexorable, pero por razones tributarias
y posiblemente de eficacia administrativa.
Algunos grandes dominios se organizaron como sociedades, distribuyendo los
activos entre sus socios, como ocurrió con los ingenios azucareros y
posiblemente con otro tipo de empresas, sin que ello significara una
redistribución efectiva de la tierra. De esta manera, la concentración de la
propiedad continúa ocurriendo tanto en las regiones con menor potencial
productivo como en aquellas en donde existe la mayor disponibilidad de tierras
con vocación agrícola [Machado 1998]. Eso incide en los niveles de
producción, en la medida en que mientras las fincas menores de 5 hectáreas
destinan a usos agrícolas el 38,6% de su superficie, las mayores de 200
hectáreas solamente asignan a este uso el 2,5%.
Colombia se encuentra dentro de los países latinoamericanos con menor
abundancia relativa de suelos arables. Únicamente el 3,6% de la tierra total
puede incluirse dentro de los suelos mecanizables (FAO). A esta limitación se
añade el uso inadecuado de los suelos (IGAC).
En efecto en Colombia, el 52% del área nacional continental está parcial o
intensamente transformado con actividades económicas productivas y
extractivas. De este porcentaje, más del 60% presenta conflictos de uso de las
tierras, es decir, un uso inadecuado, tanto por sobreutilización como por
subutilización en diferentes grados de intensidad (IGAC- Corpoica 2000).
En 1987, año del penúltimo estudio de usos del suelo (IGAC, ICA) en Colombia
había 9 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero se utilizaban para
este fin únicamente 5 millones. En cambio, para la ganadería había 19 millones
de hectáreas aptas y se utilizaban más de 35 millones. De estas últimas, solo 5
millones tenían pastos mejorados, mientras que el resto (30) se explotaban de
manera extensiva. Hoy el problema es más agudo. Las tierras con usos
predominantemente agrícolas ocupan el 3,6% de la superficie total nacional, lo
que indica una disminución considerable de esta actividad productiva en los
últimos 15 años (4,66% en 1987). Entre tanto, los usos ganaderos ocupan el
36,7% de la tierra (35,11% en 1987).
La distribución de la propiedad está acompañada por un patrón de uso del
suelo que no favorece a la agricultura (Encuesta Agropecuaria del DANE 1996):
las unidades más pequeñas (menores de 5 hectáreas), que constituyen el
46,8% de las fincas y que al mismo tiempo controlan solamente el 3,2% de la
tierra, destinan el 38,6% de su superficie a usos agrícolas, en tanto que las


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unidades mayores de 200 hectáreas, que corresponden al 2,8% de las fincas y
controlan el 39% de la tierra, solamente destinan a estos usos el 2,5% de su
superficie, sin que sean evidentes diferencias en la productividad que sugieran
un mejor aprovechamiento por unidad de superficie en las explotaciones
mayores.
Esta información ilustra simultáneamente dos tipos de problemas:
• La persistencia del patrón concentrador, contrario al afianzamiento efectivo
de la mediana propiedad, la que, según distintos analistas, proporciona las
bases más confiables para el desarrollo (Bejarano 1998).
• El uso del suelo se caracteriza por la predominancia de los aprovechamientos
extensivos, fundamentalmente ganaderos, en detrimento, aparentemente, de la
agricultura: las fincas de mayor tamaño dedican a la ganadería, principalmente
a la extensiva, el 72,3% de su superficie y en ellas se localiza el 42,1% de las
tierras ganaderas (Encuesta Agropecuaria del DANE, 1996).
A finales de los años ochenta, diversos estudios ya reconocían a la
colonización como una causa importante de los graves problemas de
ocupación y uso del suelo, de la crisis rural, del conflicto por la tierra, del
proceso de instalación de cultivos de uso ilícito y, en gran medida, del
desplazamiento forzado y la violencia que desde entonces han acompañado a
la región.
En correspondencia con esta tendencia histórica nacional, en el Meta también
venía operando un notable proceso de concentración de las mejores tierras y
un intenso proceso de colonización en zonas de frontera interior. Según los
últimos datos consolidados del IGAC, a mayo de 2004, los predios mayores de
200 Has., concentran el 81% de la superficie, mientras que los menores de 100
Has., apenas ocupan el 12.5% de las tierras cultivadas.
Si bien en 1960, los predios mayores de 1.000 Has., (454) representaban el
79.20% del total de la superficie cultivada y en 2004 estos predios (897)
constituían el 52.44% de la tierra, el área aumentó de 2.462.895 a 2.979.148
Has., lo que muestra el crecimiento de la superficie de los predios mayores de
1000 Has; así como los predios entre 500 y 1000 Has (249) pasan de 165.571
Has., en 1960 a 1.012.006 Has., en el 2004 (1324 predios). Esta dinámica
expresa una tendencia al aumento de la concentración de la tierra.
Según datos del INCODER sobre la problemática indígena, en el Departamento
existen 19 resguardos que ocupan 888.924 hectáreas, allí habitan 1439 familias
de las distintas etnias indígenas en el Meta. Para continuar con la titulación
faltante, y así solucionar la compra de tierras para los indígenas, se requieren
un total de $15.000.000.000 aproximadamente
Con todo, es necesario recordar que en algunos casos la actualización de los
datos suministrados por el IGAC tiene retrasos y que en zonas de colonización
y reserva forestal este retraso es más acentuado aún. También existen
diferencias importantes en la calidad y fertilidad de los suelos que determinan
el tamaño mínimo o medio de las unidades de propiedad y producción por
zonas naturales. Aún así, en 1999 el índice de concentración de la tierra por


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subregiones mostraba una mayor tendencia a la concentración de tierras
(Tabla 1) en los municipios del Río Meta.
Complementariamente en el Meta el área de cultivos semestrales viene
disminuyendo en los últimos diez años hasta situarse cerca a las cien mil
hectáreas, mientras las áreas establecidas en palma aceitera se incrementan
pasando de cincuenta a noventa mil hectáreas, sobresaliendo el crecimiento
presentado en los municipios de San Carlos de Guaroa, San Martin y Acacias.
Tabla 1.Índice de Gini de concentración de la tierra en el Meta por
subregiones 1999
Subregión Índice Gini
Río Meta 0.66
Duda-Guayabero 0.62
Bajo Ariari 0.62
Eje Central del Pie de Monte 0.53
Medio Ariari 0.52
Alto Ariari 0.48
Otro cambio de importancia se presenta con el área establecida en pastos, la
que en los últimos años llego a 4 millones de hectáreas sumando acá los
matorrales, pero el inventario ganadero se mantiene en los mismos millón
quinientos mil bovinos. Estas cifras muestran que existen tres veces más pasto
que ganado en especial en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y
San Martin, donde el ganado se mantiene en algunas fincas en mejores
condiciones que los campesinos pobres, marginados y desplazados.
Estos cambios, a su vez, han ido de la mano con el desplazamiento forzado de
más de tres millones de personas, en especial de los departamentos del norte
colombiano, el empobrecimiento de la población rural, en especial y el
crecimiento de las importaciones de alimentos y materias primas, estimado en
cerca de cinco millones de toneladas anuales, todo ello con el telón de fondo
del crecimiento sostenido de la producción y exportación de drogas ilícitas
derivadas de la coca y la amapola.
Como es bien conocido, parte importante de los ingresos obtenidos con el
narcotráfico ha sido invertido en compras de tierras, directamente o a través
de testaferros, lo cual ha reforzado la tendencia hacia la concentración de la
propiedad, cuyos estimativos por parte del Banco Mundial a finales de 2003 le
dan a Colombia un coeficiente de Gini del 0,81% (The World Bank, enero, 2004).
No por casualidad las metas para la extinción de dominio planteada en la Ley
333 de 1996 y ya se ha estancado su aplicación.
En el contexto de la apertura comercial de comienzos de los 90 era evidente la
vulnerabilidad de la agricultura colombiana, generada, entre otros factores,
por la concentración de la propiedad territorial. Producto de esta apreciación
fue la Ley 160 de 1994, que estableció el Sistema Nacional de Reforma Agraria


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y con la cual se pretendió corregir la monopolización de la propiedad,
acudiendo al mecanismo del “mercado de tierras”.
Los resultados de esta reforma agraria han sido aún más precarios que en el
caso de su antecesora, la fenecida Ley 135 de 1961, en la medida en que la
concentración de la propiedad forma parte del proyecto político vigente.
Adicionalmente, el gobierno, fiel al credo de la desestatización seguido por sus
predecesores, asumió el desmantelamiento de las instituciones del sector
agropecuario, comenzada por la del ICA a principios de los 90 y continuada con
la de las restantes (Incora, DRI, INPA e INAT) durante esta administración,
haciendo al “sistema de la reforma agraria” de la Ley 160 de 1994 aún más
inoperante.
Esta desestatización del sector agropecuario fue iniciada con el desmonte de
la capacidad de investigación y transferencia tecnológica construida alrededor
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que alcanzó un
reconocido liderazgo hacia fines de los años 70 en América Latina. Movido por
distintos intereses, el Gobierno estranguló presupuestal y operativamente al
ICA arguyendo su burocratización y con la peregrina justificación de que el
sector privado asumiría una cuota significativa de la financiación de la
investigación.
La iniciativa, aparentemente desconocedora de la tradición rentística de los
gremios del sector, condujo a la práctica extinción de las ya limitadas
actividades en investigación y transferencia tecnológica, ampliando las
carencias ya existentes en la producción agrícola y pecuaria del país.
El resultado ha sido un escenario de creciente inviabilidad de la agricultura
colombiana, inducida por la concentración de la propiedad y de los recursos de
financiación para la producción así como también por el desmantelamiento de
la capacidad para la investigación, el ajuste y la transferencia tecnológica.
Antecedentes de los desplazamientos forzados en Colombia
Con una población de 45 millones de habitantes distribuidos en poco más de
1.139.000 km2, una densidad de 32,7 habitantes por km2 (IDEAM, 1998) y un
área potencial para usos agrícolas de 14,3 millones de hectáreas (Corrales,
2002), 38,7 millones de hectáreas de bosques y recursos minerales aún
considerables, Colombia presenta una relación potencialmente favorable en la
ecuación “tierra-población”. Pesa en contra, sin embargo y en forma
considerable, la gran concentración de la propiedad territorial, con un
coeficiente de Gini superior al 0,80, frente a otros países que no superan el
0,50 (World Bank, 2004).
Esta relación “tierra-población” ha inducido a los estamentos más poderosos a
aplicar sus fuerzas y las del propio estado para imponer un patrón de
monopolización de la propiedad territorial y a someter a las poblaciones
dominadas, ya sean comunidades indígenas, campesinas mestizas e indígenas
y afrodescendientes, a diversas formas de explotación y extracción de rentas.
Uno de los estudios más sistemáticos sobre los conflictos agrarios en
Colombia, elaborado por la historiadora norteamericana Catherine LeGrand


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(1988) hace evidente cómo la sociedad republicana surgida luego de las
guerras de independencia, se forjó en torno a los conflictos por la apropiación
de las tierras baldías, las cuales representaron para el Estado su principal
activo fiscal, para los grandes comerciantes y terratenientes, fuente
estratégica de rentas y para las comunidades campesinas, única fuente de
supervivencia.
La apropiación fraudulenta de las tierras “baldías” y la imposición de rentas
sobre campesinos y colonos fue elemento estructurador de las políticas
agrarias y base para la formación de las economías exportadoras. El conflicto,
nunca resuelto, se fundió luego con las contradicciones de las élites en torno a
qué tipo de sociedad buscaban construir y a las pugnas por el control del
estado, hasta el momento actual, cuando la solución del conflicto agrario se ha
convertido en elemento definitorio de la viabilidad de la sociedad colombiana
en su conjunto.
De manera complementaria, el estudio de los movimientos poblacionales
durante las últimas décadas en Colombia, evidencia igualmente cómo ellos han
estado ligados con procesos de “desarrollo” económico tales como el
surgimiento de la agricultura mecanizada y la expansión manufacturera en la
década de 1950. Esto fue posible tanto a la disponibilidad de capitales como a
la existencia de una mano de obra “liberada” de lazos con la tierra como fueron
los desplazados por el terror de las bandas armadas impulsadas desde el
Estado, en la guerra que eufemísticamente se bautizó como “la violencia”.
Durante los años cuarenta y cincuenta el desplazamiento producido por la
guerra, condujo a importantes núcleos campesinos a los frentes de
colonización en donde miles de familias reconstruyeron sus formas de vida, en
esa etapa renovada del despojo que se inició con la conquista. Se repetía la
historia de las comunidades indígenas, atestiguada por el cronista Pedro Cieza
de León durante la ocupación de sus territorios en el siglo XVI: “cuando los
españoles los acorralan y queman sus hogares ellos se desplazan y construyen
casas nuevas en cuatro días y siembran maíz que cosechan cuatro meses más
tarde” (Palacio, 2004).
Las regiones más afectadas durante esa guerra civil fueron los departamentos
de Antioquia, Caldas, Tolima, Valle, principalmente, en donde el terror sirvió de
instrumento para la expropiación de tierras, el desplazamiento forzado de
cientos de miles de personas y la destrucción de organizaciones populares.
Estos procesos aportaron mano de obra migrante a las industrias textiles y de
la confección, a los ingenios azucareros y a la expansión del arroz y del
algodón, principalmente, en el marco de una acelerada concentración de la
propiedad territorial.
La frustrada reforma agraria, propuesta en la ley 135 de 1961 fue sustituida por
la política de colonizaciones que llevó a la expansión de las fronteras en la
Sierra Nevada de Santa Marta, Urabá, Arauca, el Perijá, localidades de la costa
del Pacífico y la Amazonía. En estas regiones, en donde fueron abandonadas
miles de familias con la esperanza de apoyos estatales para su desarrollo que
nunca llegaron de manera adecuada, fue precisamente en donde pocos años
más tarde se implantarían los cultivos de hoja de coca y marihuana.


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Durante los años ochenta y noventa la acción del narcotráfico se sumó al
conflicto agrario resultante de la concentración de la propiedad, generando
escenarios para el recrudecimiento de las confrontaciones armadas. Regiones
que anteriormente habían permanecido relativamente marginadas de este
conflicto, se convirtieron en los nuevos espacios de expansión del capital, de la
mano de las plantaciones de banano y palma africana (Magdalena Medio,
Urabá, Chocó, costa pacífica), de las empresas madereras, de los proyectos
extractivos del petróleo (Arauca, Casanare, Meta) e hidroeléctricos (nororiente
antioqueño) y de las demandas de tierras del narcotráfico para el lavado de
activos.
La implantación de dos de estos renglones en particular, el banano y la palma
africana ha estado ligada a formas de expropiación y explotación
particularmente violentas, como lo demuestra su historia en la antigua zona
bananera del norte del Magdalena y Urabá y de las plantaciones palmeras del
Magdalena Medio, Cesar, Urabá, Chocó y sur del Pacífico (Bernal, 2004).
A su vez, la expansión de estas últimas ofrece gran similitud con lo ocurrido en
otros países, como lo analiza un reciente estudio elaborado por la organización
Human Rights Everywhere junto con la Diócesis de Quibdó (Mingorance et al.,
2004), destacando la obtención de las tierras requeridas a muy bajos costos;
“Las empresas no han dudado en apropiarse de manera ilegal de terrenos
pertenecientes a minorías étnicas o pequeños campesinos, muy a menudo con
la connivencia de los gobiernos que no han protegido a los legítimos
propietarios o han permitido interpretaciones de la ley a su favor”. Añade el
estudio: “En algunos casos los gobiernos mismos han autorizado
expropiaciones de tierras sin una debida compensación con el argumento de la
utilidad pública o han empujado cambios en las leyes de protección de las
tierras de propiedad ancestral”, concluyendo: “Estas expropiaciones han
causado consecuentemente el desplazamiento de los habitantes, a veces
precedido o acompañado por la destrucción de sus pertenencias, su
consiguiente proletarización y la pérdida de identidad cultural, especialmente
por parte de grupos étnicos o minoritarios que, en muchos casos, por
legislación nacional o internacional, los gobiernos tienen necesidad de
proteger”.
Estas similitudes encuentran su explicación en el proceso original de
acumulación del capital, como lo explica el historiador suizo Hans Binswanger
en el estudio sobre las formas históricas de apropiación de la tierra que dirigió
para el Banco Mundial, como base de una propuesta para impulsar reformas
agrarias (Binswanger, 1995). Este trabajo acoge una hipótesis central de la
teoría marxista sobre la acumulación originaria del capital, de acuerdo con la
cual las expropiaciones de tierras contra pequeños y medianos campesinos en
distintas sociedades y en particular dentro del capitalismo, ha sido un
mecanismo recurrente para imponer la extracción de rentas y controlar la
fuerza de trabajo. Dicho de manera simplificada, la tierra se concentra para
controlar la gente, para desposeerla y forzarla a pagar rentas o vender su
fuerza de trabajo como su único medio de subsistencia.
En nuestro caso particular y como lo evidencian los casos del Chocó, Urabá y
Tumaco, la aplicación del terror muchas veces estatal, para ahuyentar a las
comunidades es seguida por la tala indiscriminada de los bosques y la
implantación de cultivos de coca (Arocha, 2005). Esta situación sirve de


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pretexto a las fumigaciones aéreas con impacto directo sobre los cultivos de
pancoger de las comunidades y de justificación para reversar los títulos
colectivos, de acuerdo con el artículo 33, capítulo VIII del Decreto 2664 de
1994.
Debe señalarse que estos escenarios dominados por el terror paramilitar, los
combates entre la fuerza pública y las guerrillas y las fumigaciones sobre
cultivos de coca, amapola y sobre el pancoger de colonos y campesinos en la
Amazonia, las cordilleras y el sur de la costa del Pacífico, han contribuido a
generar los nuevos desplazamientos que hoy elevan a más de tres millones de
personas el total de víctimas del destierro forzado.
En la actualidad, al igual que en los años cincuenta y en todos los anteriores
escenarios de esta larga historia del despojo, las comunidades campesinas
fueron las principales víctimas de la guerra. En esa época las acciones
terroristas impulsadas particularmente desde el Estado, condujeron, de una
parte al ya mencionado engrosamiento de la oferta laboral y de otra, a cambios
apreciables en la estructura de la propiedad. Eduardo Umaña Luna, Orlando
Fals Borda y Germán Guzmán Campos, autores del estudio La Violencia en
Colombia (Mingorance et al., 2004) o Catherine LeGrand (LeGrand, 1988),
informan sobre las miles de fincas que cambiaron de manos como resultado de
presiones y asesinatos; en el caso del departamento del Tolima, por ejemplo,
las estadísticas de algunas zonas cafeteras (Absalon, 1977) evidencian la
sustantiva disminución de pequeños predios a favor de los medianos y
grandes, todos estos hechos parte de una sostenida agresión contra la
propiedad parcelaria.
No obstante, ya en los años ochenta la ampliación de la frontera agrícola y la
generalización espacial de la guerra han limitado la posibilidad de las
colonizaciones de períodos anteriores, obligando a buena parte de los
desplazados de hoy a reubicarse en las grandes ciudades. En ellas, los
desterrados encuentran grandes restricciones, derivadas de las restricciones
en la cobertura de servicios y de un mercado laboral estrangulado por una baja
inversión y por la “flexibilización laboral” con la que el régimen intenta
proporcionar mayores incentivos al capital, disminuyendo la retribución al
trabajo, lo cual incide en el bajo crecimiento de la demanda de bienes, lo que
ha extendido la crisis económica iniciada a comienzos de la década pasada. El
efecto inmediato ha sido el incremento de la pobreza y la indigencia y, como lo
señalan estudios de Naciones Unidas, una vulnerabilidad alimentaria que
afecta a mas del 80% de la población desplazada.
Desplazamiento y Territorio
La dimensión territorial del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia,
refleja la magnitud de este flagelo. El desarraigo implica, en la mayoría de los
casos, el abandono de las posesiones materiales que puede tener el núcleo
familiar. Por lo tanto, además del deterioro de las condiciones sociales y
sicológicas, el desplazamiento forzado trae consigo el detrimento económico
para quienes son víctimas de esta situación.
Según las cifras oficiales recopiladas por Acción Social, desde 1995 hasta el 30
de junio de 2006, se ha registrado la expulsión de 1.814.964 personas de sus
lugares de origen, como consecuencia de las acciones de los actores armados.


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Es decir, aproximadamente un 4% de la población del país ha debido
abandonar sus territorios en zonas donde se desarrolla el conflicto armado
entre la Fuerza Pública y los grupos guerrilleros y paramilitares, o entre estos
dos últimos.
Casi la totalidad de los municipios colombianos, ha sufrido el desplazamiento
forzado de un porcentaje de sus habitantes durante los últimos diez años.
Adicionalmente, en los municipios con altas tasas de desplazamiento, se
generan focos de alta concentración de expulsión de población, que oscilan
entre el 30% y el 100% de la totalidad de habitantes proyectados a 2005.
Por regiones, es crítica la situación de la Costa Pacífica, donde la casi totalidad
de los municipios presentan tasas de desplazamiento que varían entre el 10% y
el 100% de la población. Este mismo comportamiento se refleja en Meta,
Caquetá y el Putumayo. Igualmente, en la Costa Caribe, en inmediaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta, parte de la Guajira y del Cesar. Finalmente, hay
un alto impacto en el Catatumbo y en los Montes de María en limites entre
Bolívar y Sucre, regiones que históricamente han registrado presencia
permanente de confrontaciones entre los diferentes grupos armados al margen
de la ley y la Fuerza Pública por el control territorial.
Un indicador más claro del impacto del desplazamiento forzado a nivel
territorial, lo constituye el número de familias que son obligadas a abandonar
sus tierras o sitios de vivienda. De acuerdo con los cálculos de la Contraloría
General de la República, 287.500 hogares poseían tierras antes de su
desplazamiento entre 2001 y junio 30 de 2006. Los departamentos que más
aportan a este cálculo durante el período mencionado son: Antioquia (43.783
hogares), Bolívar (22.937), Magdalena (18.764), Cesar (16.028), Putumayo
(15.422), Caquetá (14.752), Tolima (14.707) y Chocó (13.472).
Las áreas más afectadas por el desplazamiento forzado se caracterizan por ser
zonas de colonización (Caquetá y Putumayo) o de ganadería extensiva (Bolívar,
Magdalena y Cesar). En estas zonas, se registra una cantidad considerable de
enfrentamientos que involucran a los diferentes actores armados.
Específicamente se identifican cinco regiones:
• Magdalena Medio, que incluye el sur de Bolívar y Cesar,
nororiente antioqueño, Boyacá, Santander y la región del
Catatumbo en Norte de Santander.
• Región Noroccidental, que comprende Córdoba, Urabá, norte del
Chocó y noroccidente antioqueño.
• Magdalena, norte del Cesar y sur de la Guajira.
• Arauca y Casanare, en su zona occidental.
• Sur oriente de la cordillera oriental, que comprende sur del Meta,
Guaviare, Caquetá y Putumayo, así como la parte sur del Huila y el
oriente del Cauca.
Si se supone que las personas obligadas a desplazarse pertenecen a la
población rural, se obtiene que un 14,3% de la población rural ha sido afectada
entre 1995 y el 30 de junio de 2006. En Chocó, Caquetá y Putumayo el
porcentaje supera el 30%. Le siguen en importancia Cesar con 29,7%, Sucre
29%, Bolívar 27%, Guaviare 26%, Magdalena 25%, Meta 24% y Antioquia con
20%.


12

PERSONAS EXPULSADAS INDIVIDUALES POR MUNICIPIO 2006
ACACÍAS
1%
RESTREPO
1%
PUERTO LÓPEZ
1%
LA MACARENA
6%
MESETAS
6%
MAPIRIPÁN
5%
GRANADA
5%
PUERTO CONCORDIA
4%
VILLAVICENCIO
4%
PUERTO LLERAS
4%
URIBE
4%
SAN JUAN DE ARAMA
3%
SAN MARTÍN
2%
LEJANÍAS
2%
PUERTO GAITÁN
1%
EL CASTILLO
2%
GUAMAL
2%
PUERTO RICO
27%
VISTAHERMOSA
19%
Este indicador refleja la pérdida de productividad y de empleo en el campo
colombiano ocasionado, pues ello conlleva una reducción en el suministro de
bienes, en especial de pan coger.
El Meta, como departamento expulsor, en el 2006 se caracterizo, por aportar a
nivel nacional el 21,94% y el 21,16% de los desplazamientos de personas y
hogares a nivel masivo, respectivamente. A nivel Individual participo con el
6,78% de personas y con el 7,32% de hogares.
Los dos municipios del Meta con mayor registro de personas expulsadas
individuales es Puerto Rico con un 27% y Vista hermosa con el 19%. Los 5 de
menor participación son los de El Calvario, San Juanito, El Dorado, Cabuyaro y
Castilla la Nueva, que no alcanza ni al 0%
Tomando el acumulado a febrero de 2007 encontramos que la participación en
el desplazamiento, cambia rotundamente, así: el Meta, contribuye en el total
nacional, con el 4,10% Hogares expulsados y en personas expulsadas con el
3,76%., indicando que en el Meta han aumentado su participación, en el número
total de personas y hogares expulsados.
El Meta a nivel nacional ocupa el puesto 12 por cantidad de personas
expulsadas que asciende a 74.253 y en Hogares expulsados el noveno con
18.105. Por lo tanto en el 2006 contribuyo positivamente con el total de
desplazamiento de personas individuales que de hogares.


13

El Meta, en el 2006, recepcionó del total nacional el 21.93% y el 21,13% de los
desplazados de personas y hogares a nivel masivo, respectivamente. A nivel
Individual recibió el 3.48% de personas y el 3,6% de hogares.
Los tres municipios del Meta con mayor registro de personas recibidas
individuales es Villavicencio con un 55%, Granada con el 10% y Acacias con el
7%. Los 5 de menor participación son los de El Calvario, San Juanito, Uribe,
Puerto Gaitán, Cabuyaro, que no alcanza ni al 0%, lo cual le exige a la ciudad de
Villavicencio contar con un programa fortalecido para los desplazados que
arriban a la ciudad.
El acumulado discriminado por departamentos, a febrero de 2007 de personas
y hogares desplazadas, permite observar que el Meta contribuye al total
nacional, con el 3.73% hogares recibidos y en personas recibidas con el
3,47%.
A nivel nacional ocupa el puesto 11 por cantidad de personas y hogares
recibidos que asciende a 68.669 y 16.452, respectivamente, sin presentar una
tendencia mayor al volumen de hogares o personas desplazadas.
En el 2006, el Departamento presento un mayor volumen de personas (15.670)
expulsas tanto a nivel masivo como individual, que las recibidas (9.437), esta
tendencia también se presento en el numero de hogares expulsados, por lo
tanto el Meta es un departamento expulsor, como consecuencia de las
acciones militares de los diferentes bandos que interactúan en el
Departamento.
En resumen y según cálculos de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR-en el Meta a junio del presente
año hay 100 mil desplazados internos (Llanos Siete días, 23 de junio de 2007,
p.11). Según Aldo Morales los municipios que en mayor número expulsan
población son Vista Hermosa, El Castillo, Mapiripan, Uribe, Puerto Rico, Puerto
Lleras, La Macarena y San Juan de Arama.
Villavicencio, es el municipio que mayor número de desplazados internos
recibe. El Defensor del Pueblo en el Meta, Carlos Martínez, asegura” Tenemos
la plena seguridad que superan los 50 mil, porque todavía hay personas que
viven el temor de declararse desplazada, por las represalias de las guerrillas y
los paramilitares”. El 53 por ciento de las personas desplazadas internamente
son mujeres, niñas y jóvenes.
Agrega “Por eso, ahora vemos jóvenes mendigos en los diferentes semáforos y
recrudecimiento de las bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico
donde anteriormente era territorio paramilitar “(Llanos Siete días, 23 de junio
de 2007, p.11).
Para calcular el impacto patrimonial de las tierras abandonadas la Contraloría
General de la República, en otro estudio sobre el tema, determinó que cada
familia dejó abandonadas en promedio 10 has. Así que para un total de 287.500
hogares que poseían tierras antes de su desplazamiento, el área abandona
sería de 2,9 millones de hectáreas, con un costo aproximado de $7,2 billones.
Esta área equivale al 6% de las tierras con uso agrícola y de ganadería.


14

Más del 60% del área y costo de estas tierras abandonadas se encuentra en
siete departamentos, así: Antioquia (14,7%), Caquetá (10,7%), Cesar (9,3%),
Chocó (7,5%), Magdalena y Bolívar (7,3%) y Meta (5,4%).
Por regiones, la Costa Atlántica representa el 33% del área y costo de las
hectáreas abandonadas; le siguen el Piedemonte Llanero con 27%; Antioquia y
el Eje Cafetero con 16%; y la Costa Pacífica la Región Andina con 12% cada
una.
Una relación más indicativa es establecer el porcentaje del territorio
departamental que ha sido abandonado y que, por lo tanto, refleja el impacto en
cada departamento a causa del fenómeno. De acuerdo con este indicador, el
mayor impacto se ha presentado en el Cesar, donde aproximadamente un 12%
de su territorio ha sido abandonado, seguido por Magdalena (9%), Bolívar (8%),
Sucre y Antioquia (7%).
Las políticas estatales: ineficientes e insuficientes
La Contraloría General de la República registra cómo de las 6,6 millones de
hectáreas intervenidas con base en las leyes de reforma agraria solamente 1,4
millones, equivalentes a poco más del 22% corresponden a adquisiciones de
tierras y 4,7 millones, equivalentes al 71,4% a baldíos: por cada hectárea
adjudicada se titularon 29 de baldíos; el 81% de los propietarios constituidos
por el Incora fueron colonos a quienes se legalizó una posesión de hecho y
solamente el 18,8% fueron adjudicatarios. (Benítez V., Regis Manuel, 2005)
Antonio García (1973), al analizar las reformas agrarias aplicadas en nuestro
continente, las clasificó según sus alcances, siendo las marginales las menos
relevantes, rango indudable para la ejecutada en Colombia. Al observar la
naturaleza eminentemente política de los factores que limitaron sus alcances y
al constatar como continúan gravitando sobre el régimen de tenencia de tierras
y le imprimen la tendencia monopólica examinada, no puede menos que
concluirse en la necesidad de un profundo replanteamiento en el ordenamiento
político que enmarca el acceso y uso de la tierra.
El papel del Estado en la protección de bienes patrimoniales de la población
desplazada se fundamenta en la Ley 387 de 1997, el Decreto 2007 de 2001 y el
Decreto 250 de 2005 por el cual se expidió el Plan Nacional para la Atención
Integral a la Población Desplazada por la Violencia.
Sin embargo, se carece de medidas jurídicas especiales que protejan la
propiedad de los bienes muebles, lo mismo que de los frutos y rendimientos
producidos, lo cual resultan impune y ventajosamente aprovechado por los
grupos al margen de la ley, en desmedro del interés de sus legítimos
propietarios y poseedores.
Por lo demás, a pesar de que el objetivo primordial de las normas respectivas
busca la reubicación definitiva en condiciones que garanticen la estabilidad
socio económica, en la práctica las acciones se encaminan a soluciones
transitorias, mediante la ubicación en hogares de paso, que apenas permiten la
satisfacción limitada de necesidades, pero sin ninguna vocación permanente.


15

Finalmente, no puede pasarse por alto la necesidad de que los grupos al
margen de la ley en procesos de negociación con el Gobierno Nacional,
cumplan con el retorno integral de las propiedades usurpadas a sus
propietarios, en condiciones que garanticen la real indemnización por los
daños y perjuicios que comprobadamente se demuestren y que no sean,
apenas, sumas simbólicas. El Estado no puede aceptar las declaraciones de los
jefes paramilitares desmovilizados de que no cuentan con los bienes para
brindar la reparación a las víctimas, ni su petición para que los “ayude en la
tarea de indemnizar”.
La Contraloría General de la República , como resultado de la investigación y
evaluación de la información suministrada, en el período 2000-2005, estableció
que el Incoder ejecutó $32.523 millones mediante el programa adjudicación de
predios, con los cuales fueron adquiridas 18.344 hectáreas, que beneficiaron
apenas a 2.234 familias.
En relación con los predios con extinción de dominio definitivamente
entregados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, durante 2004 y 2005
para atención a la población desplazada fueron destinadas 3.205 hectáreas,
que beneficiaron a 188 familias.
El mismo Incoder reconoce fallas en la entrega de predios con extinción de
dominio, especialmente en lo relacionado con la situación jurídica de los
mismos, la falta de claridad de la condición de desplazado y el arrendamiento
de los terrenos por parte de los depositarios, por lo cual no son aptos para
efectuar programas de reforma agraria.
Con respecto a la posibilidad de utilizar los predios rurales incautados,
administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, para compensar
la pérdida de tierra por parte de la población desplazada, la Contraloría
General de la República en estudios anteriores había determinado que no se
disponía de información completa sobre la calidad agrologica y el uso del
suelo, el total de extensión y su situación jurídica. Y que, en definitiva, la
extinción de dominio a favor del Estado, sólo se producía efectivamente en el
5% del total de bienes rurales incautados.
En total, sólo se ha tenido un cubrimiento del 1% del total de familias
desplazadas en el mismo período en el que abandonaron sus propiedades.
Ahora bien, al comparar el número de predios y de hectáreas protegidos a
octubre de 2005, mediante la implementación de la primera fase del Proyecto
Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, , se tiene que
de los 287.500 hogares que tenían posesión de tierra antes del desplazamiento
se había protegido apenas al 2,3% de ellos, que correspondió al 2,4% del total
de hectáreas abandonadas en el período analizado.
A manera de Conclusiones
El comportamiento e impacto del desplazamiento forzado a nivel territorial
refleja la dinámica del conflicto armado que ha centrado su accionar en áreas
estratégicas del territorio nacional. Si bien es cierto que la gran mayoría de
municipios del país ha presentado desplazamiento de su población en algún
momento del período 1995-2005, la concentración en zonas específicas
evidencia los intereses de los grupos armados ilegales para conquistar


16

territorios con el propósito de ejercer dominio territorial y controlar el
desarrollo de actividades para su financiamiento.
Le corresponde a toda la sociedad metense, verificar que, en el marco de la
aplicación de la Ley de Justicia y Paz y en el desarrollo de las acciones de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se exija la real
indemnización por los daños y perjuicios que comprobadamente se
demuestren y no apenas de sumas simbólicas.
Según el cálculo de la Contraloría General de la República, cada familia
desplazada por la violencia que poseía tierras, dejó abandonadas en promedio
10 hectáreas, lo cual permite concluir que en promedio el área afectada sería
de 2,9 millones de hectáreas, con un costo aproximado de $7,2 billones. Esta
área equivale al 6% de las tierras con uso agrícola y ganadero en Colombia.
Los indicadores de cobertura muestran claramente que el accionar del Estado
para atender a la población desplazada por la violencia es ínfimo con respecto
a su magnitud. Muestra de ello es el hecho que en el período 2000-2005, el
Programa de Entrega de Tierras del Incoder sólo tuvo un cubrimiento
poblacional de 1% sobre el total de familias desplazadas en el mismo período.
Como lo ha insistido la Corte Constitucional, y como se deriva de los estudios
elaborados por la Procuraduría General de la Nación y por la Contraloría
General de la República, la política pública encaminada a resarcir la pérdida de
bienes patrimoniales de la población desplazada ha sido ineficiente e
insuficiente. Ojalá, con la vigilancia activa de todos ustedes, el gobierno le de la
debida prioridad a su atención en los próximos tres años.
Una de las propuestas colocadas actualmente frente al tema de la “desmovili-
zación paramilitar” es la reparación de las víctimas, tarea que conlleva
obligatoriamente la acción del Estado y de la sociedad para restaurar y mejorar
las condiciones y calidad de vida de las poblaciones afectadas por el
desplazamiento forzado. De acuerdo con las consideraciones anteriores y
teniendo como referencia estudios recientes patrocinados por la Contraloría
General de la República, en el caso de las comunidades campesinas,
afrodescendientes e indígenas, no se trataría entonces de entregarles algunas
parcelas en fincas del interior; se trata de garantizar el regreso a sus
territorios, con garantías reales para reconstruir las vidas de estas
comunidades y mejorar sus accesos a los servicios y bienes que ellas estimen
necesarios (Fajardo, 2000).
Una plena reparación, como se desprende de las consideraciones más
ajustadas al derecho de los pueblos, estará sustentada en la eliminación
definitiva de las relaciones que dieron origen al paramilitarismo, no se trata
simplemente de la “desmovilización” de sus agentes armados, ni de sus
entronques con las autoridades civiles y militares con las que han mantenido
colaboración estrecha, ni de ofrecer algunos lotes a los desplazados en calidad
de “reparaciones”. Se trata de superar el sistema de relaciones políticas y
sociales que hacen de la violencia y de la apropiación y concentración de la
tierra fuentes lícitas de riqueza y poder político. En este nuevo contexto político
será posible facilitar a las comunidades, en condiciones de equilibrio y
equidad, la construcción de sus proyectos de vida y de sus vínculos regionales,
nacionales e internacionales en los términos sociales, económicos, políticos y
culturales resultantes de sus propias necesidades.


17

Los dos procesos convergentes señalados, inicialmente, la negociación con los
paramilitares y el TLC con los Estados Unidos, no resolverán la inviabilidad del
país en los términos en los que se ha planteado. El poder político del
paramilitarismo hace evidente entonces que para corregir la gran
concentración de la propiedad de la cual es instrumento, ya no es suficiente
una reforma agraria: será necesario abordar una reforma de mayor alcance,
ligada al propio ordenamiento político de nuestra sociedad y a la vía de su
desarrollo. La exclusión como vía para la formación de una inmensa oferta
laboral envilecida no genera ni dinamiza mercados internos y el abaratamiento
de su remuneración tampoco atrae de por si las inversiones que generarían
bienes para la exportación. Por el contrario, son factores que agravan el
arraigado conflicto armado que sufre el país y que solamente podrá ser
resuelto por vías diferentes de las aplicadas hasta ahora.
Más que por cualquier tratado de libre comercio, la ruta de la viabilidad y el
desarrollo del país pasa por las garantías de su seguridad alimentaria (Fajardo
M., Darío, Bogotá, 2002), anudada al mejoramiento y aprovechamiento óptimo
de sus recursos y capacidades productivas, a la democratización de sus
relaciones políticas y económicas, a la ocupación pacífica de su territorio y al
elevamiento sostenido de la calidad de vida de sus habitantes.
Las brechas y desequilibrios entre nuestro mundo rural y la sociedad urbana
deberán ser corregidos para asegurar la estabilidad de nuestro desarrollo y la
seguridad alimentaria es un punto básico de acuerdo para el cual la propuesta
planteada por Luis Jorge Garay en su estudio para la Contraloría General de la
República (Garay, Luis Jorge, Bogotá, 2002) es un referente obligado en tanto
parte del aprovechamiento racional y el mejoramiento de nuestra capacidad
productiva, en el marco de una sociedad democrática y pluralista.
La incorporación de este potencial a los propósitos de la seguridad alimentaria
implica, en primera instancia, la identificación de los requerimientos
nutricionales que podemos atender con nuestros propios recursos y con la
optimización de nuestras capacidades técnicas. El inventario de recursos y
capacidades comprenderá los potenciales productivos de nuestra oferta
ambiental, en particular la vocación de nuestros suelos y ecosistemas; a partir
de la identificación de demandas y capacidades de satisfacción de las mismas
habrán de configurarse los programas encaminados a garantizar los niveles de
la seguridad alimentaria.
La organización de la producción dará cabida a todas las modalidades que
respeten la priorización de la seguridad alimentaria, la adecuación de los usos
y prácticas adecuados a la vocación de los suelos y la protección de los
recursos hídricos, con prioridad para las modalidades más favorables para la
estabilización de la población rural, el mejoramiento de su calidad de vida y la
sostenibilidad ambiental, los cuales estarán apoyados por la redistribución de
tierras, la asignación de recursos y asistencia para la producción y la
comercialización.
El uso adecuado de los suelos ha de estar acompañado por las medidas
impositivas largamente pospuestas que castiguen tanto las apropiaciones de
tierras de origen ilícito como la explotación inadecuada. Este mismo propósito
estratégico de la seguridad alimentaria deberá orientar la composición y
orientación del gasto público y los incentivos a la inversión privada para


18

estimular procesos locales de transformación y agregación de valor como vía
para la estabilización de las poblaciones rurales y la generación local y
regional de empleo e ingresos.
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