El paro agrario y los problemas estructurales del sector

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El manoseado sector agrario y los problemas estructurales
Emilio Garcia Gutiérrez
Villavicencio, abril 30 de 2014
El manoseado sector agrario y los problemas
estructurales
Emilio Garcia Gutiérrez
Villavicencio, abril 30 de 2014
Foto: Archivo Presidencia
Evidentemente el paro agrario se puede explicar también, por el modelo de
gobernabilidad que la clase política ha establecido en el país y que ofrece a
cambio. Este modelo, vigente desde la Constitución del 91, fortalecido por el
doctor Álvaro Uribe Vélez y repetido en el gobierno del presidente Santos con
la Unidad Nacional, consiste en que la gobernabilidad se logra repartiendo
pedazos del Estado (cuotas por Senado o representante a la Cámara, cupos
indicativos, auxilios parlamentarios o simple mermelada) a los diferentes
aliados del gobierno, a cambio de su lealtad. Estos son teóricamente partidos
políticos pero son de facto individuos con cuotas burocráticas personales a
menudo regionales, son “pandillas o maquinarias electorales”.
Esto creó en toda Colombia una irracionalidad mayor pues las lealtades no son
al gobierno sino a las personas (deudas de “campaña electoral, que se cobran y
se pagan) y, como estas no representan colectivamente a nadie sino a su
clientela personal, le crean al gobierno enormes dificultades para implementar
sus políticas, especialmente si son colectivas. Las alternativas paralelas de
articulación de intereses, que debían ser los gremios del sector agrario, se
encuentran enormemente debilitadas (porcentaje de personas agremiadas en

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El manoseado sector agrario y los problemas estructurales
Emilio Garcia Gutiérrez
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1997, el 7% del total; y del 3% en el 2011), especialmente a partir de los
Consejos Comunitarios de Uribe: para qué gremios si vamos a un Consejo y
“papito” Uribe nos concede lo que queremos (como dicen los niños “de
mentiritas”).
En este despelote la inoperancia del modelo de gobernabilidad que, armo el
Partido Conservador, que ha manejado el Ministerio de Agricultura
inmemorablemente, muestra con malos resultados que la salida es el paro
agrario con los resultados que se hicieron evidentes.
Simpatizo con la idea, manoseada y todo, de que “en Colombia tenemos una
deuda histórica con el campo”. El campo no sólo es el escenario del largo
conflicto colombiano. Eso puede ser apenas un síntoma de problemas
estructurales que, en algunos casos como el de la concentración de la tierra,
vienen incluso desde la colonia. Una muestra tristemente elocuente del
desprecio hacia el campo es que llevemos años sin siquiera “contarlo”, y cuando
por fin vamos a tener un censo agrícola después de décadas perduran los
temores de si se hará bien la tarea.
Por todo esto, este paro agrario y el anterior me parecen más que bienvenidos.
Con esas movilizaciones, así como con las discusiones en La Habana (sobre
asuntos que conviene hacer, con o sin Farc), el sector agrario en Colombia por
fin parece entrar con fuerza a la política. El problema es que no ha entrado de
cualquier manera. Ha entrado al estilo muy colombiano de la política como
intercambio por beneficios inmediatos. Si bien se han hecho algunos esfuerzos
en la dirección de crear una verdadera política agraria y corregir problemas de
fondo, los campesinos por ahora y en la hora solo van a obtener subsidios, en
lugar de políticas estructurales y bienes públicos.
No debemos olvidar que se requiere mayor inversión pública para el campo,
para que algún día podamos ciertamente hablar de competitividad y para esto se
necesita dinero en vías secundarias y terciarias, inversiones en investigación,
renegociar con Tratados de Comercio, disminuir los costos de producción y
apoyo técnico. Apenas llegamos a la mitad del promedio latinoamericano en
inversión pública para la innovación agrícola.

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Emilio Garcia Gutiérrez
Villavicencio, abril 30 de 2014
Debemos gastar más en el campo. Pero que sea más en bienes públicos y
programas que beneficien a un conjunto amplio de productores, y menos en
subsidios directos.
Muy asustado por las encuestas, y más ahora en ambiente electoral, el gobierno
contra las cuerdas entra en la lógica de la política del menudeo y además de
subsidios negocia en el calor de una protesta social “más de 159 acuerdos o
compromisos”. Hoy, no sólo enfrenta la discusión de si ha cumplido o hay
retrasos, en lugar de apaciguar los ánimos, no hace otra cosa que despertar
nuevas demandas. Y, en el caso del campo, lo más grave del asunto es que
muchas de esas demandas son necesarias y urgentes, y los líderes campesinos,
por primera vez en muchos años recibiendo atención y en el centro del debate
político, aprovechan la oportunidad para obtener lo que puedan.
El Gobierno de Juan Manuel Santos busca con afán una política asistencialista
de subsidios. Lo digno es que el sector agrario reciba, institucionalmente, la
atención que merece. Que el presupuesto para el agro crezca pero no a punta de
ayudas directas para quienes logran negociar con el gobierno, sino a punta de
un fortalecimiento de la institucionalidad agraria. Que exista una política para el
campo que ataque de frente los problemas estructurales que afectan a todos los
campesinos: la informalidad en la tenencia de la tierra que les impide acceder a
crédito y los desmotiva a invertir en sus parcelas, la falta de inversión en
innovación, el descache entre vocación y uso de los suelos, la concentración de
la propiedad con sus implicaciones sobre la productividad y sobre el acceso del
campesino a la tierra, el sobre costo de los fertilizantes e insumos, y el atraso en
la infraestructura vial y de puertos, para mencionar algunos de los más
apremiantes.