Comentarios acerca del paro agrario y los temas desarrollados

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Algunos puntos del paro agrario
Emilio Garcia Gutiérrez
Villavicencio, abril de 2014
El 25 de abril de 2014, Cesar Pachón, de Dignidad Papera, dijo “El paro
nacional sigue en firme”, y reiteró los incumplimientos del Gobierno en
los compromisos que adquirió a finales del año pasado, cuando estalló la
manifestación agraria que bloqueó medio centenar de vías en trece
departamentos, incluyendo los pasos fronterizos con Ecuador y
Venezuela.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos reiteró en una entrevista
con Blu Radio que, aparte de ver un interés político, no entiende por qué
se van a paro si el Gobierno está respondiendo. En esa misma orilla se
ubicó el 25 de abril, Luis Genaro Muñoz Ortega, gerente general de la
Federación de Cafeteros, cuando anunció que desde ayer los productores
que cumplen los requisitos exigidos empezaron a recibir el auxilio que
estaba pendiente. El Gobierno ya había anunciado la compra de cartera a
los cafeteros con deudas hasta de $20 millones.

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El diagnóstico del campo: Ministro del Interior
“Tengo la impresión de que un nuevo movimiento agrario está naciendo y
llegó para quedarse. Es claro que existe una situación crítica en muchas
comunidades campesinas que fueron afectadas por el terror de la guerra.
También, por primera vez, una nueva institución, la Unidad de Víctimas y
Restitución, está impulsando la restitución de tierras despojadas.
También hay una crisis económica de la pequeña y la mediana
agriculturas, afectadas por importaciones y contrabando, frente a una
pobre dotación de bienes públicos que les impide competir”. Si
resumimos al campo le falta todo
El campo adolece de todo
Los problemas del campo están relacionados entre sí: conflictos de uso
del suelo (ganadería vs. agricultura, deforestación vs. conservación,
afectación hídrica), conflictos de tenencia (50% de informalidad, falta de
acceso a tierra del 40% de agricultores, GINI de concentración muy
elevado —0,87%—, ilegalidad de la gran propiedad —lavado de dinero,
despojo, testaferrato, apropiación ilegal de baldíos—), pobreza rural
(ausencia o deficiencia de bienes públicos, términos de intercambio
comercial desfavorables, poca tierra irrigada, falta de vías terciarias, poca
bancarización y poco crédito, empleo informal y estacional), y el
principal: falta de seguridad y justicia estatales (conflicto armado, bandas
criminales, robo de cosechas, extorsión, confinamiento y
desplazamiento).
Para iniciar a solucionar esta malla de necesidades se requiere de una
política pública de lo más importante, que es la recuperación
institucional y de control del territorio, sin los cuales no puede tener éxito
ninguna otra política. Por eso la terminación negociada del conflicto
armado debe concentrar la atención de la población rural. Otras
transformaciones profundas necesarias son la realización de un catastro
moderno georreferenciado para establecer, a partir de él, la legalidad de
los títulos de propiedad sobre la tierra.
También se debe hacer un programa de distribución de nuevas tierras a
250.000 familias de agricultores sin tierra o con muy poca y un programa

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masivo de formalización de la pequeña posesión con jueces agrarios en
cada municipio. Así como se debe mejorar la distribución de la población
rural. Es decir, debe haber menos campesinos en la frontera agraria,
menos en tierras pendientes erosionadas o en humedales y una mayor
densidad en buenas tierras planas e irrigadas, con acceso al mercado.
Ahora, no se puede olvidar la necesidad de planes masivos de vivienda y
saneamiento básico (agua potable, disposición de aguas servidas), salud y
educación rural.
Impacto del acuerdo de paz con las FARC
El final del conflicto armado implica grandes cambios en el campo. En
opinión del Estado, el acuerdo agrario entre el Gobierno y las FARC
reconoce esa realidad y define una estrategia de desarrollo rural
procampesina, con reconocimiento del enfoque territorial y
empoderamiento organizativo y político del campesinado.
Para eso cree que, la paz es la mayor contribución a la vida y el progreso
de las comunidades rurales y el posconflicto será, esencialmente, un
gigantesco programa de desarrollo territorial, para cerrar las brechas con
las ciudades y entre las regiones. Por ahora se necesita voluntad y
decisión del Gobierno de Santos, para combatir a los “ejércitos anti
restitución”, al igual que a las bandas criminales, y la investigación policial
debe extenderse a los determinadores que quieren frenar ese proceso.