analisis de infogobierno

1. Ley de Infogobierno orientará la gestión pública hacia una mayor eficiencia
El Proyecto pretende profundizar la participación, así como el goce de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución, de los ciudadanos en la
vida pública mediante el uso de tecnologías informativas
Carlos Morillo / Prensa AN
Para un Estado moderno es imprescindible tener y ejecutar políticas para el desarrollo de
tecnologías de la información, la inclusión digital y la sociedad del conocimiento como parte
fundamental y prioritario de su accionar.
Actualmente, el Proyecto de Ley de Infogobierno se encuentra en consulta pública y su
aprobación permitirá al ciudadano acceder a los documentos públicos que requiera para
realizar trámites personales.
Se desprende del Proyecto en consulta que los ciudadanos podrán acceder a cualquier portal
web del Gobierno, en cualquiera de las instancias e imprimir directamente una partida de
nacimiento, de defunción, RIF o solvencias, entre otros, y luego acudir a la institución
emisora correspondiente para la firma y sello de autenticación. Además, ese instrumento legal
permitirá evaluar la transparencia en el uso de los recursos públicos asignados.
El Proyecto pretende profundizar la participación, así como el goce de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución y las leyes, especialmente,
en los procesos de decisión, planificación y cogestión de la actividad pública y del ejercicio
de la contraloría social de los ciudadanos en la vida pública mediante el uso de tecnologías
informativas.
Este proyecto de ley centra su principio en el conocimiento libre, y en la utilización del
software libre, lo cual significa que todos los ciudadanos deben arropar la idea en un
cambio de paradigma, ante las tecnologías privativas, esto significa libertad de crear,
modificar, distribuir y de uso.
Para el uso de las aplicaciones de software libre, el usuario deberá saber que cuenta con un
código fuente del programa que lo obligará a buscar formación profesional, aprender sobre
líneas de negocio y participación, en caso de aportar conocimientos en las comunidades de
desarrollo científico y tecnológico.
Es por ello que las actuaciones que realice el Poder Público, mediante el uso de las tecnologías
de información sólo empleará programas informáticos basados en software libre y estándares
abiertos, para garantizar al Poder Público el control sobre las tecnologías de información
empleadas y garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el acceso a esos servicios que ofrece.

2. También, establece que las licencias para programas informáticos utilizados en el Poder
Público deberán garantizar el acceso al código fuente y la transferencia del conocimiento
asociado para su compresión; libertad de modificación; libertad de uso en cualquier área,
aplicación o propósito y libertad de publicación y distribución del código fuente y sus
modificaciones.
Pero no todo está supeditado a la utilización de estándares abiertos, porque la norma establece
que, excepcionalmente, el Estado podrá autorizar el uso de programas informáticos que no
cumplan con las condiciones de estándares abiertos y software libre, cuando no exista un
programa desarrollado que lo sustituya o se encuentre en riesgo la seguridad y defensa de la
Nación.
Ese Proyecto prevé, dentro de sus fines, fomentar la independencia tecnológica y con ello
fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional sobre la base del conocimiento y uso de las
tecnologías de información libres en el Estado.
Así como el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica en la gestión pública
y el ejercicio de la contraloría social, aunado al empoderamiento del Poder Popular a través
de la generación de medios de participación y organización de las ciudadanas y los
ciudadanos, haciendo uso de las tecnologías de información.
Un punto esencial, dentro de esta norma, es que la información que consta en los archivos y
registros del Poder Público y organizaciones del Poder Popular son de carácter público.
Asimismo, establece que el Estado garantizará la protección de los datos que obtiene
mediante el uso de los servicios que presta a través de las tecnologías de información, cuando
se trate de información sobre el honor, vida privada, intimidad, propia del ciudadano.
Para garantizar esos derechos, el papel de trabajo contempla la creación del Comité Nacional
para el Uso de Tecnologías de Información en el Poder Público, órgano que dependerá
administrativamente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, por ser esa instancia
colaboradora directa con el Presidente de la República.
Dentro de las sanciones previstas en el documento en consulta, los funcionarios y empleados
al servicio del Poder Público que incurran en responsabilidad administrativa, serán
sancionados de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con multas comprendidas entre cincuenta (50) y
doscientos cincuenta (250) Unidades Tributarias (UT), dependiendo el grado de
responsabilidad en cada caso.
Para el presidente de la Comisión Permanente de Ciencia Tecnología e Innovación, Guido
Ochoa (PSUV/Mérida) el Proyecto de Ley de Infogobierno permitirá al Estado, mediante el
uso de nuevas tecnologías, optimizar su funcionamiento y evitar la corrupción.

3. “La idea es interactuar. Que el pueblo venezolano pueda ponerse en contacto con el Gobierno
Nacional. Ustedes pueden enterarse de la distribución y de cómo se gasta el Presupuesto
Nacional. Ustedes lo podrán saber y ponerse en contacto con cualquier funcionario público y
éste, a su vez, tiene la obligación de responder lo que el pueblo consulte. Eso significa plena
democracia. Eso es buen vivir”.
La apertura exhibida, en esta entrevista, por el diputado Guido Ochoa estuvo cargada de
sentimientos, pasiones y postulados ideológicos, durante la cual surgió la pregunta: ¿Por qué
una Ley de Infogobierno?
“El Proyecto de Ley de Infogobierno se hace necesaria en función del buen vivir. Por qué en
función del buen vivir, porque hemos observado que uno de los problemas fundamentales
que tenemos en nuestra sociedad. Porque muchas personas tienen que desplazarse de su sitio
de origen a Caracas, exclusivamente a tramitar un documento. Al aprobarse esta ley hará al
ciudadano mucho más feliz, porque puede en corto tiempo obtener un documento en
cualquier lugar del país, en el acto, sin necesidad de salir de su zona geográfica. Eso es
felicidad! Eso es buen vivir.”
El representante merideño está consciente de algo: indistintamente del resultado del texto
definitivo, “esa será una ley que hará cambios de conciencia. Esta es una norma abierta
pensada para proteger a la gente y la soberanía del Estado, estoy seguro de ello”.
“Estamos utilizando todos lo medios necesarios para que todos los ciudadanos y ciudadanas,
absolutamente todas las personas, hagan sus aportes y emitan sus propuestas al papel de
trabajo. Desde el niño que tiene una computadora ‘Canaima’, jóvenes estudiantes,
trabajadores del campo… Todos los ciudadanos en general.”
Finalmente Ochoa aseguró que la aspiración de todos los miembros de la Comisión es aprobar
el instrumento antes de finalizar el primer periodo de sesiones y augura que será así, porque
-a su juicio- hubo un vuelco de propuestas de los diferentes comités que usan software libre
y las comunidades organizadas que han aglutinado un conjunto de ofrecimientos para el
informe para segunda discusión.
@ANPrensa