La Secretaría de Salud de Bogotá expresa su preocupación por la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya que muchas de sus propuestas y las de otros actores no fueron tenidas en cuenta. La reforma podría tener impactos negativos como la reducción de recursos para las Empresas Sociales del Estado, que prestan servicios a más del 50% de la población, y el debilitamiento del rol del Estado al ceder competencias clave a las EPS privadas. Se solicita al Gobierno que considere verdaderamente los aportes de los entes

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Bogotá D.C.
Doctor
MAURICIO SANTAMARIA SALAMANCA
Ministro de la Protección Social
Carrera 13 No. 32 76
Bogotá D.C.
Asunto: Debate a los Proyectos de Ley Por medio del cual se reforma el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
Respetado doctor Santamaría:
Cordial Saludo.
La Secretaria de Salud de Bogotá, ha participado activamente en los diferentes espacios
abiertos para el análisis y discusión de los proyectos de ley presentados para la reforma al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Igualmente, hemos estado presentes en
los debates que se vienen desarrollando en las sesiones conjuntas realizadas en las
comisiones séptimas constitucionales.
Sin embargo, vemos con gran preocupación como a pesar de los diferentes espacios y
escenarios abiertos para la participación, la gran mayoría de propuestas realizadas por
esta Secretaria y por otros actores en las mesas de trabajo y foros regionales, no fueron
tenidas en cuenta en el articulado propuesto por los ponentes y avalado por su Despacho
para el debate que se está surtiendo en estos momentos. Por tanto, consideramos que no
es viable la legitimización del proceso de análisis y discusión que tanto el Gobierno
Nacional como el Congreso pretenden mostrar ante la comunidad.
En este sentido y teniendo en cuenta la gran cantidad de temas que están quedando
pendientes de reglamentación con la aprobación del articulado propuesto y que son
fundamentales para el sector, tales como la política de talento humano, la política
farmacéutica y de dispositivos médicos y la formulación del Estatuto de Empresas
Sociales del Estado, entre otros, respetuosamente le solicito al Gobierno Nacional que
tenga realmente en cuenta la experiencia y los aportes que se realicen desde los entes
territoriales y desde la comunidad científica en el momento de su diseño.

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Igualmente, es nuestra obligación poner nuevamente en su conocimiento los aspectos
que consideramos impactaran de manera negativa, no solo el desarrollo del sistema, sino
la función misma del Estado.
Para comenzar, tal y como lo ha mostrado la experiencia, la contratación de las acciones
de salud pública y promoción y prevención con privados generó el desmejoramiento de
indicadores trazadores, razón por la cual se optó por dejarla en manos de las entidades
estatales, para este caso las Empresas Sociales del Estado, tal y como lo reconoció la
Ley 1122 de 2007. En este sentido, dejar abierta esta contratación para que se realice con
públicos o privados a discrecionalidad del contratante, sería retroceder nuevamente en los
indicadores de salud pública, así como profundizar la crisis financiera de estos al
quitarles, para el caso de Bogotá, más de $35.000 millones anuales.
En cuanto al programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE, preocupan las
limitaciones actuales de las mismas frente a los gastos administrativos y el equilibrio
financiero, especialmente porque no se proponen herramientas que permitan modificar en
el corto plazo situaciones estructurales en las mismas para garantizar el cumplimiento
exitoso de un programa de estas características, tales como recuperación de cartera y
oportunidad para la disposición efectiva de los recursos que por lo menos les garantice
liquidez, así como el reconocimiento económico por las atenciones que las ESE prestan y
que no tienen un pagador, en coherencia con el carácter social que les asignó el
legislador, como por ejemplo los reconocimientos médico legales y los dictámenes para el
ICBF,entre otros.
Sumado a lo anterior, el texto propuesto pretende eliminar una vez finalizado el proceso
de unificación de planes, es decir en el mediano plazo, la obligatoriedad de las EPS de
contratar mínimo el 60% de los recursos con las Empresas Sociales de Estado,
disminuyéndolo progresivamente hasta el 40% y dejando abierta la posibilidad de que
disminuya 10 puntos cada dos años si la red pública no garantiza condiciones de acceso,
calidad y oportunidad en los servicios contratados, lo que para la red adscrita a esta
Secretaria significa una reducción anual de más de $71.000 millones a valores constantes
y más de $353.000 millones acumulados en tres años teniendo en cuenta un incremento
anual del 6% de acuerdo al comportamiento histórico.
Esto supone una importante reducción de los recursos de las IPS Públicas, sino también
un aumento en la brecha de desigualdad, que ya es lo suficientemente grande, con las
IPS Privadas. Pero es aún más preocupante, que como usted lo sabe señor Ministro, en
Colombia más del 50% de la población accede a los servicios de salud a través de la red
pública hospitalaria, que para el caso de Bogotá significa la prestación de más de 15
millones de atenciones realizadas a afiliados al Régimen Subsidiado, participantes
vinculados, población desplazada y eventos no POS a través de nuestros 174 puntos de
atención distribuidos en las veinte localidades, los cuales en muchas de estas, son los
únicos puntos que posibilitan la atención a la población más vulnerable.

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Sin embargo, a la luz del texto propuesto, estas E.S.E van a desaparecer en el mediano
plazo, debido a que por sus características propias dadas por las normas presupuestales,
contractuales y de talento humano, estas no están en capacidad de competir en igualdad
de condiciones con las IPS privadas y mucho menos cuando las normas actuales
permiten un alto porcentaje de integración vertical, tema que no fue tocado en el
articulado propuesto.
Pese a las limitantes que se ponen a lo público, no ocurre lo mismo con los privados. Es
así como por ejemplo, no se establecen límites a la destinación y uso de la UPC por parte
de las EPS, es decir, no se mencionan porcentajes mínimos o máximos de UPC ni para
gastos administrativos, ni para gasto en salud, simplemente se menciona que los mismos
deberán hacerse públicos. Esto supone un riesgo para el sistema, bajo el entendido que
las EPS pueden destinarlos a su discrecionalidad, sin que el Estado determine un límite,
como es su responsabilidad.
También se da la potestad a las EPS de que sean estas entidades, las que decidan si una
persona es elegible o no para un subsidio de salud, responsabilidad esta, que debe
permanecer 100% en cabeza del Estado. En este sentido, consideramos que las EPS no
pueden tener ningún tipo de injerencia, decisión o determinación en la asignación de
subsidios para el sector salud, la perversidad de llegar a niveles tales como el propuesto,
es tanto como generar en la sociedad que el derecho sea un privilegio.
Finalmente, en cuanto a la contratación del mecanismo financiero y al giro directo que el
Ministerio realizará a las EPS, es necesario que antes de tomar cualquier decisión, tanto
el Gobierno actual como el Congreso revisen las consecuencias que generó la
experiencia realizada a comienzos de este año, momento en el cual se giraron recursos
hasta a EPS que ya no funcionaban en algunos Departamentos y Distritos. En Este
sentido hemos propuesto que de realizarse giro directo sea a los prestadores
Como se observa con esta reforma, el Estado está cediendo aspectos que deben ser de
su estricta competencia y responsabilidad, tales como el manejo de la salud pública, la
promoción y la prevención, la asignación de subsidios y el control del gasto en salud,
descuidando su deber Constitucional.
Atentamente,
HÉCTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ
Secretario de Despacho
Director Ejecutivo del FFDS