1. U
nproyectodeSmartCitynoessoloútilyestáal
alcance de grandes ciudades del planeta, como
pueden ser Singapur, Río de Janeiro o Buenos
Aires. Pequeños territorios, comarcas y munici-
pios, con volúmenes de población mucho más
reducidos, pueden también unirse y hacer rea-
lidad este tipo de iniciativas a favor de un mejor gobierno de las
ciudades, una mejor gestión de los servicios públicos y con par-
ticipación, además, de la ciudadanía. Tanto sean Smart Cities
como Smart Lands, se abre, en resumen, un enorme campo de
desarrollo para la gobernanza de las ciudades modernas, para
mejorar, ser más eficaces, más sostenibles y para preservar re-
cursos escasos.
Estos principios y objetivos son los que nos han guiado en la
comarcadelBajoBidasoa–IrunyHondarribia–paraemprender
unainteresanteiniciativadeSmartLandqueesyaunarealidad
y que nos servirá para optimizar servicios que ya tenemos y
conseguirresultadosque,sinlasnuevastecnologías,nuncahu-
biéramos imaginado.
El Bajo Bidasoa conforma una comarca de 78.000 habitantes
que, a día de hoy, tiene ya en su haber experiencias en las que
se han aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar mu-
chos de sus servicios públicos.
Lo que se ha venido a denominar Smart Land Bajo Bidasoa
es un nuevo paso adelante que ha puesto en práctica una expe-
riencia denominada ‘Central Inteligente deOperaciones’. Esta
central permite visualizar de forma integrada y en tiempo real,
infinidad de datos relativos a diferentes servicios públicos (trá-
fico,policía,abastecimientodeaguas,gestiónderesiduos,alum-
brado público, sistemas de riego…), cruzarlos entre sí y anali-
zarlos después para tomar decisiones. Es, por tanto, un cerebro
artificialquerecibemúltipleinformaciónylaprocesaparaque,
después, quienes tenemos que tomar decisiones, podamos ac-
tuar del actuar del modo más eficaz posible.
Para ello, en el Smart Land Bajo Bidasoa se ha implantado
unaestructuradeobtencióndeinformaciónqueincluye:32.000
sensores que captan datos de consumo de agua en tiempo real;
una red de telecomunicaciones de largo alcance WIMAX; siste-
ma GIS de geolocalización; bolsas de basura con etiquetas ‘in-
teligentes’ de identificación (en fase piloto); farolas sensibles
al paso de personas; integración agua, residuos y limpieza via-
ria en un mismo sistema de gestión llamado ERLEA y sectori-
zación de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua.
Además de la información que remiten todos estos sistemas, la
ciudadaníacuentatambiénconunaaplicaciónparasusSmartpho-
ne desde la que puede interactuar y enviar información e inci-
dencias diversas que tienen lugar en la comarca así como reali-
zar consultas relacionadas con el medioambiente.
Algunos elementos de esta estructura están más desarrolla-
dos que otros y también cada municipio tiene previsto, a corto
plazo, profundizar más en unos que en otros (como es el caso
de Irun con la iluminación inteligente y Hondarribia con la red
de comunicaciones Wimax), pero, en cualquier caso, la estruc-
tura de esta central inteligente de operaciones lo que hace es
abrir la posibilidad de una gestión coordinada a servicios que,
de otro modo, serían estancos.
La suma de todos estos dispositivos y su estructura común
son,porencimadeunavancetecnológico,ydesdeunpuntode
vista social y político, una gran oportunidad de cambiar a me-
jor, de ser más transparentes, más sostenibles y de superar pro-
blemasdehoyydemañana.Esunaenormeapuesta,unretode
futuro y así lo vemos desde los ayuntamientos de Hondarribia
e Irun.
Una virtud añadida del proyecto Smart Land Bajo Bidasoa es
que ha permitido colaborar con cinco empresas tecnológicas
guipuzcoanas (consorciadas en www.smartlandtechnolo-
gies.com) que favorece también una economía sostenible, per-
mite apoyar el empleo de proximidad y abrir las empresas del
territorioalexterior,objetivosnadadesdeñablesentiemposde
crisis.
La experiencia Smart Land Bajo Bidasoa, ha dado ya impor-
tantespasosperosonsololosprimeros.Afinalesdelpasadomes
de noviembre, fue presentada, oficialmente y con éxito, en el
Congreso Mundial de Smart Cities que se celebra en Barcelo-
na. Otros proyectos de grandes urbes del mundo estaban tam-
biénpresentesy,conellas,nosetratódecompetirsinodecom-
partir el conocimiento y las experiencias.
Trasestapuestadelargo,estáprevistoqueelSmartLandBajo
Bidasoa siga avanzando y estamos seguros de que es la herra-
mienta que nos ayudará a revolucionar la gestión de los servi-
cios públicos para poder resolver las de las necesidades de las
personas de otra manera, mejor y más efectiva. Hay un axioma
quenuncasuelefallar:sihaycosasquequieresmejorar,hayco-
sasquedebescambiary,enestesentido,lasnuevastecnologías
están dispuestas a darnos, ya hoy, algunas de las claves que ne-
cesitamos.
Smart Land Bajo Bidasoa. Un reto
JOSÉ ANTONIO SANTANO / AITOR KEREJETA
ALCALDES DE IRUN Y HONDARRIBIA
TRIBUNAS
L
l pasado mayo el
Comité de los
Derechos del
Niño, órgano de
expertos inde-
pendientes que
supervisa la aplicación de la
Convención sobre los Dere-
chos del Niño por sus Estados
Parte, publicó la esperadaOb-
servaciónGeneralsobreelde-
rechodelosniñosyniñasaque
suinteréssuperiorseaunacon-
sideración primordial. Obser-
vación que pone fin a una in-
terpretación hasta ahora arbi-
trariadeltérminoeincorpora,
además, una llamada a los Es-
tados para su difusión lo más
ampliaposible.Ennuestraopi-
nión, en momentos como el
actualdecrisisyrecortes,cuan-
do crecen la desigualdad y la
exclusióndeloscolectivosmás
vulnerables,ycuandocadavez
másniñosyniñassevenarro-
jadas a la pobreza, cabe desta-
caralgunasdelasideasqueen
dichaObservación General se
recogen y que deberían guiar
todas las políticas públicas de
infancia.LaConvenciónsobre
los Derechos del Niño, el tra-
tado internacional que reúne
el mayor número de Estados
(tansolodospaísesenelmun-
do no han ratificado la Con-
vención: Somalia y EE UU),
otorgaalosniñosyniñaselde-
rechoaqueseconsidereyten-
ga en cuenta de manera pri-
mordialsuinteréssuperior«en
todaslasmedidasconcernien-
tes a los niños que tomen las
institucionespúblicasopriva-
das»,siendoéste,además,uno
de los cuatro principios gene-
rales de la Convención.
ElComitésubrayaqueelin-
terés superior del niño o niña
es un concepto triple. En pri-
mer lugar, constituye un de-
recho sustantivo: el derecho
del niño o niña a que su inte-
rés superior sea una conside-
ración primordial que se eva-
lúe y tenga en cuenta al sope-
sar distintos intereses y la ga-
rantía de que ese derecho se
pondráenprácticasiempreque
setengaqueadoptarunadeci-
siónquelesafecte,establecién-
dose una obligación intrínse-
ca para los Estados, de aplica-
ción directa, que puede ade-
más invocarse ante los tribu-
nales. En segundo lugar, un
principio jurídico interpreta-
tivo fundamental, de tal for-
ma que si una disposición ju-
rídica admite más de una in-
terpretación, se elegirá la in-
terpretación que satisfaga de
manera más efectiva el inte-
rés superior del niño o la niña
concernida. Y constituye una
norma de procedimiento, de
formaquesiemprequeseten-
gaquetomarunadecisiónque
afecte a la infancia, el proceso
de adopción de decisiones de-
beráincluirunaestimaciónde
las posibles repercusiones la
decisión en el niño o la niña
interesada.
LaobligacióndelosEstados
que han ratificado la Conven-
cióndetenerdebidamenteen
cuenta el interés superior del
niño es un deber general que
abarcaatodaslasinstituciones
públicas y privadas de bienes-
tarsocial,lostribunales,lasau-
toridadesadministrativasylos
órganoslegislativosqueseocu-
pen de los niños o les afecten,
que deben, además, adoptar
todas las medidas necesarias,
expresas y concretas para ha-
cer efectivo este derecho.
Teniendoencuentalospun-
tos de vista y opiniones del
niño o la niña, el objetivo es
velarporqueencualquierme-
didaquetengaqueverconuno
o varios niños, su interés su-
perior sea una consideración
primordial a que se atenderá,
enparticularenlasdecisiones
judiciales y administrativas.
Para que el interés superior
delniñoseaunaconsideración
primordial a la que se atienda
al promulgar disposiciones le-
gislativas y formular políticas
en todos los niveles de los po-
deres públicos, así como en su
aplicación,serequiereunpro-
cesocontinuodevaloraciónde
los efectos sobre los derechos
delniñooniña,afindeprever
lasconsecuenciasdecualquier
proyecto de ley o política pre-
supuestaria en el disfrute de
susderechos,eigualmente,un
proceso de evaluación de los
efectos sobre sus derechos.
Veamos un ejemplo rele-
vanteenelactualcontextode
crisiseconómicayrecortespre-
supuestarios.Elahorafamoso
TribunalEuropeodeDerechos
Humanos con sede en Estras-
burgosuspendiócautelarmen-
te el desalojo de una casa ocu-
padaenSalt(Girona)porlaPla-
taformadeAfectadosporlaHi-
poteca(PAH)pertenecienteal
BancoMalo,antelaevidencia
de que el Estado no garantiza-
ba el derecho a la vivienda de
las personas que viven en el
bloque (entre ellas 21 meno-
res).ElTribunalexigíaalEsta-
do que demostrase como ga-
rantizaráelderechoalavivien-
da y la protección de los me-
noresqueresidenenelbloque.
Deigualforma,cabríaespe-
rar que todas las administra-
ciones del Estado consideren
el derecho de niños y niñas a
quesuinteréssuperiorseacon-
siderado de forma principal
ante por ejemplo recortes en
sanidad, educación o en polí-
ticas públicas de lucha contra
lapobrezayladesnutriciónin-
fantil.Recordandoademásque
la pasividad o inactividad, por
ejemplo cuando las autorida-
des no toman medidas para
proteger a la infancia frente a
ladesnutrición,elabandonoo
cualquier forma de violencia,
suponen una omisión mani-
fiesta de su derecho a que sea
considerado su interés supe-
rior. No en vano, la Conven-
ción sobre los Derechos del
Niño impone una sólida obli-
gación jurídica a los Estados
quenopuedendecidirasudis-
creción cuando el interés su-
periordelainfanciaesunacon-
sideración primordial a la que
debeatribuirselaimportancia
adecuada en cualquier medi-
da que se tome.
Como señala la propia Ob-
servación General el propósi-
to es promover un cambio de
actitudquefavorezcaelpleno
respetodelasniñasylosniños
como titulares de derechos.
Enorme reto que requiere di-
ferentes medidas, tales como
lamodificación,ensucaso,de
la legislación, establecer pro-
cedimientosdedenuncia,rea-
firmar el interés superior de
niños y niñas en la asignación
delosrecursosoproporcionar
lasuficienteinformaciónyca-
pacitaciónatodaslaspersonas
responsablesdelatomadede-
cisiones que afectan directa o
indirectamente a la infancia.
DesdeArgituzqueremosre-
clamar que se aplique a todas
las políticas públicas un enfo-
quebasadoenlosderechoshu-
manos,yquelaspersonasocu-
pen en él un lugar central.
:: JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN
Crisis y políticas
públicas de infancia
JOSU OSKOZ, EVA SILVÁN
Y ANDRÉS KRAKENBERGER
ASOCIACIÓN PRODERECHOS
HUMANOS ARGITUZ
29Martes 24.12.13
EL DIARIO VASCO OPINIÓN