El caso Figari: ¿Encubrimiento en la Iglesia?

1. Arzobispado de Arequipa
Domingo 01
noviembre
del 2015
EL CASO FIGARI: ¿ENCUBRIMIENTO DE LA IGLESIA?
Los actos de violencia física, psicológica y sexual
en agravio de adolescentes, de los que se acusa a
Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de
Vida Cristiana, merecen el rechazo total de la
ciudadanía, nuestra solidaridad con las víctimas y
ameritan una investigación exhaustiva sobre los
hechos y las circunstancias que los hayan podido
permitir, de modo que se realice las debidas
reparaciones, se aplique las sanciones
correspondientes y se tome las medidas
necesarias para que en el futuro no suceda nada
similar. Como dijo san Juan Pablo II: “no hay sitio
en el sacerdocio o en la vida religiosa para los que
dañan a los jóvenes” (Discurso a los cardenales
americanos,23.04.2002).
Según lo denunciado, las violaciones sexuales
ocurrieron hace alrededor de treinta años o más.
La demora en denunciarlos se explica por lo
difícil y duro que es procesar el daño sufrido y
tomar la decisión de hacerlo público, debido
fundamentalmente a causas psicológicas. Damos
gracias a Dios que finalmente se hicieron las
denuncias, las cuales fueron presentadas ante el
Tribunal Interdiocesano de Lima. Algunos han
acusado a este Tribunal y al Sodalicio de Vida
Cristiana de no haber dado trámite a esas
denuncias y, por tanto, de proteger a Figari.
También los han acusado de no informar al
Ministerio Público, para supuestamente encubrir
alculpableyobstaculizarlaaccióndelajusticia.
El portavoz delTribunal Eclesiástico de Lima, sin
embargo, ha hecho de conocimiento público que,
conforme a las normas de la Iglesia, ese Tribunal
no está facultado para juzgar a Figari, debido a
que éste es miembro del Sodalicio de Vida
Cristiana, que es una institución eclesiástica de
Derecho Pontificio, es decir dependiente de la
Santa Sede para esos efectos. Ha informado
también que, por esa razón, el Tribunal de Lima
trasladó las denuncias al organismo
correspondiente de Roma. La Santa Sede, por su
parte, en abril de este año encargó a Monseñor
Fortunato Pablo Urcey, Obispo de Chota y
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana, que verifique la autenticidad de las
acusaciones efectuadas contra Figari, presente un
informe pormenorizado de lo sucedido y sugiera
el modo en que se debe proceder. Monseñor Pablo
ha declarado que debe terminar su tarea dentro de
pocos meses. El Superior General del Sodalicio, a
su vez, ha informado que, como su institución no
ha recibido ninguna denuncia y el proceso está
siendo llevado por la Santa Sede, no puede iniciar
un proceso paralelo sino colaborar con las
autoridades eclesiásticas o civiles que así se lo
requieran. Ha declarado también que, mientras
tanto, ha dispuesto que el acusado no participe en
la vida del Sodalicio y se retire a una pequeña
comunidad de su institución, en oración y
penitencia, a la espera de lo que dispongan las
autoridades competentes, que pueden incluso
expulsarlodelSodalicio.
En cuanto a que la Iglesia no ha comunicado al
Ministerio Público las denuncias recibidas, se
debe tener en cuenta que si bien los hechos se
cometieron contra adolescentes, ellos ahora
deben tener alrededor de 40 años de edad o más.
Cabe entonces preguntarse, si las mismas
víctimas no han presentado su denuncia ante las
autoridades del Estado ni le han pedido a la
Iglesia que lo haga, ¿tiene la Iglesia derecho o
deber de hacerlo e involucrarlos en un proceso
penal que ellos, siendo ahora adultos, no han
decididoiniciar?
+ Javier Del Río Alba
Arzobispo de Arequipa
LA ColumnA
De Mons. Javier Del Río Alba