La ley federal de delincuencia organizada establece penas de 20 a 40 años de prisión y multas de 500 a 25 días de salario para miembros de grupos delictivos. Las penas se duplican para servidores públicos involucrados. En las elecciones de 2012, los ciudadanos desconfiaban de votar debido a que no creían que sus votos serían respetados. El documento analiza la eficacia de esta ley en el contexto político de ese año.