1. Ética y Administración Pública
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Oscar Retana Rozano
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Lectura Seleccionada para Actividad de Reflexión:
La Ética en la Gestión Pública
El valor democrático de la gestión pública
José R. Castelazo
VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002
INTRODUCCIÓN.
La gestión pública sólo se puede explicar en su estrecha vinculación con la
Administración Pública, esto es, con el aparato administrativo del Estado, en
tanto le significa el procesamiento de necesidades y demandas sociales para
su satisfacción, así como del cúmulo de intereses económicos y políticos en
la búsqueda del equilibrio indispensable para mantener bajo control el
ineludible conflicto entre el poder y la comunidad.
Si tal procesamiento, la gestión pública, resultase no sólo errático sino
ineficaz, se alteraría la legitimidad del ejercicio del poder público y se
propiciarían condiciones de ingobernabilidad.
De lo anterior se desprende la importancia que guarda la gestión pública en la
política, por aquello de los resultados tangibles. Los efectos de esta
circunstancia, necesariamente nos conducen a otorgarle a la gestión pública,
tarea especializada, un valor íntimamente relacionado con la democracia.
Con el fin de bordar sobre este tema, “el valor democrático de la gestión
pública”, en el presente ensayo reflexionamos sobre los siguientes aspectos:
La democracia como valor filosófico (el perenne triángulo virtuoso y los
nuevos valores de la democracia);
La democracia como forma de gobierno (la división de poderes: el poder
controla al poder):
- El acceso democrático al poder público (elecciones).
- El ejercicio democrático del poder público junto con la sociedad organizada
(principios y prácticas).
- La rendición de cuentas públicas (al inicio, durante y al término del ejercicio
gubernamental: la sociedad controla al poder).

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La gestión pública (vinculación con la Administración Pública:
gobernabilidad):
- Gestión ética (profesionalización).
- Gestión estratégica (focalización en lo socialmente prioritario).
- Gestión intergubernamental (coordinación entre los ámbitos del poder interno
y externo).
- Gestión de recursos humanos (eficacia y eficiencia).
- Gestión de recursos financieros, materiales y prestación de servicios públicos
(austeridad y transparencia).
- Gestión del conocimiento (desarrollo del capital humano).
A través de este recorrido concluiremos que todo lo que tenga que ver con la
gestión pública habrá de estar referido a la política: sea que hablemos de los
insumos, o de los resultados. Si el acceso al poder se ha democratizado,
evidentemente su ejercicio debe seguir el mismo camino, no sólo en el
discurso sino en el quehacer cotidiano. De ahí la pertinencia de este
acercamiento, más político que técnico, al asunto de la gestión pública.
1. LA DEMOCRACIA COMO VALOR FILOSÓFICO.
Los cuatro pilares de la Filosofía Universal (Aristóteles) son la Lógica, la Ética,
la Estética y la Política. De esta última deviene el valor de la democracia que
no tendría sentido sin la constante búsqueda de la libertad y la justicia. La
política en lo particular se define como la forma más organizada y civilizada de
organización social en la “Polis”, integrada por el “Demos” (pueblo). El
gobierno de los muchos (democracia), se opone al gobierno de los pocos
(oligarquía); la política, como acción, es lograr los equilibrios entre ambos
polos.
Democracia, libertad y justicia forman un triángulo “virtuoso” (en el sentido de
la virtud: moralidad y aptitud). La alteración de este triángulo mediante la
supresión de cualquiera de los tres valores, anula en la práctica a los otros
dos.
Históricamente hablando, durante la Esclavitud, el Feudalismo o la Monarquía,
no había democracia porque la libertad y la justicia estaban negadas para la

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abrumadora mayoría de los pueblos. Después de la Revolución Industrial, de
la guerra de Independencia de los Estados Unidos y de la Revolución
Francesa, surgió la democracia moderna y con ella, en el terreno económico,
el Sistema Capitalista que más tarde fuera enfrentado por el Socialismo y
equilibrado por la Economía Mixta.
En el entendido de que no hay sistema político-económico perfecto, pasemos
a revisar, en términos muy generales, las relaciones entre los sistemas
económicos mencionados y los valores de democracia, libertad y justicia.
Por su naturaleza concentradora del ingreso, el sistema capitalista postula la
propiedad privada y el mercado libre. Para ello promueve el respeto a las
libertades, aunque en la práctica, dada la condición socioeconómica de los
sectores depauperados, éstos no puedan acceder a todas las que
le ofrece el sistema. Igualmente, el Capitalismo garantiza la vía democrática
para el acceso al poder y ha desarrollado una democracia representativa y a la
vez participativa. En materia de justicia, el Capitalismo deja mucho que desear
tanto en lo que se refiere al funcionamiento del sistema judicial cuanto en lo
relativo a la justicia social, por su proclividad al individualismo.
El Socialismo postula la propiedad del Estado y el control del mercado, por ello
restringe las libertades, anula la democracia y garantiza con mayor énfasis la
justicia social, no obstante que el sistema judicial se inclina a favor del Estado.
En los regímenes de Economía Mixta, también conocidos como de Estado
“Benefactor” (por ende interventor y promotor del desarrollo), se goza de un
buen número de libertades, evidentemente limitadas por la capacidad
económica de los individuos. Al igual que en el Capitalismo, existe una
democracia representativa y participativa. La justicia social se extiende a
sectores amplios de la población, pero el sistema judicial favorece a quienes
cuentan con mayores ingresos.
A partir de la derrota del Socialismo y del cuestionamiento al Estado
Benefactor (1975-2000), mediante la imposición del mercado libre para todos,
ha surgido el capitalismo globalizado. Para atenuar sus efectos depredadores,
la vida democrática está floreciendo como sistema de vida.
En la cultura política básica, podemos encontrar la práctica de valores
democráticos en la familia, en las instituciones educativas y en las iglesias.

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En la cultura política generalizada, tales valores los identificamos en los
partidos políticos, las organizaciones de trabajadores, empresariales, no
gubernamentales, en los órganos representativos como cabildos, congresos,
parlamentos y asambleas, y en los medios masivos de comunicación. En toda
la estructura social existen centros de poder relativos prácticamente a toda
actividad organizada. Probablemente como nunca antes el poder se comparte
entre muchos y diferentes núcleos en diversos grados de desarrollo político.
En lo individual, social y político, se trata de aplicar en la vida diaria valores y
prácticas que consideren los derechos humanos de cada persona: tolerancia,
respeto, reconocimiento del “otro”, de quien es distinto, diferente, oponente.
Asumir una actitud solidaria en la vida comunitaria, así como participar
organizadamente en la gestión y/o prestación de servicios públicos, cuidando
del medio ambiente, de los recursos no renovables, de la seguridad de las
personas y los bienes, entre otros aspectos.
Para lograr tal conciencia colectiva, desarrollar este activismo comunitario y
lidiar con una masa crítica por su propio derecho, se han debido renovar las
formas de hacer política y de administrar la cosa pública, por ello, también la
democracia ha permeado en la forma de gobierno.
2. LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO.
En este sentido, la democracia debe expresarse en un gobierno dividido en las
tres conocidas ramas del poder: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, trátese de un
sistema parlamentario, una monarquía constitucional, uno presidencialista o
híbrido (Asamblea, Parlamento o Congreso, junto con una institución
presidencial). El gobierno democrático se organiza centralizada o
descentralizadamente; puede ser República Federal o unitaria, con una
Administración Pública controlada nuclearmente y una organización política
territorial dependiente. Lo importante radica en que la división de poderes y la
estructura gubernamental funcionen efectivamente como respuesta a la
voluntad popular expresada a través de un voto libremente emitido.
De ahí que el concepto de elecciones libres sea consustancial al ejercicio
democrático del poder.
Para que el proceso electoral se ejerza en libertad, requiere de partidos

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políticos, reglas de competencia, organización electoral, sufragios,
posibilidades de impugnación y de un mecanismo de resolución de conflictos.
Lo anterior no sería posible en ausencia de autoridades electorales
independientes del gobierno y autónomas en sus decisiones. Entonces, para
ser creíbles, las elecciones generales deben observar los principios de:
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Se trata de
generar confianza en los resultados para que quienes accedan al gobierno lo
hagan con la legitimidad suficiente e incuestionable de ejercer el poder a
nombre de la mayoría.
Para garantizar la democracia, no basta que la División de Poderes opere
adecuadamente, pues ello, en todo caso, asegura el control del poder por el
poder mismo, pero no necesariamente por la ciudadanía.
Tampoco es suficiente para la democracia, que la estructura gubernamental,
tanto política como administrativa, responda al desarrollo histórico de cada
país, pues ello podría traducirse como mantenimiento de un estatus en el que
la mayoría está sometida por la dominación de la minoría (obviamente
organizada para el efecto).
Igualmente, la celebración periódica de comicios libres, sea cual sea el
sistema de elección - directa o indirecta – para integrar el poder, no llena todas
las expectativas de la democracia, por eso, es indispensable promover un
ejercicio democrático del poder, el cual demanda, en primer lugar, asumir una
responsabilidad política, social y administrativa apegada a la Ley. Exige, sobre
todo, vocación y capacidad de servicio para velar por el interés general con
una utilización austera, honrada, eficiente y eficaz de los recursos públicos.
En nuestros días, la sociedad se ha politizado. Ya no sólo demanda bienestar,
seguridad y servicios del gobierno, sino que actúa con distintos grados de
manifestación hasta el logro de sus propósitos.
De esta manera, el gobierno ha tenido que abrir su información, y ha debido
innovar su interacción con la comunidad en la toma de decisiones, en la
gestión de soluciones y en procurar la transformación de cada país, intentado
mantener la estabilidad económica, social y política.
Por tales motivos, la rendición de cuentas a la sociedad de parte del gobierno,
práctica desconocida hasta hace pocos años, ahora resulta insoslayable en

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un sistema democrático. Esta decisión de transparentar las cuentas se ha
convertido en una política pública a realizarse en tres momentos: previo a la
toma de posesión, durante el ejercicio, y al término de la gestión. No
únicamente ante los órganos fiscalizadores del Congreso o Parlamento, ahora
se hace cotidianamente ante la ciudadanía organizada y ante los medios de
comunicación social.
En este contexto, vale introducir la idea de la gestión pública como parte de la
democracia de una nación.
3. LA GESTIÓN PÚBLICA.
La gestión pública debilita o fortalece la legitimidad de un régimen o de una
administración. Si se realiza un “buen gobierno”, se aumentan los niveles de
consenso, de acuerdos, de armonía social y de gobernabilidad. Un “mal
gobierno”, por el contrario, propicia la discordia que impide gobernar con
mayores márgenes de maniobra para el liderazgo político y social.
Para entender esta aseveración, aparentemente sencilla, se hace necesario
dilucidar acerca de la naturaleza, contenido y alcances de la gestión pública.
Una gestión “ética”, además de referirse al valor de la honestidad en el servicio
público, se relaciona con la profesionalización de los servidores públicos
vinculada a valores sociales y políticos más amplios: el apego a la Ley, al
interés general, a la función institucional, a los efectos que puedan tener las
decisiones políticas, económicas y sociales tomadas por la autoridad.
Ésta, la autoridad, está sancionada por la soberanía popular, no puede y no
debe desviarse en función de intereses particulares o de grupo, pues de otra
forma se descompone el tejido social el cual es difícil de restablecer.
La gestión “estratégica” tiene como objetivo fijar prioridades de atención una
vez realizado un diagnóstico/pronóstico que nos señale posibilidades de
acción para solucionar necesidades, demandas y conflictos en función de los
recursos disponibles. De ello se deriva que la estrategia ha de focalizarse en
aquello que afecta directamente a la sociedad, sin menoscabo de atender y
sortear con éxito el conjunto de intereses económicos que normalmente se
anteponen a la solución de los asuntos realmente sensibles de la comunidad.
La gestión “intergubernamental” atañe a los ámbitos del poder público dentro

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de un país, puesto que ningún nivel de gobierno es autosuficiente y cualquiera
de sus obligaciones, para desempeñarlas adecuadamente, requiere de la
participación coordinada de los otros niveles. Piénsese, por ejemplo, en el
fenómeno metropolitano que no concierne únicamente a una autoridad
municipal, sino a varias que confluyen en un territorio determinado y cuyas
necesidades de funcionamiento son altamente complejas y costosas:
transporte público, vías de comunicación, abasto, agua, recolección y
disposición de desechos sólidos, seguridad pública, entre otros.
Además, en un mundo globalizado, la gestión intergubernamental también
atañe a varios países por la problemática migratoria, financiera, comercial y
cultural.
La gestión de “recursos humanos”, se centra en la eficiencia (hacer más con
menos) y la eficacia (lograr los resultados). Esto tiene que ver con cuestiones
de seguridad en el empleo, capacitación permanente, reconocimientos,
estímulos, recompensas y motivación. En otros términos, un servicio civil de
carrera que garantice el funcionamiento del aparato público a niveles que
satisfagan las expectativas sociales.
La gestión de “recursos financieros, materiales y de servicios”, debe responder
a prácticas de austeridad y transparencia. El gobierno debe gastar menos en
la administración y más en la promoción del desarrollo socioeconómico y en la
inversión en infraestructura pública. La idea del Estado “regulador” está
rebasada por la realidad socioeconómica, tanto en los países desarrollados,
en vías de desarrollo, o rezagados. No hay Estado que no tenga la necesidad
de apoyar a sus sectores sociales desprotegidos porque solamente el Estado
es el único agente social capaz de equilibrar las desigualdades, de otra
manera, éstas tienden naturalmente a ensancharse y a generar,
consecuentemente, conflictos sociales.
La gestión del “conocimiento”, tiene que ver con la promoción de las nuevas
tecnologías en comunicación y en desarrollo social. Los estados no pueden
darse el lujo de atrasarse en el uso y manejo de la tecnología.
En materia de Administración Pública, es menester modernizarse mediante la
adquisición del equipamiento que le permita funcionar más ágilmente, lo cual
le implica formación y desarrollo de personal apto para el manejo de las

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nuevas tecnologías.
Sin embargo, se hace necesario compartir con la sociedad organizada no sólo
la información sino el acceso a la misma y la capacidad de influir en las
decisiones que inciden sobre su vida diaria. Esto implica planear, estructurar y
organizar un sistema idóneo de intercambio de ideas, datos, planes, proyectos
y desarrollo de foros de toma de decisiones comunes.
En el futuro ningún gobierno estará en posibilidades de operar
satisfactoriamente si no incluye a la sociedad en la toma de decisiones y para
ello requiere gestionar el conocimiento que posee la comunidad internacional y
nacional, procesarlo y ofrecerlo de manera que se generalice su utilidad
práctica para realizar un buen gobierno.
CONCLUSIONES.
Este ensayo trata sobre el valor democrático de la gestión pública. Un somero
análisis de contenido, destaca los siguientes valores y prácticas expresados
en su desarrollo: “Legitimidad … gobernabilidad (ingobernabilidad) … política
… democracia … Administración Pública … valor filosófico (de la democracia)
… forma de gobierno… poder público … sociedad organizada … rendición de
cuentas … ética … estrategia … gestión intergubernamental … eficacia …
eficiencia … austeridad … transparencia … capital humano … insumos …
procesos … resultados …lógica … ética … estética … libertad … justicia …
virtud … moralidad … aptitud … propiedad privada … mercado libre …
pobreza … democracia representativa … democracia participativa …
individualismo … justicia social … capitalismo … socialismo … Estado
benefactor … cultura política … derechos humanos … tolerancia … respeto …
reconocimiento “del otro” … solidaridad …conciencia colectiva … activismo
comunitario … masa crítica … división de poderes … voluntad popular …
elecciones libres … ejercicio democrático del poder … certeza … legalidad …
independencia … imparcialidad … objetividad … confianza … responsabilidad
política, social y administrativa … vocación y capacidad de servicio …
utilización austera y honrada de los recursos públicos … bienestar social …
seguridad y servicios … toma de decisiones … estabilidad económica,

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social y política … buen gobierno … consenso … acuerdos … armonía social
… mal gobierno … liderazgo (falta de) … honestidad … profesionalización …
apego a la Ley … interés general … función institucional … autoridad …
soberanía popular … tejido social … participación coordinada … expectativas
sociales … Estado regulador … Estado equilibrador … modernización …
formación y desarrollo de personal … compartir con la sociedad …
intercambio de ideas, datos, planes … desarrollo de foros y toma de
decisiones comunes … operar satisfactoriamente …”.
En síntesis, el valor democrático de la gestión pública radica en hacer las
cosas que conciernen a la función pública adecuadamente, idóneamente,
legalmente, responsablemente. La gestión pública no se aprende en los
manuales de análisis de puestos, de organización, procedimientos, pues estos
no pueden ser más que descriptivos. Si bien se enriquece con la teoría, sólo
se consolida por dos vías, la de la experiencia y el conocimiento práctico; es el
“saber” cómo lograr los objetivos, pero éstos no son lucrativos, no están
dirigidos a “clientes”, sino a la sociedad en abstracto y a grupos sociales en lo
concreto, entendiendo que “operar satisfactoriamente” implica no hacerlo de
una vez y para siempre, sino comprender que la demanda original de un
sector social se va a transformar permanentemente, de manera que la
Administración Pública y por lo tanto la gestión pública, nunca será estable,
estará en constante evolución; es una labor sin descanso a favor de la
estabilidad política y la democracia.
NOTAS:
1 Ver Ospina Bozzi, Sonia M. (Gestión Política Pública y Desarrollo Social:
Hacia la Profesionalización de la
Gestión Pública). Gestión y Política Pública, México, CIDE, Vol. II, enero-junio,
1993, pp. 39-41.
2 Ver Aristóteles, especialmente La Constitución de Atenas, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1971.
3 Ver Dahl, Robert A. Polyarchy, Participation and Opposition, pp. 3361.
4 Losada Morrodán, Carlos. ¿De Burócratas a Gerentes?. Las Ciencias de la
Gestión Aplicadas a la Administración del Estado. Washington, Banco

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Interamericano de Desarrollo, 1999, pp. 53-57.
5 Montesquieu, Charles-Louis de Secondant, Barón de. De l’espirit des lois
(1748).
6 Existe una bastísima bibliografía al respecto, pero recomiendo ver a
Macquenzie, W.J.M.: Free Elections: and elementary textbook. Londres: Allen
and Unwin, 1958.
7 Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 41 y el
Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales,
México, 2002.
8 En cuanto a la Teoría de las Elites, se ha producido en distintas épocas una
extensa bibliografía, aunque el clásico The Rulling Class (1896) de Gaetano
Mosca, sigue presidiendo la reflexión (en 1939 el libro fue traducido por H. D.
Kahn y A. Livingstone, y publicado por McGraw – Hill).
9 Basta revisar los Diarios más importantes del mundo para darse cuenta del
incremento de la participación social y de las dificultades de los gobiernos
para copar sus expectativas. Una orientación en este sentido nos las da
Brugue, Quim. “La Dimensión Democrática de la Nueva Gestión Pública”.
Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Madrid, INAP, No. 5-6, enero-agosto
1996, pp. 42-54.
10 Ver a Jorge A. Chávez Presa. Para Recobrar la Confianza en el Gobierno.
Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 75-99.
11 Pratas i Caralá, Joan. La Importancia de la Gobernabilidad Democrática en
América Latina y en México. Prospectiva. México, Política Nueva, A.C., No. 19,
Noviembre de 2001.
12 Ver el Informe al Club de Roma de Yehezkel Dror: La Capacidad de
Gobernar, Fondo de Cultura Económica, México, 1994 (1996), particularmente
el Capítulo I.: Leitmotiv; Rediseño de la Gobernación para Transformaciones
Globales, pp. 23-33.
13 Una buena orientación sobre este tema la da Izquierdo, Agustín en “Ética y
Administración”, Bañón, Rafael y Carrillo, Ernesto (comps.) La Nueva
Administración Pública, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 316 y ss.
14 El libro de Luis Villoro “El Poder y el Valor”. Fondo de Cultura Económica,
México, 1997, representa un enriquecedor trabajo sobre los fundamentos de la

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ética política, particularmente el Capítulo 15 “Alternativas a la Democracia”, pp.
233-354.
15 Ver Bazaga Fernández, Isabel. “El Planteamiento Estratégico en el Ámbito
Público”. Bañón, Rafael y Carrillo (comps. ) La Nueva Administración Pública.
Madrid, Alianza Editorial, 1997.
16 El libro de B. Guy Peters, La Política de la Burocracia, Fondo de Cultura
Económica, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública,
A.C., significa el tratado más exhaustivo sobre este tema del Siglo XXI,
particularmente el Capítulo IV “Problemas de la Estructura Administrativa” que
compara varios países, pp. 237-296.
17 Ver Villoria, Manuel. “La Gestión de las Personas en las Administraciones
Públicas Postburocráticas: un Enfoque Estratégico. Bañón, Rafael y Carrillo,
Ernesto (comps.) La Nueva Administración Pública, Madrid, Alianza Editorial,
pp. 25-29. Igualmente, regresar a Peters, Ibid, singularmente al Capítulo III “La
Contratación de los Administradores Públicos”, pp. 181-236.
18 Ver el libro de Bernardo Kliksberg. El Nuevo Debate sobre el Desarrollo y el
Rol del Estado, Mitos y Realidades en la América Latina de Hoy. El Capítulo
VIII (pp. 199 y ss), “Seis Tesis no Convencionales sobre Participación”, nos
pone a pensar sobre la efectividad de la Administración Pública para el
desarrollo social, para el “buen gobierno”, sobre la base de la participación
social organizada, justamente relacionado con la gestión de recursos
financieros, materiales y prestación de servicios.
19 Ver Burque, Peter. Historia Social del Conocimiento, de Gutenberg a
Diderot, sobre todo el Capítulo 8, “Adquisición del conocimiento: la
participación del lector”, que ofrece una reflexión sobre la “apropiación” del
conocimiento, pp. 229-253.
20 Ver Belly, Pablo. “El Estado como Generador de Conocimientos” Belly
Knowledge Management. 2001.www.gestióndelconocimiento.com.

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