El documento argumenta que los gobiernos neoliberales han abandonado su función de regular la economía en favor de los intereses sociales. En su lugar, grandes corporaciones y organismos multilaterales rigen la economía según sus propios intereses. Se necesita una regulación democrática que establezca equilibrio entre capital privado y trabajadores, consumidores y sectores sociales, a través de políticas como impuestos sobre la plusvalía y tarifas de servicios públicos progresivas. El Estado debe promover empresas locales, especialmente PYMES, y recursos estraté

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Regulación social de lo público, lo privado y lo comunitario
Los poderes estatales neoliberales han abandonado las funciones de orientación, promoción y
regulación con visión social de la actividad económica. Del Estado interventor transitamos
abruptamente al predominio de la "mano invisible del mercado", como metáfora de las relaciones
entre grandes empresarios.
Ahora son las grandes corporaciones, empresas monopólicas nacionales y extranjeras y los
organismos multinacionales quienes rigen libremente la economía en función de sus propios
intereses; a su servicio trabaja discrecionalmente el sector público y su presupuesto, sin reglas claras
ni transparentes, sin participación ciudadana ni retribución de beneficios a la sociedad o a los sectores
sociales locales directamente involucrados.
Dos décadas de fundamentalismo privatizador y desnacionalizador han entregado al sector
privado los recursos naturales y desmantelado a las empresas estratégicas y prioritarias de propiedad
de la nación, que permitían que el Estado cumpliera la función de rectoría económica y promoción
del desarrollo. Hoy se pretende continuar este proceso, con la reforma privatizante del sector
energético: el petróleo y la electricidad.
Los poderes del Estado democrático, como institución de la sociedad, tienen la obligación y la
responsabilidad de intervenir en las relaciones económicas y sociales entre los sectores y actores
diferenciados, en función de los intereses colectivos, función que debe comenzar por establecer una
regulación socialmente concertada que tienda a superar las desigualdades, la inequidad y la
exclusión, privilegiando los intereses de los sectores mayoritarios, los más vulnerados socialmente.
La construcción de un patrón alternativo de desarrollo con equidad distributiva y justicia
social exige la regulación pública equitativa de las relaciones mercantiles, laborales, salariales,
ambientales y territoriales entre el capital privado, en particular el gran capital nacional y tras-
nacional, y los trabajadores, los consumidores y los sectores mayoritarios de la sociedad, establecidas
por consenso social institucionalizado en la constitución y las leyes, la planeación democrática, el
sistema fiscal federal y local, las políticas gubernamentales y la gestión pública cotidiana.

2. Esta regulación democrática debe aplicarse en forma transparente mediante los poderes del
Estado y sus instituciones, y debe ser vigilada a través de los órganos legislativos y la contraloría
ciudadana.
Debemos avanzar hacia una gestión estatal responsable y eficiente de los recursos naturales
propiedad de la nación, la infraestructura y los servicios públicos estratégicos para el desarrollo social
y el crecimiento económico sostenido, los cuales deben permanecer bajo control del sector público.
Los casos donde el uso de estos bienes públicos sea otorgado en concesión a las empresas deben
significar el retomo de parte de los beneficios a la sociedad mediante impuestos sobre las rentas del
suelo y las ecológicas, de valorización por obras públicas y sobre la plusvalía generada
colectivamente; tarifas de servicios públicos cobradas a las empresas privadas y los sectores de altos
ingresos que recuperen el precio de producción --costo y ganancia media-- y cubran el subsidio que el
Estado otorgue a los sectores empobrecidos; y transferencias especiales de fondos para el desarrollo
a las regiones y municipios que aportan los recursos naturales esenciales.
Para promover y llevar a cabo los grandes proyectos de desarrollo se deben formar
sociedades de economía mixta --pública, privada y social-- con distribución equitativa de beneficios
y/o contratos o acuerdos de desarrollo -regional, metropolitano, municipal, urbano-, con reglas claras
y públicamente conocidas, sometidos a contraloría ciudadana, que especifiquen la retribución
empresarial a la sociedad en general y a los sectores sociales locales directamente involucrados, con
parte de los beneficios obtenidos.
En el marco de la soberanía nacional, los poderes del Estado están obligados a proteger y
promover, mediante la ley y la gestión, los ámbitos estratégicos y las empresas e instituciones
internas, sobre todo las autogestivas, micro, pequeñas y medianas (AMPyMES) frente a los países,
sectores, empresas e instituciones económicas externas. Este debe ser un supuesto toral de toda
negociación de libre comercio internacional.
Debemos también garantizar la igualdad de posibilidades y de acceso a los recursos y las
tecnologías a las empresas orientadas al mercado interno y a las diferentes jerarquías y niveles de la
actividad empresarial y autogestionaria interna,, sobre todo las AMPyMES, frente a los monopolios.
Los sistemas de crédito y de asistencia técnica que la banca de desarrollo brinda, así como el sistema
de compras estatales deberán dar prioridad a las AMPyMES y a su articulación en cadenas
productivas y de proveeduría. El combate a las prácticas monopólicas de cualquier tipo y origen es
una condición de la libre competencia.