El documento presenta la declaración constitutiva del Empresariado Nacional, un espacio común formado por organizaciones empresariales de diversas actividades. Rechaza el modelo económico impulsado por la dictadura militar de 1976 y el Consenso de Washington de los años 90. Apoya las transformaciones iniciadas en 2003 para fortalecer el Estado, la industria nacional y los derechos sociales. Se diferencia de otros sectores empresariales que buscan condicionar al gobierno para imponer un modelo liberal que beneficia a grandes corporaciones en detrimento de

1. Declaración constitutiva del Empresariado Nacional
Los firmantes somos entidades representativas del empresariado nacional que venimos actuando
con ejes comunes en el marco de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina.
Hoy nos constituimos ante la sociedad como un espacio común conformado por un conjunto
de organizaciones que abarcan una gran multiplicidad de actividades en ámbitos urbanos y rurales,
con ideales comunes y una fuerte inserción en todo el territorio nacional, donde se desempeñan
centenares de miles de unidades productivas que viven de su trabajo y sus esfuerzos cotidianos.
Somos la faz más visible de un gran entramado económico y social que produce, invierte y
confía en el país. Nuestras entidades han venido sosteniendo históricamente los postulados de la
defensa de la industria y el trabajo nacionales, el mercado interno, las exportaciones con valor
agregado, la soberanía de nuestra Nación, la democracia, los Derechos Humanos y la integración
con las naciones y los pueblos de Latinoamérica.
Nos sentimos parte de la sociedad a la que pertenecemos y nos consideramos actores de
los procesos populares, conscientes de que sólo podemos desarrollarnos integrados con el
conjunto de las fuerzas que conforman el tejido productivo local y regional.
Sabemos que como empresarios cumplimos una función social que debe ser responsable y
solidaria con el conjunto de la ciudadanía, porque sólo nos “va bien” cuando nuestros compatriotas
pueden vivir dignamente, con perspectivas de futuro y de un país que nos incluya a todos.
Nuestras acciones en este sentido van mucho más allá de nuestro legítimo interés personal
o el de nuestras empresas. Estamos comprometidos con la construcción de un proyecto social y
político nacional que avance con transformaciones en un sentido progresivo y convoque a las
genuinas fuerzas productivas, las que no miran “el clima” a la hora de invertir. Apoyamos y
propugnamos políticas de Estado dirigidas a lograr satisfactorios niveles de actividad y consumo
que permitan el desenvolvimiento de las empresas existentes y la generación de nuevos
emprendimientos y fuentes de trabajo.
Estamos comprometidos con las transformaciones en curso y queremos ser protagonistas
de mayores cambios, convencidos de que lo que no avanza se estanca y favorece retrocesos que
sólo pueden ser perjudiciales para la Nación.
Creemos que estas aspiraciones están en consonancia con la voluntad de una gran
mayoría de los argentinos que quieren seguir viendo ampliados sus derechos y contar con un
Estado eficiente y activo, que impulse políticas expansivas, de creación de industrias y de puestos
de trabajo, que vele por la soberanía y el interés nacional e impulse crecientes niveles de
institucionalización.
Estamos convencidos de que todas las expresiones del quehacer nacional pueden confluir
en la búsqueda de una necesaria unidad, entendida como un acuerdo básico que priorice el interés
colectivo sin excluir el disenso ni la pluralidad de enfoques sino, por el contrario, buscando
armonizar las visiones de los distintos sectores que integran la Nación en favor de objetivos
comunes.

2. Consecuentemente, sostenemos que los cambios estructurales en curso deben
profundizarse sobre la base de debates amplios y participativos, en los que debe involucrarse, sin
retaceos ni mezquindades, toda la dirigencia política y social, para lo cual es preciso continuar
creando condiciones que aseguren el funcionamiento transparente de todos los poderes
democráticos.
Memoria y proyecto nacional
Las organizaciones que conformamos este espacio tenemos una fuerte raíz común en el rechazo
de todo tipo de autoritarismo y de las políticas del fundamentalismo liberal que a lo largo de la
historia nacional los sectores conservadores impusieron muchas veces mediante gobiernos
dictatoriales, y otras por medio de golpes económicos a costa del resto de la población.
Hemos denunciado y denunciamos el régimen cívico militar de 1976 que aun cuenta con
complicidades que deben ser dilucidadas, investigadas y juzgadas. La dictadura y sus socios
instauraron el terrorismo de Estado para segar los procesos mayoritarios por medio de mecanismos
represivos aberrantes que incluyeron el genocidio y la persecución de decenas de miles de
compatriotas. La devastación del aparato productivo nacional y la desaparición de miles de Pymes
urbanas y rurales fue uno de los siniestros correlatos de las políticas de valorización financiera y
desregulación que fueron pilares del régimen.
No debemos olvidar que el Consejo Empresario Argentino (CEA), presidido por Martínez de
Hoz, y agrupaciones afines reunidas en la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias
(APEGE) fueron promotores y beneficiarios de esas políticas que sentaron las bases del modelo de
concentración, extranjerización, desindustrialización, endeudamiento y especulación financiera que
tuvo su apogeo en los ’90 con la aplicación de los postulados del Consenso de Washington. De esa
matriz ideológica surgieron medidas como las privatizaciones, la convertibilidad y la flexibilización
laboral, con los desastrosos resultados conocidos para las Pymes, la industria nacional, los
trabajadores, los estudiantes, los jubilados y las capas más desprotegidas de la población. Tras el
estallido de ese modelo, en 2002 más del 50% de los argentinos estaba bajo la línea de la pobreza.
El conjunto de los empresarios Pymes, industriales, productores y profesionales ligados con
el interés nacional tenemos memoria y sabemos que ese modelo de país no nos contiene ni nos
representa: es un modelo excluyente, injusto, antiindustrial y empobrecedor del mercado interno y
los sectores populares.
En 2003 comenzó una etapa de restitución del papel activo del Estado y de subordinación
de las herramientas económicas a objetivos políticos de soberanía, justicia social, fomento de la
industria y el trabajo nacionales. Esta orientación, así como las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia y la ampliación de derechos sociales, civiles y económicos, responden a demandas
populares largamente postergadas.
Los poderes corporativos, que representan intereses altamente transnacionalizados y
concentrados, han reaccionado desde el inicio de este proceso intentando condicionar al gobierno
nacional y a la instituciones a través de permanentes ataques mediáticos y especulativos a gran
escala. El lock out patronal de 2008, la resistencia a la aplicación de la Ley de Servicios
Audiovisuales, las corridas cambiarias de 2011, las presiones devaluatorias, el acoso a la
legislación de regulación de la producción y el consumo, y las recientes operaciones sobre el valor
del dólar son sólo algunos hitos de una estrategia de hostigamiento y renovada ofensiva que no
repara en límites.
Los principales impulsores de esa ofensiva actúan políticamente bajo agrupaciones como la
Asociación Empresaria Argentina (AEA), que incluye a los directivos de los oligopolios de medios
de comunicación y ha tomado la posta de aquellas entidades que históricamente han pugnado por
imponer el liberalismo a ultranza en nuestro país. También actúan en el contexto del G6
(Asociación de Bancos Privados, SRA, UIA, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Valores,
Cámara de la Construcción) o del llamado Foro de Convergencia Empresarial.

3. En un contexto de prolongada y profunda crisis internacional, dificultades coyunturales y
ataques especulativos contra la Argentina, esos grupos buscan condicionar a las actuales y futuras
autoridades políticas y legislativas, con el concurso permanente de las usinas y repetidores del
pensamiento económico ortodoxo que suelen pregonar las “crisis cíclicas” mientras operan para
desencadenarlas.
Posicionamientos fundamentales
Recientemente los mencionados sectores corporativos han realizado una intensa campaña, que
tuvo su cumbre en el reciente coloquio de IDEA, para arrogarse la representación de “los
empresarios de grandes ciudades, de pueblos chicos y del campo”.
Sin embargo, las entidades del Empresariado Nacional hemos desarrollado una ardua tarea
de confrontación, precisamente, de ideas (que no debe confundirse con enfrentamiento), en el
contexto de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina y en distintos ámbitos
participativos, para poner de manifiesto que esos sectores no hablan ni pueden hablar en nombre
de las Pymes ni del empresariado local, ligado con los destinos del pueblo y la Nación argentina.
Esta diferencia esencial se reflejó en los posicionamientos respecto de temas clave como la
defensa de la soberanía nacional ante los ataques de los fondos buitres, la sanción de las leyes de
regulación de la producción y el consumo, la aprobación del Presupuesto nacional, que privilegia
ítems de inversión social y productiva, el sostenimiento de las medidas para el fomento del
consumo, y el accionar del Banco Central junto con los organismos de contralor para neutralizar las
operaciones fraudulentas en los mercados financieros.
En la última semana el Foro de Convergencia Empresarial volvió a reunirse con la presencia
en primera fila de los principales líderes de la llamada “oposición” y emitió el documento “Acuerdos
para una Argentina posible”. Allí se da un paso más allá de la coyuntura para plantear las
potencialidades del país según una renovada versión de la consabida “teoría del derrame”.
Todo se reduce a garantizar el máximo beneficio a las grandes empresas, imponiendo
“reglas claras” favorables a sus intereses, liberando los mercados, privatizando áreas estratégicas y
acotando el papel del Estado a “gestionar” lo público, con acento en lo que entienden por
“seguridad” (actuar represivamente sobre los graves perjuicios sociales que, sabemos, entrañan
esas políticas). El trasfondo de la “institucionalidad” que promueven de las corporaciones
económicas queda de manifiesto al conocerse que muchos de sus integrantes y voceros aparecen
involucrados en las denuncias de la AFIP por gigantescas maniobras de evasión a través de
cuentas no declaradas en Suiza gestionadas por el HSBC.
En tanto, coherentes con sus postulados, estos sectores muestran permanentemente su
vocación por frenar todas aquellas iniciativas que responden al desempeño de un Estado activo en
la dirección de un país más independiente, equitativo, industrializado y democrático.
En los hechos, lejos de actuar en un mercado “libre” como el que dicen promover, los
conglomerados económicos conforman monopolios y oligopolios que se desempeñan de modo
cartelizado y abusan de posiciones dominantes en los mercados, fijando precios y condiciones al
conjunto de las actividades.
Este comportamiento afecta en tanto consumidores a la mayoría de la población y perjudica
gravemente la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas al imponerles precios y
condiciones abusivas de comercialización, de principio a fin de la cadena.
Esta desigualdad hacia el interior del sistema productivo pone en riesgo a más del 90% de
las empresas existentes en el país, que son micro, pequeñas y medianas, y a sus trabajadores que
constituyen un 70% de la fuerza laboral.

4. Los integrantes del empresariado nacional trabajamos día a día con la certeza de que para
poder vivir y crecer dignamente como empresarios y ciudadanos junto con todos los demás
sectores de la vida nacional, debemos en cambio aportar a la construcción de un proyecto de país
basado sobre la recuperación e incremento de los derechos laborales y ciudadanos.
Para cumplir con estos objetivos postulamos algunos puntos básicos de acuerdo que
sustentan nuestros posicionamientos y acciones comunes, así como las propuestas que
formulamos para contribuir al desarrollo nacional inclusivo.
- Sostenimiento de un mercado interno robusto y fomento de la demanda masiva con una
estabilidad de variables que derive de la democratización y desconcentración económicas y no del
achicamiento de la actividad.
- Planificación para implementar políticas industriales sustitutivas con alto contenido de
conocimiento e innovación tecnológica, con exportaciones diversificadas y de alto valor agregado.
- Fomento integral y diferenciado para las Pymes, las economías regionales y las cooperativas, a través
de una segmentación eficiente de las políticas y la coordinación de acciones de fomento entre el Estado y los
sectores productivos.
- Reforma del sistema financiero impulsando una nueva normativa que se oriente al interés público y
garantice el acceso al crédito para los sectores más dinámicos, privilegiando el desarrollo productivo y las
necesidades de las Pymes y la economía social.
- Redistribución equitativa del ingreso con un papel activo del Estado, apuntando hacia un
esquema tributario progresivo que grave principalmente a los actores de mayor tamaño.
- Defensa irrestricta de la soberanía nacional y sostenimiento de los bloques regionales y los
acuerdos estratégicos con los BRICS.
Como hemos afirmado, durante la última década se han logrado significativos avances en el
sentido de estas premisas, lo que se ha venido reflejando en la reducción de la pobreza y la
desigualdad, el fomento de la industria nacional, la producción y la actividad Pyme, así como la
recuperación de los resortes del Estado en el manejo de la política económica y una inserción
internacional soberana, a partir de la integración con Latinoamérica.
En este rumbo las falencias y las asignaturas pendientes deben encararse sobre la base de
debates y acuerdos entre todos los actores sociales, sin temor de expresar diferencias y señalar los
intereses contrapuestos en el seno de la sociedad.
Sólo hay democracia cuando se valoran las diferencias, no cuando se las anula bajo el
dictado de un discurso único, supuesto garante de la racionalidad y la moral públicas, que como
siempre sucede, sólo valen para unos pocos privilegiados que tienen el poder para imponer al resto
sus puntos de vista.
Queremos vivir en una sociedad con paz dignidad, con progreso, industrialización,
desarrollo, justicia social y soberanía.
Queremos contribuir participativamente a la construcción de un futuro mejor para todos los
argentinos.