1. BREVE INTRODUCCIÓN AL NEOLIBERALISMO
Resulta imposible analizar con un mínimo de rigor una ley como la LOMCE sin hacer alguna referencia previa al
neoliberalismo como paradigma ideológico dominante desde mediados de los años 70 del siglo pasado hasta la
actualidad.
Sin entrar en grandes profundidades, podríamos definir el neoliberalismo como un conjunto de ideas de naturaleza
fundamentalmente económica que parte de una particular concepción del ser humano. Éste se define como un ser
racional que utiliza sus facultades cognitivas fundamentalmente para maximizar su bienestar personal. A partir de esta
visión hiperreduccionista de la naturaleza humana, se concluye de manera inmediata que el mejor medio para que
este “egoísta racional”, el homo economicus, pueda satisfacer sus inclinaciones “naturales” es el Mercado. Así, se
articula todo un engranaje ideológico con la finalidad de crear un nuevo orden social que abarque todo el Planeta, a
saber: el Mercado debe ser el eje articulador de cualquier sociedad, y cualquier intervención de los poderes públicos
para intentar corregir sus imperfecciones se considera una intromisión perniciosa.
LA LOMCE EN EL CONTEXTO NEOLIBERAL
Desde IU Navalmoral, pensamos que la LOMCE debe ser fundamentalmente entendida como el “vector ideológico”
(meme) que utiliza el neoliberalismo para reconfigurar el sistema educativo en torno a su ideario.
Es muy habitual escuchar hoy en día eso de que la educación necesita “modernizarse” para “abrirse a la sociedad”.
Pero, ¿de qué sociedad se nos está hablando? Es evidente que se refiere a un tipo de sociedad muy concreta, inédita
en la historia de la humanidad: una Sociedad de Mercado. Por lo tanto, se trata de “abrir” el sistema educativo para
que la voz que representa los intereses egoístas de unos pocos, los llamados de manera intencionadamente ambigua
“Mercados”, se convierta en la única que debe ser escuchada. Así, se rompe de manera automática con el ideal que,
desde los tiempos de la Ilustración, representaba la Educación Pública: el primer contacto de un ser humano con la
Esfera Pública, una escuela de Ciudadanía donde poder forjar una personalidad autónoma y crítica al margen de los
factores ambientales que condicionan la existencia de los individuos. Es fácil entender que en un lugar como éste no
debería haber espacio para el subjetivismo, la arbitrariedad o la codicia.
ANÁLISIS DETALLADO DE LA LOMCE
El espíritu de la ley: Preámbulo.
Ya en el preámbulo de la ley podemos leer lo siguiente:
La educación debe entenderse como motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de
prosperidad de un país […] para competir con éxito en la arena internacional […] representa una
apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.
Más que una ley educativa, lo anterior se asemeja más a un informe del FMI sobre el estado de la economía en este
país. En su redacción, hay un intento de culpabilización implícito al sistema educativo de la crisis económica actual,
cuando es bien sabido que esta responsabilidad sólo debe recaer sobre las élites económicas y financieras, que en su
infinita codicia han puesto el Planeta al borde del colapso.
No se conoce ni una sola empresa de este país que haya tenido que echar el cierre por no poder contar con personal
cualificado. Más bien, lo que caracteriza a nuestra clase trabajadora es su sobrecualificación, con un ejército de
jóvenes realizando trabajos cualitativamente muy por debajo de su formación académica o profesional.
Una educación segregadora.
Partiendo como premisa de un determinismo genético, la LOMCE pretende, desde la más temprana edad, establecer
una segregación del alumnado en función de sus “talentos” naturales, olvidando deliberadamente que éstos sólo se
pueden manifestar en una continua interacción con el medio. Así, podemos hablar de tres formas de segregación:
- Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, en 2º y 3º ESO, sustituyen a los actuales programas
de Diversificación y supondrán la incorporación posterior de este alumnado a 4º ESO, con el fin de que
obtenga el título en Secundaria. Se trataría de un alumnado muy joven que es separado de la educación
“normalizada”, y que después de recibir una enseñanza con un currículo recortado, se le pide que supere la
reválida común para todo el alumnado si quiere titular.
- Formación Profesional Básica (FPB), sustituye a los actuales PCPI, pero al contrario de éstos no permite
obtener el Graduado Escolar. Probablemente se trate de la “vía natural” de los alumnos que forman parte de
los programas citados en el apartado anterior.
- Itinerarios en 4º ESO: uno orientado hacia la FP y otro hacia el Bachillerato. No se podrá pasar de una
opción a otra y la reválida que da acceso al Graduado será diferente según el itinerario elegido, rompiendo
2. así la unicidad de la Titulación y determinando de manera unívoca el camino a seguir en el sistema
educativo.
A todo ello, debemos sumarle hasta cuatro reválidas: en 3º Primaria, 6º Primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato. Todas van
al expediente del alumno. Salvo la primera, todas las demás son realizadas por especialistas externos al centro. Las
dos últimas tendrán carácter eliminatorio, determinando quién obtiene así la correspondiente Titulación.
La banalización de la educación.
La Ley supone un recorte brutal del currículo académico, con un sesgo claramente utilitarista orientado a la
superación de pruebas tipo PISA. Frente a una complejidad científica, tecnológica, socioeconómica que ha aumentado
de manera exponencial en los últimas décadas, se aboga por una enseñanza claramente instrumentalista, orientada a
la obtención de capacidades y no de conocimientos (homo faber vs homo sapiens) y que elimina las materias que
más fomentan el pensamiento crítico (Historia de la Filosofía, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, Ciencias
Sociales y Ética Cívica en 4º ESO…) o el pensamiento creativo (Música, Educación Plástica y Visual, Tecnología…),
que se pierden entre un mar de optativas de oferta no obligada. Al mismo tiempo se establece que “el emprendimiento
se trabajará en todas las áreas de la ESO”.
El centro educativo como empresa.
Se potencia la profesionalización de la dirección escolar. El director es definido en la Ley como un gerente, experto en
gestión económica, empresarial y de recursos humanos. Deberá buscar fuentes de financiación externas (la
aportación económica de la Administración será cada vez más escasa) y además tendrá capacidad para seleccionar
al profesorado de su plantilla (saltándose listas de interinos), así como para la reorganización de los “recursos
humanos”: mover al profesorado de una materia a otra, de un centro a otro…. En definitiva el docente deja de ser un
Funcionario, que sólo responde de su trabajo ante la Ley, para convertirse en un asalariado más, con todas las
relaciones de vasallaje que esto conlleva.
Además se fomenta la autonomía de cada centro para ofrecer una oferta competitiva y diferenciada de la “clientela”
pudiendo, por ejemplo, “especializarse” en una única modalidad de Bachillerato.
Por si esto fuera poco, se clasificará a los centros en rankings públicos en función de los resultados meramente
académicos obtenidos en evaluaciones externas, proporcionándoles a aquellos centros que encabecen el ranking
mayor financiación (pago por resultados). Es decir, no existirán mecanismos de corrección frente a las desigualdades,
sino que éstas tenderán a aumentar en una dinámica análoga a la concentración de poder económico (monopolios,
oligopolios) propia de las sociedades de mercados no regulados.
Es fácil deducir que todo esto supondrá una herida de muerte a la educación pública, que no tendrá una sola
oportunidad de competir frente a la concertada, donde se da, ante el no querer ver de nuestra clase política, una
selección encubierta del alumnado. Más aún, cuando la pequeña baza que tenía la escuela pública frente a la privada-
concertada, a saber, unos estándares más altos de calidad educativa (profesores especialistas que han superado un
proceso de Oposición, atención a la Diversidad, ratio en las aulas…) son totalmente dinamitados por esta Ley.
El negocio educativo.
Como no podría ser de otra manera, la LOMCE continúa manteniendo la financiación de los centros pertenecientes a
sectas religiosas a través del régimen de conciertos, incluidos aquéllos que segregan por sexos. Centros que
continuarán contratando a su profesorado de manera arbitraria y cuyo salario se pagará con dinero público. Además,
la posibilidad legal de ofertar una única modalidad de Bachillerato, con todo el ahorro en recursos económicos que
esto supone, es una clara invitación a este tipo de centros a ofertar esta etapa educativa.
Un nuevo nicho de mercado será la FPB que podrá ser concertada con centros privados que cubra sueldos y gastos
corrientes; así como, las evaluaciones externas o reválidas que serán elaboradas por empresas privadas y en las que
no podrá participar la comunidad educativa.