Ponencia del Dr. Leopoldo Múnera Ruiz, Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en audiencia pública del 27 de Febrero del 2014, que da cuenta de la grave situación de democracia y autonomía en la Universidad Colombiana.

1. Ni nacional, ni pública, ni autónoma
Ponencia a cargo del Dr. Leopoldo Múnera Ruiz
Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia
Audiencia Pública, 27 de febrero del 2014.
Edificio de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Colombia-
Bogotá
Una vez más les agradezco a los representantes Ángela María Robledo,
Wilson Arias y Carlos Amaya su interés y preocupación permanentes por
la educación superior pública en Colombia.
La Universidad Nacional de Colombia fue refundada en 1867 como una
institución pública y nacional. No importa que este último término suene
redundante si sirve para contrarrestar la desmemoria de quien irrespeta
su pasado y su proyección futura. Pública, porque mediante ella el Estado
central asumía la responsabilidad de financiarla, para que los jóvenes, y
en general, los candidatos a ser estudiantes, que no tuvieran recursos
económicos o que no quisieran ingresar a instituciones privadas o
clericales, tuvieran la oportunidad de acceder a una educación superior
de calidad. Nacional, y no central como pretendieron algunos
parlamentarios de la época, porque no era la universidad para la capital o
para las capitales de los estados en esa república federal, sino la
institución que debía convertirse en el eje de un ambicioso sistema
educativo, el cual empezaba con la educación primaria y terminaba con la
superior. La universidad revivió gracias a un sueño radical y ha vivido
amenazada cada vez que los gobernantes han pretendido enajenar su
naturaleza común a los intereses particulares que representan. Así fue
con Núñez y Caro, con Laureano Gómez, con Rojas Pinilla y así está
sucediendo ahora cuando la ideología privatizadora se disfraza detrás de
políticas económicas aparentemente neutras.
Los últimos gobiernos, uno tras otro, pretenden borrar el carácter público
de la U.N. con discursos que nos hablan de la eficiencia económica, el
aumento de la cobertura, el costo unitario por estudiante, el subsidio a la
oferta o la calidad medida en términos de competencias. Mientras tanto,
el déficit presupuestal sigue incrementándose como una realidad que solo
puede ser negada con el cinismo derivado del uso autoritario del poder.
En 2012 la U.N. empezó con un faltante para gastos de personal de

2. $10.000 millones. En 2014 ya va en $19.529 millones que se suman a los
23.090 millones de gastos generales, los cuales son atendidos en su
totalidad con recursos propios, para un saldo en rojo en gastos de
funcionamiento de 49.832 millones. Año a año la cifra aumenta ante la
mira impávida de los Ministerios de Educación y Hacienda que como
parte del gobierno nacional y con diferentes estrategias controlan el
Consejo Superior.
Valdría la pena que nos respondieran si van a dejar que la Universidad
Nacional de Colombia se quiebre a causa de la desidia programada
gubernamental, como han hecho administraciones anteriores con
instituciones públicas en sectores tan importantes como la salud, o si
como alternativa van a seguir exigiendo que hagamos crecer nuestros
recursos propios hasta privatizar en todas sus expresiones este proyecto
común de la historia colombiana. La crisis presupuestal de la Universidad
Nacional, y de la educación superior pública en general, no se resuelve
con el paliativo económico de una estampilla, cuyos recursos finales son
inciertos e insuficientes para sus necesidades. La financiación pública de
la educación superior colombiana no puede depender de la aparente
generosidad de los funcionarios de turno, pues es un derecho inalienable
de cada uno de nosotros como colombianos y colombianas y del conjunto
de la población. Así se pretenda negarlo insistentemente.
El carácter nacional también tiende a diluirse en medio de exámenes de
admisión inspirados en un equivocado elitismo académico que oculta el
social y económico que lo sustenta. El Estado colombiano le ofrece a los
sectores de la población con menores recursos económicos una educación
básica y media de calidad baja y luego le niega a la mayoría el ingreso a
las instituciones de educación superior como la Universidad Nacional,
porque no está capacitada para hacerlo. Por consiguiente, obliga a
quienes no se ven forzados a trabajar tiempo completo al abandonar la
educación media o terminar el bachillerato, a cursar sus estudios en
instituciones privadas, cuya calidad es incapaz de asegurar, o en centros
que los preparan para tareas específicas y les dan títulos de técnicos y
tecnólogos. Nuestros estudiantes cada vez vienen menos de las regiones
sin alternativas de formación, donde el sistema educativo en su totalidad
debería estar presente en primer lugar, y más de las capitales donde hay
sedes con recursos insuficientes. La ausencia absoluta de políticas
públicas de bienestar estudiantil condena a la mayoría de los jóvenes a

3. renunciar a la educación superior o los obliga a participar en ella en
condiciones vitales muy difíciles.
La proyección nacional de la U.N. termina de refundirse ante la
inexistencia de un conjunto articulado y coherente de instituciones de
educación superior que pueda responder a las necesidades de los
estudiantes presentes y futuros con universidades e institutos técnicos y
tecnológicos públicos y de calidad. Dedicada a su propia sobrevivencia, la
Universidad Nacional tiende a ser encerrada en sus campus, con la
complicidad de administraciones indolentes frente a las ciencias sociales
y las humanidades y a los temas que estos campos de conocimiento
trabajan. ¿Tendremos en los años próximos la posibilidad de contribuir
efectivamente, como comunidad académica, a la formulación de una
política pública y una ley de educación superior para la mayoría de la
población colombiana, con una calidad garantizada por nosotros mismos,
o estamos destinados a ser el coro, que solo participa en una forma
selectiva y subordinada, en la adopción de medidas que pretenden
institucionalizar el actual caos como un nuevo orden?
Desde los primeros años de la universidad, a mediados del siglo XIX,
Manuel Ancízar comprendió que el poder político representado en el
Estado, como administrador de las finanzas públicas, debía garantizar los
recursos económicos necesarios para el buen funcionamiento de la
educación superior en el país, pero al mismo tiempo estaba obligado a
respetar la autonomía académica, para poder ofrecerle a la sociedad el
acceso a un conocimiento pluralista e independiente. Por tal razón, con
una dignidad enorme, hoy olvidada, renunció a la Rectoría en 1870 ante
sus propios copartidarios, quienes pretendían imponerle a los estudiantes
textos obligatorios con una clara orientación ideológica. Casi ciento
cincuenta años después y a pesar de la Reforma de Córdoba, que tuvo tan
poco eco en un país donde prevalece una visión tan restringida de la
democracia, las comunidades académicas que conforman la Universidad
Nacional de Colombia continúan siendo tratadas como menores de edad,
a pesar de que son las únicas que pueden garantizar dentro de la
institución, como sucede en otras universidades públicas en América
Latina y el mundo, el acceso indiscriminado al conocimiento científico,
artístico y profesional, y proyectarlo nacionalmente.
En el gobierno de la Universidad Nacional, la representación mayoritaria

4. de dichas comunidades, que son reconocidas como las más sólidas del
país, es negada sistemáticamente, mediante mecanismos políticos que
imponen la visión gubernamental y la particular de académicos que no
responden a los intereses diversos de los estudiantes, profesores y
trabajadores administrativos. Incluso, la libertad de cátedra es cada vez
más lejana, dentro de una institución heterónoma donde los docentes
tienen que ser gestores privados de sus propios proyectos o convertir sus
actividades en una fuente de recursos propios para la universidad. En
medio de la angustias cotidianas, incluida la academia itinerante forzada
por falta de las mínimas condiciones físicas e infraestructurales para
realizar nuestras actividades docentes, investigativas y de relación con
otros sectores de la sociedad, muchos miembros de la Universidad
Nacional sentimos desconocido totalmente nuestro derecho a la
autodeterminación como comunidad. El cual, además, es
sistemáticamente recortado en lo académico, mediante la imposición de
políticas públicas en cuyo diseño no participamos y de criterios de
distribución de los recursos financieros que atentan contra la calidad de
la educación superior. En forma retórica se sostiene desde el Ministerio
de Educación que la universidad pública debe formar ciudadanos y
sujetos libres, mientras, al mismo tiempo, en la práctica, se les niega a sus
miembros la posibilidad de ejercer con libertad su ciudadanía y sus
diferentes subjetividades.
La Universidad Nacional de Colombia, con su heteronomía y dependencia,
está dejando de ser pública y nacional, bajo el predominio de políticas
fiscales que desconocen la prioridad de la inversión social sobre otros
gastos públicos; de una ideología empresarial que se ha instalado en el
Estado; de visiones segmentadas y jerarquizadas de la sociedad
colombiana, y de mecanismos autoritarios de poder. Con este cambio de
carácter y con el de todas las demás instituciones de educación superior
pública se incrementan las diferencias sociales y se aleja cada vez más la
igualdad de oportunidades y posiciones para la mayor parte de los
colombianos y las colombianas.
¿Podemos soñar con una convivencia pacífica en el país cuando le
negamos a la mayoría de la población el acceso indiscriminado y
autónomo a los bienes y espacios comunes de la sociedad colombiana?