El documento establece que las instituciones públicas o privadas que suscriban convenios podrán ejercer competencia originaria para conocer los procedimientos previstos en la Ley sobre quiebras. Además, en situaciones excepcionales, la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI podrá redistribuir la carga procesal de las instituciones entre otras instituciones del mismo ámbito territorial.