El documento habla sobre el caso del Instituto Próvolo, donde más personas están siendo afectadas además de los estudiantes que sufrieron abusos. Una exempleada llamada Sra. Pascual fue enviada a prisión sin oportunidad de defenderse, y ahora el personal docente y técnico también está siendo amenazado e implicado sin pruebas. Se pide que la investigación siga el debido proceso legal para determinar la verdad sin crear más víctimas a través de medidas inapropiadas o acusaciones sin fundamento.

1. Nuevas víctimas del Provolo
Sigue creciendo el número de víctimas por el caso del Instituto Próvolo, sólo que ahora no se
trata de alumnos sino del personal que trabajaba en el mismo, y que sufre amenazas de
imputación y de detención, violando sus derechos de defensa y debido proceso. La Sra. Pascual,
a quien los querellantes y medios periodísticos la hacen aparecer como entregadora de los
alumnos que habrían sufrido abusos, fue enviada a prisión, saliendo su foto en los periódicos,
sin darle oportunidad de presentar prueba sobre su inocencia. Los alumnos son hipoacúsicos,
con gran dificultad de comunicación, la mayoría con patologías agregadas, y sus declaraciones
sólo pueden ser deducidas por intérpretes. El personal docente y técnico de la Institución, ha
trabajado con todo empeño para el bienestar de los chicos, nunca pensaron que los niños
podrían ser víctimas de abuso ni observaron conducta alguna que permitiera inferir su
existencia. El fiscal de la causa y los querellantes dan por hecho que los alumnos exteriorizaban
señales de los abusos que padecían, lo que no es cierto, como lo demuestra el hecho de que uno
de ellos concurrió como testigo y recién en la Cámara Gessel se advirtió que habría sufrido
abusos, o debemos entender que su entorno familiar también fue cómplice? La justicia debe
saber focalizar y resolver sobre el conflicto si crear nuevas víctimas tomando medidas
inadecuadas. Entre el personal del Equipo Técnico, había profesionales que quedaron sin trabajo
y ahora están siendo señaladas y amenazadas de detención, entre los que se encuentra mi hija.
Es necesario que el procedimiento vuelva a su cauce conforme a derecho. Tener detenido a una
persona que es totalmente incapaz mental y en consecuencia inimputable, hace casi un año está
en la cárcel, deja al descubierto las graves irregularidades procesales. En el Instituto también
trabajaron voluntarias, realizando una loable y desinteresada labor, entre ellas dos familiares de
un alto funcionario del poder judicial, quienes podrán testimoniar sobre el tratamiento brindado
a los alumnos, lo que sucedía dentro del albergue con las religiosas, y si existían indicios de los
aberrantes abusos que habrían cometido los sacerdotes. Estamos socialmente recibiendo
información por los medios de comunicación de un solo lado, la de los querellantes, que lo
hacen con total malevolencia. Tengo conocimiento del funcionamiento de la Institución como
“ayudadora” en la vida de muchos niños, que no encontraban tratamientos adecuados a su
discapacidad, que se apegaban afectivamente a las técnicas y personal docente, que mostraban
mejoras en la salud, higiene, alegría y espontaneidad en el tiempo que pasaban en la Institución,
sin exteriorizar que sufrieran abusos. Pido respeto y seriedad en la búsqueda de la verdad, llegar
a que se haga justicia sobre quienes hayan sido víctimas aplicando el máximo de la pena a sus
responsables, sin causar nuevas víctimas, dejar el show mediático e investigar que sucedió.
Hasta ahora se ha dejado sin contención a más de 100 alumnos, sin trabajo a un significativo
número de profesionales, detenido a un incapaz y a una inocente. Es hora de terminar con la
cacería de brujas.

2. JULIO RAFFO
DNI 7889037 Mat. Abog. 2.010