1. Políticas Que Afectan la Adopción de
Sistemas Agroforestales en los Estados de
Quintana Roo y Campeche, México
Informe Final para ICRAF
por Loren B. Ford
USDA Forest Service
Mio, MI

2. Índice
Prólogo iii
Reconocimiento iii
1. Introducción 1
1.1 Programas del ICRAF 1
1.2 Políticas Gubernamentales sobre el Uso de la Tierra 1
2. Objetivos del Estudio 2
3. Metodología 2
3.1 Tipología 2
3.1.1 Derecho de usufructo 2
3.1.2 Incentivos fiscales 3
3.1.3 Incentivos intelectuales 4
3.1.4 Barrerras 4
3.2 Revisión de Leyes y Documentos 4
3.3 Entrevistas 5
4. Resultados 5
4.1 Leyes Relevantes 6
4.1.1 La reforma agraria 6
4.1.2 La Ley Agraria de 1992 6
4.1.3 La Ley Forestal 7
4.2 Programas Gubernamentales 10
4.2.1 Programa Forestal y de Suelo: 1995 - 2000 10
4.2.2 PRODEPLAN 11
4.2.3 PRODEFOR 12
4.2.4 PRONARE 13
4.2.5 Alianza para el Campo 14
4.2.6 PRODUCE 15
4.2.7 Fundaciones PRODUCE 15
4.2.8 INIFAP 16
4.2.9 PROCAMPO 17
4.2.10 FONAES 18
4.2.11 PROCEDE 19
4.3 Programas Internacionales 19
4.3.1 Implementación Conjunta 19
4.3.2 Iniciativa de los Estados Unidos para la Implementación Conjunta 20
4.3.3 Fondo para el Medio Ambiente Mundial 21
4.3.4 Maderal certificada 22
5. Conclusiones y Recomendaciones 22
Cuadro 1. Políticas, Sus Resultados, y Recomendaciones para el ICRAF 23
6. Literatura Consultada 26
6.1 Literatura Citada 26
6.2 Otra Literatura Consultada 27
7. Personas Contactadas 28
ii

3. Prólogo
Quisiera agradecer a Carlos Uc, empleado de ICRAF en Zoh-Laguna y miembro del Ejido El
Refugio, por servir de guía durante la visita de abril de 1997. También quisiera expresar mi
agradecimiento a Veronica Carrillo, secretaria de ICRAF en Chetumal, por su ayuda con el
castellano del informe y por su ayuda copiando documentos para el estudio. Finalmente, quisiera
agradecer a Ann Snook, investigadora del ICRAF en Chetumal, por su ayuda con el planeamiento
y ejecución del estudio y con la revisión de este informe.
Reconocimiento
Este estudio se financió principalmente por una donación del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), Servicio de Agricultura en el Extranjero, Division de Intercambios de
Investigación y Ciencia. La visita inicial a México para planear el estudio se financió por la
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, Oficina Global, Centro para el
Ambiente, bajo el proyecto Manejo de Recursos Forestales II. El Servicio Forestal del USDA,
Bosques Nacionales Huron-Manistee, donó la contabilidad del estudio y el salario del investigador
durante su primera visita a México.
Las conclusiones y las recomendaciones de este esudio pertenecen al autor, y no necesariamente
reflejan las políticas del ICRAF, del USDA Servicio de Agricultura en el Extranjero, de la
USAID, o del USDA Servicio Forestal.
The conclusions and recommendations provided in this study are those of the author, and do not
necessarily represent the policies of ICRAF, the USDA Foreign Agriculture Service, the U.S.
Agency for International Development, or the USDA Forest Service.
iii

4. Políticas Que Afectan la Adopción de
Sistemas Agroforestales en los Estados de
Quintana Roo y Campeche, México
por Loren B. Ford
USDA Forest Service
Mio, MI
1. Introducción
Este informe reporta los resultados de un estudio sobre las políticas que afectan la adopción de
sistemas agroforestales por ejidatarios (el ejido representa una concesión de usufructo sobre un
predio para un grupo de la población, los ejidatarios) de los Estados de Quintana Roo y
Campeche, México. Se realizó la investigación durante tres visitas a México en 1997.
1.1| Programas del ICRAF
El Centro Internacional para la Investigación en Agroforestería (ICRAF), en su Plan de Plazo
Mediano 1998 - 2000, declara que la meta principal del centro es contribuir hacía la seguridad
alimenticia y nutricional, aliviar la pobreza, y proteger el ambiente a través de sistemas
agroforestales mejorados para los agricultores minifundistas del trópico. (ICRAF, 1997) Entre
las líneas principales de investigación figuran la investigación socioeconómica y política que
conducen a un ambiente favorable para la adopción de agroforestería por agricultores
minifundistas. El presente estudio cabe dentro de esta línea de investigación política.
1.2 Políticas Gubernamentales sobre el Uso de la Tierra
Las políticas gubernamentales representan una manifestación de un estado deseado por parte del
gobierno. Pueden representar el deseo de mantener el estado actual, o bien de cambiarlo.
Generalmente, cuando un gobierno desarrolla una política nueva, sea un decreto emitido por el
Poder Ejecutivo, o una ley emitida por el Poder Legislativo, tiene el objetivo de cambiar el estado
actual. Busca lograr este cambio a través de un cambio en el comportamiento de los ciudadanos.
Las políticas dirigidas a cambiar el comportamiento del sector rural pueden fomentar un
comportamiento específico, al compensar tal comportamiento con un incentivo fiscal. También
las políticas pueden crear condiciones en que las fuerzas económicas de mercado favorecen un
comportamiento deseado. Finalmente, las políticas pueden diseñarse para cambiar un
comportamiento no deseado al castigarlo con una multa, un castigo judicial, u otro obstáculo.
En la Cumbre Sobre la Tierra, o sea, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y
el Desarrollo, convocada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, la mayoría de los países del mundo,
incluyendo la República Mexicana, se reunieron para buscar consenso sobre el desarrollo
sustentable. El uso de la tierra fue un tema central en la Cumbre, y las naciones acordaron que las
políticas gubernamentales deberían fomentar el uso sustentable de la tierra, o sea, un uso de los
recursos del suelo y forestales que mejoren el estado de vida de la generación actual sin perjudicar
las oportunidades para las generaciones futuras.

5. 2. Objetivos del Estudio
El objetivo general del estudio es identificar las oportunidades para aumentar el uso de prácticas
agroforestales en Quintana Roo y Campeche. Un objetivo más específico es identificar: (1) las
políticas y los programas que los promotores de ICRAF en los dos Estados pueden aprovechar
para fomentar la agroforestería tal y como están; (2) las políticas y los programas con potencial
para fomentar la agroforestería con modificaciones y sugerir posibles modificaciones; y (3) las
políticas y los programas que sirven como barreras a la agroforestería.
3. Metodología
3.1 Tipología
Se desarrolló una tipología de políticas que influyen las decisiones de un ejidatario sobre el uso
que él da a la tierra que controla. Este estudio no pretende analizar los costumbres, tradiciones,
creencias, y preferencias de los ejidatarios; éstos se analizan en otros estudios del ICRAF y de
otras instituciones. Sin embargo, cabe tomar en cuenta que los costumbres, tradiciones,
creencias, y preferencias del ejidatario afectan la influencia de las políticas sobre su
comportamiento.
Para este estudio, las políticas se dividen en derechos de usufructo, incentivos fiscales, incentivos
intelectuales, y barreras. Se considera que la distinción entre los incentivos fiscales e intelectuales
permite desglosar mejor los programas gubernamentales que son bastante distintos. Ambas clases
de incentivos se consideran incentivos económicos. El objetivo de este estudio es identificar las
políticas que influyen en la adopción de prácticas agroforestales, presuntamente para identificar
políticas claves que podrían modificarse para incrementar la adopción de la agroforestería, y así
aumentar la sustentabilidad de la vida ejidal de Quintana Roo y Campeche y aminorar la
deforestación.
Es necesario tomar en cuenta que las políticas no actúan en forma separada sobre el ejidatario,
sino en común. Aunque es necesario identificar y analizar las políticas separadamente, también es
necesario reconocer esta conexión e interdependencia entre estas políticas.
3.1.1 Derecho de usufructo
El estado del derecho de la población para utilizar los recursos, o sea, el derecho de usufructo,
establece el ambiente biológico y físico bajo el cual la vida rural se desempeña. El estado de
usufructo de un individuo depende en parte de su grado de tenencia de la tierra donde habita y
cultiva. Este estudio analiza brevemente la tenencia de la tierra de los ejidos de Quintana Roo y
Campeche, y el haz de derechos y obligaciones que diferentes grados de tenencia conllevan. Por
ejemplo, se analiza el derecho de un propietario de decidir cómo usar el suelo, la seguridad de un
propietario para mantener su posesión y las actividades que él debe seguir para mantener su
posesión y beneficiarse de sus mejoras. Se analiza, especialmente, el derecho de un ejidatario para
utilizar los productos forestales.
Los árboles son el componente de una asociación agroforestal que la distingue de un campo
agrícola o una pradera. La Ley Forestal, y hasta cierto punto la Constitución Política, establecen
5

6. restricciones específicas sobre el manejo y uso de árboles, bosques y selvas. El ámbito legal
afecta el derecho de un ejidatario de usar su terreno ocupado por árboles.
La tenencia de la tierra en México tiene una tradición larga, compleja, y distinta a los demás
paises Latinoamericanos. Los derechos sobre la tierra se definen a todo nivel de las sociedad
mexicana: a nivel federal en la Constitución Política y en varios estatutos, decretos y sus
reglamentos; a nivel estatal en las constituciones estatales y los decretos, leyes y reglamentos
estatales; a nivel municipal en las resoluciones municipales; y a nivel comunitario y ejidal en los
reglamentos internos de las comunidades y ejidos. Este estudio enfoca en los derechos de
usufructo del recurso forestal como componente de las asociaciones agroforestales, en el contexto
de la Constitución Política y las Leyes Forestal y Agraria.
Se considera que existe una tendencia política en México hacía la decentralización del poder del
Gobierno Federal: esta tendencia está incluida en las nuevas leyes y los nuevos programas
federales, que se implementan a nivel estatal a través de los comités estatales dirigidos por los
representantes estatales de las secretarías ejecutivas federales.
3.1.2 Incentivos fiscales
Los incentivos fiscales son incentivos que afectan los costos de alguna práctica o actividad. Los
pagos del Gobierno Federal a un propietario en forma de subsidio que cubre el costo de insumos
o estudios son un ejemplo de incentivo fiscal. Los préstamos con períodos de gracia (sin cobro de
intereses) y a tasas subsidiadas de interés son otra clase de incentivo fiscal. La exención de tarifas
para insumos y equipo importados, y la exención del pago de impuestos son otros incentivos
fiscales.
A veces, el incentivo es en forma de un insumo gratuito. Por ejemplo, un programa podría
producir y regalar árboles como incentivo fiscal para fomentar la reforestación. Generalmente, los
beneficiarios de los insumos gratuitos no los usan eficientemente.
Frecuentemente, los incentivos fiscales tienen un efecto transitorio sobre el comportamiento del
beneficiario; tan pronto termine el incentivo, termina el comportamiento subsidiada. Una
excepción es un subsidio que resulta en la mejora de la infraestructura, por ejemplo, un camino
construido, un pozo perforado, una bodega, o una procesadora, que permite una actividad que no
era posible o rentable anteriormente. Otra excepción son los subsidios que motivan al beneficiario
a probar una actividad nueva que puede ser rentable o ventajoso en sí, pero el beneficiario no
tenía el conocimiento de la actividad y su rentabilidad. Una vez que el incentivo motiva al
beneficiario a probar la actividad, sigue usándola por el motivo de su rentabilidad.
Este estudio identifica los programas del gobierno que podrían cubrir parte de los costos del
establecimiento y del mantenimiento de una asociación agroforestal. También identifica los
programas que podrían cubrir parte de los costos de procesar y/o comercializar los productos
agroforestales.
3.1.3 Incentivos intelectuales
Los incentivos intelectuales son aquellos que ponen a la disposición del productor un
conocimiento o información. Hasta cierto punto, la información puede considerarse como insumo
6

7. intelectual que el productor necesita para poder usar el suelo, la lluvia o el riego, el germoplasma,
las herramientas, y los agroquímicos para producir productos, y para entonces procesarlos,
almacenarlos, usarlos, y/o comercializarlos. Los ejidatarios tienen un conocimiento cultural
profundo acerca de sus sistemas tradicionales de producción agropecuaria.
Muchos de los programas gubernamentales y de las iniciativas privadas que fomentan la adopción
de nuevas prácticas agropecuarias incluyen un incentivo intelectual, para poner a la disposición
del productor el conocimiento para usar otros insumos del programa. Generalmente el incentivo
intelectual es en forma de un programa de extensión gubernamental o de promotores que enseñan
la nueva práctica.
3.1.4 Barreras
Las barreras tienden a favorecer una alternativa a la adopción de sistemas agroforestales, o bien, a
castigar algún aspecto de su adopción. No existen barreras diseñadas específicamente para tal fin,
pero sí se encontraron ejemplos de la reservación por el gobierno del derecho para manejar
árboles, selvas, y bosques, que probablemente sirven de barrera a la adopción de prácticas y
sistemas agroforestales.
3.2 Revisión de Leyes y Documentos
Se hicieron tres visitas a México para el estudio, en febrero, abril y junio. Durante la primera
visita en febrero, se consiguieron copias de la Ley Forestal, de su Reglamento, y de otros
documentos relevantes para revisar antes de la visita de abril. Esta visita coincidió con la Agenda
Forestal de Quintana Roo, convocada por la Secretaría de Medio Ambiente, Rucursos Naturales y
Pesca (SEMARNAP), el Gobierno del Estado de Quintana Roo y la Administración para el
Desarrollo de Ultramar (ODA) de Inglaterra. Durante la Agenda Forestal, un representante de la
SEMARNAP del Distrito Federal dio una presentación sobre la enmienda propuesta de la Ley
Forestal, y facilitó una copia del resumen de los cambios propuestos. También se consiguió una
copia de la Ley Agraria. Se revisaron estas leyes y documentos antes de la visita principal del
estudio en abril. Se consiguieron documentos adicionales durante la visita de abril.
Afortunadamente, se consiguió una copia de la nueva Ley Forestal durante la visita de junio. La
visita en junio dio la oportunidad de presentar resultados preliminares en el taller regional de
planeación para Latinoamérica del ICRAF.
Se revisaron las leyes y los documentos recolectados para determinar el derecho de usufructo
dentro del ejido y para identificar posibles incentivos o barreras para la adopción de prácticas y
sistemas agroforestales. Después, se comprobó la interpretación de las provisiones en entrevistas.
3.3 Entrevistas
Se entrevistaron representantes del gobierno, del sector privado, de organizaciones no
gubernamentales y de ejidos durante tres visitas a México durante 1997. Las entrevistas dieron la
oportunidad para averiguar sobre programas y provisiones mencionados en las leyes y los
documentos revisados. La primera visita fue a Chetumal, Quintana Roo, y al área de Zoh-
Laguna, Campeche, en febrero. Hubo la oportunidad de participar en la Agenda Forestal de
Quintana Roo. La segunda visita, en abril, fue diseñado para recolectar la mayoría de la
información para el informe. Comenzó en el Distrito Federal y continuó en Quintana Roo y
7

8. Campeche. La mayoría de las entrevistas se realizaron durante esta visita. Finalmente, la tercera
visita a Chetumal en junio servió para presentar resultados preliminares de la investigación a los
participantes del taller de planeación del ICRAF. Había buena representación Mexicana, y así
servió como una etapa de verificación de los resultados. Además, la visita de junio dio la
oportunidad para averiguar acerca de algunos puntos y dudas en entrevistas adicionales.
Durante las entrevistas, se platicó con los entrevistados sobre la institución del individuo y los
programas que podrían servir de incentivo o barrera para la adopción de prácticas y sistemas
agroforestales. Se dedicó bastante tiempo a los programas de las instituciones representadas, para
tratar de entender bien sus propósitos y mecanismos de actuar. Se preguntó si la institución tenía
programas orientados específicamente a la agroforestería. También se averiguó sobre las leyes y
los reglamentos existentes que podrían afectar la adopción de los sistemas agroforestales.
Finalmente, se recolectó documentación sobre las instituciones y los programas para servir de
referencia para la preparación de este informe.
4. Resultados
Las políticas que afectan la adopción de sistemas agroforestales por agricultores ejidales,
comunales, y minifundistas son muchas, complicadas, e inter-relacionadas. Influyen tanto varias
leyes y programas del Gobierno Federal como los reglamentos internos y los costumbres de los
ejidos. Las políticas del Gobierno Federal, especialmente la Constitución de 1917 y el impulso
dado a la Reforma Agraria en 1934 han promovido al desarrollo agropecuario a expensas de los
bosques y de las selvas (SEMARNAP, 1996). Las políticas de la tenencia de la tierra han tenido
mayor influencia en la toma de decisiones por los agricultores acerca del uso de la tierra que
cualquiera Ley Forestal. También, los programas de incentivos agrícolas y pecuarias han influido,
y continúan influyendo, mucho a las decisiones de los campesinos en cómo usar su terreno. Hasta
la fecha, no ha habido ningún programa de incentivos dirigido a la adopción de las prácticas
agroforestales.
Existen algunos programas internacionales, diseñados para enfrentar algunos problemas
ambientales internacionales, que podrían aprovecharse para apoyar la adopción de prácticas
agroforestales. Este informe incluye información sobre algunos programas ambientales
internacionales, proveniente del conocimiento previo del autor y no recopilada durante las visitas
a México.
Los resultados del presente estudio se presentan en dos secciones, una sobre las leyes relevantes y
otra sobre los programas gubernamentales. Finalmente una sección describe algunos programas
internacionales con potencial para incentivar la adopción de prácticas y sistemas agroforestales.
4.1 Leyes Relevantes
4.1.1 La Reforma Agraria
Los ejidos son una institución única mexicana, establecidos por el Artículo 27 de la Constitución
Política de 1917(Procuraduría Agraria, 1995). El ejido constituye una concesión de usufructo
sobre un predio para un grupo de la población, los ejidatarios. Hasta la adopción de la nueva Ley
Agraria de 1992, que enmendó la Constitución, las tierras ejidales pertenecían al Estado Federal y
8

9. no podían venderse. Dentro de un ejido, las tierras se dividen en tierras de uso común, tierras
parceladas, y tierras para el asentamiento humano.
El órgano supremo del ejido es la asamblea ejidal, constituido por todos los ejidatarios. Entran en
las competencias de la asamblea la formulación y modificación del reglamento interno, la
aprobación de los contratos y convenios, la distribución de ganancias, el señalamiento y
delimitación de las áreas urbanas y parcelas con destino específico, el reconocimiento del
parcelamiento económico y regularización de tenencia de posesionarios, la autorización a los
ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de
uso común a una sociedad, y la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así
como su régimen de explotación (Procuraduría Agraria, 1995).
4.1.2 La Ley Agraria de 1992
La Ley Agraria de 1992 enmendó el Artículo 27 de la Constitución Política para abrir la
posibilidad de que las poblaciones rurales, incluyendo los ejidos, se incorporaran a la economía
moderna mexicana, al darles la opción de decidir libremente el destino de sus tierras y las formas
de asociación más convenientes para mejorar los niveles de productividad y bienestar en el campo.
La ley provee un proceso por el cual los ejidatarios pueden conseguir el derecho de dominio pleno
sobre sus parcelas domésticas y agrícolas. Este proceso requiere que el ejido se incorpore al
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, PROCEDE
(véase abajo). También la ley da a los ejidos el derecho de asociarse con terceros bajo contratos o
convenios para el uso de tierras comunes (Procuraduría Agraria, 1995).
Los ejidos que datan de los años 60 en los dos Estados originaron de áreas selváticas que se
habían poblado por los Maya décadas o siglos atrás o que se colonizaron por inmigrantes de otros
Estados en medianos de este siglo. Los colonos establecieron su derecho de posesión de sus
parcelas al trabajarlas, o sea, al tumbar el bosque y comenzar el ciclo roza, tumba, quema. Los
ejidos se formaron con la aprobación de la Secretaría de Reforma Agraria del reglamento interno
sometido por las comunidad que buscaba establecerse como ejido.
Es interesante notar que el Artículo 59 de la Ley Agraria declara que “Será nula de pleno derecho
la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales.” No obstante, es común, por lo menos
en Quintana Roo y Campeche, que existan áreas de selva en las parcelas asignadas a ejidatarios.
Estos ejidatarios con parcelas que contienen áreas selváticas tienen un incentivo muy fuerte para
cortar los árboles antes de que el Estado se de cuenta del pedazo de selva y lo elimina de la
parcela, declarándolo patrimonio nacional. Los representantes de la SEMARNAP en Campeche
inspeccionan las parcelas sometidas al PROCEDE para procesar la titulación y eliminan las
superficies arboladas de la parcela titulada (comunicación personal del sub-delegado forestal de
Campeche, Ing. Alberto Escamilla Nava).
La misma Ley Agraria de 1992, en su Artículo 119, reconoce la pequeña propiedad forestal,
como “superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda de 800 hectáreas.” Esta
provisión parece ser inconsistente con el Artículo 59, a menos que se definan los bosques o selvas
tropicales para efectos del Artículo 59 como áreas extensivas que no han sido incorporados
todavía a ejidos. Si esto fuera el caso, los áreas con selva dentro de las parcelas ejidales podría
considerarse pequeñas propiedades forestales bajo el Artículo 119, y la SEMARNAP no debería
eliminarlos de las parcelas sometidas al PROCEDE. Es poco probable que los pedazos aislados
9

10. remanentes de la selva que se eliminen de las parcelas tituladas podrían manejarse eficientemente
por el ejido u otra entidad como área forestal de uso común o área de conservación de la
biodiversidad.
Basado en pláticas con ejidatarios de Quintana Roo y Campeche, el derecho de un ejidatario de
cosechar árboles que él siembra en sus parcelas se respeta por los demás ejidatarios. Existe una
tradición en que un ejidatario puede benficiarse de los frutos de su labor. Sin embargo, este
derecho no parece ser absoluto, y algunos ejidatarios miembros de la Organización de Ejidos
Forestales de Quintana Roo recomendaron que un ejidatario informe durante la Asamblea Ejidal
que está sembrando árboles en su parcela para que quede documentado en las Actas de la
Asamblea. Los ejidatarios contaron de ocasiones en que ellos habían sembrado cultivos rentables
y otros ejidatarios habían contestado el derecho de ellos de no compartir la cosecha con todo el
ejido.
4.1.3 La Ley Forestal
Se estima que el 80 % de los bosques y las selvas mexicanas están a cargo del sector social, o sea,
los ejidos y las comunidades (SEMARNAP, 1996). No obstante, los propietarios de esta riqueza
no tienen la libertad de tomar las decisiones sobre su manejo, aprovechamiento, y regeneración.
La tradición forestal mexicana, igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, aporta un
paternalismo profundo por parte del Estado acerca de la capacidad intelectual y gerencial y de la
confiabilidad del sector empresarial o social para manejar los bosques y las selvas en forma
sustentable.
México adoptó la primera ley forestal de las Américas en 1884 (World Bank, 1995), siendo la
primera de una larga cadena de leyes forestales mexicanas, culminando con la Ley Forestal actual
de 1997. Estas leyes anteriores tenían el fin general de sostener el rendimiento de productos
forestales al regular el nivel de cosecha forestal comercial a través de concesiones y reglamentos.
Su propósito primordial fue el abastecimiento contínuo de la industria forestal, bajo un
rendimiento sostenido. Se enfocaron en la reglamentación y el control por parte de agentes
federales, limitando de esta forma el poder del concesionario sobre el recurso.
Estas leyes reglamentarias tenían el efecto de incentivar el propietario a convertir el uso de la
tierra, de un uso forestal a un uso agrario. Este efecto surgió de la reservación por el Estado de
deciones sobre los bosques y las selvas, al considerarlos dominio público aunque pertenecía a un
ejido, una comunidad, una sociedad autónoma, o un individuo, mientras que el agricultor o
ganadero tenía plena libertad para decidir cuando quemar, arar, sembrar, cosechar, ordeñar, criar
o vender los frutos de su labor.
La reglamentación se manifestó, en las leyes forestales de 1942 y 1986, en la aprobación o no por
parte de los agentes del servicio forestal de los programas de manejo, las guías de transporte, los
permisos de almacenar y procesar la madera, y los permisos de comercializar la madera
procesada. Estos puntos múltiples en la cadena productiva forestal presentaron una barrera al
manejo forestal, al requerir la entrega de solicitudes, documentación, y pagos a los agentes
federales. Además, la necesidad de aprobaciones múltiples se prestó a la corrupción de agentes
reglamentarias por los empresarios que necesitaban cosechar y transportar la madera para ganarse
la vida (comunicado personal, Rodolfo Labato).
10

11. La Ley Forestal de 1942 pasó el dominio sobre los bosques y las selvas a los ejidos y las
comunidades, aunque el control de su manejo y aprovechamiento mantuvo el gobierno federal.
Además, el Gobierno Federal confirió a monopolios paraestatales el aprovechamiento de las
masas arbustivas. A las industrias forestales se les prohibía la pertenencia de terreno forestal.
Esta ley también tenía el fin de abastecer las industrias al controlar la tasa de aprovechamiento a
un nivel sostenido, pero chocó con la política agraria de repartir los bosques y las selvas al sector
social. Este desyuntamiento entre la política forestal y la política agraria ha marcado la tradición
legal forestal mexicana.
La nueva Ley Forestal de 1997 (Diario Oficial, 1997a) enmendó la Ley Forestal de 1993,
preservando muchas provisiones de la ley anterior. La Ley Forestal de 1993 (SARH, 1993), por
su parte, cambió muchos aspectos de las leyes forestales anteriores. Eliminó muchos aspectos del
control por parte del Estado sobre el aprovechamiento, el transporte, y el procesamiento de los
productos forestales. La nueva ley sustituye a la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales, y Pesca como la agencia reglamentaria sobre el campo
forestal. Incluye una descripción de más términos incluidos en la ley. También, adecua la
terminología al nuevo régimen que se propone para las forestaciones y reforestaciones. Las
inscripciones requeridas en el Registro Forestal Nacional para terrenos reforestados mayores de
10 hectáreas tendrán el carácter de autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos
forestales obtenidos. Esta provisión tiene el propósito de promover y apoyar la forestación y
reforestación, al ser más simple y flexible que las autorizaciones requeridas para aprovechar los
bosques y selvas, que el Estado busca conservar a través de más regulación y restricción sobre su
aprovechamiento.
La Ley Forestal de 1997 aumentó de 10 a 20 hectáreas las superficies máximas para no requerir
un programa de manejo autorizado por la SEMARNAP para la forestación y la reforestación. Las
forestaciones y reforestaciones en superficies menores de 20 hectáreas únicamente requieren que
el interesado notifique por escrito a la SEMARNAP. Es dudable que los ejidatarios que
establecen asociaciones agroforestales en sus parcelas al siembrar árboles notifiquen a los
representantes estatales de la SEMARNAP. Sin embargo, el aumento de 10 a 20 hectáreas puede
considerarse un incentivo para la agroforestería.
La Ley Forestal de 1997 eliminó la exención para superficies menores del requisito de un
programa de manejo forestal para el aprovechamiento de productos forestales. Se eliminó esta
provisión de la Ley Forestal de 1993 porque hubo la impresión que resultó en una deforestación
apreciable de tanto terrenos mayores como terrenos menores. No obstante, la nueva ley permite
aprovechamientos de superficies menores con un programa de manejo forestal simplificado, y
aumenta de 10 a 20 hectáreas la superficie máxima para aprovechamiento con un programa
simplificado. Esta provisión puede considerarse una mejora en las condiciones del derecho de
usufructo que favorecería a la adopción de asociaciones agroforestales.
El Artículo 19 BIS 12 de la Ley Forestal de 1997 permite un cambio de utilización de terreno
reforestado a su utilización anterior, así eximiendo el terreno de las restricciones sobre el cambio
de utilización de terrenos forestales contenidas en la ley (Artículo 19 BIS 11). Esta provisión
puede considerarse un incentivo a la agroforestería, en vista de que evita que un ejidatario pierda
el derecho de cultivar un terreno que él haya convertido de un uso agrícola a un uso forestal a
través de la agroforestería.
11

12. La Ley Forestal de 1992 eliminó la provisión de asistencia técnica forestal como responsibilidad
de la SEMARNAP. Incluyó provisiones para el registro de personas que pretenden prestar los
servicios técnicos forestales. La ley de 1992 contemplaba que la mayoría de los servicios técnicos
forestales se necesitaría para preparar los programas de manejo para los aprovechamientos. Dado
que la madera cosechada puede sufragar los costos de los servicios técnicos, la eliminación de
esta responsibilidad de la SEMARNAP parecía rasonable. Sin embargo, la reforestación,
incluyendo el establecimiento de asociaciones agroforestales, no presenta esa posibilidad de
financiar el costo de los servicios técnicos. Por esta razón, la eliminación del incentivo intelectual
de los servicios técnicos forestales brindados por el Gobierno Federal representa una barrera a la
adopción de prácticas agroforestales.
Finalmente, la Ley Forestal de 1997 reconoce la agroforestería, que trata en forma similar a la
reforestación. Sin embargo, la ley no define claramente la agroforestería y no tiene provisiones
específicas dirigidas a esta tecnología.
4.2 Programas Gubernamentales
La mayoría de los programas gubernamentales que se analizaron fueron diseñados para dar un
incentivo financiero para una actividad específica. No obstante, se encontraron también
programas que crean el ámbito propicio para la adopción de la agroforestería y programas que
proveen un incentivo intelectual.
La manifestación más clara de la política de un gobierno es la asignación de su presupuesto. Este
estudio no examinó la asignación de presupuesto federal o estatal hacía el sector agropecuario.
Un estudio de la tendencia de los presupuestos en los últimos años de las instituciones y
programas gubernamentales involucrados en el sector, comparados con otras instituciones y
programas, podría ilustrar la importancia relativa asignada al sector. Se puede concluir, sin
examinarlo, que el Gobierno Gederal asigna muy pocos fondos al fomento específico de la
agroforestería. La agroforestería es una actividad multi-disciplinaria, y los gobiernos típicamente
se organizan y asignan presupuesto a los sectores separados, o sea, el agrícola, el pecuario y el
forestal. No obstante, existen varios programas del Gobierno Mexicano en fomento de los
sectores agropecuarios y forestal, que pueden afectar la adopción de prácticas agroforestales.
Algunos programas son orientados hacía prácticas forestales. Otros fueron diseñados para apoyar
el sector rural.
4.2.1 Programa Forestal y de Suelo: 1995 - 2000
El Programa Forestal y de Suelo: 1995 - 2000 se diseñó como un componente del Plan Nacional
de Desarrollo: 1995 - 2000 que presenta una estrategia para buscar “un equilibrio--global y
regional--entre los objetivos económicos, sociales y ambientales, con el fin de contener los
procesos de deterioro ambiental; inducir un ordenamiento del territorio nacional de acuerdo con
las aptitudes y capacidades ambientales de cada región; aprovechar de manera plena y sustentable
los recursos naturales como condición básica para superar la pobreza, y cuidar el ambiente y los
recursos naturales a partir de una reorientación de los patrones de consumo y un cumplimiento
efectivo de las Leyes.” (SEMARNAP, 1996) El programa expresa la voluntad del Ejecutivo
Federal de apoyar la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del recurso
forestal y de suelo.
12

13. El Programa Forestal y de Suelo: 1995 - 2000 no es un programa de implementación de políticas,
sino un programa orientador que expresa las políticas del Gobierno Federal. Presenta el marco
político y estratégico en que los programas de apoyo y fomento se implementan. Los
componentes del Programa incluyen elementos abundantes que apoyarían la adopción de prácticas
agroforestales. Es más, el Programa menciona la agroforestería como una estrategia, junto con la
forestación y la reforestación, para frenar los procesos de deterioro en los ecosistemas forestales.
Contempla la promoción de plantaciones forestales comerciales, extensión técnica forestal, y
revegetación y reforestación de suelos degradados. El Cuadro 11 del Programa indica que es
poco probable que se asignen fondos para restauración de suelos degradados a los Estados de
Quintana Roo y Campeche, porque reporta ninguna erosión moderada, alta or severa para ambos
Estados. Solo con el tiempo se verá hasta que punto se siguen las estrategias propuestas en el
Programa Forestal y de Suelo: 1995 - 2000, y si los programas de implementación llegan a
Quintana Roo y Campeche.
Algunos de los programas gubernamentales siguientes representan programas para implementar
las políticas del Programa Forestal y de Suelo: 1995 - 2000. Otros programas se originaron antes
del programa orientador o son de otras iniciativas del Gobierno Federal.
4.2.2 PRODEPLAN
El Program de Plantaciones Forestales (PRODEPLAN) es un programa del Gobierno Federal
empezado en 1997 para fomentar y apoyar el establecimiento de 875 mil hectáreas de
plantaciones forestales comerciales (SEMARNAP, 1997a). Se convocó el 3 de abril de 1997
(Diario Oficial, 1997b) con $190.000.000 (76%) enfocados para proyectos destinados a la
producción de productos y materias primas celulósicas y $60.000.000 (24%) para proyectos
destinados a la producción de otros productos y materias primas forestales. El PRODEPLAN
cubrirá hasta el 65% de los costos del establecimiento y del mantenimiento de un proyecto de
plantación forestal. Entre los tipos de plantaciones sujetas a financiarse por el PRODEPLAN
figuran las plantaciones agroforestales rentables en las cuales el objetivo principal es la producción
de madera y los otros productos agropecuarios son complementarios. Los proyectos de
plantación forestal necesitan especificar dónde se va a procesar la materia prima.
Para participar en el PRODEPLAN, los interesados necesitaban pagar $500 para obtener las bases
de la licitación del Programa. Los interesados tendrían que preparar una solicitud con los detalles
del proyecto y propuesta ambiental y económica e integrarla al Comité de Operación del
Programa de Apoyos para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. Si el Comité
califica la Propuesta Ambiental del interesado, éste tendrá que depositar una Garantía de Seriedad
con el Comité. El monto de la Garantía de Seriedad no se publicó en la convocatoria del 3 de
abril, sino que la convocatoria especificó que el monto se revelaría en las bases da la licitación. El
Acto de Apertura de Propuestas Económicas y Asignación de los Subsidios se programó para el
22 de septiembre.
El PRODEPLAN parece ser de algún potencial para fomentar la adopción de prácticas
agroforestales, pero solamente para ejidatarios que estén bien organizados y capacitados para
preparar la documentación requerida, o para ejidatarios asociados con terceros o inversionistas
organizados y capacitados. También, los interesados necesitan tener suficiente capital disponible
para depositar, no solo los $500 para conseguir las bases de la licitación, sino también el monto
no determinado de la Garantía de Seriedad. Es más, los subsidios se pagan después de comprobar
13

14. que los costos se hayan incurrido, que implica que los interesados necesitan dotarse de suficiente
capital para sufragar los gastos no solo de preparar las propuestas del proyecto, sino también del
primer año de su implementación. Estos requisitos hace poco aplicable el PRODEPLAN para la
mayoría de los ejidos de Quintana Roo y Campeche.
Otro obstáculo potencial del PRODEPLAN para que el programa motive a los ejidatarios a
adoptar sistemas agroforestales es que el PRODEPLAN permite el apoyo fiscal de plantaciones
agroforestales solamente si el propósito principal de la asociación agroforestal sea la producción
forestal, y no los productos agropecuarios asociados. El ICRAF tiene en marcha estudios para
definir los propósitos que los ejidatarios podrían buscar de una asociación agroforestal. Es
probable que el mismo ejidatario tendría dificultad para acertar cuál será el propósito principal, o
siquiera para decidir que tenga un propósito principal, y probablemente, sus propósitos variarían
según la temporada. Es más, su esposa probablemente identificaría propósitos distintos.
Probablemente, el establecimiento de plantaciones forestales comerciales bajo el Sistema Taungya
calificaría para el PRODEPLAN. Asociaciones agroforestales más permanentes posiblemente no
calificarían para el Programa.
Finalmente, el hecho de que el 76% de los fondos de la primera convocatoria del PRODEPLAN
se destina a proyectos diseñados para la producción de productos y materias primas celulósicas
puede limitar la probabilidad de que el programa sirva de incentivo para la adopción de prácticas
agroforestales. La industria celulósica necesita cantidades grandes de materia prima, comprando
y procesando esta materia prima por tonelada. La producción de esta materia prima se hace con
un margen económico bastante bajo; el valor apreciable de la industria se realiza por la cantidad
grande de materia que utiliza y por el grado alto de automatización de la industria. Es dudable
que los sistemas agroforestales, con la excepción del sistema taungya, sean eficientes para llenar
esta necesidad de la industria celulósica. La competencia para el restante 24% de los recursos
financieros del PRODEPLAN reservado para proyectos no celulósicos probablemente será fuerte.
Hay poca probabilidad de que habrá fondos disponibles del PRODEPLAN para incentivar la
adopción de prácticas agroforestales.
4.2.3 PRODEFOR
Otro programa nuevo del Gobierno Federal es el Programa para el Desarrollo Forestal
(PRODEFOR). “El PRODEFOR está dirigido al sector social y pretende facilitar a las
comunidades el acceso al conocimiento técnico necesario para impulsar una integración eficiente
de las cadenas productivas silvícolas.” (SEMARNAP, 1997b). Ortogará apoyos para asistencia
técnica, dirigida al manejo sustentable del bosque nativo. Busca incrementar la superficie
aprovechado al apoyar la construcción de caminos y la redacción de programas de manejo
forestal. El rendimiento y la productividad de aprovechamientos se incrementaría por prácticas de
mejoramiento silvícola y mejor organización, asistencia técnica y capacitación. Habría un
aumento en el valor agregado en las industrias forestales por la integración industrial. El número
de especies usadas, y los usos, se aumentarían por diversificación productiva. Areas estratégicas
se restaurarían.
Un productor puede pedir que el PRODEFOR ayude con el financiamiento de: (1) la elaboración
de programas de manejo forestal; (2) la actualización de programas de manejo forestal; (3) los
estudios complementarios; (4) los estudios de investigación; (5) los estudios de diversificación
productiva (6) la elaboración de estudios técnicos para el aprovechamiento de productos no
14

15. maderables; (7) la actualización de estudios técnicos para el aprovechamiento de productos no
maderables; (8) el incremento de la productividad forestal; (9) la capacitación y asesoría técnica a
productores; y (10) los servicios para la competitividad industrial y la comercialización.
Las fuentes del financiamiento del PRODEFOR son varias: la SEMARNAP; el Program
Intersectorial de Empleos Temporales; el crédito externo del Banco Mundial; los Gobiernos de los
Estados; y los beneficiarios (SEMARNAP, 1997b). Ciertas fuentes se dedican a ciertos
componentes del programa. Parece probable que habrá que hacer solicitud a varias entidades
distintas para participar en el PRODEFOR. Esto parece ser una barrera a la participación de
ejidatarios en el Programa.
Se considera que el PRODEFOR tiene poca promesa directa para el fomento de las prácticas
agroforestales, porque se enfoca únicamente a los bosques nativos, y no a las plantaciones. No
obstante, habrá un efecto promotor para la agroforestería en los ejidos que se incorporan al
Programa. Primero, nuevas industrias forestales y acceso a nuevos mercados para productos
forestales producidos de los bosques nativos y las selvas presentarían oportunidades comerciales
para el componente forestal de las asociaciones agroforestales. Segundo, los caminos construidos
por el PRODEFOR facilitarían la comercialización de los productos agroforestales. Tercero, la
capacitación empresarial de empresas ejidales y de los ejidatarios facilitaría la formación de
microempresas agroforestales y equiparía a los ejidatarios con conocimiento empresarial.
Finalmente, la economía de un ejido, y la economía familiar de los ejidatarios, dependen de todos
los recursos del ejido; agraria, forestal, agroforestal, microempresarial, y humano. Si un
componente de la economía mejora, pues la economía conjunta se fortalecerá, dando más
estabilidad a todas sus partes. Los ejidatarios empleados en las actividades forestales o
industriales, y quienes compartirían la renta de empresas ejidales, dependarían menos de sus
cultivos para la subsistencia, y tendrían más opciones para elegir los componentes agroforestales.
Pues el PRODEFOR podría tener un efecto benéfico indirecto para la adopción de sistemas
agroforestales.
4.2.4 PRONARE
El Programa Nacional de Reforestación, PRONARE, está dirigido por la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), con la participación de la SEMARNAP, la Secretaría de Defensa Nacional
(SEDENA), la Secretaría de Agricultura, Ganadaría y Desarrollo Rural (SAGAR), la Secretaría
de Educación Pública (SEP) y los Gobiernos Estatales y municipales. Entre sus objetivos figuran:
(1) frenar el deterioro ambiental y restablecer el equilibrio ecológico; (2) incrementar las
oportunidades locales de empleo e ingreso y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población; y (3) promover y fomentar en la sociedad una cultura ecológica y forestal participativa
para preservar e incrementar las superficies arboladas y de pastizales (SEDESOL, 1997). A nivel
estatal, el Comité Estatal del PRONARE administra el programa. Los delegados estatales de las
secretarías participantes y una representación del Estado y sus municipalidades principales
conforman este comité estatal. El delegado estatal de la SEDESOL funciona como coordinador
ejecutivo.
La SEDENA opera viveros forestales usando tecnología moderna, como irrigación, fertilizantes, y
pesticidas. Produce cantidades grandes de árboles y plantas ornamentales para sembrar
mayormente en las áreas urbanas (comunicación personal, Lic. de la Vega Domínguez). También
financia viveros comunitarios, manejados por grupos sociales. El PRONARE financia la
15

16. producción de plantas, su distribución, y la capacitación y evaluación del programa. No financia
el mantenimiento de árboles después de sembrarlos. Según el director ejecutivo del programa, el
Lic. Jorge de la Vega Domínguez, el PRONARE está desarrollando una red de bancos de
germoplasma para uso en los viveros del programa.
Durante la visita del autor de abril de 1997, se realizó una gira del vivero forestal de Zoh-Laguna,
que está financiada por el PRONARE, y que se maneja por el Consejo Regional Ejidal de X-Pujil.
Los arbolitos producidos en este vivero parecen ser de baja calidad. Hace falta la capacitación de
los administradores y los trabajadores del vivero. El sustrato que usan como medio de
crecimiento de los arbolitos es suelo forestal pesado, sin agregar materia orgánica u otra sustancia
para mejorar el drenaje, la aeración, y la fertilidad. Si este vivero es representativo de los viveros
comunitarios del PRONARE, hay mucho campo para mejorar la calidad y cantidad de árboles
producidos.
Teóricamente, el PRONARE podría representar un recurso valioso para la promoción de
prácticas agroforestales, al proveer árboles como un insumo. La posibilidad de que los ejidatarios
desprecien los árboles gratuitos será disminuida por su inversión de labor en los viveros
comunitarios.
Actualmente, el PRONARE sirve como fuente de arbolitos para asociaciones forestales, aunque la
calidad de los árboles necesita asegurarse. Además, no es evidente que exista un sistema para
comunicar los deseos para especies específicas por parte de los ejidatarios. El PRONARE
tampoco financia el mantenimiento de los árboles sembrados, que parece ser una falta en el diseño
del programa. La red de bancos de germoplasma podría servir como fuente valiosa de semillas
para la agroforestería, si sigue prácticas científicas para la selección y conservación de
procedencias de árboles forestales y para el mantenimiento de huertos semilleros.
4.2.5 Alianza para el Campo
La Alianza para el Campo es la iniciativa institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural (SAGAR) para implementar el Programa Forestal y de Suelo: 1995 - 2000. Los
objetivos principales de al Alianza son: aumentar el ingreso de los productores; aumentar el
crecimiento agropecuaria a una tasa más alta que el crecimiento poblacional; lograr un balance
comercial agropecuaria; obtener laautosuficiencia nutricional; reducir las diferencias regionales en
la productividad, el empleo y el ingreso; y contribuir al alivio de la pobreza y la conservación de
los recursos naturales (SAGAR, sin fecha). Entre las líneas principales de la Alianza es la
descentralización de la SAGAR al incorporar los gobiernos estatales y los productores en la
planeación y la operación de los programas del sector. Se busca fortalecer el proceso de
capitalización en el campo. Hay incentivos para la utilización de paquetes tecnológicos, y se
promueve la diversificación en la producción, el empleo rural, y la organización de productores
para mejorar sus habilidades empresariales.
4.2.6 PRODUCE
El PRODUCE es el programa principal para lograr las metas de la Alianza para el Campo
(SAGAR, sin fecha; comunicación personal, Harím de la Cruz, Oficina de Desarrollo Rural de la
delegación estatal de la SAGAR en Campeche). Tiene el objetivo de aumentar el uso de
tecnología moderna en el sector agraria, para aumentar la productividad, mejorar la eficiencia en
16

17. el uso de insumos, y reducir los costos de producción. PRODUCE puede financiar el costo de
inversión en la tecnología, la infraestructura, y la asistencia técnica. El Gobierno Federal financia
hasta el 35% de la inversión, los gobiernos estatales hasta el 10%, y el productor el resto. Los
porcentajes financiados varía dependiendo del cultivo. El programa se concentra en la ferti-
irrigación, mejoramiento de praderas, equipo de producción rural, la mecanización agrícola,
estudios a nivel de finca, y otros componentes.
El PRODUCE podría representar un incentivo para la adopción de prácticas agroforestales para
los ejidatarios, sus sociedades, y los ejidos organizados. Podría financiar parcialmente la inversión
en maquinaria, infraestructura, y otra tecnología. También, podrían financiarse estudios de
factibilidad de proyectos. En Campeche, el PRODUCE está fomentando mejoras en la
producción melífera y ganadera. Ambas áreas presentan oportunidades para apoyar componentes
de la economía agroforestal a nivel familiar, social, y ejidal.
4.2.7 Fundaciones PRODUCE
El programa de fundaciones PRODUCE es un elemento de la Alianza para el Campo que
pretende enfocar la investigación y extensión del Instituto Nacional de Investigación Forestal y
Agropecuaria (INIFAP). El programa trabaja a nivel estatal a través de la Fundación Estatal
PRODUCE que son coordinadas por la delegación estatal del INIFAP con la participación de
productores y el Gobierno Estatal (INIFAP, 1996). El Gobierno del Estado conjuntamente con
las organizaciones de productores, promueve y define los beneficios y alcances del programa; los
productores organizados, el Gobierno del Estado, la Delegación de la SAGAR y la Dirección de
Coordinación y Vinculación del INIFAP en la entidad, convocan a la comunidad científica a
participar en la elaboración del programa operativo de la fundación; conviniendo la fundación y el
INIFAP.
Las Fundaciones PRODUCE tienen el potencial de mejorar la relevancia del INIFAP a los
productores rurales, si logran enfocar la investigación y extensión del instituto a problemas
enfrentados por los mismos productores. Los proyectos autorizados por los productores reciben
el apoyo financiero de los Gobiernos Federal y Estatal, vía Fundación, hasta por el 100% del
costo.la realización de dicho programa en diferentes campos experimentales y parcelas de
validación con productores cooperantes.
El potencial de las Fundaciones PRODUCE incorpora también al sector agroforestal. Si las
Fundaciones PRODUCE mejoran la identificación de problemas técnicos de los asociaciones
agroforestales que los ejidatarios encuentran, podrían enfocar la investigación del INIFAP para
resolver los problemas. Esto requiere que el INIFAP tenga un mecanismo para enfocar su
investigación a problemas así identificados. Es imprescindible también que el INIFAP dota del
presupuesto e investigadores capacitados para llevar a cabo la investigación agroforestal. Si el
INIFAP lograra desarrollar soluciones a los problemas técnicos en los sistemas agroforestales,
facilitaría sustancialmente la promoción de prácticas agroforestales entre los ejidatarios.
Las Fundaciones PRODUCE también tienen el potencial de facilitar la diseminación de
información técnica sobre las prácticas agroforestales a los ejidatarios. Existe una cantidad
grande de información sobre la agroforestería, a nivel mundial. Las Fundaciones PRODUCE
podrían servir de conducto para la información relevante a los sistemas agroecológicos de los
ejidatarios quintanarroenses y campechanos. Se asume que sería el INIFAP que buscaría la
17

18. información agroforestal en colaboración con el ICRAF y la diseminara a través de los proyectos
de las Fundaciones PRODUCE. Además, las Fundaciones servirían de conducto para diseminar la
información agroforestal desarrollada por el INIFAP y por los investigadores del ICRAF en
México.
Esta función del INIFAP como fuente gubernamental de información técnica agroforestal
compensa en parte la eliminación de la SEMARNAP como fuente de servicios técnicos forestales
en la Ley Forestal de 1992 y la nueva Ley Forestal.
Si las Fundaciones PRODUCE funcionaran como se contempla en la Alianza para el Campo,
serían un componente integral de una red de información tecnológica sobre la agroforestería.
Servirían como conducto para transmitir al INIFAP los problemas en la producción agroforestal
identificados por los ejidatarios, y para diseminar la información técnica a los productores. Una
red de información tecnológica agroforestal servería como un incentivo intelecual fuerte para
fomentar la adopción de prácticas agroforestales. Para que esto suceda, se necesita una mayor
vinculación entre las fundaciones estatales de PRODUCE y los ejidos y asociaciones de ejidos de
los estados.
4.2.8 INIFAP
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias es la institución
anfitriona para el ICRAF en México. Tiene el cargo de llevar a cabo y coordinar la investigación
forestal y agropecuaria dentro del país. El instituto tiene tres divisiones técnicas principales, la
agrícola, la pecuaria y la forestal. Actualmente, el INIFAP no tiene una línea oficial de
investigación agroforestal que une estas tres divisiones. En la mayor parte, ha sido la división de
Investigación Forestal la que ha realizado la investigación agroforestal (comunicación personal,
Ing. Manuel de los Santos). La mayor parte de la investigación agroforestal que ha realizado el
INIFAP se ha realizado en las estaciones experimentales del instituto, como la Estación
Experimental San Felipe Bacalar. Es importante aprovechar los recursos humanos del INIFAP en
los sectores agrarios y pecuarios para complementar los recursos del departamento forestal para
la investigación agroforestal.
Como se mencionó arriba, es el INIFAP el que se coordina con la Fundación PRODUCE, un
componente de la Alianza para el Campo, con la meta de poner a la disposición de los
productores rurales el poder del INIFAP para desarrollar soluciones a problemas técnicas que los
productores enfrentan y para diseminar las soluciones a estos problemas. Esta coordinación se
hace a través de las fundaciones PRODUCE. La iniciativa PRODUCE tiene un mecanismo para
aumentar considerablemente el presupuesto disponible al INIFAP para la investigación y
extensión. Solamente necesita la voluntad de los delegados estatales y los investigadores del
INIFAP y los funcionarios de las fundaciones PRODUCE para enfocar los recursos disponibles a
los problemas agroforestales.
Se recomienda que el ICRAF se coordine y ligue con las fundaciones PRODUCE de Quintana
Roo y Campeche una vez que desarrolle paquetes tecnológicos agroforestales para diseminar la
información a los ejidatarios de los dos estados.
4.2.9 PROCAMPO
18

19. El PROCAMPO es un programa que empezó en 1993 y que tiene gran potencial para fomentar la
adopción de prácticas agroforestales en forma indirecta. Se incorporó a la Alianza para el Campo
cuando se inició en 1995. El PROCAMPO tiene la meta de suministrar un apoyo económico
directo a los productores rurales.. Fue diseñado para complementar las reformas a la legislación
agraria y los nuevos programas como Apoyo a la Producción y Empresas de Solidaridad,
PROCEDE, Reestructuración del Sistema Financiero y los programas para subsidiar la
comercialización de ASERCA. Pretende mejorar las condiciones de vida de la población rural y
corregir las distorsiones económicas causadas por los precios de garantía que el Gobierno Federal
mantenía para granos y oleaginosas (SARH, sin fecha).
Los productores reciban un apoyo por hectárea, según las características agronómicas y
comerciales de su región. Los productores se inscribieron al PROCAMPO según la superficie
que tenían sembrada con maíz, frijol, trigo, sorgo, soya, arroz, cebada, algodón o cártamo durante
los tres años antes de diciembre de 1992. Cada productor está inscrito en un directorio que es
mantenido por la SAGAR; no se puede inscribir un nuevo terreno al programa. Durante los
primeros diez años después de inscribirse, el productor recibe el apoyo para las hectáreas
inscritas. El apoyo disminuye gradualmente a partir del décimo primer año, terminando con el
apoyo del décimo quinto año. Durante 1996, en Campeche 32.983 productores recibieron
$82.238.331 por sus 149.622 ha inscritas en el PROCAMPO, mientras que en Quintana Roo
30.294 productores recibieron $43.395.155 por sus 79.130 ha inscritas (ASERCA, 1998).
El PROCAMPO sería de muchísimo valor para incentivar la adopción de prácticas agroforestales,
si se llevará a cabo como los reglamentos del programa proponen. Los reglamentos estipulan que
un productor seguirá recibiendo el apoyo del programa aunque posteriormente de su inscripción
“decida dedicar su tierra a otras actividades agrícolas, pecuarias, forestales, ecológicas, acuícolas
o cualquier otras actividad que genere empleo y bienestar” (SARH sin fecha).
Desafortunadamente, en Quintana Roo el funcionario de la SAGAR encargado con la
actualización del programa, el Ing. Andrés Falcón, no interpreta los reglamentos de tal forma
(comunicación personal). El Ing. Falcón exige que un productor inscrito en el programa siga
sembrando el mismo cultivo bajo el cual se inscribió para seguir recibiendo el apoyo. Para
reconocer la tradición de la zona de roza-tumba-quema, exige que un productor siembre una
superficie nueva en maíz al abandonar una milpa sembrada bajo el programa. El apoyo por
hectárea de maíz en Quintana Roo era de $486 (pesos nuevos mexicanos) en abril de 1997. En
Campeche, se permite al productor sembrar el cultivo que le convenga después de inscribirse en
PROCAMPO (comunicación personal del Ing. Harím de la Cruz, Oficina de Desarrollo Rural de
la delegación estatal de la SAGAR en Campeche). Es posible que muchos ejidatarios de
Campeche no sepan que tienen esta oportunidad.
La posibilidad de que un ejidatario cambie su uso de la tierra después de inscribirse en el
PROCAMPO representa una oportunidad apreciable para promover la adopción de prácticas
agroforestales. Si el productor seguiría recibiendo el apoyo del PROCAMPO después de
incribirse, sin tener que seguir sembrando el cultivo bajo el cual se inscribió, el apoyo serviría
como ingreso familiar seguro. Así el ejidatario estaría libre para dedicar su mano de obra a la
siembra y mantenimiento de árboles frutales y/o forestales en su milpa (sistema taungya) o para
establecer y mantener cualquier otro sistema agroforestal. El apoyo del PROCAMPO serviría
como ingreso familiar seguro hasta que los productos agroforestales desarrollaran para
eventualmente rendir un ingreso adicional y sostenible. El ICRAF debería buscar el seguimiento
fiel de los reglamentos del PROCAMPO en Quinanta Roo, y la diseminación del conocimiento de
19

20. la oportunidad actual de cambiar el uso de la tierra, mientras que sigue participando en el
programa, para ejidatarios inscritos en Campeche.
4.2.10 FONAES
El Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad, FONAES, es una dependencia de la
SEDESOL que tiene potencial para apoyar las sociedades de productores agroforestales. El
FONAES provee capital de riesgo a empresas sociales, entrando como socio en las empresas
(comunicación personal, Médico Vet. Jorge Rojas, Director de la oficina estatal de FONAES en
Quintana Roo). Financia hasta el 35% de los costos de establecimiento de una empresa,
recibiendo la proporción de las acciones de la empresa que financia. La contrapartida de 65% de
los socios productores puede incluir su mano de obra, sus productos, y sus predios. El FONAES
evalúa las empresas propuestas, para asegurar que sean viables, financieramente rentables, y
socialmente sustentables. La asistencia técnica que las empresas necesitan se contrata con fondos
de la inversión del FONAES. El FONAES no cobra ni interés ni pagos por su inversión, pero
recupera su capital invertido a través de un período de años establecidos en un plan para retirarse
de la empresa una vez que la empresa comienza a ser rentable.
El FONAES también ayuda a las empresas de solidaridad con fondos de financiamiento, fondos
de garantía, capacitación y asistencia técnica, la comercialización de productos, y las cajas de
ahorro solidarias.
El FONAES mantiene una página electrónica (http://www.fonaes.gob.mx) con información sobre
mercados y productos. Además, la página electrónica tiene ejemplares de la Revista FONAES,
producida mensualmente por el Fondo. La revista tiene información sobre empresas asociadas
con el FONAES, productos producidos por las empresas, y mercados. La página electrónica
también tiene enlaces electrónicos con información sobre productos específicos, incluyendo un
enlace forestal.
El FONAES también maneja el Programa de Empleo Productivo desde 1995. Este programa
paga hasta el 70% de los jornales y hasta el 100% de los insumos para proyectos elegibles para el
programa. Se van a reforestar 400 ha bajo el programa en el Municipio de Lázaro Cárdenas.
4.2.11 PROCEDE
El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, PROCEDE,
es un programa dirigido por la Procuraduría Agraria. Tiene el objetivo de llevar a cabo la
delimitación de las tierras al interior de los ejidos, culminando con la expedición de los
certificados parcelarios, certificados de derechos comunes, y títulos de solares urbanos a todos los
ejidatarios de aquellos núcleos agrarios que hayan aceptado participar en el programa
(Procuraduría Agraria, 1995). Es un programa voluntario para los ejidos; no existe ninguna
imposición gubernamental.
El PROCEDE puede considerarse un incentivo indirecto para la adopción de prácticas
agroforestales porque los ejidatarios que reciben un certificado parcelario y certificado de
derechos comunes tienen su tenencia de la tierra documentada por el Gobierno Federal. Esta
documentación facilitaría la participación en los programas de incentivos forestales que requieren
una documentación de tenencia de la tierra, como el PRODEPLAN y el PRODEFOR. También
20

21. facilitaría el acceso a capital de inversión, al participar en el PRODUCE o al solicitar préstamos
de bancos comerciales. Finalmente, la documentación de tenencia facilitaría la participación del
ejidatario en sociedades orientadas a la producción agroforestal.
4.3 Programas Internacionales
Existen varias programas internacionales que tienen potencial para fomentar la adopción de
prácticas y sistemas agroforestales. Algunos programas resultaron de la Cumbre Sobre la Tierra.
En la Cumbre Sobre la Tierra, se abrieron para la firma varios tratados internacionales
ambientales. Estos incluyen la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC) y la
Convención sobre la Biodiversidad (CB). También la mayoría de los países participantes firmaron
la Declaración No-obligatoria de Principios Forestales.
4.3.1 Implementación Conjunta
El presente autor considera que la CMCC ofrece más oportunidad para servir como fuente de
financiamiento para el fomento de la adopción de prácticas y sistemas agroforestales que la CB.
Bajo la CMCC, hay una provisión para la implementación conjunta del tratado por dos o más
países. La provisión para la implementación conjunta reconoce que la disminución de las
emisiones de gases de invernadero, o la captura de estos gases, pueden ser más económicos en
unos países que en otros, y que las emisoras de gases de invernadero podrían compensar sus
emisiones más económicamente financiando la reducción o la captura de gases en otros países que
reduciendo sus emisiones propias. Así, un país podría cumplir con su compromiso bajo la CMCC
para reducir sus emisiones netas al financiar una reducción neta en otro país.
Por ejemplo, en los países desarrollados, los productores de energía eléctrica han invertido en
generadoras muy eficientes en su uso de combustible, más por fines económicos que por
preocupación del nivel de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2
). También, han invertido en
reducir las pérdidas en los sistemas de transmisión y distribución, y en reducir la demanda para
electricidad por los consumidores. Más inversión en la eficiencia de sus generadoras, en la
reducción de pérdidas de transmisión y distribución, y en la reducción en la demanda, tendría un
rendimiento disminuyendo. La misma compañía tendría más rendimiento por su dólar invertido al
invertir en reducciones de emisiones netas de carbono en otro país.
Entre las opciones para reducir las emisiones netas de gases de invernadero figura la captura de
carbono. Las asociaciones agroforestales ofrecen la oportunidad para aumentar la captura de
CO2
. La incorporación de árboles en agroecosistemas aumenta la cantidad de materia orgánica
del suelo. La cantidad de esta materia orgánica puede calcularse y convertirse en toneladas de
carbono. También los mismos árboles de la asociación agroforestal incorporan CO2
de la
atmósfera, y se puede calcular la cantidad de carbono acumulado. Finalmente, la adopción de
prácticas agroforestales puede estabilizar la agricultura, frenando el avance de la frontera agrícola.
Esto puede evitar la deforestación. Se puede estimar la cantidad de carbono fijado en los bosques
o las selvas no desmontados. En todos los casos, se calcula el valor en toneladas de carbono del
sistema agroforestal, al comparar la cantidad de carbono existente en el sistema agroforestal con
la cantidad de carbono que hubiera quedado en la biomasa si no se adoptara el sistema
agroforestal. En el caso de la deforestación evitada, se asume que el carbono de los árboles no
cortados hubiera sido liberado a la atmósfera por la quema y la oxidación de materia orgánica
dentro de las milpas, si la deforestación hubiera sucedido.
21

22. Un proyecto de implementación conjunta pagaría a los productores el valor del carbono
producido en su sistema, menos el valor del carbono que hubiera en el predio sin el sistema
agroforestal. No se ha determinado todavía un precio para el carbono en el mercado de los
créditos carbónicos. Es posible que se desarrollará un mercado internacional de créditos
carbónicos para facilitar la compra y venta de unidades (toneladas) de carbono. Una vez que se
estableciera el mercado, productores agroforestales, o bien asociaciones de productores, podrían
vender sus créditos carbónicos por la diferencia entre la cantidad de carbono en sus predios y la
cantidad de carbono en predios que no incluyan prácticas agroforestales. Los procedimientos
para calcular y comprobar la cantidad de carbono, y para constar la cantidad de carbono que
hubiera sin los sistemas agroforestales, se desarrollarán junto con el mercado de créditos
carbónicos.
El Instituto Nacional de Ecología (INE) está desarrollando una oficina coordinadora para la
implementación conjunta, bajo la dirección del Dr. Carlos Gay G
arcía. Pretende facilitar la identificación, evaluación y aprobación por parte del Gobierno Federal
de proyectos con potencial para disminuir las emisiones netas de gases de invernadero y unir
proyectos con fuentes extranjeras de capital para financiar los proyectos.
4.3.2 Iniciativa de los Estados Unidos para la Implementación Conjunta
El gobierno de los Estados Unidos de América inició la Iniciativa de los Estados Unidos para la
Implementación Conjunta (USIJI) como parte de su Plan de Acción sobre Cambio Climático en
1993 (Clinton y Gore, 1993). Tiene los objetivos de ganar experiencia y conocimiento sobre los
proyectos de implementación conjunta y de fomentar proyectos voluntarios para reducir
emisiones netas de CO2
u otros gases de invernadero entre compañías estadounidenses y entidades
de otros países.
Bajo los auspicios de la USIJI, se están financiado cuatro proyectos de implementación conjunta
en México, dos en el sector energético y dos en el sector de recursos naturales. Un proyecto
financiado de interés especial para este estudio es un proyecto agroforestal en los cafetales de
Chiapas. Se está fomentando la siembra de árboles de sombra en los cafetales. La reducción en
emisiones de gases de invernadero es consecuencia de la estabilización de la frontera agrícola y la
deforestación evitada, junto con el carbono fijado en los árboles de sombra y en los cafetos.
Además, se conserva la materia orgánica del suelo. Otro proyecto se relaciona con la
conservación de los bosques de Durango donde se inviernan las mariposas monarcas.
Entre los proyectos financiados bajo la USIJI en otros países figuran proyectos para disminuir la
liberación de carbono en sistemas de arrastre de trozas en Bolivia y Malasia y proyectos que
aumentarán la fijación de carbono en plantaciones forestales en Rusia y Tailandia.
4.3.3 Fondo para el Medio Ambiente Mundial
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), también conocido por su acrónimo inglés,
GEF, es un fondo manejado bajo los auspicios del Banco Mundial, del Programa de las Naciones
Unidos para el Desarrollo (PNUD) y del Programa de las Naciones Unidos para el Medio
Ambiente (PNUMA). El FMAM tiene cuatro categorías de proyectos elegibles para el
financiamiento, todos relacionados con acuerdos internacionales ambientales. Estas son: el
22

23. cambio climático; la conservación de la biodiversidad; la protección de la capa de ozono; y aguas
internacionales. Se considera que habrá la posibilidad de financiamiento de programas para
incentivar la adopción de prácticas y sistemas agroforestales bajo las categorías del cambio
climático y de la conservación de la biodiversidad.
Los proyectos agroforestales tendrían beneficios para la conservación de la biodiversidad al
estabilizar la agricultura y frenar el avance de la frontera agrícola. Así, podrían tener beneficios
desde el punto de vista de cambio climático, igual que de la conservación de la biodiversidad.
La Secretaría del FMAM se ubica actualmente en las oficinas del Banco Mundial
(http://www.gefweb.org). La primera asamblea general del FMAM se realizó en Nuevo Delhi,
India el 1-3 de abril de 1998. El Instituto Nacional de Ecología es el órgano coordinador para el
gobierno mexicano para los programas del FMAM. El Biol. Carlos Guy es encargado de asuntos
de cambio climático dentro del INE. El encargado para asuntos internacionales sobre la
conversación de la diversidad biológica ha de identificarse.
4.3.4 Madera Certificada
Existe una preocupación apreciable a nivel mundial por la sustentabilidad de la producción
forestal. La Declaración No-obligatoria de Principios Forestales firmada durante la Cumbre
Sobre la Tierra presentó criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable. La discusión a
nivel internacional sobre la sustentabilidad del manejo forestal sigue con el Proceso Helsinki, el
Proceso de Santiago, y la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable dentro de la Organización de
las Naciones Unidos.
Mientras la discusión internacional continúa, diferentes organizaciones han desarrollado criterios
para el manejo forestal sustentable, y ofrecen una certificación para operaciones que cumplan con
los criterios. Se espera que la preocupación por la sustentabilidad de la producción forestal afecte
al mercado, de tal manera que los consumidores pagarán un sobreprecio para conseguir madera
certificada. Un grupo de individuos ha formado una organización que pretende autenticar las
organizaciones que certifican la madera por la sostenibilidad de su producción, el Consejo de
Manejo Forestal. La oficina central del Consejo de Manejo Forestal se ubica en la ciudad de
Oaxaca.
La Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo (SPFEQR) se ha certificado
como productor sustentable de madera tropical por dos organizaciones certificadores, la
Rainforest Alliance y los Scientific Certification Systems. La SPFEQR ha tenido poco éxito al
tratar de exportar su madera certificada, y la posibilidad de un sobreprecio para la madera
certificada no se ha realizado (comunicación personal con Hugo Galetti de la Unión Nacional de
Organizaciones de Forestería Comunal).
Si el mercado para la madera certificada ofrece algún día un sobreprecio, esto serviría como un
incentivo para la adopción de prácticas y sistemas agroforestales, asumiendo que los
certificadores encontrarían sustentables los sistemas agroforestales y que los productores podrían
asociarse y suplir al mercado.
5. Conclusiones y Recomendaciones
23

24. Las políticas que influyen la adopción de sistemas agroforestales en los Estados de Quintana Roo
y Campeche son muchas. Existen políticas sobre el derecho de usufructo, incentivos fiscales,
incentivos intelectuales, y barreras. El Cuadro 1 desgloza las políticas identificadas, resume los
resultados de estas políticas, y sugiere recomendaciones para el ICRAF para aprovechar de
incentivos positivos y para superar los obstáculos.
Cuadro 1. Políticas, Sus Resultados, y Recomendaciones para el ICRAF.
Derecho de Usufructo
Política Resultado Recomendación
Se permite un cambio de
utilización de terreno reforestado
a su utilización anterior.
Incentivo importante a la
agroforestería.
Informar a los ejidatarios.
La reforestación de superficies
mayores de 20 ha necesita un
programa de manejo autorizado
por la SEMARNAP. El derecho
de usufructo queda con el
Gobierno Federal.
Barrera a la agroforestería
debido a la necesidad de un
documento sofisticado y muchos
trámites. Se presta a la
corrupción. Barrera a la
asociación de ejidatarios para
desarrollar sistemas
agroforestales mayores de 20 ha.
Puede considerarse un incentivo,
porque aumentó de 10 a 20 ha
bajo la nueva Ley Forestal.
Buscar aumentar la superficie
mínima para necesitar un
programa de manejo autorizado.
Eliminación de la exención para
superficies menores del requisito
de un programa de manejo
forestal para el aprovechamiento.
El derecho de usufructo queda
con el Gobierno Federal.
Barrera a la agroforestería
debido a la necesidad de un
documento sofisticado y muchos
trámites. Se presta a la
corrupción porque requiere la
aprobación de la SEMARNAP.
Buscar una enmienda a la Ley
Forestal para restaurar la
exención.
Aprovechamiento con un
programa de manejo forestal
simplificado, y aumento de la
superficie para programas
simplificados de 10 a 20 ha.
Incentivo, porque implica un
programa menos complicado.
Sin embargo, la necesidad de la
aprobación de la SEMARNAP
se presta a la corrupción y
conlleva muchos trámites.
Ayudar a los ejidatarios a
preparar progamas de manejo
forestal simplificados.
Areas forestadas dentro de una
parcela se elimina de la parcela
antes de procesar la titulación
bajo PROCEDE.
Hay un incentivo muy fuerte
para el corte clandestino por
parte del ejidatario. Representa
una barrera fuerte al manejo de
pedazos remanentes de bosque y
selva, porque elimina estos
remanentes de las parcelas.
Buscar clarificación sobre el
Artículo 119 de la Ley Agraria
que permite la pequeña propiedad
forestal. . Se debería buscar que
la SEMARNAP y la Procuraduría
Agraria. reconozcan a las
pequeñas propiedades forestales.
PROCEDE. Entrega títulos para
las parcelas.
Representa un incentivo, porque
otros programas requieren una
escritura de propiedad.
La participación de un ejido en el
PROCEDE es una decisión
interna del ejido. No se
recomienda que el ICRAF intente
influir esta decisión.
24

25. Incentivos Fiscales
Política Resultado Recomendación
PRODEPLAN. Financia hasta el
65% de los costos del
establecimiento de plantaciones
forestales comerciales.
Poco beneficioso, porque
requiere que el ejidatario dote de
capital apreciable, dado que hay
que incurrir el costo y pedir el
reembolso. Además, la
aprobación está muy
centralizado. El enfoque en la
producción de materia prima
celulósica hace el PRODEPLAN
de poco interés para los
ejidatarios.
Buscar cambios en el programa:
1) Decentralizar el proceso de
aprobación al nivel estatal
2) Hacer disponible el dinero de
antemano, no por reembolso
Asignar una proporción mayor
(por lo menos 50% para
plantaciones destinadas para
otros productos forestales (no la
materia prima celulósica).
PRODEFOR. Ayuda con el
financiamiento de proyectos de
manejo y aprovechamiento de
bosque y de selvas naturales.
No puede financiar directamente
las asociaciones agroforestales.
No obstante, podría ser
incentivo indirecto si lograr
estabilizar la economía ejidal.
Mejoras en caminos y mercados
nuevos para madera agroforestal
podría fomentar la
agroforestería. La participación
de diversas instituciones en la
implementación del Programa
es una barrera.
Ayudar a los ejidos y a los
ejidatarios consequir el
financiamiento del PRODEFOR.
PRONARE. Provee arbolitos
para la reforestación.
La calidad de arbolitos es baja,
por lo menos en algunos casos.
El objetivo de generación de
empleo y la preocupación en la
cantidad de árboles distribuidos,
en lugar de la calidad, es una
barrera.
Dar asistencia técnica a los
viveros del PRONARE en el área
de trabajo del ICRAF. Fomentar
la producción de especies de
árboles deseados por los
ejidatarios.
PRODUCE. Financia hasta el
45% del costo de mejoras en la
tecnología de producción
agropecuaria. . Puede finaciar la
apicultura.
Representa un incentivo
potencial fuerte, para
modernizar los componentes
agrícolas y pecuarias de las
asociaciones agroforestales.
Facilitar la participación de
ejidatarios en el PRODUCE.
Fundaciones PRODUCE. Puede
servir de incentivo fiscal, si
finacia ensayos en parcelas.
Incentivo fiscal si financia
ensayos del INIFAP en parcelas
de los ejidatarios. Experimentos
en parcelas serán más aplicables
que experimentos en campos
experimentals del INIFAP.
Facilitar el desarrollo de ensayos
en parcelas de ejidatarios.
PROCAMPO. Pagos a
ejidatarios incritos en el
Programa.
Incentivo fiscal fuerte, si se
implementa tal y como se
diseñó. El participante podría
establecer asociaciones
agroforestales sin depender de
los cultivos de subsistencia.
Una barrera es que no hay
posibilidad de incribir nuevos
participantes.
Buscar la implementación del
PROCAMPO en Quintana Roo
según los reglamentos del
Programa.
25

26. Incentivos Fiscales (cont.)
Política Resultado Recomendación
FONAES. Fuente de capital para
empresas sociales. Financia
hasta el 35% de la inversión.
Representa un incentivo fiscal
para la agroforestería, al
financiar empresas sociales. Las
empresas podrían procesar
productos agroforestales. Ayuda
con la comercialización.
Facilitar la participación de
ejidatarios en el FONAES.
Fomentar la formación de
empresas de productores
agroforestales para procesar y
comercializar sus productos.
Implementación conjunta.
Financiamiento de proyectos para
reducir las emisiones netas de
gases de invernadero.
Tiene bastante potencial para los
ejidatarios bien organizados.
Fomentar el finaciamiento de un
proyecto de implementación
conjunta. Aprender los
procedimientos para calcular la
cantidad de carbono en
asociaciones agroforestales.
Fondo para el Medio Ambiente
Mundial. Financia proyectos de
cambio climático, conservación
de la biodiversidad, entre otros.
Representa poco potencial para
los ejidatarios de Quintana Roo
y Campeche, porque los
proyectos son grandes y
centralizados.
Buscar oportunidad de participar
si un proyecto está financiado en
México.
Certificación de Madera. Puede representar un incentivo
fiscal. Participación de ejidos ya
certificados puede representar
un mercado para productos
agroforestales. La producción
agroforestal podría considerarse
un componente de la producción
de productos forestales
certificados.
Ayudar a los ejidos con
producción forestal a buscar la
certificación de su manejo y
producción. Facilitar convenios
de comercialización entre
ejidatarios con asociaciones y
ejidos con la certificación.
Incentivos Intelectuales
Política Resultado Recomendación
Falta de responsibilidad para
servicios técnicos forestales por
parte de la SEMARNAP.
Representa un barrera a la
adopción de prácticas
agroforestales.
Dar asistencia técnica a los
ejidatarios en el establecimiento
de prácticas agroforestales.
Falta de asistencia técnica para
los viveros comunitarios del
PRONARE.
Los viveros producen arbolitos
de baja calidad. Esto es una
barrera a la adopción de
prácticas agroforestales.
Fomentar la provisión por
PRONARE de asistencia técnica
a los viveros comunitarios. Dar
asistencia técnica.
Desarrollo de información
técnica y su tranferencia por las
fundaciones PRODUCE.
Acceso a la información técnica
agroforestal representará un
incentivo intelectual fuerte. La
participación del INIFAP
mejorará su investigación y la
diseminación de sus resultados.
Facilitar el enlace entre los
contrapartes del INIFAP y las
fundaciones PRODUCE.
Involucrarse en los ensayos.
Facilitar los ensayos en las
parcelas de los ejidatarios.
Facilitar la transferencia de
información técnica agroforestal
de otras partes del mundo.
26

27. 6. Literatura Consultada
6.1 Literatura Citada
1. ICRAF, 1997. Medium-term plan: 1998 - 2000. International Centre for Research in
Agroforestry. Nairobi, Kenya. 77 p.
2. SEMARNAP, 1996. Programa Forestal y de Suelo: 1995 - 2000. Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Distrito Federal, México. 79 p.
3. Procuraduría Agraria, 1995. Legislación Agraria. Distrito Federal, México. 126 p.
4. World Bank, 1995. Mexico Resource Conservation and Forest Sector Review. Report No.
13114-ME.
Washington, D.C. World Bank. 159 p.
5. Diario Oficial. 1997a. Decreto por el que se reforma la Ley Forestal.. Distrito Federal.
Diario Oficial Martes 20 de mayo de 1997: 32 - 47
6. SARH, 1993. Ley Forestal. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Distrito
Federal. 64 p.
7. SEMARNAP, 1997a. Programa de Apoyos para el Desarrollo de Plantaciones Forestales
Comerciales. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Distrito Federal,
México. 40 p. + anexo
8. Diario Oficial, 1997b. Acuerdo que establece los lineamientos para el otorgamiento de
subsidios destinados a promover el Desarrollo Forestal. Distrito Federal. Diario Oficial Jueves
3 de abril de 1997: 38 - 43
9. SEMARNAP, 1997b. Programa para el Desarrollo Forestal. Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca. Distrito Federal, México. 29 p. + anexo
10. SEDESOL, 1997. Programa Nacional de Reforestación 1997. Folleto. Secretaría de
Desarrollo Social. Distrito Federal. 17 p.
11. SAGAR, sin fecha. Alliance for Agriculture. Folleto. 16 p.
12. INIFAP, 1996. INIFAP PRODUCE. Boletín informativo. Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Distrito Federal, México. Año 1 No. 7. 8
p.
13. SARH, sin fecha. PROCAMPO. Folleto. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Distrito Federal. 15 p.
14. ACERCA, 1998. Página electrónica: http://acerca.gob.mx. Distrito Federal
27

28. 15. Clinton, William J. y Albert Gore, Jr. 1993. The Climate Change Action Plan. White House.
Washington, D.C. 31 p. + apéndices
6.2 Otra Literatura Consultada
1. Chargo Zamora, C. 1994. Manejo integral de la selva: una experiencia en Quintana Roo,
México. Tzapinco Año XVII No. 125. 3 p.
2. Gómez-Pompa, A., 1980. Renewable resources from the tropics en Enrique Campos-López.
Renewable Resources: A Systematic Approach. Academic Press p. 391 - 406
3. Gómez-Pompa, A. 1987. On Maya silviculture. Mexican Studies/Estudios Mexicanos 5(1):
1 - 17
4. Gómez-Pompa, A., sin fecha. Tropical deforestation and Maya silviculture: an ecological
paradox. Tulane Studies in Zoology and Botany 26: 1 - 37
5. Gómez-Pompa, A. y A. Kaus, 1987. The conservation of resources by traditional cultures in
the tropics. 18 p.
6. Gómez-Pompa, A., J. S. Flores y V. Sosa, 1987. The “Pet Kot”: A man-made tropical forest
of the Maya. Interciencia 12(1): 10 - 15.
7. Gómez-Pompa, A. y A. Kaus, 1989. Traditional management of tropical forest in Mexico.
Ponencia presentada en la conferencia Alternatives for Deforestation, Museo Goeldi, Belem,
Brasil. 19 p. + anexos
8. Gonzalez Martínez, Alfonso y Silvia del Amo Rodríguez, 1993. Foros de reflexión sobre la
problemática forestal. Memoria de las reuniones realizadas en Matías Romero, Oaxaca;
Palenque, Chiapas; Carrillo Puerto; Q. Roo y Melaque, Jalisco. Programa de Acción Forestal
Tropical. Distrito Federal, México. 60 .
9. Janka, H. 1997. Aspectos económicos de la actividad forestal. Ponencia presentada en la
Agenda Forestal de Quintana Roo, 11 al 15 de febrero de 1997. Chetumal, Quintana Roo. 10
p.
10. Madrid, S. 1993. Análisis social: la participación de grupos indígenas y no indígenas en
actividades forestales y de conservación. Obstáculos y oportunidades de los ejidos y
comunidades forestales en México (borrador). Consultoría para el Banco Mundial. 42 p.
11. PROAFT, sin fecha. Programa de Acción Forestal Tropical de México. Folleto. 24 p.
12. Ruíz González, R.G. 1996. Análisis de una nueva perspectiva legal y sustentable para los
bosques de México. Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho. Universidad
Autónoma de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. 196 p.
13. SEMARNAP, 1996. Estímulos para el Desarrollo de Plantaciones Forestales en México.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Distrito Federal, México. 19 p.
28

29. 14. SEMARNAP, 1997. Anteproyecto de reformas y adiciones a la Ley Forestal. Con el Comité
Nacional Forestal, Subcomité de Legislación y Normatividad, la Comisión de Silvicultura y
Recursos Hidraúlicos del Senado, y la Comisión de Bosques y Selvas de la Legislatura.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Distrito Federal, México. 48 p.
15. Snook, A. y J. Haggar, 1997. Design of agroforestry technologies for sustainable agriculture
in the forest buffer zone of southeast Mexico. Final report for the period January, 1995 to
December, 1996. ICRAF, Chetumal, Quintana Roo. 40 p
16. Taylor, P. 1997. Aspectos sociales de la organización del manejo forestal social. Ponencia
presentada en la Agenda Forestal de Quintana Roo, 11 al 15 de febrero de 1997. Chetumal,
Quintana Roo. 9 p.
17. Zabin, C., 1997. Aspectos socioeconómicos de la forestería comunal de Quintana Roo.
Ponencia presentada en la Agenda Forestal de Quintana Roo, 11 al 15 de febrero de 1997.
Chetumal, Quintana Roo. 12 p.
7. Personas Entrevistadas
1. Biol. Silvia de Amo Rodríguez, Directora, Programa de Acción Forestal Tropical
2. Zafar Assan, Administración para el Desarrollo de Ultramar de Inglaterra
3. Ing. Marcelo Carreón, Asesor Forestal, Organización de Ejidos Forestales de Quintana Roo
4. Lic. Delio Ricardo Carrillo Pérez, Director de Recursos Naturales y Coordinación Sectorial,
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Pesquera del Estado de
Campeche
5. Ing. Harím de la Cruz, Sub-secretaría de Desarrollo Rural, SAGAR
6. Biol. Javier Chavelas, Delegado Estatal del INIFAP para Quintana Roo
7. Ing. Alberto Escamilla Nava, Sub-delegado de Recursos Naturales para Campeche,
SEMARNAP
8. Ing. Andrés Falcón, Director Estatal para Quintana Roo, Programa para el Campo,
PROCAMPO, SAGAR
9. Norval E. Francis, Jr., Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios, Embajada
Americana, Distrito Federal, México
10. Ing. Juan M. Frausto Leyva, Coordinador Forestal, Programa para la Acción Forestal
Tropical
11. Hugo Alfredo Galletti Busi, Asesor Forestal, Unión Nacional de Organizaciones de Forestería
Comunal, A.C., Chetumal
12. Dr. Carlos Gay García, Coordinador para Cambio Climático, Instituto Nacional de Ecología
13. Dr. Jeremy Haggar, ICRAF, Chetumal, Quintana Roo
14. John H. Howell, Project Manager, Las Cuevas Project, The Natural History Museum,
Belmopan, Belize
15. Chung Hu-Hub, Sociedad de Pueblos Indígenas Forestales, Felipe Carrillo Puerto
16. Alfredo Huxín, Director Técnico, Tumben Cuxtal, S.C., Felipe Carrillo Puerto
17. Ing. Felipe Jiménez Durán, Director de Desarrollo Forestal, SEMARNAP
18. Ing. Manuel Layseca Torres, Coordinador, Programa de Plantaciones Forestales,
SEMARNAP
19. Armando Juárez Montoy, Ejido Nuevo Bocal, Campeche
29

30. 20. Ing. Rodolfo Labato, Asesor, GTZ
21. Ing. Juan Mauricio Leguisamo, Delegado Estatal para Quintana Roo, SEDESOL
22. Ing. Hugo Medrano Farfán, Coordinador General, Bosque Modelo de Calakmul, Campeche
23. Ing. Reyes Medrano, SEMARNAP
24. Presidente del Comisariado Ejidal, Ejido Alvaro Obregón, Zoh-Laguna, Campeche
25. Ing. Alejandro Noguez Hernández, Subdirector de Evaluación Sustentable, SEMARNAP
26. Ing. Alfredo Nolasco Morales, Sub-delegado de Recursos Naturales para Quintana Roo,
SEMARNAP
27. Dawn Robinson, Administración para el Desarrollo de Ultramar de Inglaterra
28. Dr. Carlos Rodríguez Franco, Director de la División Forestal, Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
29. Ing. Angel A. Rodríguez Pacheco
30. Elías Rodríguez, Ejido 20 de noviembre, Campeche
31. Médico Vet. Jorge Rojas, Director Ejecutivo, Fundación Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad, SEDESOL
32. Ing. Antonio Rojas, Sub-secretaría de Recursos Naturales, Delegación Estatal de Campeche,
SEMARNAP
33. Biol. Angel Roldán, Programa para la Acción Forestal Tropical
34. Ing. Raúl Roque, Programa Nacional de Reforestación, SEDESOL
35. Ing. Paulino Rosales, Dirección Forestal, Gobierno Estatal de Quintana Roo
36. Ing. Alfredo Ruíz, Sub-secretaría de Recursos Naturales, SEDESOL
37. Ing. Tomás Sánchez, Director de Asuntos Forestales, Delegación Estatal para Quintana Roo,
SEDESOL
38. Ing. Manuel de los Santos Valadez, Secretario Técnico, División Forestal, Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias
39. Kristal Schulz, Ecosur, Chetumal, Quintana Roo
40. Ing. Gerardo Segura, Secretario Técnico, Consejo Técnico Forestal Nacional, SEMARNAP
41. Jorge Sosa Romero, Director Técnico de UNOFOC
42. Ing. Ann Snook, ICRAF, Chetumal, Quintana Roo
43. León Sulub, Presidente, Tumben Cuxtal, S.C., Felipe Carrillo Puerto
44. Pedro Torres Pérez, Asociación Rural de Interesa Colectiva, Zoh-Laguna, Campeche
45. Leonardo Uc Chan, Presidente de UNOFOC
46. Alfonso Valdéz, Ejido Valentín Gómez, Campeche
47. Lic. Jorge de la Vega Domínguez, Coordinador Ejecutivo, Programa Nacional de
Reforestación, SEDESOL
48. Manuel Velásquez, Ejido Narciso Mendoza, Campeche
49. Ing. José María Zapata Esquival, Director, Dirección Forestal, Secretaría de Infraestructura,
Medio Ambiente y Pesca del Estado de Quintana Roo
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