El documento describe un proyecto de ley que ofrece incentivos para el retiro voluntario del personal de las universidades estatales, incluyendo bonificaciones monetarias y de salud. El personal elegible puede acceder a los beneficios si renuncia voluntariamente y cumple con los requisitos de edad y años de servicio. Las universidades financiarán los incentivos mediante préstamos y la creación de un fondo para aumentar las compensaciones.