1. Minería Informal en Madre de Dios: ¿La inspiración de “Avatar”, La Película?
Por: Ing. Andrés Felipe Ramírez R.
1. CONTEXTO
La Región de Madre de Dios ubicada al sur oriente del Perú, hace parte de la Amazonía
peruana y tiene como capital la ciudad de Puerto Maldonado; es un departamento
íntegramente selvático con una población aproximada de 180 mil habitantes. La región
cuenta con una gran cantidad de riquezas forestales, agrícolas y sobre todo mineras
destacándose la explotación del oro, el petróleo y el gas natural. Dichos recursos se
encuentran en abundancia, lo que naturalmente demandaría significativos recursos
económicos para garantizar una responsable explotación a través de compañías que
desarrollen operaciones con toda la rigurosidad ambiental y técnica, teniendo en cuenta la
alta sensibilidad de una zona en la cual fácilmente se podría generar un desequilibrio en el
ecosistema.
Consultando varias fuentes, he podido identificar que actualmente la mayoría de las
operaciones de extracción aurífera no cuentan con los mínimos estándares asociados a las
buenas prácticas para el desarrollo de ésta actividad. Además durante años se ha dado un
fenómeno creciente de invasión de tierras que hacen parte de zonas de amortiguamiento; es
decir zonas protegidas como reservas naturales o como reservas de propiedad de
comunidades nativas que vienen siendo ilegalmente ocupadas y explotadas.
Durante muchos años tales comunidades nativas por lo general se han dedicado a la
explotación de los recursos naturales de su propiedad, lo que consideran con razón y por ley
un legado de sus ancestros. Los procedimientos de explotación de recursos minerales por lo
general habían sido a nivel artesanal, de baja especialización y de baja intensidad con
mínima afectación al ecosistema.
Antes de darse el fenómeno que estamos analizando, en donde una gran migración de
colonos a la zona ha llegado tras la fiebre del oro, la presencia del estado y sus instituciones
ha sido por años prácticamente nulas fomentando el asentamiento de estos “invasores” que
con su capacidad económica creciente y en auge por los favorables precios internacionales
del mineral, han logrado por muchos años establecer un negocio informal y de gran
crecimiento sobre todo en las provincias de Manu y Tambopata en donde hasta el día de
hoy se ha venido desarrollando la mayor actividad en explotación aurífera.1
Según el ministerio de energía y minas y la dirección regional de energía y minas e
hidrocarburos de Madre de Dios, al año 2007 se registraron un poco más de 2.800
concesiones de las que sólo 16 tenían estudios de impacto ambiental; para ése mismo año
se había estimado que la producción podría estar por encima de las 25 toneladas incluyendo
lo que no se declara al gobierno que corresponde a una media del 40 por ciento del total de
la producción.2
Por lo visto se trata de un negocio de millones de dólares al año, sin embargo según el
ministerio de energía y minas el canon minero para el 2008 en el departamento de Madre de
Dios se estima nada más en 50 mil soles, lo cual no guarda ninguna relación con el valor de
1
Minería Aurífera en el departamento de Madre de Dios – MINEM (PDF)
2
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19/9388

2. la producción aurífera real evidenciando que prácticamente casi toda la producción aurífera
no aporta los impuestos correspondientes al estado.
El análisis de estas cifras resulta suficiente para estimar la magnitud de la informalidad en
las operaciones extractivas y comerciales que también se podrían estar dando al margen de
la ley.
Otra fuente del ministerio energía y minas revela que recientemente se han presentado
alrededor de 500 estudios ambientales para ser evaluados y aprobados, sin embargo para el
año 2010 la dirección regional de energía y minas e hidrocarburos de madre de dios
solamente otorgó 62 certificaciones ambientales para la operación de nuevos proyectos
mineros, por lo visto la aprobación de nuevas licencias mineras por parte del estado va
mucho más lento que el ritmo al cual se están solicitando tales permisos, esto puede ser
tomado como evidencia de la ineficiencia y baja capacidad de respuesta del estado
fomentando un ambiente de corrupción e incertidumbre que promueve la ilegalidad y la
informalidad, la cual hoy se extiende a casi toda las actividades económicas que se realizan
en la zona.3
Si bien hemos analizado cifras recientes, este fenómeno se viene presentando hace poco
más de 20 años; tiempo suficiente para cambiar la cara de una región que por años fue
reconocida como la capital de la biodiversidad. Hoy por hoy los daños a nivel ambiental son
prácticamente irreparables y en su mayoría de alto costo o difícilmente remediables; a esta
crisis ambiental se suma la usurpación de las tierras y el desplazamiento de la población
nativa que hoy se ve obligada en su mayoría a vivir en medio de un paisaje adornado por
dragas, retroexcavadoras, camionetas y camiones cargando combustible y lodo de un lugar
a otro.
La vida del minero colono o del minero nativo en Madre de Dios, se desarrolla alrededor de
la pobreza, el desorden, la violencia y el caos. El impacto en la contaminación ha pasado de
la selva a la ciudad; prueba de ello es que más del 78% de los habitantes en Puerto
Maldonado tienen niveles de mercurio en la sangre por encima de los límites permisibles
expandiéndose a través de los peces y los alimentos en el mercado. Para poder extraer un
kilo de oro se necesitan en promedio 2.8 kilos de mercurio. Según el instituto de
investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) se han vertido más de sesenta y siete mil
kilos de mercurio en los ríos de Madre de Dios.4
Todo este escenario es muestra de cómo el gobierno y el estado han sido por muchos años
ajenos a ésta problemática y aun así los distintos ministerios durante éste tiempo han
otorgado derechos simultáneos en un mismo predio a los madereros, a los agricultores, y a
los extractores de oro; provocando superposiciones en los intereses y mayores trabas
burocráticas, administrativas y legales que han derivado en innumerables conflictos sociales
originados por la posesión y explotación de terrenos auríferos en donde los comuneros
nativos aducen derechos de posesión y obligan a los mineros informales al pago de regalías
para permitirles trabajar, generando enfrentamientos y represalias violentas en caso de que
no se den sus condiciones; todo ello en perjuicio el desarrollo social y económico de la
región.
Tardíamente el estado ha querido intervenir en medio de un problema socio ambiental que
ha pasado a ser de alta complejidad, a través de la expedición de un decreto para buscar
ordenar y formalizar la minería artesanal; sin embargo ésta medida no ha tenido mayor
3
MINEM
4
Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project (CAMEP) - http://www.actualidadambiental.pe/?p=18314

3. efecto ya que para su expedición ni siquiera contó con la consulta de los actores sociales y
económicos involucrados.
PROPUESTA DEL ANÁLISIS:
Siendo la minería informal en la región de Madre de Dios un problema socio-ambiental
altamente complejo, tal vez se requieran mayores fuentes para ahondar en el análisis; sin
embargo resulta igualmente válido llegar a una conclusión preliminar de lo que puede ser
una propuesta de solución y salida al conflicto.
Primero se debe tener en cuenta que son muchos los años en los que se ha venido
desarrollando tal actividad en la zona, por lo que la ley literalmente traducida y aplicada a la
práctica no surtiría ningún efecto más allá del enfrentamiento y las acciones violentas de una
comunidad que ve vulnerados sus derechos y de un puñado de pequeños “empresarios” que
han logrado mantener o desarrollar un negocio informal y que en muchos casos opera al
margen de la ley, pero que garantiza el sustento de quienes dependen de él.
Así entonces podemos identificar sin mayor problema a tres actores parte de este conflicto:
El Estado, La Comunidad Campesina o Nativa y Los Mineros Informales.
Como por años la presencia y función del estado y sus instituciones en la región han estado
al margen del control de los hechos reales que este fenómeno ha producido, lo primero que
debe hacer es empezar a redactar una política pública de integración que sirva como
catalizador de los intereses de toda las partes involucradas.
No basta sólo con legislar y prohibir, sino que cada institución del estado debe hacer lo que
le corresponde de acuerdo a sus competencias, con un enfoque y un plan dirigido a esta
problemática en particular.
Indefectiblemente el estado tiene que comenzar a hacer sentir su presencia y pie de fuerza
en el manejo de ésta situación y para ello debe actuar a través de todos los mecanismos
que por ley existen ejerciendo un control participativo entre los actores del conflicto y sus
intereses, buscando hacer un filtro que priorice lo que es importante implementar al corto
plazo, y desestime lo que por ley no corresponde, buscando equilibrar las opiniones y los
intereses entre cada una de las partes.
La función del estado debe estar orientada al diálogo, asimilando y entendiendo que por
años ha existido una resistencia a la legalidad y a la formalización con el fin de evitar la
fiscalización. Por lo tanto las instituciones deben tener una actitud que trascienda de la
represión hacia la integración y el fomento de la participación que permita generar un
ambiente de confianza sin deslegitimar el principio de autoridad. Pienso que ésta situación
puede ser posible dentro de un marco de transparencia en donde se simplifiquen vicios
administrativos y burocráticos que permitan establecer reglas de juego claras.
Es importante además que la autoridad tributaria desarrolle un proyecto de formalización por
etapas y que cada una de estas etapas puedan ser monitoreadas y fiscalizadas a través de
las ONG’S que correspondan y aquellas entidades e instituciones internacionales dispuestas
para ello.
El problema al día de hoy es tan complejo que se cree que ha acaparado todos los frentes
del estado, por lo que resulta realmente importante que las empresas que actualmente son
formales o que tienen intención de formalizarse, no sólo mantengan su iniciativa sino que

4. apoyen a las iniciativas del gobierno en la generación de nuevas estrategias para la
formalización del empleo y el desarrollo sostenible social y económico de la región.
Debemos también tener en cuenta que prácticamente para todos los casos, el desorden y la
informalidad son promotores de mafias internas y de grupos al margen de la ley que buscan
el favorecimiento de intereses económicos particulares, y que como último recurso buscarán
salidas negociadas al conflicto promoviendo acciones violentas y enfrentamientos para crear
cortinas de humo ante la salida negociada.
La intervención de la fuerza pública es fundamental en la persecución de aquellas
organizaciones delictivas y en el desmantelamiento sistemático y estratégico de sus
operaciones, adoptando las medidas necesarias para frenar el lavado de activos haciendo el
seguimiento respectivo a los flujos de dinero.
En medio de un conflicto social de ésta complejidad, la política del estado deberá estar
direccionada hacia la protección de los ciudadanos, en base a la constitución nacional y los
tratados internacionales de derechos humanos; por tanto una política de protección a la
población se debe complementar con políticas sociales que busquen disminuir la
desigualdad y la brecha social.
Todo lo mencionado puede parecer utópico si es que analizamos la realidad social y la
debilidad actual de las instituciones del estado, sin embargo no se trata de ser un país
desarrollado de la noche a la mañana, sino que siendo conscientes de nuestras debilidades
trabajemos sistemáticamente para fortalecerlas.