El documento resume las denuncias presentadas por organizaciones ambientales y sociales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los impactos negativos de la expansión de la soja transgénica y la agricultura industrial en Paraguay y América Latina. Afirman que esta expansión ha generado desplazamientos forzados de comunidades campesinas e indígenas, deteriorado su salud y aumentado la pobreza rural. También denuncian la concentración del mercado de semillas y agrotóxicos por parte de corporaciones como Monsanto y
"Cien Días vistos por Cinep n.° 93: el campo de la paz"
Boletín N° 542 de la RALLT. Especial sobre Derechos Humanos
1. Boletín N° 542 de la RALLT. Especial sobre Derechos Humanos
RALLT y Alianza por la Biodiversidad elaboraron informe sobre la
relación a los derechos humanos y la expansión de la soja en
Paraguay / Agricultura con transgénicos acapara territorios y genera
pobreza rural, denuncian a la CIDH / Campesinos latinoamericanos
reclaman ante la CIDH. Red por una América Latina Libre de
Transgénicos
RED POR UNA AMÉRICA LATINA LIBRE DE TRANSGÉNICOS
BOLETÍN
542 Contenido
HUMANOS
ESPECIAL
SOBRE
DERECHOS
RALLT y Alianza por la Biodiversidad elaboraron informe sobre la
relación a los derechos humanos y la expansión de la soja en
Paraguay
Agricultura con transgénicos acapara territorios y genera pobreza
rural, denuncian a la CIDH
Campesinos latinoamericanos reclaman ante la CIDH
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RALLT y Alianza por la Biodiversidad elaboraron informe sobre
la relación a los derechos humanos y la expansión de la soja
en Paraguay
La Red por una América Latina Libre de Transgénicos y la Alianza por
la Biodiversidad preocupados por las constantes denuncias sobre la
violación a los derechos humanos en Paraguay, muchos de los cuales
están relacionados con la expansión de los monocultivos de soja
transgénica en el país, realizó una misión de verificación
internacional.
2. El informe se basó en la revisión bibliográfica sobre esta
problemática, y en una gira de verificación llevada a cabo el día 19 de
octubre del 2013, en el Guayaibí, Departamento de San Pedro.
Paraguay ocupa el 6º lugar en producción de soja y el 4º como
exportador a nivel mundial. Según datos de la Dirección de
Estadísticas y Censos (DGEEC), en el 2007 la pobreza extrema en el
campo creció hasta un 24,4%, lo que supone un 4% más que en
2005. Además, el 10,6% de la población rural se encuentra en la
franja de pobres no extremos, un 5% menos que en el 2005.El
incremento de la producción de soja ha significado también la
sustitución de cultivos alimenticios de los que depende la soberanía
alimentaria del pueblo por la producción de un cultivo de exportación
que beneficia a unos pocos, la mayoría de ellos, no paraguayos; y la
desaparición de su bosque nativo y las áreas protegidas donde moran
comunidades indígenas.
El día El día 19 de octubre de 2013, una delegación internacional de
México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina,
Brasil y el Estado Español realizamos una visita de verificación sobre
los impactos de la soja en el Departamento de San Pedro.
Durante el mes de octubre empieza a prepararse la tierra para la
siembra. A lo largo del recorrido desde Asunción hasta San Pedro se
observa la tierra tratada con herbicidas, que presenta un color rojizo,
lo que da cuenta del mal estado de la salud del suelo, luego de tantos
tratamientos con herbicidas y otros agrotóxicos.
En medio del suelo quemado, en algunos lugares empiezan a crecer
matas de soja o maíz transgénico resistente a glifosato.
En estas zonas es muy difícil observar árboles, con excepción de los
eucaliptos que han sido plantados para la producción de celulosa, lo
que dañará aun más las condiciones del suelo.
La presencia de Cargill es muy fuerte, hasta el extremo que forma
parte del paisaje de la región. En el recorrido pudimos ver silos,
camiones y señalización de la empresa hasta el extremo de que nos
dio la impresión de que este fuera un territorio tomado por la
empresa.
En el paisaje sobresale de manera más directa la presencia de
Monsanto. En los futuros campos de maíz se aprecian letreros
DKB390, un maíz de Monsanto diseñado para climas tropicales. De
acuerdo a los testimonios que nos ofrecieron pobladores de la zona,
el maíz está creciendo en zonas donde antes se sombraba sólo soja,
y las fincas de los productores sirven como sitios demostrativos de
los maíces de la empresa. De esta forma, la empresa consigue
expandir su influencia en los campos paraguayos.
3. Una vez llegados a la comunidad, sus integrantes nos recibieron y los
primeros habitantes nos narraron la historia de cómo se conformó la
comunidad, de cómo ellos han sido fuertemente golpeados por la
represión, el cambio climático y la soja.
Del territorio original, el 80% está ahora ocupado por la soja, y sus
propietarios son todos brasileños.
La comunidad se ha organizado para tener un pedazo de bosque. El
bosque es muy importante para todos, pues de ahí se proveen de
leña para hacer carbón. Usan únicamente las ramas secas para no
acabar con los árboles. De la misma manera, se proveen de plantas
medicinales y de frutos.
Itatí , una de las jóvenes que estudia en un centro de estudios
agroambientales, que es gestionado por la propia gente de la
comunidad, conoce el nombre de todos los frutos comestibles y las
plantas medicinales de la zona. Tiene conocimientos sobre su uso, la
época de fructificación, cuándo están listos para ser comidos, y
muchas cosas más.
Pero este bosque está en peligro, pues está siendo rodeado por
plantaciones de soja. Algunos miembros de la comunidad han
arrendado o vendido la tierra al productor sojero brasileño. En
algunos casos les ofrece trabajo (temporal); en otros, ingresos
seguros a través del arrendamiento de la tierra.
Pero en el caso de la madre de Itatí, la historia es diferente. Con ella
están usando un sistema de hostigamiento. Ella vive en el límite de la
plantación de soja, y ella y su familia reciben todos los químicos que
se usan ahí. También se afectan sus cultivos. La yuca se le seca, así
como el maíz y otros productos.
Su vaca tuvo un ternero que le nació enfermo. Ese es un efecto muy
común entre los animales expuestos al glifosato.
Luego de repetidas quejas, los empleados de los brasileños
empezaron a fumigar a partir de las 3 AM. Pero de todos modos, los
tóxicos les llegan. Para minimizar el efecto de los químicos, ella puso
una barrera de árboles, de unos 10 metros, entre su terreno de 5 has
y la plantación de soja, pero los empleados del sojero quemaron un
sector del cerco, y ahora tiene que esperar que la vegetación vuelva
a crecer.
El hermano de Itatí, un niño de cinco años y su amigo nos enseñaron
su piel, llena de granos. Su papá también se queja pues ya no puede
trabajar como antes, porque se siente débil desde que llegó la soja.
Caminamos a la largo del límite entre las dos propiedades hasta
llegar a la plantación de soja. El suelo estaba quemado, pues habían
fumigado ocho días atrás. Cuando el sol brillaba con más fuerza, se
4. levantó un fuerte olor a agrotóxicos, comenzaron a ardernos los ojos,
a picarnos la cara y uno de los compañeros sufrió inicios de asma.
En el campo de soja se veían los primeros brotes de soja, pero
también observamos algunas hierbas invasivas (mal llamadas
malezas), que habían sobrevivido al glifosato. ¡Habían surgido las
primeras super - malezas!
Luego del recorrido de campo, y de la revisión bibliográfica sobre los
impactos de la expansión de los cultivos de soja en Paraguay, se
obtuvieron las siguientes conclusiones del informe:
1. Existe una fuerte relación entre la violación a los derechos
humanos de las poblaciones indígenas y campesinas asentadas en la
zona de expansión de la soja transgénica en Paraguay.
2.
Estas
violaciones
incluyen
desplazamientos
forzados,
criminalización y atemorización de las poblaciones locales y se les
niega el derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación sana y a
un ambiente libre de contaminación.
3. Muchas de las plantaciones están en manos de extranjeros,
especialmente brasileños, que han ocupado tierras de comunidades
indígenas y campesinas.
4. Estos desplazamiento constituyen además una violación al derecho
a la alimentación, pues las zonas antes dedicadas a la producción de
alimentos están dedicadas hoy a la producción de soja, lo que debilita
la soberanía alimentaria de la población.
5. Además la expansión de las plantaciones de soja transgénica ha
destruido otras fuentes base de sobrevivencia de muchas
comunidades rurales, porque estas plantaciones se han expandido
sobre bosques y otros ecosistemas naturales que proveen bienes y
servicios a las comunidades.
6. Las fumigaciones constantes, que son parte del paquete
tecnológico con el que se siembra la soja transgénica, han
deteriorado el estado de salud de la población que está en la zona de
influencia de los cultivos de soja
7. Existe un grupo pequeñas de empresas (en su mayoría
extranjeras) que se ha beneficiado de la expansión de la soja
transgénica en Paraguay, especialmente Cargill y Monsanto.
El informe completo puede ser bajado de
www.rallt.org
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Agricultura con transgénicos acapara territorios y genera
pobreza rural, denuncian a la CIDH
5. Afirman que Monsanto, con una participación del 90 por ciento del
negocio, está provocando la indigencia en el campesinado de América
Latina
Por Giannina Parrado - La Gran Época
9 Nov 2013
ROSARIO, Argentina - Organizaciones ambientales y sociales de
Argentina plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) la preocupante situación de pobreza e indigencia de
las comunidades campesinas de América Latina debido a la ya
conocida industria de transgénicos y agroquímicos que está
acaparando los territorios.
La audiencia tuvo lugar en Washington, Estados Unidos, en el marco
del período ordinario de sesiones de la CIDH a fines de octubre y
contó con la participación de la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo CLOC-Vía Campesina y el Centro de
Estudios Legales y Sociales CELS, comunicó dicha organización.
La presentación estuvo acompañada de un informe en el que se
describen los obstáculos para el goce efectivo de los derechos
económicos, sociales y culturales por parte de las y los campesinos
en América Latina, con especial énfasis en los derechos a la
alimentación y al territorio; la situación particular de las mujeres
campesinas; y la persecución y criminalización de la lucha campesina.
Dichas organizaciones reclamaron que la agricultura industrial, al
instaurarse como nuevo modelo tecnológico que impulsan las
corporaciones transnacionales, basado en el uso de semillas
transgénicas, además de grandes cantidades de agrotóxicos y
maquinarias, tienen por principal objetivo el lucro. Esto se da a partir
de la mercantilización de los alimentos, y su incorporación a las
dinámicas especulativas de los mercados financieros.
Entre los datos presentados, destacaron que la concentración del
mercado global de alimentos e insumos utilizados en la cadena
agroindustrial es casi total: Monsanto controla el 90% del mercado
mundial de semillas transgénicas y el 27% del mercado mundial de
semillas y, junto con otras diez corporaciones, más del 90% del
mercado mundial de agroquímicos, ligados indisolublemente al uso de
semillas transgénicas.
CELS afirmó además, que a esta comercializadora se suman ADM,
Bunge, Cargill y Dreyfus,controlando el 90% del comercio mundial de
granos. Este modelo en el cual los alimentos se constituyen en
mercancías sujetas a la especulación del mercado financiero,
constituye una de las causas del hambre en el mundo, y a su vez la
principal amenaza para las comunidades campesinas. Estas
corporaciones, poseen una fuerte capacidad de lobby sobre los
6. Estados logrando en muchos casos que las políticas agropecuarias
están orientadas a maximizar sus oportunidades más que al apoyo a
los agricultores y campesinos para el desarrollo rural.
Acaparamiento de tierras
Las organizaciones calificaron de plano a este tipo de agricultura y
sus derivaciones, como “agronegocios”, y advierten que avanzan
sobre territorios y comunidades campesinas, provocando una tensión
entre dos modelos: el modelo de agricultura Industrial y el de la
agricultura campesina.
Se informó a la Comisión, además, que en muchos casos esa fricción
se resuelve vulnerando derechos de las comunidades campesinas,
desembocando en una disputa dentro de los territorios locales.
En este sentido alegaron que tal acaparamiento de tierras por parte
de estas empresas y grupos de negocios provoca el famoso éxodo
rural de las familias campesinas, pero que además coloca esas tierras
en función del mercado global y debilita los mercados locales de
alimentos.
A la par, afirmaron que los niveles de pobreza e indigencia persisten
en la problemática campesina debido a la falencia en el sistema de
políticas económicas de los Estados y que las crisis de abastecimiento
de alimentos y económicas tienen un impacto diferenciado en las
poblaciones rurales.
Esta desigual correlación de fuerzas se materializa en una situación
cada vez más desfavorable para las comunidades campesinas pero
también para los pueblos en su conjunto, atento a que cada vez se
alimentan peor a mayores costos, concluyeron los especialistas.
El nuevo modelo industrial afecta a millones de campesinos
El CELS enfatizó que las comunidades campesinas son un grupo
poblacional de especial relevancia en América Latina y el Caribe.
En sus declaraciones, recordaron que actualmente, de los 595
millones de personas que habitan esta región, el 20,5% viven en
zonas rurales, lo cual significa que, a pesar de la migración de los
habitantes rurales a los centros urbanos que se ha profundizado en
los últimos 30 años, dichas poblaciones continúan teniendo una
fuerte presencia dentro de los países de la región.
La agricultura campesina ocupa a nivel global el 25% de las tierras
arables con lo que logra alimentar al 70% de la población Mundial,
informó CELS.
La no intervención estatal dentro de esta problemática es un
disparador dentro de la actual crisis alimentaria global y que se
manifiesta, según informaron los expertos, en aproximadamente
1000 millones de personas mal nutridas y 500 millones de obesos.
7. En su manifiesto ante el comisionado se remitieron, asimismo, a las
conclusiones del Fondo Internacional para el Desarrollo de la
Agricultura (Fida) sobre pobreza, según la cual a 2010 la pobreza en
las zonas rurales de América Latina y el Caribe era el doble de la que
se presenta en los centros urbanos, y el coeficiente de Gini global
demuestra que la región es “líder mundial en la desigualdad de
ingresos”.
Las organizaciones peticionantes expusieron que este tipo de
problemáticas, si bien han sido una constante en la historia de las
comunidades rurales, se profundizaron en la última década.
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Campesinos latinoamericanos reclaman ante la CIDH
Por: Alejandro Rebossio | 09 de noviembre de 2013
Casi no apareció en los grandes medios de comunicación, pero el
pasado 29 de octubre la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo (CLOC)-Vía Campesina (VC), que nuclea a
84 colectivos de 18 países de la región, compareció en Washington
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
denunciar la violación de derechos económicos, sociales y culturales
del campesinado. Con el apoyo del argentino Centro de Estudios
Legales Sociales, los líderes de CLOC-VC plantearon sobre los
problemas para mantener la alimentación y el territorio de los
pequeños agricultores, la discriminación de las mujeres en las zonas
rurales la persecución y criminalización de la lucha campesina.
La CLOC-VC presentó a la CIDH un informe que denuncia la pobreza
rural más que duplica la urbana en Latinoamérica. El 20,5% de los
595 millones de habitantes de la región vive en el campo. En el
mundo, el 80% de los que sufren hambre y el 75% de los que
padecen la extrema pobreza residen en zonas rurales, pero en
América Latina las cifras son aún mayores. La pobreza rural asciende
al 60,8% en México, el 70,5% en Guatemala, el 65,4% en Honduras,
el 67,9% en Nicaragua, el 46,5% en El Salvador, el 59,8% en
Panamá, el 50,3% en Colombia, el 57,5% en Ecuador, el 54,2% en
Perú, el 77,3% en Bolivia, el 49,8% en Paraguay y solo el 6,2% en
Uruguay, según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la
Agricultura. La lucha campesina ha vuelto a ser noticia este año en
países como Colombia o Paraguay. En particular, los agricultores
advirtieron en Washington que en Brasil se planean usar 70 millones
de hectáreas para cultivos que sirvan para elaborar biocombustibles y
que en Guatemala la producción de maíz nativo se redujo el 15,7%
entre 1990 y 2004.
Los campesinos atribuyeron las violaciones a sus derechos a la acción
de las multinacionales y al modelo de “agricultura industrial que
8. promueven por medio de la presión, el lobby y la violencia, patrones
comunes en el continente”. En concreto, ellos sostienen que los
pequeños agricultores son desplazados de sus tierras por grandes y
medianos terratenientes locales o extranjeros que usan las semillas,
los fertilizantes y demás agroquímicos provistos por las empresas
foráneas para producir con destino a la exportación, en lugar del
autoabastecimiento familiar. La CLOC-VC denunció el “acaparamiento
de tierras y agua y la apropiación ilegítima de semillas por parte de
las corporaciones” y alteró que estos fenómenos traen como
consecuencia el éxodo rural y el trabajo esclavo en grandes
plantaciones, entre otros efectos. También advirtió sobre la
extranjerización y la privatización de terrenos, recursos hídricos y
semilla y la contaminación con “agrotóxicos”. En la periferia de
Córdoba (Argentina), en la localidad de Malvinas Argentinas,
ecologistas llevan un mes y medio bloqueando el acceso a un predio
donde la norteamericana Monsanto estaba construyendo una planta
de acondicionamiento de semillas de maíz como modo de protesta
contra la agricultura transgénica.
Campesino
“Nos preocupa la conflictividad a partir del desarrollo de las políticas
de privatización que hubo y que hay en nuestro país, por los tratados
comerciales, por las concesiones mineras, por las concesiones
petroleras y las concesiones de hidroeléctricas”, planteó la situación
de Guatemala, similar a la de otros rincones de la región, el
coordinador general del Comité de Unidad Campesina guatemalteca,
Daniel Pascual, que además integra la Convergencia Nacional Maya
Waqib Kej. “El acaparamiento de la tierra para cultivar palma y caña
para agrocombustibles está llevando a una reconcentración de la
tierra y a partir de eso se ha dado una serie de violaciones de
derechos humanos, individuales y colectivos que tienen que ver con
la violación al derecho a ser consultados para estas políticas. Hay una
imposición de las empresas en territorios de pueblos indígenas.
Estamos hablando de más de 300 licencias de explotaciones mineras
entre exploración y explotación, 119 licencias para proyectos
hidroeléctricos y recientemente la creciente criminalización de
dirigentes y líderes comunitarios. Toda esa criminalización de los
defensores de los derechos humanos pasa a manos de los juzgados,
en donde giran órdenes de captura, y cuando éstos no lo logran, el
organismo ejecutivo se encarga de hacer estados de sitio, que anulan
formalmente y de hecho las diferentes garantías constitucionales”,
continuó Pascual.
“Esto ha llevado también a niveles de asesinatos, amenazas,
desapariciones y secuestros, como fue el caso de la comunidad
indígena Santa María Xalapán”, puntualizó el líder campesino
guatemalteco. “Esta persecución no es solo penal sino (también) por
parte de las empresas privadas de seguridad. Hay algunos casos que
9. están siendo procesados en los tribunales. Incluso ya hay penas en
contra de jefes de guardias privados de seguridad”, añadió Pascual,
que se quejó además de periodistas y columnistas de medios de
comunicación que tachan a la lucha campesina de terrorista.
En línea con la denuncia de criminalización, el pasado jueves un juez
de Clorinda, en la provincia norteña de Formosa, Santos Garzón,
procesó a tres miembros de la comunidad indígena qom Potae
Napocna Navogoh y a su líder, Félix Díaz, por supuesta "resistencia a
la autoridad y robo de armas" en la mañana del 23 de noviembre de
2010, antes de producirse la represión policial entre familias qom,
que terminó con la muerte de un campesino y un uniformado. "En
estos momentos estamos acusados en tres causas: por usurpación de
nuestro territorio, por atentado a la autoridad a mano armada, por
robo de armas, por lesiones graves y leves, por instigación a cometer
delitos e incluso por abuso sexual y homicidio. Nos acusan de todos
estos cargos falsos, pero no hay ni un policía, ni un gendarme, ni un
funcionario provincial imputado en alguna causa. Tampoco hay
pruebas contra nosotros, no las hay pues son inventadas. Somos
gente pacífica y de bien. Estamos siendo perseguidos por la provincia
de Formosa y sus aliados por atrevernos a denunciar los delitos
provinciales. Por eso están intentando criminalizarnos hasta
destruirnos", adviritió la comunidad qom que dirige Díaz, que en los
últimos años se ha convertido en un líder indígena de referencia
nacional en Argentina.
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RALLT