El rechazo de Hidroaysén, uno de los proyectos más conflictivos en materia energético-ambiental de los últimos años, se presenta como un cambio de folio en materia ambiental en nuestro país. Pese a constituir un avance del movimiento socioambiental –el cual se organizó y movilizó por años para revocar este proyecto de inversión extranjera-, esta decisión no responde al nuevo ciclo político propuesto por la coalición de gobierno, ni mucho menos responde a la sociabilización de la política ambiental y energética que ponga los derechos sociales por sobre el mercado.

1. Chile “Política energético-ambiental del ¿nuevo ciclo?”
11 de junio de 2014
El rechazo de Hidroaysén, uno de los proyectos más conflictivos en
materia energético-ambiental de los últimos años, se presenta como
un cambio de folio en materia ambiental en nuestro país. Pese a
constituir un avance del movimiento socioambiental –el cual se
organizó y movilizó por años para revocar este proyecto de inversión
extranjera-, esta decisión no responde al nuevo ciclo político
propuesto por la coalición de gobierno, ni mucho menos responde a la
sociabilización de la política ambiental y energética que ponga los
derechos sociales por sobre el mercado.
Por Max Ferrer (presidente Centro de Estudiantes de
Ingeniería, UCH) y Patricia González (licenciada en
Antropología Social, UCH)
El desconcierto
Continuidad política: Gobernabilidad y desarrollo privado
La apuesta del segundo gobierno de Bachelet de incorporar las
demandas de los movimientos sociales en su discurso e – incluso- en
sus propuestas prioritarias, es una expresión de una vieja receta
aplicada por la política de la transición: mayor gobernabilidad para
continuar con un modelo acuñado para los empresarios y los más

2. ricos del país. En materia ambiental, esta receta se identifica desde
los años noventa: las promesas de campaña de Aylwin hacia el
mundo ambientalista e indígena junto a la creación de una
institucionalidad ambiental (CONAMA) como traje a la medida de los
empresarios forestales y de pesca industrial; la “Doctrina Frei”
expresada en las numerosas aprobaciones de proyectos de inversión
“pro desarrollo” legitimadas por la débil institucionalidad ambiental de
la CONAMA y SEIA; la creación del INDH en paralelo a la aprobación
de Pascualama y la aprobación del ducto de CELCO en Mehuin como
“única alternativa posible”; el “acuerdo de Chagual” pro energía
nuclear con la venia de algunas ONGs ambientalistas, la aprobación
de 42 hidroeléctricas y la apertura al mercado energético del carbón y
las termoeléctricas en el primer gobierno de la actual presidenta; y
por último, el llamado telefónico de Piñera que detuvo Barrancones
en el marco de conflictos y malestar social en regiones.
Segundo gobierno de Bachelet
Ahora bien, el inicio del segundo gobierno de Bachelet ha estado
marcado por una serie de medidas prioritarias –las llamadas 50
medidas en los primeros 100 días de gobierno- que buscan dar
cumplimiento al programa de la Nueva Mayoría. Hace pocos días, la
agenda ambiental tuvo particular protagonismo al declararse la
creación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)
como fortalecimiento a la incipiente cartera. Sin embargo, este
anuncio se realiza en un momento crítico para los movimientos
ambientales: la llegada de la gran minería a las cuencas que albergan
las ciudades más pobladas del país (CODELCO-Andina 244) y la
multiplicación de zonas de sacrificio en las regiones con mayor
desigualdad en la distribución de su riqueza (zona norte del país).
Esta doble agenda del gobierno retrata la profundización de la
economía extractivista como modelo de desarrollo en paralelo al
avance de institucionalidad de rescate socioambiental mandatada por
la OCDE. En este marco, la balanza de los primeros días de este
gobierno se inclina hacia la primera agenda, al continuar con la
expansión de la megaminería bajo criterios de mercado para su

3. instalación geográfica y consumo energético para su funcionamiento.
El reciente proyecto de ley que promoverá la generación de Energías
Renovables No convencionales (ERNC) entre un 20 y 25%, llegando
hasta un 40-50% de la generación de energía eléctrica del sistema
central en los próximos años, es una muestra de la regulación de este
mercado de parte del Estado. Sin embargo, esta iniciativa no
contempla la regulación del mercado del consumo de energía –en el
cual la megamineria ocupa el asiento de primera fila-, orientado a
crecer en forma exponencial debido al precio internacional del cobre y
su creciente demanda.
Pese a ser un avance del movimiento socioambiental, el rechazo de
Hidroaysén -decidido por el comité de ministros- otorga mayor
gobernabilidad a la agenda extractivista del gobierno, poniendo el
acento en el lugar menos incómodo y concibiéndolo como un
agregado más del debate energético-ambiental que, actualmente,
atraviesa nuestro país. La continuidad del rol subsidiario del estado
en esta materia, de subsidio a la demanda energética de la industria,
presenta la regulación de una parte del mercado de generación de
energía, pero no contempla una regulación al mercado que
mayormente demanda energía, profundizando una lógica de
acumulación y crecimiento insostenible en el tiempo.
Autonomía política y desafíos en lo socioambiental
Por esta razón, la idea de un estado más fuerte y democrático, que
otorgue un plan energético -y no simple salvavidas a la industria- es
necesaria para alcanzar cierto equilibrio en esta área clave para el
desarrollo de cualquier país. Sin embargo, esto no se puede pensar ni
realizar en la medida de lo posible. Debe existir una clara voluntad
del gobierno y, por sobre todo, autonomía política del movimiento
ambiental que permita plantear este desafío en términos de derechos
sociales que expulsen lógica de mercado.
Actualmente, el gobierno de la presidenta Bachelet tiene la
oportunidad de realizar este giro concibiendo la problemática
energético-ambiental como un sistema, estrechando conocimiento y

4. democracia. La creación de Centros de Formación Técnica (CFTs) de
carácter estatal al alero de universidades públicas regionales –uno de
los puntos de avance de la agenda del movimiento estudiantil- se
presenta como una oportunidad de generar conocimiento para el
desarrollo regional en diálogo con una política y plan energético
nacional. Para ello, se necesita más regulación, pero por sobre todo,
se necesita dejar atrás el lastre de la transición para abrir las puertas
de un nuevo ciclo político que nos permita alcanzar mayor soberanía
en nuestras vidas.
La invitación que nos deja el rechazo de Hidroaysén, es pasar de los
excesos ambientales –como este tipo de alunizaje de monstruos
energéticos en zonas de sacrificio- a la discusión central sobre cómo
se alimenta este sistema brutalmente desigual y dependiente, que
deshumaniza la forma de vida de miles de personas. Por lo visto, la
única receta para ello no se encuentra en los comités técnico-
políticos, en soluciones verdes-regulatorias, en tratados OCDE, en un
llamado telefónico del ejecutivo ni en las transacciones de campañas
electorales, sino que en la capacidad de organización, movilización y
autonomía política del movimiento socioambiental.
Chile: ¿Para quién es la energía que se quiere producir a costa
de la destrucción de territorios?
11 de junio de 2014
Se viene señalando desde algunos sectores políticos que Chile es uno
de los países con los precios más altos por la electricidad, tanto de

5. Latinoamérica como del mundo, atribuyéndolo siempre a la natural
escasez de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural o
la ocurrencia de años secos.
Por otro lado se viene hablando de crisis energética, de un problema
de estado y se endosa a la población el temor que habrá escasez y
aumentarán los precios.
Recientemente el ministro de energía Máximo Pacheco señaló a
medios de prensa que con el rechazo a Hidroaysen no significa que se
esté en contra de centrales hidroeléctricas, que Chile es un País rico
en ríos y que es una política de estado sus intervenciones para
asegurar el abastecimiento.
Se levantan una serie de cortinas con información manipulada que
solo buscan engañar a la opinión pública frente a temas de fondo,
estructurales y que involucra las soberanías territoriales y los
derechos de agua de los pueblos en Chile frente al fomento de un
lucro y modelo neoliberal expansionista.
El negocio de la generación eléctrica en Chile es un mercado libre, y
su comercialización es través de contratos bilaterales entre las
empresas generadoras que retiran electricidad de los sistemas
interconectados con los clientes libres o las empresas distribuidoras.
El precio final para el consumidor queda determinado por el precio
establecido en dichos contratos, más el valor por los servicios de
transmisión y distribución de la electricidad. Su marco regulatorio es
el que permite que en Chile existan altas tarifas para la ciudadanía.
De acuerdo a un estudio realizado por el INE y que contempla la
distribución energética el 2007. La ciudadanía o mejor dicho el
consumo residencial en el País es del 15 %. La minería consume el 33
%. La industrial que incluye a las celulosas consume el 29 %, la
comercial un 11 % y la agricultura un 2 %. Es decir, entre las
industrias como la minería y la de celulosas papeleras, consumen el
52 % de la energía en Chile.
El Consumo de Energía ha tenido un constante crecimiento explosivo
en los últimos años, partiendo de un nivel de 31.728 GWh en el año
1997, con un crecimiento de 82,94% el 2007. Este aumento es
explicado básicamente por dos sectores, Minería e Industria
Manufacturera (papeleras), lo que sigue en aumento debido al
crecimiento de este tipo de industrias.
De acuerdo a estimaciones de empresas privadas, adoptadas por los
propios órganos públicos en sus proyecciones oficiales durante años,
Chile necesitaría incorporar 500 MW cada año a su matriz, lo que
significa que en la próxima década requeriría 5.000 MW, y en 20 años
10.000 MW. Por eso, genera dudas que los llamados especialistas

6. aseguren que se necesitan 15.000 MW para los próximos 10 años.
Esta proyección está elaborada exclusivamente en base a las
demandas expresadas por el incremento en negocios privados
industriales altamente demandantes de energía, como es la minería y
no en las necesidades del país.
En Chile, en vez de que se promueva autosuficiencia energética por
parte de las industrias y se comience a priorizar la protección de los
territorios para el fomento de desarrollos locales, continúa como
políticas de estado el dar luz verde a los intereses de grupúsculos que
buscan el lucro a costa de los derechos, bienes y soberanías
colectivas territoriales.
En el presente diversos territorios ancestrales de Pueblos indígenas
se encuentran amenazados a causa de diversos proyectos. A modo de
ejemplo en casos Mapuche, zonas como Alto Bio Bio, Melipeuco,
Cunco, Pitrufquen, Curarrehue, Neltume, Pilmaiquen, Puelo,
Rupumeica – Maihue, son lugares donde existe amplia población
Mapuche amenazada con la intervención de aguas y espacios de vida.
Alfredo Seguel
A continuación se extienden informes – estudios relacionados
al consumo energético en Chile.
Distribución y consumo energético en Chile / Enfoque
estadístico / Instituto Nacional de estadísticas /
CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO Y ESTIMACIÓN DEL
POTENCIAL DE AHORRO DE ENERGÍA EN LAS DISTINTAS
REGIONES DE CHILE – Programa de Estudios e
Investigaciones en Energía (PRIEN) Instituto de Asuntos
Públicos Universidad de Chile. /
Agenda de Energía Chile. Gobierno de Bachelet /
¿Por qué pagamos tanto por la electricidad en Chile? /
Fuente: Equipo editorial
MAPUEXPRESS
mapuexpress@gmail.com