El documento resume la decisión de la Corte Suprema de rechazar los recursos de protección en contra del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, denunciando un conflicto de interés de uno de los magistrados. También critica la imposición de un modelo energético insustentable que sólo beneficia intereses corporativos y profundiza la crisis ambiental. Finalmente, plantea la necesidad de cambios en la política energética chilena que protejan el medioambiente y las comunidades locales.

1. Hidroaysén: Un síntoma más de la crisis ambiental
El pasado miércoles 4 de abril, la Tercera Sala de la Corte Suprema -en fallo
dividido de tres votos contra dos- rechazó los siete recursos de protección interpuestos en
contra del megaproyecto hidroeléctrico Hidroaysén, en los que se denunciaban graves
irregularidades constatadas en su proceso de evaluación ambiental.
Como organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, rechazamos
de plano esta resolución de última instancia, a la vez que denunciamos y condenamos de
modo enérgico el conflicto de interés que tiene en la causa uno de los magistrados que
resolvió a favor de la empresa, el ministro Pedro Pierry, dado que posee en ella acciones
por más de 90 millones de pesos. Un voto, por lo demás, que resultó ser decidor a la
hora de dirimir el veredicto de este tribunal, que sentencia a la Patagonía, a sus ríos y a
las personas que habitan esas australes tierras a la pérdida de sus bienes comunes.
A casi un año de la aprobación inicial del proyecto –el 9 de mayo de 2011- por
parte del Consejo Regional Ambiental de Aysén, denunciamos una vez más la imposición
de un modelo energético social y ambientalmente insustentable, pues constituyen falsas
soluciones que sólo responden a intereses corporativos. Proyectos como Hidroaysén son
refrendados por las autoridades como una respuesta válida, pero en la práctica, éstos en
lugar de resolver una crisis estructural provocada por el propio sistema, la profundizan.
De allí el contundente repudio por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil
organizada a éste y otros megaproyectos energéticos que intentan instalarse en Chile,
tales como Castilla, Isla Riesco y Barrancones, evidenciando el divorcio que existe entre
las decisiones de la autoridad y la opinión de comunidades locales afectadas y a nivel
nacional, así como en la manera en que unos y otros entienden y asumen la protección
del medio ambiente.

2. Chile requiere hoy de cambios profundos en el enfoque de su política energética,
que respondan a las reales necesidades de las personas y que a su vez hagan resguardo
del medioambiente y la sostenibilidad de los distintos territorios. La aprobación unánime y
sin mayores reparos de un proyecto de la envergadura de Hidroaysén por parte de la
institucionalidad ambiental, así como los fallos preliminares de Cortes de Apelaciones y el
reciente de la Corte Suprema, que no resguardan garantías fundamentales como son el
derecho a la vida, a la integridad física y síquica y a vivir en un medioambiente libre de
contaminación, son ejemplos inequívocos que el estado avanza en una senda contraria a
lo que la inmensa mayoría de los chilenos anhela y necesita.
Una reflexión de fondo a estas causas estructurales y falsas soluciones tendrá
lugar en Río de Janeiro en junio próximo. A 20 años de la Cumbre de la Tierra realizada
en esa misma ciudad, éstos son parte de los ejes de discusión que darán forma a la
Cumbre de los Pueblos –que se desarrolla en paralelo a la cumbre oficial Río+20 de
representantes de Estado-, en donde se establecerán estrategias conjuntas regionales y
mundiales para alcanzar los cambios a que aspiramos.
¡Justicia social y ambiental para nuestros pueblos!
PLATAFORMA RÍO + 20 CHILE
Santiago, miércoles 11 de abril de 2012