El documento describe la lucha de más de 18.000 afrodescendientes por el reconocimiento de sus derechos sobre 170.000 hectáreas de tierra en el sur de Colombia por más de 400 años. A pesar de solicitudes desde 1999, el gobierno no ha titulado la tierra de manera colectiva debido a disputas legales con la Universidad del Cauca. El pueblo afronayero también ha sufrido violencia paramilitar y desplazamiento forzado. Ellos exigen el reconocimiento total de su territorio ancestral para garantizar su supervivencia cultural y la

1. Desde el año 1600
NAYA
Viernes 24 de mayo de 2013
Han pasado 333 años desde su llegada al territorio, de su ocupación
pacífica, de su habitación y hoy más de 18.000 afronayeros
organizados en 64 comunidades no han sido reconocidos como
habitantes legítimos de 170 mil hectáreas de tierra entre los
departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el sur occidente
colombiano. Mientras sigue vive la discusión en La Habana sobre las
tierras y del aparente progresismo de la política agraria del gobierno
Santos, no se avanza en la titulación colectiva.
Desde 1680, como consta en los archivos de notarías de la ciudad de
Popayán se encuentran los rastros de afrodescendientes que fueron
comprados para el trabajo minero en el Naya, su libertad consagrada
en el siglo XIX les garantizó su supervivencia en el territorio. El siglo
pasado, los avances constitucionales de 1991 no se han concretado
en el reconocimiento de su habitación territorial.
En el marco de la ley 70 de 1993 el Consejo Comunitario solicitó
desde el 23 de diciembre del año 1999 el reconocimiento jurídico del
territorio colectivo, ante el INCORA, hoy INCODER, sin que dicha
titularidad haya sido reconocida. El Derecho legítimo y ancestral que

2. les asiste ha sido negado por la oposición y demanda que interpusiera
desde el año 2000 la Universidad del Cauca. El centro académico
amparándose en un permiso minero otorgado al entonces Colegio
Mayor del Cauca en 1827 le permitió la explotación de una mina en el
Naya. Este permiso minero fue elevado a escritura pública en el año
de 1944, por una extensión de 97.000 hectáreas tal como se
concluyó en el proceso de clarificación agotado entre los años 2002 y
2006.
El 21 de julio de 2008 la entonces UNAT declaró extinguidos mediante
la resolución 859, a favor de la Nación, los predios reclamados por la
Universidad del Cauca, decisión que fue ratificada mediante una
segunda resolución, la 1367 de 17 de octubre de 2008.
Ratificada por la UNAT la extinción del derecho de dominio a la
Universidad del Cauca, estaban dadas las condiciones para avanzar
en la titulación colectiva del territorio, pero nuevamente la
universidad apeló el fallo, esta vez, ante el Consejo de Estado,
presentando el 15 de diciembre de 2008 la Acción de Revisión sobre
las resoluciones 859 y 1367.
En 2009 el Consejo Comunitario interpuso una demanda para la
protección de sus derechos de habitación con una Tutela ante el
Tribunal Administrativo del Cauca para agilizar el inicio del proceso de
titulación. Esta demanda fue fallada contra el INCODER a favor del
Consejo Comunitario, ratificada mediante sentencia T– 909 de 2009
por la Honorable Corte Constitucional, en la cual se ordenó avanzar
de inmediato en la titulación de la parte del territorio colectivo
excluido de litigio jurídico con la Universidad del Cauca y resolver de
fondo la solicitud de titulación total una vez el Consejo de Estado
emita fallo sobre la acción de revisión.
Han pasado cuatro años del fallo de la decisión constitucional que
ordenó titular parcialmente y mientras el INCODER avanza en el
estudio técnico, el Consejo de Estado no emite fallo alguno.

3. Pero el ardid de la Universidad del Cauca no paró ahí y el 8 de febrero
de 2010 presentó ante el Consejo de Estado Acción de Nulidad,
dilatando aún más las posibilidades de un fallo que garantice el
derecho a la titulación colectiva sobre el área que en el momento es
objeto de litigio jurídico.
ENTRE LA GUERRA Y LA SOBREVIVENCIA
En 14 años, además de resistir a la falta de voluntad política del
gobierno nacional para el reconocimiento jurídico del territorio
colectivo, el Consejo Comunitario ha tenido que resistir a la violencia
socio política ejercida desde abril del año 2001, cuando fueron
víctimas de la incursión paramilitar del bloque Calima quien con el
apoyo de la brigada 3 y sectores empresariales que ingresaron al
territorio afronayero perpetrando entre otras conductas el crimen de
Juana Bautista Angulo y el desplazamiento forzado de al menos mil
familias que tuvieron que refugiarse en su territorio para escapar de
la barbarie.
Desde este tiempo las denuncias y exigencias a nivel nacional e
internacional no han sido suficientes para que el Estado Colombiano
garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, lo
que avanza con celeridad son operaciones contra las comunidades de
estructuras paramilitares que controlan el negocio de armas y de
droga en el pacífico, aseguran el control territorial y social necesario
para la mercantilización y el despojo de los territorios con la omisión
y tolerancia de la fuerza pública. En el territorio nayero continúa la
movilización guerrillera, de ahí la alta expectativa para que el diálogo
de La Habana llegue a un buen término pues la militarización no logró
acabar a la guerrilla y por el contrario se pretendieron justificar
institucionalmente violaciones de derechos humanos.
Como mecanismo concreto para permanecer en el territorio y resistir
en medio del conflicto armado interno colombiano, el pueblo
afronayero declaro desde el año 2008, lugares de refugio, como
espacios humanitarios y lugares exclusivos de la población civil, en

4. afirmación concreta del Derecho Internacional Humanitario y del
principio de Distinción en medio del conflicto armado.
Ante la pretensión externa de usar el territorio para la siembra de
coca, expulsaron a paisas y colonos que pretendieron resignificar el
uso de la tierra y desarrollaron propuestas agroecológicas como
salidas a las fumigaciones indiscriminadas con glifosato de las que
han sido víctimas desde el 2008.
El consejo comunitario apoya organizativamente el desarrollo de
parcelas agroforestales en torno a productos ancestrales como maíz,
chontaduro, papa china, caña, cacao, borojó, arroz, banano, así como
algunas iniciativas pecuarias en torno a gallinas y cerdos. Toda una
apuesta que no cuenta con apoyo económico por parte del Estado.
Pero su arraigo en medio del conflicto, el desconocimiento de su
habitación toma fuerza con la memoria colectiva en la Escuela de
Formación Política y Ancestral Juana Bautista Angulo Hinestroza, en
los rituales y en el intento de restablecer la emisora comunitaria,
propuestas que carecen de reconocimiento legal de las autoridades
competentes.
PARA QUE LA PAZ SEA CIERTA SE REQUIERE EL TERRITORIO
En el contexto actual de conversaciones de paz adelantados por el
gobierno y las FARC, el pueblo afronayero se ha expresado en la
iniciativa de Comunidades Construyendo Paz en los territorios, apoya
la salida política y negociada al conflicto, exige reconocimiento y
respaldo a sus propuestas concretas de paz con justicia social y
ecológica que viene construyendo desde el territorio colectivo,
insistiendo y persistiendo en la exigencia de reconocimiento jurídico
del territorio.
A pesar del avance en el estudio técnico por parte del INCODER
iniciado en enero de 2013 en cumplimiento a la sentencia T 909 –
2009, el informe del equipo técnico da cuenta de un área no superior
a las 40.000 hectáreas para ser tituladas. El Consejo Comunitario
sabe que la posibilidad real de ser sujetos de derechos es que el

5. Estado Colombiano garantice la titulación total del territorio en sus
170.000 hectáreas.
De no resolverse a su favor la titularidad total del territorio, la
exclusión y la negación progresiva de derechos se harán nuevamente
evidentes y se agregará otro factor de riesgo para la vida e integridad
colectiva dada la reingeniería del paramilitarismo que consolida el
control territorial a nombre de los urabeños en el pacífico colombiano.
En la semana de la afrocolombianidad, el pueblo afronayero celebra
su dignidad y llora el desconocimiento del Estado a sus derechos, sin
territorio no hay libertad, no hay supervivencia y no hay paz.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz