El documento critica las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana propuestas por el gobierno español. Varios jueces, sindicatos y académicos argumentan que estas leyes criminalizan a los ciudadanos y restringen los derechos fundamentales, creando la figura de un "nuevo delincuente: el disidente político". También sostienen que introducen una penalización excesiva y pretenden desalentar la protesta pública.

1. "El Código Penal crea un nuevo delincuente: el disidente
político"
por Kaos. Represión
Lunes, 16 de Diciembre de 2013 17:32
El experto de Jueces para la Democracia José Luis Ramírez destaca
que la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el "círculo de
criminalización del ejercicio de derechos fundamentales". El rumbo
del estado hacia el autoritarismo policial se acrecienta....
Agencias
Varios jueces, catedráticos de Derecho y los sindicatos UGT y
Comisiones Obreras han celebrado este pasado fin de semana unas
jornadas en la que han criticado las reformas del Código Penal y de la
Ley de Seguridad Ciudadana propuestas por el Gobierno de Mariano
Rajoy porque suponen "criminalizar" a los ciudadanos y "cercenar los
derechos".
El representante de Jueces para la Democracia José Luis Ramírez
explicaba que "la Ley de Seguridad Ciudadana es la válvula de cierre
del sistema que diseña el proyecto de Código Penal", de manera que
"se cierra el círculo de la criminalización del ejercicio de los derechos
fundamentales".
Ramírez ha subrayado que la subida de las tasas "ha generado un
descenso de cerca del 40% en el ingreso de asuntos contenciosoadministrativos", mientras la futura Ley de Seguridad Ciudadana
tipifica más infracciones, por lo que "los ciudadanos van a ser
sancionados pero no van a poder recurrir porque tendrán que pagar
tasas".
En su opinión, la reforma del Código Penal es "innecesaria" y por lo
tanto "ilegítima" y "profundiza en la marginalización de la sociedad",
creando la figura de "un nuevo tipo de delincuente: el disidente
político".
Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino
Sexmero ha sostenido que las reformas planteadas "atentan contra
derechos fundamentales de las personas, criminalizan ciertas

2. conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y
político".
En su opinión, el Código Penal "no se puede reformar porque un
partido quiera", sino que es necesario un consenso social, y ha
criticado especialmente que introduzca "la cadena perpetua, aunque
ellos lo llamen de otra manera", porque esto "no tiene cabida en la
Constitución".
En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, Sexmero ha dicho que lo
más llamativo es "la criminalización por vía administrativa, con
multas altísimas" por asistir a manifestaciones no comunicadas
oficialmente, de manera que "cualquier ciudadano se verá abocado a
no protestar o a no salir a la calle".
El secretario de Participación Sindical de UGT, Frederic Monell, ha
sostenido que el PP "introduce una penalización de una intensidad
desconocida, con violentación clara de algunos preceptos
constitucionales".
"Hay una criminalización no solo desde el punto de vista legal y
jurídico, sino también desde el punto de vista económico, y da la
impresión de que se pretende que el ciudadano desista de ser
activo y desista de una actitud de protesta que no deja de ser
democrática, ante un conjunto de políticas muy agresivas tanto en el
plano laboral como en el social", ha añadido.
En la misma línea, el secretario confederal de Estudios de CCOO,
Rodolfo Benito, ha sostenido que la Ley de Seguridad Ciudadana
"pretende diezmar y cercenar una parte fundamental de lo que es la
esencia de las libertades públicas en España, que es el derecho de
manifestación".
En lo referido al Código Penal, Comisiones Obreras cree que "penaliza
e intenta buscar vías de represión sobre conflictos eminentemente
laborales".
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha afirmado que "si se lleva
adelante la reforma del Código Penal autoritario del PP y la ley de
inseguridad ciudadana nos encontraremos ante un declaración de
estado de excepción en las calles".
Para Llamazares, el punto más negro del Código Penal es la prisión
permanente revisable, que "significa introducir la cadena perpetua
por la puerta de atrás".
En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, ha dicho que hará que el
derecho de manifestación "sea una suerte de trinchera en la que es
muy difícil no encontrarse con una bomba lapa o con cualquier tipo de

3. artefacto, porque ejerces tu derecho y no sabes si al día siguiente te
va a llegar a casa una multa de 300, 30.000 o 600.000 euros".