1. ¿En vilo concesión en el Tayrona?
Por: Viviana Londoño Calle. SÁBADO, 26 DE ENERO DE 2013
Tutela instaurada por Clara López busca tumbar contrato con
Aviatur, debido a que el Gobierno no hizo consulta previa con
los indígenas.
Por estos días, justo cuando los reflectores están puestos en el
Parque Nacional Tayrona por los intentos de Arrecifes S.A. y la
multinacional hotelera Six Senses de obtener la luz verde para un
proyecto turístico en la zona protegida y, sin duda, por la cuestionada
licencia ambiental otorgada al proyecto Los Ciruelos, ubicado también
en el parque, una nueva polémica sale a la luz pública. Se trata de
una tutela instaurada por la presidenta del Polo Democrático, Clara
López, y la Fundación Misión Colombia en contra de Parques
Nacionales a propósito de la concesión entregada en 2005 a la Unión
Temporal Concesión Tayrona.
La demanda, que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, busca que dicha concesión para el préstamo de los
servicios ecoturísticos, la dotación, el mantenimiento y la
construcción de la infraestructura física del parque, quede sin ningún
efecto.
Los motivos en los que se basa la petición se resumen en que
Parques Nacionales no hizo la consulta previa con las comunidades
indígenas kogui, arhuaca, wiwa y kankuama, antes de entregar la
concesión. El documento recalca que “las comunidades indígenas de
la zona no fueron tenidas en cuenta, como si no existieran”. Aunque
no hay un resguardo como tal, en el Parque Tayrona viven
actualmente alrededor de 6.000 familias, y cerca de 40.000 indígenas

2. de las cuatro etnias llegan a lo largo del año al lugar para hacer
diferentes rituales, lo que explica por qué debían opinar al respecto,
como señala el abogado Alejandro Arias, quien también participó en
la demanda. Según el Decreto 2164 de 1995, los sitios en los que las
comunidades realizan actividades sociales, económicas y culturales
también son consideradas como territorios indígenas.
La historia de la concesión
En la década de los 80 el Gobierno construyó 14 pequeñas cabañas
(ecohabs) en la zona de Cañaveral del parque, en donde se alojaron
los turistas, pagándole directamente al Estado hasta 2005. Ese año,
el Gobierno decidió entregar en concesión los servicios turísticos
(incluida una zona de playa, comedores, algunos senderos y la
taquilla) y la Unión Temporal Concesión Tayrona —cuyo socio
mayoritario es Aviatur— se quedó con el contrato.
Esa es precisamente la acción para la que se debió tener en cuenta a
los indígenas, debido a que “se daba paso a la explotación comercial
del parque”, como explica Arias. En temporada alta, al Tayrona
pueden entrar más de 5.000 turistas por día, y en los últimos seis
años esta concesión ha representado para Parques Nacionales
ingresos por casi $6.300 millones. De hecho, como lo publicó El
Espectador en octubre de 2012, es la única concesión rentable para
sus administradores. En Gorgona, Amacayacu y Nevados, los
concesionarios le han pedido a Parques Nacionales cancelar los
contratos, aduciendo constantes pérdidas.
Aunque el contrato del Tayrona va hasta julio de 2015, el alto
tribunal tendrá que analizar si lo deja sin efecto, como se pide en la
demanda. Al cierre de esta edición, Parques Nacionales analizaba la
información que tendrá que entregarle al tribunal el próximo lunes
para que proceda a revisar si se faltó a la ley. Su directora, Julia
Miranda, prefiere no pronunciarse hasta entonces. En el Ministerio del
Interior también estudian la información.
Quien sí se expresó fue el presidente del grupo Aviatur, Jean Claude
Bessudo, insistiendo en que nunca han desconocido los derechos de
los indígenas y que éstos no tienen restricciones para circular por el
área concesionada: “No pagan derechos de ingreso al Parque y son
siempre bienvenidos”.
El Espectador consultó a expertos en derecho ambiental que
coincidieron en que era necesario hacer la consulta. Gloria Amparo
Rodríguez, directora de la especialización en Derecho Ambiental de la
Universidad del Rosario, lo explica así: “Cualquier tipo de decisión
administrativa o legislativa que afecte directamente a los pueblos

3. indígenas y sus territorios tiene que ser consultada, y ésta era una
decisión administrativa”.
Al final de cuentas, será la justicia administrativa la que determine si
se violó o no la ley. Al respecto, Bessudo no parece muy preocupado:
“Respetamos la tutela y acataremos cualquier decisión. Si tenemos
que devolver la concesión, lo vamos a hacer”. Pero en juego está
nada más y nada menos que la concesión en parques más rentable
para Aviatur.
Dirección web fuente