Indígenas de la Sierra Norte de Puebla permanecen en “alerta” ante el posible regreso de la minera de origen chino JDC Minerals, que obtuvo la concesión de las autoridades mexicanas para la explotación de 100 hectáreas de su territorio; no así la aprobación de la comunidad nahua que en noviembre de 2012 logró expulsar a los empresarios. Ésta es una de las 392 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en Puebla. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en el sexenio de Calderón el pago por derechos mineros significó sólo el 2.2 por ciento de las ganancias de las trasnacionales. En tanto, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México indica que la recaudación impositiva, puesta en vigor en enero pasado, es insuficiente. La minería se ha convertido en un sector de saqueo, daños ambientales y división social, señalan defensores ambientalistas

1. Oposición indígena a minera de origen chino “JDC Minerals” en
Norte de Puebla
Indígenas de la Sierra Norte de Puebla permanecen en “alerta” ante el
posible regreso de la minera de origen chino JDC Minerals, que obtuvo la
concesión de las autoridades mexicanas para la explotación de 100
hectáreas de su territorio; no así la aprobación de la comunidad nahua
que en noviembre de 2012 logró expulsar a los empresarios. Ésta es
una de las 392 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en
Puebla. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en el
sexenio de Calderón el pago por derechos mineros significó sólo el 2.2
por ciento de las ganancias de las trasnacionales. En tanto, la Comisión
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México indica que la
recaudación impositiva, puesta en vigor en enero pasado, es
insuficiente. La minería se ha convertido en un sector de saqueo, daños
ambientales y división social, señalan defensores ambientalistas
Tlamanca, Zautla, Puebla. Les dieron 24 horas para salir; ése fue el
ultimátum. La población de esta comunidad nahua había acordado que,
una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, cerrarían caminos. Nadie,
en lo absoluto, proveería de alimentos a los empresarios chinos que
habían llegado 3 meses atrás para extraer el oro de la región.

2. El repudio se leía en pancartas, se escuchaba en los gritos que clamaban
la expulsión de los mineros; en el rostro de miles de hombres y mujeres
que marcharon por algunos kilómetros desde el centro de la comunidad
de Tlamanca a la entrada de la empresa JDC Minerals, el 22 de
noviembre de 2012.
“Nos reunimos unas 8 mil personas de las 32 comunidades del
municipio”, recuerda Esteban González Hernández, habitante de esta
localidad y uno de los impulsores a la oposición del proyecto minero.
Esteban, quien trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
como promotor en agricultura, relata a Contralínea que, en un principio,
los empresarios se instalaron con cierto sigilo en la construcción de la
vieja mina La Lupe, abandonada a mediados del siglo pasado. Los
pobladores veían a ingenieros recoger muestras de tierra y rocas. Nadie
informaba nada.
Poco a poco se fueron acercando a la autoridad local (actualmente
destituida): Felipe García Martínez, juez de paz suplente. Intentaron
convencerlo de que con su proyecto se traería progreso a la zona;
caminos, agua potable, empleo y hasta un hospital.
La irrupción de JDC Minerals
Los representantes de JDC Minerals interrumpían las asambleas
comunitarias para presentación de diapositivas, donde mostraban los
“beneficios” y la inversión que traerían, así como el panorama de un
proyecto extractivo responsable con el medio ambiente. Sólo algunos les
creyeron.

3. La evidencia de que su propuesta tenía mucho de engaño fue la
deforestación de uno de los cerros de Tlamanca. “Mucha gente empezó
a decir: ‘no estamos nuevos, sabemos cuánto tarda un árbol en crecer y
los árboles de nuestro cerro no los vas a tener en 1 año, van a ser
fácil unos 20 o 25 años y ya no habrá agua’”, recuerda Esteban.
El proceso de expulsión duró 3 meses; inició el 27 de octubre de 2012 y
culminó el 22 de noviembre tras decidirlo en varias asambleas
comunitarias, donde los impulsores y autoridades exponían los efectos
de la minería en el medio ambiente y la salud humana.
—¿Hay riesgo de que regrese la minera?
—Todavía. Sí, pensamos que va a regresar. Aunque está suspendido [el
proyecto], no se tiene la seguridad porque la concesión está vigente
para 50 años, apenas tiene 2 o 3 años que la han autorizado. Entonces,
tanto tiempo de vigencia permite que en cualquier momento regrese.
Ricardo Abad Rojas, juez de paz
adjunto de Tlamanca, recuerda:
“Simbólicamente clausuramos a la
empresa; ya habíamos escuchado
toda su mentira. Les metimos
presión porque se elaboró un acta
en la que el pueblo pedía que se
fueran. El documento especificaba
que tenían 24 horas para
abandonar el lugar.
“Se acerca con nosotros el
encargado de personal de la mina y
nos dice: ‘Señores, he visto que el
asunto está muy feo; de forma
personal voy a renunciar: yo me
retiro, la empresa también me
mintió como contratista, me dijo
que ya contaba con los permisos de
Sagarpa [Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación], Profepa
[Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente]’. No se había
otorgado el uso de suelo”, relata
Ricardo.

4. El hombre de oficio vidriero dice que no tiene estudios, como la mayoría
de la población: “Ni la primaria concluida. Aprendí a leer y escribir en la
escuela nocturna, cuando tenía 9 años y vivía en la Ciudad de México”.
Sin embargo, dice, “dentro de lo que alcanzo a comprender, sé que no
quiero ver las cosas por un recurso inmediato, hay que ver el mañana
no a cambio de dinero y sí de un buen patrimonio como lo es la tierra.
No quiero que mis hijos tengan un Tlamanca muerto.
“Aquí la gente emigra porque el campo no da suficiente; aquí se cosecha
frijol, maíz, durazno, manzanas. Soñamos con ser comerciantes de
manzana y hay que cuidar la tierra”, comenta.
Los Indicadores sociodemográficos de la Secretaría de Desarrollo Social
muestran que en 2010 se contabilizaron 10 mil 863 personas en este
municipio, de las cuales, el 79.3 por ciento se encuentran en situación
de pobreza y pobreza extrema. El 28 por ciento de su población no tiene
acceso a la educación, en tanto que el 53.1 por ciento no cuenta con
ningún servicio de salud.
Las concesiones en Puebla
Mientras los pobladores de Tlamanca buscaban la expulsión de los
mineros, en los archivos del Sistema de Administración Minera (Siam),
de la Secretaría de Economía, se mantenía el registro de la concesión a
la empresa asiática JDC Minerals bajo el título “216 mil 370, en una
superficie de 100 hectáreas y para la explotación de oro, plata, cobre y
zinc”.
Datos del Siam indican que Puebla tienen concesionadas 211 mil 576
hectáreas mediante 392 títulos. En estas comunidades la mayoría de la
población es indígena, vive en un “alto” grado de marginación y se
dedica a la producción agrícola. La llegada de las trasnacionales ha
significado división y afrenta.

5. El Estudio de la minería en México. Un estudio comparado con Canadá –
publicado en noviembre pasado por la Comisión para el Diálogo con los
Pueblos Indígenas de México (CDPIM)– revela que el 4 por ciento del
territorio indígena nahua que se encuentra en San Luis Potosí, la Sierra
Norte de Puebla y el Norte de Veracruz (con una superficie de 948 mil
680 hectáreas) ha sido concesionado a la industria minera, es decir, 38
mil 313 hectáreas.
“Siguen abiertas las venas de América Latina”, dice Gustavo Castro,
director de la organización ambientalista Otros Mundos, quien comenta
a Contralínea que uno de los puntos a favor que tienen los pueblos es
que cada vez hay mayor participación y resistencia ante la llegada de las
empresas mineras, el despojo y la contaminación que estas producen.
“La minería es el megaproyecto de mayor concesión de territorio; por
ello hay que construir resistencias, pero también alternativas de vida
distintas, alternativas locales que les permita sobrevivir [a las
comunidades indígenas] y desarrollar proyectos productivos; con esto
los empresarios no podrán engañar a las poblaciones ofreciendo
progreso y desarrollo”, agrega el ambientalista.

6. Los focos rojos
La defensa de su medio ambiente y recursos naturales provoca división
entre éstos y aquellos que creen que con la llegada de las corporaciones
también vendrá “el desarrollo”, prometido en los discursos de las
explotadoras de metales preciosos.
Por ello, municipios poblanos también figuran como focos rojos en el
conflicto minero.
En abril de 2013, Contralínea documentó la existencia de 35 conflictos
en todo el país por la presencia de corporaciones mineras, de acuerdo
con datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
(OCMAL) y un análisis de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
(Rema), entre ellos figuraba el provocado por la china JDC Minerals
(edición 331).
OCMAL también registra en Puebla el conflicto en Tetela de Ocampo,
donde la minera Frisco, del empresario Carlos Slim, ha ocasionado
división y deterioro ambiental en esta comunidad. Este proyecto
también fue denunciado en el marco del Encuentro de Pueblos en
Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, llevado a cabo el 15 de
marzo pasado.

7. Con él, también se denunció la problemática que ha dejado la minería
en los municipios poblanos de Ixtacamaxtitlán, Zacatlán, Libres,
Cuetzalan, Zacapoaxtla, Olintla, Tlatlauquitepec, Teziutlán y
Huauchinango. Así como a nivel nacional, en estados como Colima,
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Guerrero y
Guanajuato.
Defensa del territorio
Claudia Gómez Godoy, abogada ambientalista, explica que es
importante ver que los pueblos indígenas en México son “una población
grande”; se calcula que al menos 15.7 por millones de personas dice
tener un origen indígena y un número similar son hablantes de lenguas
indígenas.
“La mayoría de los pueblos indígenas viven en las regiones
biogeográficas más importantes, donde está la mayor cantidad de
riqueza forestal, captadora de agua; Se considera que alrededor del 35
por ciento del territorio nacional está concesionado y muchas de esas
concesiones se asientan a lugares y territorios indígenas.
“Esa invasión de los territorios indígenas no la podemos separar de
cómo viven los pueblos un proceso de discriminación, marginación,
exclusión, etnocidio, trabajo forzado, negocio, pobreza, negación de los

8. derechos; incluso se ha hablado de que en México existe un colonialismo
interno: los pueblos indígenas son colonias dentro de su propio país y
esa situación no ha cambiado”, comenta Gómez Godoy en entrevista.
La abogada ambientalista indica que la misma Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos es una de las herramientas de defensa de
los territorios y las comunidades indígenas, ya que el Artículo 2
establece que México tiene una composición pluricultural sustentada en
los pueblos indígenas. “Esto es importante porque nos está diciendo
cómo debe ser la nación. Es una obligación jurídica fundamentada en el
derecho; entonces, los actos de los jueces, autoridades o empresarios
que pretenden imponer una mina deben estar con la visión de que antes
de cualquier acto tiene que pensar que en el territorio, ahora
concesionando, hay pueblos indígenas”.
En el texto, el artículo constitucional indica en sus primeros párrafos que
“la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
“La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos
indígenas.”
Mineras dejan sólo el 2.2 por ciento

9. Resultado de la revisión a la última Cuenta Pública de la administración
del panista Felipe Calderón Hinojosa, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) revela que durante su gestión las mineras dejaron
apenas el 2.2 por ciento de sus ganancias en México.
El informe muestra que del periodo
2007-2012 el valor de la
producción minera ascendió a 693
mil 66 millones 900 mil pesos; de
los cuales 15 mil 231 millones 435
mil 200 pesos ingresaron a las
arcas nacionales por el concepto de
pago de derechos sobre minería.
Este monto representa apenas el
2.2 por ciento del total de
utilidades generadas.
El desglose anual de los pagos
permite observar un incremento
mínimo durante el primer trienio.
Durante el primer año de la
administración de Felipe Calderón
Hinojosa las mineras obtuvieron
ganancias por 113 mil 393 millones
100 mil pesos, de los cuales
devengaron a la Federación 538
millones 382 mil 300 pesos. Esto
significa apenas el 0.5 por ciento
de sus beneficios.
La ASF muestra que, al segundo año, la participación de los derechos
ascendió a 1.9 por ciento; luego de que las mineras obtuvieran una
producción con valor de 109 mil 683 millones 100 mil pesos y
contribuyeran con 2 mil 127 millones 362 mil 100 pesos.
El tercero, apenas subió tres décimas porcentuales, al tocar el 2.1 por
ciento por la participación de derechos. Las empresas registraron
montos por 106 mil 873 millones 300 mil pesos. Los pagos a la
Federación fueron de 2 mil 275 millones 212 mil 800 pesos.
El máximo órgano de fiscalización del país indica que la minería es un
eje fundamental de la sociedad, al aportar materias primas relevantes
para el desarrollo económico e industrial de México. Constituye una
actividad de interés público y corresponde al Estado protegerla y
vigilarla para el cumplimiento de su función económico-social.

10. Un dato relevante en el reporte de la Auditoría es el de la generación de
empleos, cuya meta no fue alcanzada al ciento por ciento. Documenta
que en el periodo 2007-2012, la actividad minera generó 55 mil 121
nuevos empleos, que representaron el 84.2 por ciento de la meta
sectorial de 65 mil 430 empleos acumulados.
Por este motivo, el máximo órgano de fiscalización del país emitió la
recomendación 12-0-10100-07-0389-07-002 para que la Secretaría de
Economía analice las causas por las cuales no se cumplió la meta del
indicador establecido en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012.
Grandes conflictos, paupérrimas ganancias
Cifras e informes oficiales también revelan que en comunidades donde
hay conflictos sociales por la oposición a la minería, se ha saqueado la
mayoría de su riqueza y dejado a sus comunidades mínimos porcentajes
de las ganancias extractivas.
Tal es el caso de San José del Progreso, Oaxaca, donde se ha “luchado”
por el cierre de la mina desde fines de 2011. Ahí fueron asesinados
Bernardo Vásquez Sánchez (15 de marzo de 2012) y Bernardo Méndez
(el 18 de enero del mismo año), opositores a la presencia de Fortuna
Silver (Contralínea 327 ).

11. Ahí, la trasnacional canadiense dejó sólo el 0.2 por ciento anual de sus
ganancias. Fortuna Silver Mine llegó a obtener una utilidad bruta anual
de 2 mil 124 millones 636 mil 500 pesos en 2012; pagó 4 millones 252
mil 800 pesos, por derechos de actividad minera en México en ese
mismo año. Así lo evidencia el Estudio de la minería en México. Un
estudio comparado con Canadá.
Otro ejemplo del saqueo de las mineras es el de Agrico-Eagle, que
obtuvo en 2012 la utilidad anual de 5 mil 716 millones 177 mil 109
pesos y dejó a la Federación 954 mil 240 pesos; es decir, el 0.01 por
ciento de sus ganancias. Esta empresa se dedica a la extracción de oro y
tiene concesionadas 56 hectáreas en Chihuahua, bajo el proyecto Pinos
Altos.
Le sigue Timmins Gold Corp, con el proyecto denominado TMM Fracc 1,
en Sonora, con 70 mil 986 hectáreas. Éste ha obtenido una utilidad
anual bruta por la extracción de oro y plata de 2 mil 124 millones 636
mil 500 pesos; retribuyó por pago de derechos 4 millones 252 mil 800
pesos. Apenas dejó el 0.2 por ciento de sus ganancias al erario
mexicano.
Francisco López Bárcenas, abogado, especialista en derecho indígena y
asesor agrario, expone que con estos ejemplos “se ve claramente el
despojo de bienes al que ha sido sometido el país. Lo que pagan por
derechos de uso de los recursos minerales por la concesión misma es
irrisorio: de 5 pesos a 112, ridículo.
“En el Informe de la Cuenta Pública 2011, la misma Auditoría
recomendó que lo quitaran, porque era más lo que tardaban en
recuperarlo que lo que obtenían, aunado a que el nuevo impuesto (de
7.5 por ciento) es realmente reducido”, comenta en entrevista López
Bárcenas.

12. Impuesto irrisorio
En octubre de 2013, la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo
reconsideró recaudar impuestos sobre la minería, que hasta esa fecha
no había ocurrido. Lo anterior, expone la CDPIM al considerar que los
minerales y las sustancias del subsuelo son bienes no renovables de la
naturaleza, por lo que “debe ser prioridad del Estado mexicano la
optimización de los recursos minerales al considerar la importancia de
que aquellos que se beneficien cubran un derecho que represente la
justa retribución a favor del Estado y de las propias comunidades”.
Dentro de la reforma, también se modificó el cobro a los titulares de
concesiones y asignaciones mineras que se encuentren inactivas. Éste
consiste en el cobro del 50 por ciento de la cuota máxima del artículo
263 de la Ley Federal de Derechos, la cual es de 129.24 pesos, lo que
implica que el pago sería de 64.62 pesos. Éste se llevará a cabo cuando
los concesionarios no realicen obras y trabajos de exploración y
explotación comprobados durante 2 años continuos. La cuota se
incrementará al ciento por ciento cuando la inactividad sea a partir del
décimo segundo año y posteriores, a cubrirse en forma semestral.

13. También, se propone un derecho extraordinario sobre minería a los
titulares de concesiones y asignaciones mineras, que establece una tasa
del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro,
plata y platino, en tanto que se trata de minerales de una considerable
extracción y cuyos procesos afectan considerablemente al entorno.
Para que el impuesto se utilice en los fines que ha sido creado, se ha
conformado un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de
Municipios Mineros, conformado con el 50 por ciento de los recursos
obtenidos por los derechos especial, adicional y extraordinario sobre
minería.
Los recursos que se obtengan de ese pago de derechos se destinarán a
un fondo, donde la distribución será de: 40 por ciento para el gobierno
federal, 30 por ciento para las entidades federativas mineras y 30 por
ciento para los municipios mineros.
Sin embargo, López Bárcenas expone que “en México se pueden pagar
derechos por el uso de los recursos naturales o impuestos por la
actividad que se realiza sobre ellos y las ganancias que se puedan
obtener, pero en ninguno de los dos casos queda este 7.5 por ciento
impuesto. No es claro. Literalmente, queda como una ayuda que dan las
mineras a los municipios en donde se desarrolla esta actividad y está
establecida la industria”.

14. El estudio de la CDPIM indica que la propuesta del Ejecutivo, avalada
por las cámaras de Senadores y de Diputados, “representa un avance
con respecto de la situación fiscal actual, donde el país funciona como
paraíso fiscal para las mineras”.
Miguel Mijangos Leal, integrante de la Rema dice en entrevista: “Vemos
varios problemas [con el impuesto del 7.5 por ciento]. Entre ellos, que
no hay una contabilización seria por parte del gobierno mexicano; no es
que no la tengan, pero siempre hay una lógica de acomodar los
procesos lo más cómodo posible para las trasnacionales. Hay muchos
vacíos en términos de transparencia, no tenemos cobertura. El impuesto
es muy bajo; no representa nada para las ganancias de las empresas.”
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Contralínea 384 / 05 de Mayo al 11 de Mayo