Este documento presenta una declaración de un grupo de personas pertenecientes a generaciones posteriores al golpe militar de 1973 en Chile. Plantean tres puntos principales: 1) Rechazan la violencia política y consideran que fue clave en el deterioro que llevó al golpe, aunque reconocen la complejidad de la situación. 2) Condenan absolutamente las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. 3) Proponen esfuerzos adicionales para superar las divisiones, incluyendo justicia, perdón y que los partidos polí

1. A 40 años del Golpe: una declaración generacional
Con ocasión de la conmemoración de los 40 años del golpe militar
de 1973, los abajo firmantes –pertenecientes a generaciones post
1973 que crecieron siendo testigos de una sociedad profundamente
dividida– consideramos necesario escribir esta carta abierta
compartiendo nuestra reflexión política acerca de los duros hechos
del pasado y de cara a los desafíos del presente. Al hacerlo, nuestro
objetivo es contribuir a establecer mínimos comunes transversales
sobre los cuales fundar una convivencia política más profunda y
robusta. No se busca, por ende, afirmar ciertas narrativas históricas
sobre lo sucedido en Chile ni menos juzgar la eventual ‘superioridad
moral’ de un sector sobre otro, ejercicios que sentimos no nos
corresponden y que son, en cualquier caso, profundamente
inconducentes al objetivo de la reconciliación. No obstante ello,
queremos afirmar lo siguiente:
1. El golpe de Estado fue la culminación de un proceso de
deterioro de la convivencia cívica y de erosión transversal en
los valores democráticos y republicanos que habían sustentado
la vida política nacional desde al menos 1932. Creemos que las
causas de este deterioro fueron complejas y trascienden lo que
aquí es nuestra intención abordar, pero ciertamente
protagonista entre ellas fue la creciente validación de la
violencia como método para conseguir objetivos políticos. La
afirmación ideológica del camino de la violencia, el apoyo
explícito o tácito a acciones políticas violentas y los llamados a
la intervención de las FF.AA., fueron todas formas concretas
de dicha validación. Por ello, no queda sino reafirmarlo con
total claridad: la violencia como vía de acción política es
radicalmente incompatible con la democracia, y el abandono
de este principio fundamental estuvo al centro de las causas
que llevaron finalmente al 11 de septiembre de 1973. No
obstante, creemos que incluso en la dificilísima situación
política, económica y social de entonces, un golpe de Estado
no era ni puede ser una manera aceptable de resolver incluso

2. profundas diferencias políticas. Con ello no queremos
desconocer la profunda complejidad política que entrañó para
millones de chilenos tener que escoger entre apoyar una salida
armada a la crisis económica e institucional de entonces, o
continuar obedeciendo a un régimen que, para muchos
chilenos, parecía haber abandonado un compromiso con la
legalidad vigente. Con todo, reafirmamos que una
comprensión ponderada de las causas y circunstancias del
golpe –un ejercicio clave en el cual seguimos en deuda como
país– no es sustituto de una clara condena al mismo como
forma de zanjar crisis económicas, políticas o institucionales,
por agudas que éstas sean.
2. No obstante lo anterior, e independientemente del análisis que
cada chileno haga respecto al golpe de Estado y de sus causas,
creemos que es fundamental separar dicho análisis de lo que
sucedió después: una política de gravísima y sistemática
violación de derechos humanos seguida por la dictadura
durante sus 17 años en el poder. Un piso compartido de nuestra
convivencia política futura debe ser, ineludiblemente, la más
absoluta condena a todas y cada una de las violaciones
cometidas en ese aciago período de nuestra historia.
Simplemente no hay compatibilidad posible entre defender la
democracia y justificar –siquiera parcialmente– una política de
violaciones a los derechos humanos y de uso del aparato del
Estado como instrumento de terror. Por cierto, si esa condena
es seria debe también ser universal: ni en Chile, ni en ninguna
parte del mundo la violación de derechos humanos es
compatible con la democracia.
3. Si bien la transición política chilena a la democracia fue en
muchos sentidos ejemplar –y una muestra de enorme
responsabilidad política por parte de los dirigentes de la
época–, ella tuvo inevitablemente sombras que nos han
seguido penando. Creemos que, a 40 años del Golpe y a más

3. de 23 de recuperada la democracia, es posible hacer un
esfuerzo colectivo adicional para, progresivamente, ir
superando los fantasmas de un período histórico que sigue
marcando –y manchando– la convivencia nacional. Creemos
que este esfuerzo requiere avanzar en varios frentes distintos:
a. El primero es en términos de subsanar déficits de verdad y
justicia. Primero, creemos que se deben apoyar todos los esfuerzos
para la investigación de los crímenes de Estado cometidos durante la
dictadura y la sanción de los responsables. Paralelamente a la vía
judicial, y conscientes de los esfuerzos que ya se han hecho en el
pasado, apoyamos la continua búsqueda de fórmulas institucionales
o políticas (como programas de delación compensada u otras) que
permitan que se conozcan los crímenes cometidos, sus autores y,
sobre todo, el paradero de aquellos detenidos desaparecidos que aún
se ignora.
b. Un segundo frente apunta a una dimensión personal, y refiere a la
capacidad de pedir perdón y de perdonar. Creemos que la
reconciliación nacional requiere también de esta dimensión ética, no
institucional, que constituye el fundamento humano de un
reencuentro verdadero. En esto no puede haber emplazamientos
individuales ni caza de brujas, pues el pedir perdón sólo puede ser
auténtico si es hecho libremente. Por lo mismo, tampoco caben las
condicionalidades ni la búsqueda de empates morales. Algunos
notables ejemplos que hemos visto a lo largo de los años de personas
que se han atrevido a dar este paso nos alientan a pensar que este
camino es posible. Hacemos, por ende, un humilde llamado a las
personas de todos los sectores que se sientan interpelados por esta
reflexión, a pedir y ojalá dar perdón, en la medida de sus
posibilidades.
c. Finalmente, creemos que es imprescindible avanzar también en la
dimensión netamente política de la reconciliación. Ello, puesto que
si bien las responsabilidades éticas y penales son individuales, las
responsabilidades políticas son en buena medida colectivas.

4. Creemos que los partidos y dirigentes de todo el espectro que aún no
lo hayan hecho, pueden realizar un proceso de reflexión y autocrítica
pública respecto al rol que jugaron en el proceso de quiebre de
nuestra democracia en 1973. Adicionalmente, creemos que los
partidos de la Alianza harían una enorme contribución a la
reconciliación nacional si estuvieran dispuestos a realizar una suerte
de quiebre histórico con su voluntaria identificación con, y defensa
del, Gobierno (Cívico-)Militar. Desde luego, la “obra” de éste en
términos de políticas públicas puede ser valorada legítimamente por
muchos. Pero dichas políticas no pueden ser puestas en una suerte de
balanza contra algo tan profundamente inconmensurable a ellas,
como son las violaciones a los derechos humanos de miles de
chilenos –como si una cosa compensara la otra. Por de pronto, tanto
Renovación Nacional como la Unión Demócrata Independiente
podrían empezar por quitar de sus respectivas declaraciones de
principios la referencia a la “acción libertadora [de las Fuerzas
Armadas] del 11 de Septiembre de 1973, que salvó al país de la
inminente amenaza de un totalitarismo irreversible y de la
dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil
y recogiendo un clamor popular abrumadoramente mayoritario”. El
solo hecho de remover esta frase de los principios de cada partido
constituiría una potente señal de que su vocación democrática es
efectivamente incondicional (es decir, no meramente instrumental) y
de que comparten lo señalado en el primer punto de esta carta, en el
sentido de que los golpes de Estado no son una manera legítima de
resolver incluso graves diferencias políticas. Crear una
centroderecha cuyo ethos más profundo no esté asociado a la
defensa política de una dictadura nos parece la mejor contribución
que las actuales generaciones de dicho sector le podrían hacer a la
democracia chilena y a las generaciones futuras, independientemente
de que defiendan (o no) las reformas políticas y económicas
concretas que dicho gobierno realizó, materias que son parte
legítima del debate de cualquier democracia sana.

5. Por último, nos gustaría reiterar que cada uno de estos puntos busca
establecer un estándar razonable de mínimos comunes democráticos
sobre los cuales construir una comunidad política. A ya 40 años del
Golpe, creemos que afirmar el rechazo incondicional a la violencia
política en todas sus formas, y afirmar de modo igualmente
incondicional la inviolabilidad de los derechos humanos de cada
persona, debieran ser mínimos comunes transversalmente aceptados.
Por su parte, y reconociendo lo difícil de la tarea de la reconciliación
nacional dada la profunda carga emocional que conllevan los
trágicos hechos que dividieron a Chile, creemos que colectivamente
podemos hacer más. Nuestro llamado a generar las condiciones para
seguir avanzando en perdón, justicia y afirmación pública de valores
democráticos es, pues, un intento por ayudar a construir un país
donde todos nos podamos mirar a los ojos sin rencor y donde las
nuevas generaciones puedan habitar la memoria, sin por ello cargar
con las pesadas mochilas del pasado.
Cristóbal Bellolio, Daniel Brieba, Gonzalo Bustamante, Max
Colodro, Jorge Fábrega, Camilo Feres, Jorge Ferrando, Andrés
Hernando, Francisco Irarrázaval, Hernán Larraín M., Davor Mimica,
Roberto Munita, Macarena Ponce de León, Slaven Razmilic, Javier
Sajuria, Rafael Sánchez, Sergio Urzua, Valentina Verbal, Paz
Zarate.