Más contenido relacionado La actualidad más candente (20) Similar a Demanda de tribu (20) 1.
Lima, cinco de Marzo del dos mil nueve.‐
VISTOS; con el expediente administrativo acompañado; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal
Supremo; y, CONSIDERANDO:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PRIMERO.‐ La Ley del Proceso Contencioso Administrativo – Ley 27584, establece en su primer
artículo que la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución
Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEGUNDO.‐ A fojas cinco, aparece que la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria – SUNAT, interpone demanda contencioso administrativa, dirigiéndola contra el
Tribunal Fiscal y don Wilfredo Oswaldo Castro Maquera, solicitando se declare la nulidad de la
Resolución del Tribunal Fiscal número 06265‐3‐2003, de fecha treinta de octubre del dos mil
tres, por la que se declara nulo el Requerimiento número 00106588 y en consecuencia nulas
las Resoluciones de Determinación números 114030000911 y 114030000912, la Resolución de
Multa número 114020002150 y la Resolución de Intendencia número 116401464/SUNAT.‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TERCERO.‐ Que, obra en folio ochenta y siete del acompañado, el Requerimiento número
00106588, de fecha seis de agosto del dos mil dos, en la que la Administración solicita al
contribuyente Wilfredo Oswaldo Castro Maquera, información y/o documentación
correspondiente al ejercicio mil novecientos noventa y siete; que asimismo, en virtud de tal
facultad fiscalizadora, la Administración Tributaria emite las Resoluciones de Determinación
números 114030000911 y 114030000912, la Resolución de Multa número 114020002150, que
aparecen a folios doscientos setenta y cuatro, doscientos setenta y tres, y doscientos setenta y
cinco, respectivamente, del expediente administrativo acompañado. Todas correspondientes
al período tributario mil novecientos noventa y siete. Igualmente, aparece a folio doscientos
noventa y siete del acompañado la Resolución de la Intendencia Regional de Tacna número
116401464/SUNAT, de fecha treinta de abril del dos mil tres, cuyo artículo único resuelve
Declarar Improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado Castro
Maquera, y en consecuencia dispone que se prosiga la cobranza de las referidas resoluciones
de determinación y multa. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CUARTO.‐ Interpuesto el recurso de apelación por el contribuyente contra lo resuelto por la
Intendencia Regional Tacna de la SUNAT, a folio trescientos setenta y cinco del acompañado,
obra la Resolución número 06265‐3‐2003 emitida por el Tribunal Fiscal, de fecha treinta de
octubre de dos mil tres, en cuyos considerandos aparece que, en el caso sub exámine, de
conformidad con el artículo 81 del Texto Único Ordenado del Código Tributario (derogado por
el artículo único de la Ley 27788, publicada el veinticinco de julio de dos mil dos): respecto del
Impuesto General a las Ventas, la Administración Tributaria sólo debió requerir la información
y documentación correspondiente a los meses de julio del dos mil uno a junio del dos mil dos,
toda vez que la fiscalización de dicho impuesto tenía que iniciarse por los últimos doce meses;
mientras que en relación con el Impuesto a la Renta sólo se debió requerir la información y
documentación correspondiente al ejercicio del dos mil uno, e iniciar la indicada fiscalización
2. por el citado ejercicio. El Tribunal Fiscal concluye señalando que al no haberse observado el
procedimiento legal establecido, en virtud a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 109 del
Código Tributario, el Requerimiento número 00106588 adolece de nulidad, y en consecuencia,
también las Resoluciones de Determinación y de Multa ya señalados, declarándose su
nulidad.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Q UINTO.‐ Viene en apelación la sentencia de fojas ciento treinta y ocho, de fecha dieciséis de
marzo del dos mil siete, expedida por la Segunda Sala Transitoria en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Lima que declara infundada la demanda. El recurso
impugnatorio se sustenta en los argumentos esgrimidos por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria ‐ SUNAT en su escrito de apelación de fojas ciento cincuenta y ocho.
En él sostiene que como cuestión previa es necesario determinar si la norma derogada
contenida en el artículo 81 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, era de naturaleza
material o procesal. Al respecto concluye que del propio contenido de la norma en referencia,
se constata que ella regulaba el procedimiento que debía seguir la Administración para
fiscalizar todos los periodos y ejercicios no prescritos, es decir, que únicamente regulaba la
facultad de fiscalización de la administración tributaria, por lo tanto, es evidente que dichas
normas tenían naturaleza de normas tributarias procesales o adjetivas, por lo que su
derogación era de aplicación inmediata incluso para los procedimientos que estaban en
trámite y con mayor razón para los que se iniciaron después de la derogación. Por otro lado,
señala que el procedimiento de fiscalización al contribuyente Wilfredo Oswaldo Castro
Maquera, se inició el siete de agosto del dos mil dos, con la notificación del Requerimiento
número 00106588, cuando la norma tributaria procesal contenida en el artículo 81 del Código
Tributario ya había sido derogada, por lo que dicha norma ya no era aplicable, es decir, ya no
estaba suspendida la facultad de la Administración de fiscalizar cualquiera de los períodos o
ejercicios no prescritos. Finalmente, sostiene que de los fundamentos expuestos, se concluye
que la Resolución del Tribunal Fiscal número 06265‐3‐2003 se ha fundamentado íntegramente
en una norma derogada.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEXTO.‐ En el presente caso, corresponde determinar si el Tribunal Fiscal al emitir la
Resolución número 06265‐3‐2003 de fecha treinta de octubre del dos mil tres, de folios
trecientos setenta y cuatro a trecientos setenta y cinco del expediente acompañado, que
declara Nula la Resolución de Intendencia Regional Tacna de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria número 116401464/SUNAT, de fecha treinta de abril del dos mil
tres, que a su vez declaraba Improcedente el recurso de reclamación interpuesto contra las
Resoluciones de Determinación números 114030000911 y 114030000912 y, la Resolución de
Multa número 114020002150, ha aplicado o no una norma derogada, pues ello permitirá
establecer si procede o no declarar judicialmente la nulidad de dicha Resolución del Tribunal
Fiscal.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEPTIMO.‐ Por lo referido anteriormente, el análisis en el presente caso ha de versar sobre si el
artículo 81 del Texto Único Ordenado del Código Tributario que invoca el impugnante,
resultaba aplicable o no al supuesto de hecho materia de la presente litis, dado que esta
norma fue derogada por la Ley 27788, vigente desde el veintiséis de julio del dos mil dos.
Revisados los actuados se tiene que la Administración Tributaria inició un proceso de
fiscalización de los períodos dos mil uno ‐ dos mil dos, para el Impuesto General a las Ventas y
3. por el período dos mil uno para el Impuesto a la Renta; en tal mérito, si bien la administración
notificó al señor Wilfredo Oswaldo Castro Maquera el Requerimiento número 00106588 con
fecha siete de agosto del dos mil dos, obrante a fojas ochenta y siete del acompañado,
también lo es, que la información y/o documentación solicitada mediante dicho
Requerimiento correspondía al período fiscal mil novecientos noventa y siete.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
OCTAVO.‐ En materia de aplicación de las normas en el tiempo, resulta necesario hacer una
distinción entre aquellas disposiciones legales de n aturaleza material con aquellas de orden
procesal, en el sentido de que mientras las primeras han de ser aplicadas a las consecuencia de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes, según la teoría de los “hechos cumplidos”,
contenida en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, conforme al principio de
irretroactividad normativa; por su parte, las segundas, son de aplicación “tempus regit actum”,
al momento de realización de los actos procesales, tal como señala el Tribunal Constitucional
(Expediente número 1300‐2002‐HC), quien sostiene que respecto de las normas de derecho
procesal, rige también la aplicación inmediata de normas en tanto el proceso se desarrolla de
acuerdo a las normas vigentes durante el mismo. Agrega el mismo Tribunal que está prohibida
la aplicación retroactiva de normas no sólo por estar proscritas constitucionalmente, sino
porque debido a la naturaleza del proceso, como sucesión de actos, se debe aplicar las norma
vigentes al momento en que éstos se producen. Por otro lado, no contando el ordenamiento
tributario con una norma que regule la aplicación de normas procesales en el tiempo, resulta
pertinente acudir –tal como lo ha hecho el Tribunal Constitucional en el caso citado, pero en
materia penal— a lo establecido en el Código Procesal Civil, el cual dispone en su Primera
Disposición Final que “las disposiciones de dicho cuerpo normativo se aplicarán
supletoriamente a los demás ordenamientos procesales”. Así, la Segunda Disposición Final del
mismo Código establece que “las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al
proceso en trámite.”‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NOVENO.‐ Estas anotaciones son reforzadas por el criterio del propio Tribunal Fiscal, quien en
los fundamentos undécimo y duodécimo de la Resolución número 04555‐2‐2002, de fecha
nueve de agosto del dos mil dos, sostiene que el artículo 81 del Código Tributario establecía
reglas de fiscalización, las mismas que tienen carácter procedimental, por lo tanto su
derogación se aplica también en forma inmediata, incluso a los procedimientos en trámite.
Entonces, quedando claro que el artículo 81 del Código Tributario es una norma de naturaleza
procesal, resulta de aplicación inmediata la ley que la deroga, máxime si esta misma norma
legal no disponía lo contrario. En consecuencia, siendo que el Requerimiento número
00106588, en la que se solicita a Wilfredo Oswaldo Castro Maquera, información y/o
documentación correspondiente al ejercicio mil novecientos noventa y siete, y que data de
fecha seis de agosto del dos mil dos, ha sido formulado cuando el referido artículo 81 ya había
sido derogado (artículo único del la Ley 27788, publicada el veinticinco de julio del dos mil
dos), no cabría la aplicación de esta norma al caso sub exámine. De este modo, lo que se está
afirmando es que esta garantía legal de suspensión de la verificación o fiscalización que recogía
el artículo en referencia sólo podía ser aplicable a los procesos de fiscalización hasta el
veinticinco de julio del dos mil dos, por tanto, la aplicación inmediata de la norma que la
deroga impide que esta garantía de contenido estrictamente legal sea aplicable al proceso de
fiscalización iniciado por la Administración Tributaria sobre el período fiscal mil novecientos
4. noventa y siete, desde el momento mismo en que el requerimiento con que se inicia dicho
proceso se formula en el lapso temporal de vigencia de la Ley 27788, de lo que se desprende
que el acto administrativo de la Administración Tributaria en este caso concreto, se adecua a la
normatividad vigente al momento de su expedición, en aplicación del principio de legalidad
recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General – Ley 27444. Finalmente, cabe destacar que la Ley 27788 no otorga
total discrecionalidad a la Administración Tributaria, pues la actuación de ésta queda regulad a
por lo dispuesto en el artículo 43 (referido a la prescripción) y el artículo 62 (referido a las
facultades de la Administración Tributaria) del Texto Único Ordenado del Código Tributario, tal
como lo señala en su Disposición Final Única.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DÉCIMO.‐ Por consiguiente, se logra determinar que la resolución administrativa impugnada
con la presente acción incurre en causal de nulidad prevista en el inciso 1° del artículo 10 de la
Ley 27444 ‐ Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que la demanda interpuesta
debe ser amparada.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DECISIÓN:
Por los fundamentos expuestos: REVOCARON la sentencia apelada de fojas ciento treinta y
ocho, su fecha dieciséis de marzo del dos mil siete, que declara infundada la demanda y,
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la citada demanda de fojas cinco, interpuesta por la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT; en consecuencia Nula la
Resolución del Tribunal Fiscal número 06265‐3‐2003, de fecha treinta de octubre del dos mil
tres, que declaró Nulo el Requerimiento número 00106588, y en consecuencia Nulas las
Resoluciones de Determinación números 114‐03‐0000911 y 114‐03‐0000912, Resolución de
Multa número 114‐02‐0002150 y la Resolución de Intendencia número 116401464/SUNAT; en
los seguidos con el Tribunal Fiscal y don Wilfredo Oswaldo Castro Maquera, sobre impugnación
de resolución administrativa; actuando como Vocal Ponente el Señor Távara Córdova; y los
devolvieron.‐
SS.
TAVARA CORDOVA
SOLIS ESPINOZA
PALOMINO GARCIA
CASTAÑEDA SERRANO
IDROGO DELGADO
jd.
