Decaimiento del Procedimiento administrativio 1ra sentencia

1. 1
Santiago, veintiocho de diciembre del año dos mil nueve.
Vistos
Se eliminan los considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto y
séptimo de la sentencia en alzada.
Y teniendo además presente:
Primero: Que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
dejó transcurrir cuatro años, dos meses y veintiocho días sin resolver
los descargos formulados por la empresa reclamante, plazo que
excede todo límite de razonabilidad, contrariando diversos principios
del derecho administrativo obligatorios para la Administración, los que
además tienen consagración legislativa.
Así, en efecto, la tardanza inexcusable de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles afectó en primer término el principio del
debido proceso, pues resulta indudable que para que nos encontremos
ante un procedimiento racional y justo la sentencia debe ser oportuna.
Segundo: Que, asimismo, se ve vulnerado el principio de la eficacia y
eficiencia administrativa, consagrado en diversas disposiciones de la
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.
El artículo 3 inciso 2º dispone que ?La Administración del Estado
deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia,
co ordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de
los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad
administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos
intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos,

2. respetando el derecho de las personas para realizar cualquier
actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las
leyes?.
Por su parte, el artículo 5º inciso 1º señala que ?Las autoridades y
funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de
los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función
pública?.
El artículo 11 de la misma ley relaciona la eficiencia y eficacia con la
oportunidad en que se realiza la actuación administrativa, al disponer
que ?Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia
y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación
del personal de su dependencia.
Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad
y oportunidad de las actuaciones?.
Y, por último, el artículo 53 vincula los principios de eficiencia y eficacia
con la probidad administrativa al establecer que ?El interés general
exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control,
para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz.
Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte
de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus
decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes,
programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la
administración de los recursos públicos que se gestionan; en la
expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso
ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley?.
Tercero: Que, además, la ineficiencia administrativa demostrada con la
tardanza vulnera el principio de celeridad, consagrado en el artículo 7º
de la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que dispone que ?El procedimiento, sometido al
criterio de cel eridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del
Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del

3. procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos
los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo
obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión?.
También vulnera el principio conclusivo establecido en el artículo 8 de
la Ley 19.880, pues desvirtúa el fin último del procedimiento adminis
trativo que consiste en que ?la Administración dicte un acto decisorio
que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su
voluntad?.
Asimismo infringe el principio de la inexcusabilidad establecido en el
artículo 14 de la citada ley sobre procedimientos administrativos, que
dispone que ?La Administración estará obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea
su forma de iniciación.
Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto
que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes
a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico,
informando de ello al interesado.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, abandono del
procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición
sobreviniente del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en
la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.?
Cuarto: Que lo anterior significa que no obstante que el plazo de 30
días establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 18.410 que crea la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el plazo de seis
meses mencionado en el artículo 27 de la Ley Nº 19.880 de Bases de
los Procedimientos Administrativos no son plazos fatales, y que en
principio su incumplimiento sólo genera las responsabilidades
administrativas correspondientes, la vulneración abierta de los
principios señalados en los considerandos anteriores ha de tener un
efecto jurídico en el procedimiento administrativo.
Quinto: Que el efecto jurídico aludido precedentemente, no puede ser
otro que una especie de ?decaimiento del procedimiento
administrativo sancionatorio?, esto es su extinción y pérdida de

4. eficacia.
El decaimiento se ha definido como la extinción de un acto
administrativo, provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho
o de derecho que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o
abiertamente ilegítimo.
El elemento de hecho sobreviniente en el caso de autos, es el tiempo
excesivo transcurrido desde la evacuación oportuna de los descargos
por parte de Shell Chile Sociedad Anónima Comercial e Industrial ante
los cargos que se le formuló mediante Oficio Ord Sec N° 5618 de 7 de
octubre de 2.004, hasta la dictación de la Resolución N° 00170 que
aplicó a la empresa mencionada una multa de 50 Unidades Tributarias
Mensuales, tiempo que alcanzó a 4 años, dos meses y veintiocho días,
lo que ha afectado el contenido jurídico del procedimiento
administrativo tornándolo abiertamente ilegítimo, produciendo su
decaimiento y pérdida de eficacia, y la extinción de los actos
administrativos de trámite dictados, siendo por lo mismo ilegal el de
término que aplicó la sanción administrativa.
Sexto: Desde otro punto de vista, ha de considerarse que el objeto
jurídico del acto administrativo, que es la multa impuesta, producto del
tiempo excesivo transcurrido se torna inútil, ya que la sanción
administrativa tiene principalmente una finalidad preventivo-represora,
con ella se persigue el desaliento de futuras conductas ilícitas
similares, se busca reprimir la conducta contraria a derecho y
restablecer el orden jurídico previamente quebrantado por la acción del
transgresor. Después de más de cuatro años sin actuación
administrativa alguna, carece de eficacia la sanción, siendo inútil para
el fin señalado, quedando vacía de contenido y sin fundamento jurídico
que la legitime.
Asimismo, es abiertamente ilegítima, pues, como se expuso, son
manifiestas las vulneraciones a los principios de derecho
administrativo que se producen con la dilación indebida e injustificada.
En consecuencia, es ilegal la resolución exenta N° 00170, de 30 de
enero de 2009, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
por ?decaimiento del proceso administrativo sancionador?.

5. Se confirma la sentencia apelada de catorce de octubre de dos mil
nueve, escrita a foja
s 184.
A fojas 208: téngase presente.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Pierry.
N°8682-2009. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte
Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor
Carreño, Sr. Pedro Pierry Sra. Sonia Araneda y el Abogado Integrante
Sr. Benito Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la
causa y acuerdo del fallo el Ministro señor Pierry por estar en comisión
de servicios. Santiago, 28 de diciembre de 2009.
Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola
Herrera Brümmer.
En Santiago, a veintiocho de diciembre de dos mil nueve, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Pierry.
Nº8682-2009.