casacion n°16009

1. Lima, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. –
CASACIÓN Nº 16900-2014, LIMA
Nulidad de Resolución – PROCESO ESPECIAL.
VISTA: La causa número dieciséis mil novecientos guiones dos mil catorce guiones
Lima, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se
ha emitido la siguiente sentencia:
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MATERIA DEL RECURSO
El recurso de casación interpuesto por la demandante, Mary Elizabeth Urteaga
Avellaneda, mediante escrito presentado en fecha dieciséis de septiembre de dos
mil catorce, que corre en fojas seiscientos ochenta y seis a seiscientos noventa,
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, que
corre en fojas seiscientos setenta y siete a seiscientos ochenta y uno que confirma
la sentencia apelada de fecha diecisiete de mayo de dos mil trece que corre en
fojas quinientos noventa y uno a quinientos noventa y ocho que
declara infundada la demanda; en los seguidos con la entidad
demandada, Ministerio del Trabajo y Promocióndel Empleo, sobre nulidad de
resolución.
CAUSAL DEL RECURSO
Por resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, que corre en fojas
ochenta a ochenta y seis del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso
interpuesto por el demandante, por la causal de infracción normativa de los

2. numerales 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú;
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha
causal.
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CONSIDERANDO
Primero. – Vía Administrativa. Mediante Carta Nº 26712-2009-MTPE/ST, de
fecha tres de setiembre de dos mil nueve, se rechazó el pedido de la demandante,
contra la Resolución Suprema Nº 028-2009-TR de fecha cinco de agosto de dos mil
nueve que aprobó la lista de ex trabajadores que debían ser inscritos en el Registro
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, en tanto no se consideró a la
demandante dentro de dicha lista. –
Segundo.- Vía Judicial. Por escrito de fecha siete de octubre de dos mil nueve, que
corre en fojas ciento quince a ciento veinticuatro, Mary Elizabeth Urteaga
Avellaneda interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando se declare la
nulidad de la Resolución Administrativa Nº parcial de la Resolución Nº 028-2009-
TR, de fecha cinco de agosto de dos mil nueve, y como consecuencia de la nulidad
solicitada se proceda a ordenar al Ministerio de Trabajo proceda a inscribirla en el
Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente como beneficiaria de la Ley Nº
27803.-
Tercero.- La Jueza del Vigésimo Séptimo Juzgado Laboral de Lima con fecha
diecisiete de mayo de dos mil trece, emitió sentencia contenida en la resolución
número cincuenta y seis, la misma que corre en fojas quinientos noventa y uno a
quinientos noventa y ocho, declarando infundada la demanda, expresando como
sustento de su decisión que la demandante no acreditó con medio probatorio idóneo
haber impugnado en vía administrativa o judicial las Resoluciones Ministeriales

3. numerales 347-2002-TR y 059-2003-TR y en la Resolución Suprema Nº 034-2004-
TR.-
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Cuarto.– Recurrida la sentencia por la demandante mediante recurso impugnatorio
de fecha cuatro de junio de dos mil trece, que corre en fojas seiscientos diecinueve a
seiscientos veintinueve, la Primera Sala Transitoria Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Lima, confirmó la sentencia impugnada, al considerar que no se acreditó
en el decurso del proceso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 1º de la Ley 29059.-
Quinto.– En este contexto procedemos a analizar la causal por la que se ha admitido
el recurso de casación de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo
139º de la Constitución Política del Perú. –
Sexto.– Siendo ello así, corresponde a esta Sala Suprema establecer a partir de la
revisión de los actuados, si la Sala de mérito ha motivado adecuadamente su
decisión, si ha aplicado las normas correspondientes al caso concreto o si ha
incurrido en afectación al debido proceso o a la debida motivación. –
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Séptimo. – Efectuando el análisis a la causal in procedendo, debemos señalar que
los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la ConstituciónPolíticadel
Estado establecen: “Son principios y derechos de la función
jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley,
ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al

4. efecto, cualquiera sea su denominación (…) 5. La motivación escrita de las
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en
que se sustentan (…)”. –
Octavo.– El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº
4907-2005-HC/TC de fecha ocho de agosto de dos mil cinco, en sus fundamentos
dos, tres y cuatro ha expresado lo siguiente respecto al debido proceso: “(…)2. El
artículo 139º de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la
función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo
tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas
garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la
propia validez de la configuración del proceso, cualquiera que sea la materia que
en su seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigatoria realizada
por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un
derecho de connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en el
respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja que
desborda el ámbito meramente jurisdiccional. 4. El artículo 4º del Código Procesal
Constitucional, recogiendo lo previsto en los instrumentos internacionales,
consagra el derecho al debidoproceso como atributo integrante de la tutela
procesal efectiva, que se define como aquella situación jurídica de una persona en
la que se respetaneste y otros derechos procesales de igual significación (el
resaltado en negrita es nuestro) (…)”. –
Noveno.- En la sentencia del trece de octubre de dos mil ocho, al resolver
el Expediente Nº 00728-2008-HC, el Tribunal Constitucional, respecto de la debida
motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento expresó: “Ya en
sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2)
ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de las
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o
justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas

5. razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable
al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (…) el
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho
a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los
propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las
demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden
ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de
una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en
la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la
valoración de los hechos”.
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Décimo.- El fundamento siete de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00728-
2008-HC ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho
a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros
por los supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) Deficiencias en la
motivación externa: justificación de las premisas, d) Motivación
insuficiente, e) Motivación sustancialmente incongruente
y f) Motivaciones cualificadas.-
Undécimo.– Estando a los argumentos que sostienen el recurso de casación, la
revisión debe circunscribirse, en el marco de lo señalado, sobre la supuesta

6. afectación al derecho al debido proceso y la debida motivación. En este sentido,
debe verificarse si la accionante acreditó el cumplimiento de alguno de los
supuestos para acceder al proceso contencioso administrativo para resolver su
controversia respecto a si debe ser incluida en la lista de trabajadores irregularmente
cesados, esto es, si ha sido una ex trabajadora de la Resolución Suprema Nº 021-
2003-TR (conforme al artículo 1º de la Ley Nº 29059) o si llevó a cabo la
impugnación administrativa contra alguna de las Resoluciones Ministeriales Nº 247-
2002-TR y 059-2003-TR y la Resolución Suprema Nº 034-2004-TR.-
Duodécimo.- En el presente caso sólo corresponde analizar si la actora presentó
recurso impugnativo contra alguna de las resoluciones ministeriales que aprobó la
relación de los trabajadores irregularmente cesados, ya que la actora en su teoría del
caso ha mencionado que interpuso dicho recurso ante la Defensoría del Pueblo,
cumpliendo con el requisito de haber impugnado la Resolución Suprema Nº 034-
2004-TR, también en razón a que las instancias de mérito declararon infundada la
demanda, en razón a que la actora no cumplió con impugnar administrativamente
algunas de las resoluciones ministeriales a través de las cuales se oficializaron la
lista de trabajadores irregularmente cesados.-
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Décimo Tercero.– Consta de folios doscientos noventa y uno a doscientos noventa
y tres, el escrito de fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, a través del cual la
actora cuestionó la Resolución Suprema Nº 034-2004-TR solicitando que se
disponga su incorporación en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados
Irregularmente. Es de precisar que la Comisión Ejecutiva estuvo conformada, entre
otros, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de
Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, la Presidencia del Consejo de
Ministros y la Defensoría del Pueblo. La presentación de dicho escrito ante la
Defensoría del Pueblo ha sido entendida por las instancias de mérito como un acto

7. que no satisface la exigencia de la norma respecto a la impugnación de una
resolución ministerial que aprueba la lista de trabajadores irregularmente cesados. –
Décimo Cuarto.– No obstante, debe considerarse que el procedimiento
administrativo se rige por el principio de informalismo, previsto en el numeral 1.6
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, a partir del cual debe
entenderse que las normas de procedimiento deben ser interpretados en forma
favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. En
tal sentido, el argumento de las instancias de mérito, que sostiene que el haber
presentado el recurso contra la Resolución Suprema Nº 034-2004-TR ante la
Defensoría del Pueblo no agota la vía administrativa, sería contrario al principio
referido pues se estaría privilegiando la forma cobre el tema de fondo de la
pretensión del administrado. –
Décimo Quinto.- Del mismo modo, el criterio de las instancias de mérito afecta el
principio de eficacia que informa al procedimiento administrativo (numeral 1.10 del
artículo IV de la Ley Nº 27444) en tanto, que es deber de los sujetos de dicho
procedimiento hacer prevaler el cumplimiento de los fines y objeto de los actos y
hechos administrativos sobre las formalidades no relevantes. En el presente caso está
probado que la recurrente dentro del plazo presentó su recurso ante la Defensoría del
pueblo, por consiguiente, de haberse considerado incompetente dicha entidad para
pronunciarse sobre la apelación formulada por la actora, conforme al artículo 130º
de la Ley Nº 27444, debió remitir dicho recurso a la Comisión Ejecutiva, de la cual
fue parte, a fin de que pueda pronunciarse sobre dicho recurso, su omisión conlleva
la afectación del derecho al debido procedimiento administrativo.-
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Décimo Sexto.– No debe soslayarse que es principio del procedimiento
administrativo la verdad material conforme al cual las actuaciones administrativas
deben estar sujetas a la identificación y esclarecimiento de los hechos reales y a

8. constatar la realidad, independientemente de cómo hayan sido alegados, y, en su
caso, probados por los administrados. Por esta razón, la administración tiene el
deber de adecuar sus acciones a la verdad material, y superar de manera oficiosa, las
restricciones que las propias partes pueden plantear, deliberadamente o no. De allí
que sea necesario que en el presente caso exista pronunciamiento de fondo que
determine si corresponde o no a la demandante ser incluida como beneficiaria de la
Ley Nº 27803, no hacerlo afecta los derechos que son sustento de la casación.-
Décimo Séptimo.- A todo ello, cabe añadir, como argumento para el ingreso al
análisis del fondo de la controversia la aplicación del principio de favorecimiento
del proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 2º de la Ley N.º 27584, conforme al
cual: “El Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los
que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del
agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra
duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle
trámite a la misma.” Tal precisión normativa impide que el Juez Contencioso
Administrativo emita pronunciamiento inhibitorio como ocurre en el presente caso
al declarar infundado por razón de no agotamiento de la vía previa. Por todas estas
razones los fundamentos expuestos por las instancias no constituyen razones
jurídicas válidas para denegar el derecho de la actora a obtener un pronunciamiento
sobre el fondo de la controversia, incurriendo el Colegiado Superior en una
deficiente motivación, lesionando el contenido esencial de la garantía constitucional
del debido proceso, así como a la motivación escritade las resoluciones judiciales
reguladas en los numerales 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del
Perú, incurriendo por tanto en causal de nulidad, defecto señalado en la que
también incurre la sentencia en primera instancia, estando a lo expuesto deviene
en fundado el recurso de casación.-
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9. FALLO
Por estas consideraciones, con lo expuesto en el dictamen fiscal supremo; y en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal Civil, modificado
por la Ley Nº 29364;
Declararon:
a) FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante, Mary
Elizabeth Urteaga Avellaneda, mediante escrito presentado en fecha dieciséis de
septiembre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos ochenta y seis a
seiscientos noventa;
b) NULA la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, que
corre en fojas seiscientos setenta y siete a seiscientos ochenta y uno; e
c) INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha diecisiete de mayo de dos mil
trece que corre en fojas quinientos noventa y uno a quinientos noventa y ocho;
d) DISPUSIERON que el Juez de la causa expida resolución sobre el fondo de la
controversia con arreglo a ley y observando las directivas contenidas en este
pronunciamiento; en los seguidos con la entidad demandada, Ministerio del
Trabajo y Promocióndel Empleo, sobre nulidad de resolución; interviniendo
como ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte; y los devolvieron. –
SS.
ARÉVALO VELA
YRIVARREN FALLAQUE
ARIAS LAZARTE
DE LA ROSA BEDRIÑANA
MALCA GUAYLUPO