Ante la crisis que atraviesa el sistema económico, social y politico se requieren soluciones disruptivas para romper con la inercia. El artículo quiere generar una discusión para mejorar las políticas públicas y agilizar la burocracia y la corrupción.

1. ¡QUE DIFÍCIL ES CRECER DERECHO!
Es decir, un crecimiento que nos lleve al desarrollo
Por : Luis Millones Olano, dirige SUSTPRO (www.licencia-social.com)
Luego de 15 años de euforia por el crecimiento económico, ahora en plena crisis política vienen los
cuestionamientos y ataques, de uno u otro lado. Que la culpa la tiene el modelo neoliberal, que la
tramitología y la sobre regulación, que fue el mal manejo económico y el discurso de Humala, que
han sido los radicales anti sistema, que los tecnócratas, etc. Ahora con el efecto Odebrecht, arrecian
las críticas según el cristal con que se le mire. Los que miran por el ojo derecho, dicen que ha sido
por la intromisión del Partido de los Trabajadores del Brasil y los que miran por el ojo izquierdo,
dicen que es consecuencia del modelo neoliberal. Unos piden más mercado, otros piden más
estado.
Las discusiones giran en torno a como se perciben los problemas de acuerdo a la carga ideológica,
pasión e instinto animal de cada quien. Pero al margen de las distintas percepciones anotadas, hay
algunos temas de fondo que no son tocados con la debida urgencia e importancia, que tal como
funcionan, son los que hacen fracasar a los gobiernos de turno, independientemente que apliquen
políticas de corte neoliberal o populistas de izquierda o derecha.
En lo que la mayoría esta de acuerdo es que la inversión privada es necesaria porque es la que
mueve los engranajes del aparato productivo y del sistema socio económico. También debería estar
claro, que la minería ha sido y será uno de los pilares del crecimiento, pero que no hemos sabido
aprovechar los recursos que generó. Así como es indiscutible que primero está la calidad de vida de
las personas, antes que las utilidades de las empresas o de los impuestos que capte el estado.
Menudo problema a resolver.
El presente artículo, quiere llamar la atención sobre algunos aspectos que no se les da la debida
importancia y que consideramos relevantes para comprender el estado real de las cosas y que
podrían ser inclusive más importantes que un manejo prolijo de la macro economía y las principales
cuentas, para enrumbar al país por la senda del desarrollo, como un peldaño superior a las efímeras
tasas de crecimiento que NO aseguran la sostenibilidad y viabilidad del país en el mediano y largo
plazo.
LAS CUATRO PATAS DEL DESARROLLO
1 : “ELLOS” Y “NOSOTROS” Ó COMO SE GESTA UN CONFLICTO SOCIAL
Si la pobreza fuera un problema económico o social, los pobres no deberían rechazar los proyectos
extractivos, por la obra pública que esta trae aparejada. Entonces, la pobreza podría ser un
problema también político y per se, la conflictividad social, también. Por tanto, la conflictividad social
y la pobreza, deberían pasar por revisar lo político y como se hace “política” en el Perú.
Si es que los grupos menos favorecidos de la sociedad no están representados políticamente y el
estado no ejecuta políticas públicas que equilibren las desigualdades y falta de oportunidades de los
pobres, la conflictividad social irá arreciando conforme disminuya la inversión pública, que es uno de
los escenarios probables de los próximos años.

2. ¿A quienes representan los congresistas en el poder legislativo?. Sabemos que son las cúpulas
partidarias enriquecidas que se representan a si mismos, políticos “profesionales”, dueños de
universidades, notarios, empresarios, testaferros, lobbystas y hasta mineros ilegales. ¿Y cuál es el
interés de estar allí?. ¿Acaso resolver los grandes problemas de la población de menores recursos y
los menos favorecidos?. De ninguna manera.
Por su parte, el poder ejecutivo que es la herramienta del gobierno para impartir y ejecutar políticas
de estado en beneficio de las mayorías, tiene sus propios problemas. Al no existir la carrera del
funcionario público, no tiene los cuadros técnicos necesarios para diseñar y gestionar políticas
sectoriales efectivas. Por ello, algunos funcionarios de turno y sus operadores a nivel nacional,
sabiendo que su paso por el estado es efímero y conyuntural, asaltan al erario público a través de
las adquisiciones de bienes y servicios, sobre la cuales direccionan sus intereses ilegales.
Mientras esto sucede, la población de menores recursos no sienten la presencia del estado en su rol
subsidiario y garante de las condiciones mínimas de vida (salud, educación, agua, desague,
seguridad) y menos de políticas sectoriales que apoyen sus actividades económicas. Por ello miran
con sospecha y desconfianza cuando llega la empresa privada a sus territorios, a quienes muchas
veces responsabilizan de su situación y le exigen que ocupe el rol que el estado no cumple. Hay un
sentimiento de “nosotros” los pobres y “ellos”, los políticos, el estado y por extensión las
empresas privadas, a quienes las miran con desconfianza.
2 : LO POLÍTICO COMO CONDICIÓN SINE QUA NON PARA ALCANZAR EL DESARROLLO
Las últimas décadas se ha privilegiado lo económico en desmedro de lo social y lo político. Hemos
estado mirando como hipnotizados la tasa de crecimiento económico y hemos creído que ese es el
termómetro de nuestro progreso y bienestar. Se ha creído y todavía se cree, que el mercado es el
mejor asignador de los recursos de la economía y que el crecimiento automáticamente disminuye la
pobreza y también las desigualdades.
Durante años se ha hablado del “modelo peruano”, como exitoso, sin embargo, creemos que al
privilegiar el crecimiento y la inversión como sus ejes principales, se ha dejado de lado el sistema
político, ignorando que es necesario establecer las reglas de juego para que los distintos grupos de
la sociedad sean escuchados, principalmente de aquéllos marginados y en estado de pobreza
crónica, que en gran medida viven en zonas ricas en recursos naturales renovables y no renovables.
Al no haber desarrollado un sistema político que permita a los gobiernos administrar el estado en
función de las demandas sociales, se ha creído equivocadamente que promoviendo la inversión y
ejecución de obras de infraestructura, todo lo demás es irrelevante. Y al no generarse políticas
públicas consensuadas con los distintos grupos de la sociedad a nivel regional y local, las que se
han ejecutado no han tenido los impactos deseados. Aún más, ni siquiera han podido ser
monitoreadas y evaluadas, en función de objetivos y metas, medibles y cuantificables, de tal forma
que se puedan corregir las que han dado resultado y eliminar las que han fracasado. Este descontrol
ha ocasionado altísimos niveles de corrupción y lapidación de recursos irrecuperables, dejando a
miles de familias en el desamparo y marginadas del crecimiento económico.
Si bien la conflictividad social es un proceso normal de convivencia entre grupos con distintos
intereses, culturas y cosmovisión, el estado peruano ha estado ausente a la hora de disminuir los
antagonismos y al privilegiar lo económico, ha sido en desmedro de los intereses de las poblaciones

3. rurales y urbanas de menores recursos. He allí un escenario predispuesto al conflicto cuándo
aparecen los privados.
3 : MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Sumado a lo anterior, por la carencia de cuadros técnicos en el estado (a nivel nacional, regional y
local) se diseñan y ejecutan políticas públicas inadecuadas, abundante reglamentarismo y exceso de
burocratismo, cuyo efecto inmediato es la inoperancia de los planes, programas y proyectos. Con la
llegada de un nuevo gobierno, con programas hechos para ganar las elecciones y sin cuadros
técnicos alternativos al statu quo, no se hacen los cambios necesarios y el proceso se repite. Mala
ejecución de las políticas, baja productividad y corrupción.
Asimismo, no hay articulación entre la política económica y la sectorial. No hay una entidad que
planifique, coordine, monitoree y evalúe las políticas públicas. Los ministerios no conocen la realidad
de su sector y no tienen ninguna injerencia a nivel descentralizado. Como consecuencia las políticas
sectoriales no tienen metas ni objetivos definidos. Esta ambiguedad para gestionar la política pública
conduce a que los ministros se desentiendan de los problemas de su sector. Esto ha sido
particularmente notorio cuando las comunidades que rechazaban los proyectos mineros, no tenían
interlocutores para dialogar, mientras que los ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Cultura y
el de Medio Ambiente, “jugaban al gran bonetón”.
También existe un divorcio entre la política que figura en los documentos oficiales y lo que realmente
se ejecuta. Por citar un caso, la política agraria señala que su objetivo principal es apoyar la
actividad desarrollada por la pequeña agricultura. Sin embargo, durante el anterior gobierno,
AGROBANCO financió y apoyo a las grandes plantaciones y sectores modernos de la agricultura y
no a la pequeña agricultura, tal como lo señalaba el documento Política Nacional Agraria. Con el
agravante que la cartera pesada es una de las más altas del sistema financiero, que nos hace
recordar al tristemente recordado Banco Agrario, liquidado en los 90s.
En el caso de las regiones y a nivel local, la situación es aún más grave. Los gobiernos regionales y
locales no tienen metas a nivel de resultados e impacto de los programas y proyectos, basados en
indicadores de salud, educación, servicios básicos, seguridad, que pueda servir de referente para
evaluar la gestión pública. Asimismo, existe duplicidad de acciones. Es decir, para un mismo objetivo
actúan los niveles central, regional y local, sin que estén coordinados. No se tiene una línea de base
ni una base de datos para coordinar y elegir a los potenciales beneficiarios. Es el caso por ejemplo
de los proyectos de cacao en Ucayali, dónde el MINAGRI, Gobierno Regional y Local, cada uno
actúa por su cuenta sobre el mismo cultivo.
Esta debilidad institucional para diseñar políticas públicas tanto del legislativo como del ejecutivo,
han ocasionado la generación de leyes y reglamentos inviables y contradictorios con la realidad. La
lista es larga, tales como la Ley de Consulta Previa, la Ley del Canon, la Ley del Fondo Social, las
numerosas leyes de promoción de la inversión, la frondosa legislación ambiental, entre otras. Este
mar de documentos en la práctica ha ocasionado el entrampamiento y el burocratismo, la
desconfianza de los inversionistas y la frustración de la población, así como el apetito de algunos (o
muchos) funcionarios públicos por apropiarse de los recursos.
Es perentorio modificar esta situación con políticas viables y sostenibles, dirigidas hacía objetivos
medibles y verificables. Es decir, que las políticas, planes, programas y proyectos alcancen los

4. objetivos planeados con el menor costo y con la mayor rentabilidad social, engarzadas desde el nivel
nacional con las regiones, provincias y distritos, a través de un sistema formal y no por razones de
emergencia climática o conflictividad social.
4 : REESTRUCTURACCIÓN DEL APARATO ESTATAL
Las políticas públicas para ser eficientes y eficaces deberían estar conectadas desde el nivel central
con los niveles regionales y locales, dentro de un sistema de toma de decisiones para la inversión
pública, cohesionadas, conectadas y coordinadas con la población. Actualmente, en la mayoría de
ministerios y entidades públicas los documentos de políticas, planes, programas y proyectos, así
como los organigramas funcionales, solo funcionan en el papel. En el mejor de los casos, los
indicadores de éxito se basan en el nivel de gasto del presupuesto, sin que se sepa si realmente se
ejecutaron las obras o servicios y cuales son los resultados contrastados con metas y objetivos
programados.
A pesar de que existen un sin número de instituciones, muchas de ellas creadas inconsistentemente
por los gobiernos de turno, así como abundantes leyes y reglamentos, para casi todas las
actividades, solo se cumplen para la minería a gran escala. Sin embargo, en el interior del país la
gestión pública es casi nula, tanto por falta de infraestructura, cuadros técnicos y recursos. Los
cargos públicos en su gran mayoría son a dedo sin tener el perfil requerido. Además al no tener un
plan de trabajo engarzado a todo nivel, la displicencia, desatención y malos manejos son la
“normalidad”.
Se han creado ministerios que supuestamente apuntarían a proteger a la población vulnerable y a
insertar a aquéllos que habrían quedado fuera del crecimiento, pero sin resultados fehacientes y sin
que se conozca el impacto de estas políticas. Con el agravante, de que no existe una base de datos
de la población objetivo que pueda ser usada en forma conjunta por los ministerios que fomentan
estos programas, para poder medir sus resultados y fiscalizar los recursos aplicados
Algunos ministerios tienen bases de datos y focalización de beneficiarios, pero ignora lo que hace el
otro. Es decir, Agricultura no conoce su población objetivo, el MIDIS, Salud, actúan por su cuenta y
riesgo, lo que al final se traduce en que no se sabe sobre quienes se aplican los programas de lucha
contra la pobreza. Si no se conoce esto, cualquier evaluación de las políticas públicas, son meras
aproximaciones y las cifras manipuladas interesadamente.
También muchas dependencias públicas que tienen que ver con permisos, autorizaciones y
fiscalización, son una “coladera”, dónde los funcionarios públicos son cómplices de la corrupción y
comen “a doble cachete”, haciéndose de la vista gorda, emtiendo permisos y autorizaciones previo
paso por “caja” y hasta funcionarios de la SUNAT que asesoran por las noches a los privados para
sacarle la vuelta a la entidad. Como anécdota, en el fenecido Banco Agrario, éste siempre perdía los
juicios con los morosos y estafadores, debido a que los mismos abogados del banco los asesoraban
como sacarle la vuelta a la entidad financiera.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Nuestra propuesta pretende servir de punto de partida para la discusión de la reestructuración del
poder ejecutivo y del estado peruano en particular. El planteamiento es ordenar la actuación de los
ministerios en función de la inversión y la demanda social que plantea la población y en particular la

5. de menores recursos, que justamente son las que viven en zonas marginales, suelos pobres,
topografía agreste, bajos indicadores de condiciones de vida y con altos niveles de pobreza crónica.
El estado debe hacer posible la ejecución, estabilidad, adaptabilidad, coherencia, coordinación y
retroalimentación de las políticas públicas, para disminuir la entropía del sistema llamado Perú.
En tal sentido, planteamos la creación del Ministerio de Desarrollo encargado de integrar las políticas
públicas y de agilizar el proceso de inversión, buscando la viabilidad técnica, económica, social,
política, institucional, cultural y humana de las sociedades colectivas. (Ver Figura No. 1). Y estaría
compuesto por los siguientes vice ministerios:
Vice Ministerio de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, encargado de crear
las políticas, planes y programas a nivel nacional, regional y local, tanto en temas de servicios
básicos (agua, saneamiento, salud, educación, transportes, energía, comunicaciones, recursos
naturales) como en servicios de apoyo a la producción (agrícola, ganadera, pesquera, manufactura,
artesanía). Asi como, de monitorear, seguir y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos,
para medir su eficiencia, eficacia y efectividad. Mientras, esta instancia es la encargada de dictar
políticas, planes y programas, así como de su evaluación, la entidad que se encargaría de dar luz
verde a los proyectos a través de un sistema de evaluación social y ambiental, sería el que se
presenta a continuación.
Vice Ministerio de Planes, Programas y Proyectos, encargado de filtrar los proyectos de nivel
nacional, regional y local, dentro de un sistema de inversión pública y privada sostenible y
sustentable, que racionalice la inversión y que de la viabilidad económica, social, política, cultural,
institucional, bajo un manejo adecuado de los recursos naturales. Es decir, encargado de las
funciones de INVIERTE PERÚ (ex SNIP) y de las certificaciones ambientales bajo el ámbito del
SENACE. Creemos que este sistema podría racionalizar por un lado los recursos públicos y privados
hacía la ejecución de proyectos multisectoriales, así como evaluar su pertinencia social y ambiental
bajo un enfoque de desarrollo sostenible.
Vice Ministerio de Desarrollo Humano, se encargaría de orientar, racionalizar y priorizar de la
mano con los anteriores vice ministerios, las políticas, planes y programas (PPP), aquéllos
orientados en el combate a la pobreza, el desequilibrio socio político, la exclusión, la marginación de
grupos minoritarios y vulnerables, el racismo, la alienación cultural, entre otros. Absorvería, las
funciones que actualmente desarrollan los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y el de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Vice Ministerio de Gobernanza Sub Nacional, pensado en función de hacer efectiva la
descentralización que a duras penas está en marcha. Es momento de cohesionar y conectar las
políticas públicas nacionales, con las del nivel regional y local, para que funcione un sistema de
políticas, planes, programas y proyectos, validados y sistematizados con las autoridades y grupos de
interés de nivel regional y local. En esta instancia, se discutirán y priorizarán los programas y
proyectos que demanda la población, bajo un enfoque de desarrollo social y territorial sostenible. Así
como se discutirán aquéllos proyectos de interés común entre regiones, provincias y distritos,
buscando la equidad y compensación de los recursos naturales utilizados para la generación de
energía y fuentes de agua, entre otros.

6. MINISTERIO DEL AMBIENTE
Asimismo, reorganizar el Ministerio del Ambiente (MINAM) como eje orientador de la política
ambiental encargado de resolver los problemas que plantean las poblaciones urbanas y rurales en
su relación con los factores ambientales : suelo, aire, agua, bosques, ríos, mares, calentamiento
global, etc. (Ver Figura No. 2). Encargado de encontrar soluciones y coordinar con las entidades
públicas y privadas, a nivel nacional, regional y local, los problemas inherentes a la contaminación
de ríos, mares, espacios urbanos por el parque automotor; a los problemas originados por la
evacuación de residuos sólidos, así como a la desglaciación, deforestación y el calentamiento global.
Será fundamental su accionar en la generación de una conciencia colectiva de cuidado de nuestro
entorno natural a través de programas de educación, comunicación y capacitación en temas de
protección y cuidado de nuestros recursos naturales.
Este planteamiento da un rol preponderante al actual Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, independizándolo del MINAM, encargado del control y fiscalización ambiental no solo de
las empresas privadas, sino de las entidades del estado, con alcance nacional, regional y local,
incluyendo las funciones y actividades que realiza el MINAM.
Nuestro planteamiento pasa por una reorganización del poder ejecutivo como brazo ejecutor de las
políticas públicas, de tal forma que cada ministerio e institución se encargue de resolver algún
problema cuya responsabilidad corresponde al estado, en su rol subsidiario. Así por ejemplo los
ministerios que tienen que ver con la calidad de vida, bienestar y buenestar de los peruanos, alineen
sus políticas, planes, programas y proyectos, de tal forma de evitar la duplicidad, el despilfarro y la
corrupción. Por ejemplo, sostenemos que el Ministerio de Agricultura cumpla un rol más activo en
apoyo a la población rural, dividiéndolo en dos vice ministerios. Uno encargado del Desarrollo
Agropecuario y Agrosilvopastoril, y el otro del Desarrollo Rural. El primero, abocado a resolver los
cuellos de botella de la actividad económica agraria y el segundo, de cohesionar las PPP de los
ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Caminos Rurales, bajo un enfoque de desarrollo rural
integral.
Este nuevo diseño del poder ejecutivo tiene como finalidad asignar y fiscalizar los recursos públicos,
agilizar el proceso de inversiones, filtrar con visión de desarrollo sostenible priorizando al ser
humano como fin de la política y manejo adecuado de nuestros recursos naturales. Ni sobre
regulación ni relajación, sino eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas públicas.
EPILOGO
La carencia de políticas públicas nacionales, sectoriales, regionales y locales, con su consecuente
falta de monitoreo, seguimiento y fiscalización, imposibilitó detener a tiempo la grave corrupción en
el sector público nacional, regional y local, donde el MEF transfirió ingentes recursos, sin prever o
cortar a tiempo los grandes forados que se hicieron a la hacienda pública en estos últimos 15 años
de crecimiento económico.
La corrupción es el síntoma de una grave enfermedad terminal que padece el país. Mientras, no se
refunde la política, se rediseñe el estado, los gobiernos ejerzan la democracia participativa y las
instituciones públicas diseñen políticas y activen mecanismos de monitoreo y evaluación de las
políticas públicas, y fiscalicen los recursos, seguiremos siendo un país corrupto y atrasado.

7. Solo deseamos que este documento sirva para recapacitar y replantear una parte fundamental del
estado. Similar atención deberíamos dar a los otros poderes que lo conforman : Legislativo y
Judicial.
Reconstruir el sistema político y rediseñar el estado, ¡that is the question PPK!.

8. FIGURA No. 1 : CREACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
MINISTERIO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
MDS
VICE MINISTERIO DE
DISEÑO Y
SEGUIMIENTO
POLÍTICAS PÚBLICAS
VICE MINISTERIO
DE DESARROLLO
HUMANO
VICE MINISTERIO
DE PLANES,
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
VICE MINISTERIO DE
GOBERNANZA
SUBNACIONAL

9. FIGURA No. 2 : REDEFINICIÓN DEL MINAM
SENAMHI IGP IMARPE INGEMMET IIAP SERNANP
VICE MINISTERIO
CAMBIO
CLIMATICO
VICE MINISTERIO
RECURSOS
NATURALES
VICE MINISTERIO
CIUDADES
SOSTENIBLES
MINISTERIO DEL
AMBIENTE

10. FIGURA No. 3 : ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
OEFA
F
I
S
C
A
L
I
Z
A
MINAGRI PRODUCE MINERIA ENERGÍA MINAM MDS
GOBIERNOS
LOCALES
GOBIERNOS
REGIONALES