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RESPONSABILIDAD PENAL
     EN ADOLESCENTES
La delincuencia juvenil es un problema con diferentes
facetas. Se trata de un problema social, en cuanto que
representa un fracaso de la sociedad en la educación de sus
nuevos miembros, además de constituir un riesgo que
atenta contra el estado de derecho, el respeto de las
instituciones, las reglas para la convivencia pacífica y la
seguridad de los ciudadanos. Es un problema
económico, cuando los comportamientos delictivos atentan
contra el patrimonio y la propiedad privada o cuando
promueven una economía basada en negocios ilícitos como
el narcotráfico, el secuestro, el robo de autopartes, la
piratería, el fraude y el chantaje. Es también un problema
político que se constituye en un reto para las
autoridades, quienes tienen que desarrollar estrategias
para prevenirlo y para tratarlo. Deben presupuestar los
gastos de estos esfuerzos, capacitar personal y mantener
instituciones judiciales y de custodia.
Se trata de un problema científico, cuando se aborda la
necesidad de explicar las causas de estos actos, de diseñar
y poner en operación medidas preventivas y correctivas, así
como de evaluar los resultados de dichas intervenciones.
La situación de menores infractores en el país es grave, ¿qué
se    está   haciendo   para    atender    este    problema?
"Colombia no ha tomado en serio a los menores infractores. El
sistema de responsabilidad penal para los adolescentes ha sido
la cenicienta de los distintos gobiernos. Lo digo sin desconocer
el compromiso que han tenido instituciones como el ICBF.
Estamos     concluyendo      estudios    para    identificar   qué
responsabilidades deben ser competencia del Ministerio de
Justicia, cuáles del ICBF, del Sena, del Ministerio de Educación y
del Ministerio de Salud, dado que estos últimos en especial se
han         desentendido          de         estos         jóvenes.
También se está adelantando una relación pormenorizada del
estado de los 22 centros de atención especializados para
plantear una propuesta de fortalecimiento y modernización.
Con el Ministerio de Justicia y el ICBF tenemos el propósito de
darle el mayor alcance posible a otros instrumentos del Código
de Infancia y Adolescencia, propios de la justicia restaurativa
que hagan que la privación de la libertad sea excepcional solo
para casos de reincidencia, delitos graves y de alto impacto".
¿Se   buscaría    que       los   muchachos    enmienden        sus   errores    con    servicio    a   la      comunidad?
"La mayoría de las infracciones de los adolescentes están relacionadas con delitos menores, especialmente con hurto.
Por eso debemos aprender a conciliar la firmeza del Estado con la oportunidad que estos jóvenes requieren de
resocialización.

Ello no es obstáculo para que los que ya iniciaron carreras criminales, que cuentan con un prontuario delictivo
espeluznante cumplan las sanciones y respondan por sus actos equivocados“


Bernardo Kliksberg asesor de Naciones Unidas en temas sociales, ha insistido en que los centros de reclusión para
menores         terminan        convirtiéndose        en         una          escuela        del        crimen...
"En la Ley de Seguridad Ciudadana se establece que al interior de los mismos debe diferenciarse a los jóvenes no solo
por     su    edad     sino    del    delito    cometido       y    de    la    oferta     pedagógica      requerida.
Obviamente del dicho hay un largo trecho y el primer paso fue plantearlo en la Ley, lo que sigue es hacer realidad esa
diferenciación para que en los centros de atención especializada para que no ocurra lo que en las cárceles y
penitenciarías: que se convierten en escuelas del crimen".


También    se    requiere     dinero   para   financiar   los    programas      de   educación     en   estos    centros...
"Tenemos el convencimiento de que podremos conseguir los recursos para darle un revolcón a los centros de atención
especializada en el marco de un fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal. Esa es una deuda histórica que
el país tiene con la sociedad y con los menores".
Los recientes problemas de
violencia     en     las   grandes
ciudades, como el de la Comuna
13 de Medellín, donde hay
adolescentes     involucrados    en
delitos        graves         como
homicidio,     extorsión,     hurto
agravado, etc., encendieron la
alarma de las autoridades para
que tomen medidas al respecto y
se evalúe qué está pasando con la
aplicación         del       actual
Código,       conformado        por
principios, normas, procedimiento
s,     autoridades       y    entes
judiciales, de investigación y
policía especializados que rigen la
investigación y juzgamiento de
adolescentes entre 14 y 18 años
que cometen un delito.
Niños y jóvenes aprenden a ser delincuentes en tres escenarios frecuentes: el
hogar, la escuela y el grupo de amigos. Evitar el efecto de los factores causales de
este problema en estos ambientes, sin duda es de principal importancia.
Una modalidad de intervención preventiva basada en la familia la encontramos en
el programa de "educadores tempranos" o "programa FLEX", en el reporte de
August, Realmuto, May y Lee (2003). Típicamente estas intervenciones se enfocan
en fortalecer factores protectivos en la población, con objeto de ayudar a jóvenes
de bajo riesgo, de influencias desviadas que puedan llevarlos a la conducta
antisocial. Como ejemplos de intervenciones diseñadas para alcanzar una
prevención universal están los mensajes en los medios sobre salud
pública, políticas de disciplina en todas las escuelas, currículo de clases que
enseñan solución de conflictos, manejo de la ira, asertividad y habilidades de
auto-control.
El programa se basa en la teoría del desarrollo para prevenir la violencia y la
conducta antisocial. Se dirige a alumnos de edad escolar elemental, cuyo riesgo
está indicado por una constelación de conductas agresivas, opositoras y
disruptivas. Tiene dos grupos de afectación, los niños (CORE) y los padres (FLEX).
Con los niños se usan procedimientos conductuales para promover competencia en
habilidades sociales, logros académicos y auto-control. Incluye: (a) 6 semanas en
una escuela de verano, (b) un programa escolar denominado "evalúa y conecta" y
(c) un programa familiar con educación para padres. Es particularmente
importante en comunidades o áreas empobrecidas, con familias desintegradas y/o
vecindarios hostiles. Con los padres, el programa contempla: (a) un ajuste a las
necesidades y preferencias de las familias específicas, (b) un enfoque mas hacia
fortalecer su cohesión y competencia, que a corregir sus errores, (c) los padres
participan para promover su propia salud, (d) se fortalecen los lazos comunitarios
y (e) los logros dependen del propio esfuerzo de los participantes.
Sin la menor duda, la conducta antisocial de los jóvenes representa un
problema complejo y un reto para muchos grupos organizados, que luchan por
mejorar las condiciones de vida de la población en general y de sus
comunidades. No es un problema reciente y por ello, contamos con alguna
experiencia sobre la forma en que se ha enfrentado. Lamentablemente, los
resultados no han sido lo suficientemente efectivos para darnos por
satisfechos. Contamos con poco personal calificado. Seguimos manteniendo
instituciones de custodia donde no se proporcionan tratamientos
especializados, ni se evalúan sus efectos. Hay muy diversos factores que
promueven en los jóvenes la violencia y otras formas de conducta
antisocial, en lugar de promover el comportamiento socialmente adecuado. En
otras ocasiones, más lamentable aún, los encargados de educar y supervisar a
los jóvenes son los directos inductores de su conducta delictiva, como ocurre
con algunos padres de familia, educadores y policías. A veces este fenómeno
se presenta como un "hecho natural", pero otras veces ocurre como resultado
de una llamada "cultura de la corrupción". A pesar de todo, estos son los
ángulos de la realidad que debemos transformar y la psicología científica ha
demostrado que cuenta con alternativas que nos permiten considerar la
posibilidad de enfrentar el problema con éxito. Así que redoblemos el esfuerzo
y seamos tenaces en nuestro empeño.

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Responsabilidad penal en adolescentes

  • 1. RESPONSABILIDAD PENAL EN ADOLESCENTES
  • 2. La delincuencia juvenil es un problema con diferentes facetas. Se trata de un problema social, en cuanto que representa un fracaso de la sociedad en la educación de sus nuevos miembros, además de constituir un riesgo que atenta contra el estado de derecho, el respeto de las instituciones, las reglas para la convivencia pacífica y la seguridad de los ciudadanos. Es un problema económico, cuando los comportamientos delictivos atentan contra el patrimonio y la propiedad privada o cuando promueven una economía basada en negocios ilícitos como el narcotráfico, el secuestro, el robo de autopartes, la piratería, el fraude y el chantaje. Es también un problema político que se constituye en un reto para las autoridades, quienes tienen que desarrollar estrategias para prevenirlo y para tratarlo. Deben presupuestar los gastos de estos esfuerzos, capacitar personal y mantener instituciones judiciales y de custodia. Se trata de un problema científico, cuando se aborda la necesidad de explicar las causas de estos actos, de diseñar y poner en operación medidas preventivas y correctivas, así como de evaluar los resultados de dichas intervenciones.
  • 3. La situación de menores infractores en el país es grave, ¿qué se está haciendo para atender este problema? "Colombia no ha tomado en serio a los menores infractores. El sistema de responsabilidad penal para los adolescentes ha sido la cenicienta de los distintos gobiernos. Lo digo sin desconocer el compromiso que han tenido instituciones como el ICBF. Estamos concluyendo estudios para identificar qué responsabilidades deben ser competencia del Ministerio de Justicia, cuáles del ICBF, del Sena, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, dado que estos últimos en especial se han desentendido de estos jóvenes. También se está adelantando una relación pormenorizada del estado de los 22 centros de atención especializados para plantear una propuesta de fortalecimiento y modernización. Con el Ministerio de Justicia y el ICBF tenemos el propósito de darle el mayor alcance posible a otros instrumentos del Código de Infancia y Adolescencia, propios de la justicia restaurativa que hagan que la privación de la libertad sea excepcional solo para casos de reincidencia, delitos graves y de alto impacto".
  • 4. ¿Se buscaría que los muchachos enmienden sus errores con servicio a la comunidad? "La mayoría de las infracciones de los adolescentes están relacionadas con delitos menores, especialmente con hurto. Por eso debemos aprender a conciliar la firmeza del Estado con la oportunidad que estos jóvenes requieren de resocialización. Ello no es obstáculo para que los que ya iniciaron carreras criminales, que cuentan con un prontuario delictivo espeluznante cumplan las sanciones y respondan por sus actos equivocados“ Bernardo Kliksberg asesor de Naciones Unidas en temas sociales, ha insistido en que los centros de reclusión para menores terminan convirtiéndose en una escuela del crimen... "En la Ley de Seguridad Ciudadana se establece que al interior de los mismos debe diferenciarse a los jóvenes no solo por su edad sino del delito cometido y de la oferta pedagógica requerida. Obviamente del dicho hay un largo trecho y el primer paso fue plantearlo en la Ley, lo que sigue es hacer realidad esa diferenciación para que en los centros de atención especializada para que no ocurra lo que en las cárceles y penitenciarías: que se convierten en escuelas del crimen". También se requiere dinero para financiar los programas de educación en estos centros... "Tenemos el convencimiento de que podremos conseguir los recursos para darle un revolcón a los centros de atención especializada en el marco de un fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal. Esa es una deuda histórica que el país tiene con la sociedad y con los menores".
  • 5. Los recientes problemas de violencia en las grandes ciudades, como el de la Comuna 13 de Medellín, donde hay adolescentes involucrados en delitos graves como homicidio, extorsión, hurto agravado, etc., encendieron la alarma de las autoridades para que tomen medidas al respecto y se evalúe qué está pasando con la aplicación del actual Código, conformado por principios, normas, procedimiento s, autoridades y entes judiciales, de investigación y policía especializados que rigen la investigación y juzgamiento de adolescentes entre 14 y 18 años que cometen un delito.
  • 6. Niños y jóvenes aprenden a ser delincuentes en tres escenarios frecuentes: el hogar, la escuela y el grupo de amigos. Evitar el efecto de los factores causales de este problema en estos ambientes, sin duda es de principal importancia. Una modalidad de intervención preventiva basada en la familia la encontramos en el programa de "educadores tempranos" o "programa FLEX", en el reporte de August, Realmuto, May y Lee (2003). Típicamente estas intervenciones se enfocan en fortalecer factores protectivos en la población, con objeto de ayudar a jóvenes de bajo riesgo, de influencias desviadas que puedan llevarlos a la conducta antisocial. Como ejemplos de intervenciones diseñadas para alcanzar una prevención universal están los mensajes en los medios sobre salud pública, políticas de disciplina en todas las escuelas, currículo de clases que enseñan solución de conflictos, manejo de la ira, asertividad y habilidades de auto-control. El programa se basa en la teoría del desarrollo para prevenir la violencia y la conducta antisocial. Se dirige a alumnos de edad escolar elemental, cuyo riesgo está indicado por una constelación de conductas agresivas, opositoras y disruptivas. Tiene dos grupos de afectación, los niños (CORE) y los padres (FLEX). Con los niños se usan procedimientos conductuales para promover competencia en habilidades sociales, logros académicos y auto-control. Incluye: (a) 6 semanas en una escuela de verano, (b) un programa escolar denominado "evalúa y conecta" y (c) un programa familiar con educación para padres. Es particularmente importante en comunidades o áreas empobrecidas, con familias desintegradas y/o vecindarios hostiles. Con los padres, el programa contempla: (a) un ajuste a las necesidades y preferencias de las familias específicas, (b) un enfoque mas hacia fortalecer su cohesión y competencia, que a corregir sus errores, (c) los padres participan para promover su propia salud, (d) se fortalecen los lazos comunitarios y (e) los logros dependen del propio esfuerzo de los participantes.
  • 7. Sin la menor duda, la conducta antisocial de los jóvenes representa un problema complejo y un reto para muchos grupos organizados, que luchan por mejorar las condiciones de vida de la población en general y de sus comunidades. No es un problema reciente y por ello, contamos con alguna experiencia sobre la forma en que se ha enfrentado. Lamentablemente, los resultados no han sido lo suficientemente efectivos para darnos por satisfechos. Contamos con poco personal calificado. Seguimos manteniendo instituciones de custodia donde no se proporcionan tratamientos especializados, ni se evalúan sus efectos. Hay muy diversos factores que promueven en los jóvenes la violencia y otras formas de conducta antisocial, en lugar de promover el comportamiento socialmente adecuado. En otras ocasiones, más lamentable aún, los encargados de educar y supervisar a los jóvenes son los directos inductores de su conducta delictiva, como ocurre con algunos padres de familia, educadores y policías. A veces este fenómeno se presenta como un "hecho natural", pero otras veces ocurre como resultado de una llamada "cultura de la corrupción". A pesar de todo, estos son los ángulos de la realidad que debemos transformar y la psicología científica ha demostrado que cuenta con alternativas que nos permiten considerar la posibilidad de enfrentar el problema con éxito. Así que redoblemos el esfuerzo y seamos tenaces en nuestro empeño.