El documento describe un sistema educativo centralizado donde el Ministerio de Educación Nacional toma todas las decisiones sobre la educación en el país. Los rectores y docentes no tenían autonomía y solo cumplían órdenes del MEN. La constitución política de Colombia de 1991 transfirió la responsabilidad de la educación a los departamentos, distritos y municipios, dándoles autonomía para diseñar sus planes de estudio y currículos.