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Relaciones Civiles-Militares:
¿Problema de gobernabilidad?
Resumen de la exposición
Raúl A. Wiener F.;
Periodista, Economista
A
usencia más que notoria. En un país que acaba de salir de la larga noche de la dictadura y la
militarización del poder, y que está en la recta final de una segunda vuelta para elegir nuevo
gobierno, ocurre que en el debate entre los candidatos desaparece toda referencia al tema.
Como si los problemas del Perú de los últimos diez años hubiesen sido de más o menos dos
puntos del IGV o de universidades en todas las provincias. Dicen que el tema de las Fuerzas
Armadas no entró porque la agenda ya estaba muy cargada. Aún si fuera así, no resultaría sino
una reiteración de una vieja historia. Siempre la agenda peruana ha sido evasiva cuando se
plantea el asunto. No alcanza la agenda, no es el momento, no debería tratarse en público, etc.
Durante diez años el factor armado estuvo en el centro del juego político nacional. Por eso,
uno cualquiera hubiera esperado algunas definiciones básicas de parte de quienes pretenden
gobernar el país por los siguientes cinco años. Por ejemplo:
• que el ministerio de defensa, en adelante, deberá ser dirigido por civiles. E igual el
ministerio del interior. Es decir, que los organismos del gobierno que tienen a su
cargo definir la política y supervisar a las instituciones armadas, estén efectivamente
colocados por encima de ellas.
• que quedará establecida la incompatibilidad entre el ejercicio de cargos públicos
nombrados por el gobierno y la permanencia en el servicio activo de las fuerzas
armadas.
• que se derogarán las normas secretas de movilización, comandos de emergencia y
otras que fueron dictadas al final del gobierno militar de los 70 y que han conducido
al poder civil a abdicar de su autoridad en situaciones críticas para la continuidad del
poder.
• que el rol de la presidencia de la república como jefatura suprema de las Fuerzas
Armadas no se volverá a confundir con un cargo castrense y de mando de tropa,
entendiéndosele simplemente como expresión de la subordinación de la organización
militar a la autoridad democrática elegida por el pueblo.
• que se llevará hasta el final el juicio a los hechos y responsabilidades del golpe del 5 de
abril, la ruptura constitucional, la manipulación y corrupción de las Fuerzas Armadas,
durante los 90.
La verdad es que los candidatos le están corriendo a la caliente papa de la cuestión militar.
Porque no sólo ha sido en el debate, sino en toda la campaña que el punto desaparece. Y esto
tiene que ver con discutibles y más bien perversas tradiciones nacionales. Cada vez que hemos

2. pasado de dictadura a democracia, de militares a civiles, los nuevos gobernantes han apuntado
rápidamente a construir alguna forma de status quo ignorando la historia inmediata.
En el momento de la derrota de los militaristas es cuando mejor se ha apreciado la debilidad de
los civilistas. Tal vez viendo que es mejor pactar con una Fuerza Armada debilitada para lograr
un mando adicto y reducir en lo posible presiones presupuestarias, que intentar una radical
reforma, los peruanos nos hemos convertido en una sociedad capaz de tropezar a cada tanto
con la misma piedra. Odría pudo reinar ocho años hasta que tuvo que irse indignamente en
medio de protestas. Pero las fuerzas armadas que acompañaron al dictador quedaron intocadas
y pudieron trabajar de lo más bien con el régimen civil pradista.
Velasco y Morales Bermúdez encabezaron un gobierno uniformado de doce años, con dos
presidentes. El segundo echó al primero cuando comenzaba la crisis. Y a él mismo lo echó el
pueblo cuando la crisis se le escapó de las manos. Pero lo que el general no perdió de vista
en ningún momento fue evitar que los civiles que rompían la tutela y regresaban a la política
activa se fuesen sobre la institución que se cerró más que nunca. Impuso la no investigación de
los hechos 68-80 y la inviolabilidad de la línea de mando institucional. El segundo gobierno
de Belaúnde aceptó el trato. Asumió la impunidad como necesaria y permitió a las mismas
Fuerzas Armadas que lo echaron una madrugada en pijamas de Palacio, coexistir con su
siguiente gobierno.
En 1992, Fujimori decidió volver a copar militarmente el poder e instaurar una sociedad
entre la cúpula uniformada y el mandatario civil, no sujeto a ningún control partidario o
institucional. En noviembre del 2000 empezamos a salir de ese pantano. ¿Pero que estamos
haciendo para empezar construir un tiempo nuevo?.
Una relación conflictiva
El signo de la república del Perú desde 1821, es el militarismo. Primero fue el ejército y
después el Estado. Primero el caudillo que llegaba a general a los 30 años, y mucho después
el civil gobernante respaldado no en las masas sino en los grupos de poder económico. Aquí
hubo el partido de los ricos que se denominaba civilista y prometía una democracia de los
privilegios. Y diversos partidos de los pobres, montoneros y provincianos, que servían de
vehículo para que caudillos militares ambiciosos y civiles militarizados igualmente ambiciosos
se hicieran del poder y desde allí se hiciesen ricos.
La historia oficial del Perú no sólo está salpicada de muchos héroes uniformados inmolados
en el campo de batalla, donde la mayor parte de las veces fuimos los derrotados; sino que
se cuenta también como una sucesión de presidentes dentro de los cuales el valor positivo
parece estar más del lado de los gobernantes con galones que de los de la levita. Así se
recuerda a Castilla el libertador; Balta el constructor; Cáceres el jefe legendario de la Breña;
Sánchez Cerro el hombre del coraje que de teniente coronel dominó generales; Odría, también
constructor; Velasco revolucionario y nacionalista; Morales democratizador. En cambio se
hace una imagen de corruptos e ineficientes sobre una larga lista de presidentes civiles de
origen electoral. Por todo eso hablar de civiles, militares y país gobernable es internarse en un
terreno difícil, cargado de riesgos inesperados.
El siglo XX, al representar una gigantesca conmoción sobre las estructuras de poder y
sucesivas oleadas de movilización: migración, urbanización, industrialización,
democratización; impuso obligatoriamente radicales cambios en la organización de las Fuerzas

3. Armadas y en su relación con una realidad en intensa agitación política y social. Pueden
subrayarse dos campos decisivos:
• el doctrinario: la descaudillización militar debería haberse traducido en una
institución de simples profesionales del orden, sin importar el contenido de ese mismo
orden, lo que significaba una organización ajena a la actividad de pensar asociada al
poder. Esto no era negado para nada dentro de la lógica de la guerra fría y de los
ejércitos ideológicos que alineó a los militares latinoamericanos en la persecución de
enemigos internacionales del “orden y la libertad”. Sin embargo desde finales de 1950,
los militares peruanos empezaron un giro intelectual que los distancia de sus similares.
En pleno auge de la teoría del desarrollo, los ideólogos de las Fuerzas Armadas
visualizaron la necesidad de encarar la “seguridad y la defensa” en el contexto de un
“Proyecto Nacional”, que teóricamente debían servir para discutirla con los civiles,
pero que se convirtió en “proyecto militar”, ideología corporativa, y fundamento de los
golpes de 1962, 1968 y 1992;
• el organizativo: la noción de una Fuerza Armada separada del resto del Estado,
no instrumental, capaz de alentar una doctrina propia, pudo ser por mucho tiempo
la del caudillo con su ejército propio; pero en la modernización esto adquirió un
sentido diferente: los uniformados asumen una concepción corporativa de las Fuerzas
Armadas, que los despersonaliza, pero al mismo tiempo resiste la presión
instrumentalizadora, de organismo especializado que le reclama el poder de turno.
Los militares empiezan a entenderse como una organización moderna, cerrada, una
comunidad de intereses, con una mirada al Estado y la sociedad, que responde a
las obligaciones de defensa, seguridad y orden con una filosofía y normatividad
específica.
No hay duda que las Fuerzas Armadas dejaron de identificarse con la persona de sus jefes.
Al punto que éstos han podido ser relevados sucesivamente sin mayores trastornos. Y sus
decisiones empezaron a reflejar criterios de política consistentes. Por ejemplo en el cambio
de proveedores de armamento que incidió en la elección de nuevas tecnologías y tácticas de
combate; el nuevo peso otorgado a la guerra aérea dentro de la concepción de guerra rápida y
contundente; la alianza con los campesinos ronderos para enfrentar la subversión, superando
resistencias y desconfianzas. Estos son algunos de los datos que indican solidez estratégica
en el alto mando. No se puede decir que es malo que los militares piensen o que aseguren
una institucionalidad propia. El problema es descubrir de qué manera esta maquinaria de
tanto poder, se articula al régimen de partidos, renovación periódica del poder y regulación
democrática de los conflictos.
La década robada
Hasta ahora no está resuelto el saber cuál fue la exacta relación civiles-militares durante el
decenio fujimorista. Se ha dicho indistintamente que era una dictadura militar con fachada
civil, que era una alianza cívico militar, o que era una manipulación brutal y
desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas a cargo de un presidente civil y de su asesor
sinvergüenza. ¿Cuál es la verdad?.
También se dice que Montesinos corrompió a las Fuerzas Armadas. Y da ganas de preguntase
alrededor de esto: ¿y cuán honestas eran las Fuerzas Armadas antes de 1990?, ¿quién

4. corrompió a Montesinos?. Suena provocador, es cierto. Pero escuchen ustedes las patéticas
confesiones del general Hermoza Ríos queriendo reducir su culpabilidad y el riesgo de ser
encauzado por tráfico de drogas señalando que su patrimonio ilegal lo obtuvo en operaciones
de logística militar desde los años 80, antes de llegar a la Comandancia General del Ejército.
Los procesos sobre malversación en confecciones militares, SIMA y otros son también
anteriores a la década fujimorista. ¿Alguien cree que hubo una vez en que las adquisiciones
de armamentos estuvieron descargadas de coimas y arreglos bajo la mesa?, ¿o en la que las
asignaciones a zonas cocaleras no suponían cobro de cupos a los narcotraficantes?. Digamos
que el manejo reservado del presupuesto militar y el espíritu de cuerpo entre los uniformes ha
favorecido la corrupción. Otra cosa, sin embargo, es el volumen y la extensión de la corrupción
en los 90.
¿Qué era Montesinos?. ¿Un civil o un militar?. Interesante pregunta para ubicar a la bisagra
que funcionó para articular el poder militar con la presidencia civil y forjar la dictadura
perfecta. Montesinos era doctor para darse una ínfula de superioridad intelectual, de hombre
conocedor de las leyes y sus trampas, sobre todo las trampas; pero era también el capitán
en retiro cuando las circunstancias requerían recordar que él conocía al monstruo por dentro.
En verdad era un generalísimo o como decía Augusto Zimmerman un capitán general, como
Pinochet (en Chile el rango existe y es la máxima jerarquía castrense).
Cada vez que las normas definieron que la designación del comandante general, los ascensos,
nombramientos y retiros, eran potestad del jefe supremo de acuerdo a la Constitución, en
quién estaba pensando era en él mismo. El presidente emitía resoluciones que su asesor le
preparaba. En ese sentido era bastante pelele. Pero Montesinos no funcionaba sólo. Operaba
en petit comité con la cúpula que tenía en el bolsillo porque la había llenado de dinero y le
había quitado los últimos escrúpulos para robar. Entonces sí había un núcleo militar dictatorial,
aunque sus miembros fuesen cambiando con los años. Fujimori era una pantalla, pero también
era una pieza de mafia. Sabía muy bien lo que pasaba. Pero entendía que esa situación era la
fuente de su poder. Y dejó que siguiera adelante.
El plan verde
Pero el fujimorismo no sólo fue un régimen fuera de la ley para robar y apropiarse del poder.
Un sistema entendido así, no duraría demasiado. Más aún lo que los peruanos estuvieron
viendo a lo largo de diez años, no se asemeja a lo que después se mostró por vídeo. Es
autoritario, pero ha restablecido el orden y terminado con la subversión, se decía. Es duro en
su política económica, pero ha acabado con la hiperinflación. Manipula el poder judicial, pero
ahora los trámites son más rápidos, los expedientes se resuelven. Hace populismo para ganar
votos, pero ayuda a los pobres. ¿Quién no oyó esto?.
Y detrás de la supuesta eficiencia del presidente para tomar decisiones estaba también la idea
de que había un proyecto que estaba ejecutándose. En 1988 el general Valdivia, jefe de la zona
militar de Ayacucho, le contó al periodista Francisco Igartua de la existencia de un plan de
gobierno en varios tomos elaborado por una comisión militar que había trabajado con civiles
especialistas. Se le llamaba “plan verde” y tenía como objetivos: ganar la guerra antisubversiva
superando todas las vacilaciones y trabas formales de los políticos; recuperar la economía,
con el concurso de la inversión extranjera, abriendo los mercados, de modo de poder alcanzar
o no seguirse rezagando frente a Chile (rival histórico) y recuperar el ritmo de inversión

5. militar frente al Ecuador (adversario inmediato); imponer el orden interno interviniendo las
universidades, los sindicatos y organizaciones populares; tutelar directamente las instituciones
democráticas para quitárselas a los políticos tradicionales.
Este es el pensamiento del golpe de 1992, lo que equivale a decir que esa no fue un mero
arrebato de domingo sino un plan urdido desde que Fujimori ganó la segunda vuelta y empezó
a considerar sus opciones de gobierno. Un plan que se cocinó en las instalaciones del círculo
militar en Lima donde se refugió el electo hasta el día de su juramentación y en el que
Montesinos pudo armar la mejor correlación para llevarlo adelante. El gobierno de Fujimori
se hizo así para todo efecto la cabeza de un proyecto castrense que debería ser encarnado en
el comandante general del ejército, pero terminó en manos de un presidente civil de escasos
escrúpulos.
La desinstitucionalización
Indudablemente las acciones y normas orientadas a mantener la situación creada en el largo
plazo supusieron un increíble manoseo de los principios que regían el funcionamiento interno.
La verticalidad en el mando estaba quebrada desde que Fujimori y Montesinos daban órdenes a
los oficiales, y se agravaba con los privilegios del grupo mafioso, donde un coronel, un mayor,
un capitán o un suboficial podían tener accesos a información y centros de decisión mucho más
importantes que sus superiores. La disciplina se resentía cuando las leyes y reglamentos que
los militares se metían a la cabeza casi de paporreta, eran alteradas a cada paso para conseguir
objetivos inmediatos. La jerarquización y la carrera militar se diluían cuando los oficiales del
grupo privilegiado saltaban a los más antiguos y copaban los cargos. La despolitización era
inconcebible en unas Fuerzas Armadas comprometidas con la reelección.
La ley de situación militar de 1992 es agraviante en esta misma lógica. En primer término al
establecer que los comandantes generales son nombrados al gusto del presidente y mantenidos
en el cargo mientras considere, convirtiéndolos en sus hombres de confianza. Las decisiones
de nombramiento, ascenso y retiro, fueron retiradas del ámbito del parlamento y del espacio
militar específico. Otra vez el poder político lo decidía todo. El dispositivo para pase a
retiro por renovación favorecería la razzia de los resistentes al grupo de poder. ¿Cuánta
desmoralización militar causó todo esto?. Es difícil saberlo. Sobre todo porque la enorme
mayoría se sometió. Y muchos de los sometidos todavía siguen en el servicio activo.
La transición
El gobierno Paniagua está en los linderos de la pos dictadura y de la pre democracia.
Problemático pronunciarse sobre el destino de una transición iniciada con grandes esperanzas
y semiestancada a mitad de camino. Algo nuevo, sin embargo, está pasando. En el Penal de
San Jorge tenemos a cinco ex comandantes generales procesados por diversos graves delitos
y a una pléyade de altos oficiales. Hay varios generales, coroneles y otros mandos fugados
por el mundo. Esto no pasa en cualquier parte del mundo. Como que no pasa que un general
tercero en jerarquía denuncie la existencia de grupos paramilitares en su propia institución
(caso Robles). Pero en el Perú ocurre.

6. Estamos en una transición dubitativa. No ha querido ponerse firmemente del lado de los
oficiales que enfrentaron a la mafia: Humala, Robles, Salinas y otros. Pero ha dejado que
caigan los corruptos más notorios. Queriendo caminar por el justo medio creyó posible apostar
a un imaginario sector intermedio: Tafur. Y se quemó. Cuando pasó el vídeo que revelaba
que todos los comandantes generales de Paniagua había firmado su sujeción a Montesinos
y no habían dicho nada a su presidente, el gobierno provisional sufrió su mayor vergüenza.
Pero confesándose impotente nombró en la comandancia a otros generales y almirantes que
igualmente comieron la fruta prohibida. Una situación desgraciada que se deja de herencia
para el que viene seguidamente.
Como en tantas otras cosas, la transición se escuda en el tiempo para no tomar medidas
decisivas respecto a la cuestión militar. Es decir no transita. En diciembre del 2000 una
encuesta de apoyo aprobaba la gestión militar en sólo 29% y la desaprobaba en 51%. Esto
reflejaba el enorme debilitamiento del poder militarista. Pero el gobierno no quiso valerse de
este expediente para avanzar dejó las cosas como estaban. El ministro Ledesma no ha actuado
para una limpieza hasta las últimas consecuencias y una reforma en profundidad, sino para
tapar los huecos inevitables del derrumbe y pasar la página hasta otra ocasión.
Problemas que tenemos con los que empezamos la nueva etapa: transición inconclusa y
conciliadora; postulantes al poder evadiendo el bulto militar.
Algunas medidas
A manera de una recapitulación mencionamos algunas cosas sin las cuales hablar de nuevas
relaciones civiles/ militares y gobernabilidad podrían dar motivo a una sonrisa. Para una
reforma democrática de las Fuerzas Armadas peruanas y su compromiso con la
reinstitucionalización del país, me parece imprescindible:
• otorgar derechos políticos a todos los integrantes de los institutos castrenses, oficiales
y tropa: derecho a voto, derecho de opinión, derecho de reunión; con lo que se
contribuye a que dejen de ser una casta separada del resto de la sociedad;
• delimitar la profesionalidad militar como una responsabilidad de la defensa nacional,
la protección del Estado y la colaboración con el desarrollo, señalando a su vez los
casos en los que no cabe obediencia a órdenes ilegales;
• participación organizada de la población en la defensa, la paz y la preservación de la
seguridad ciudadana;
• servicio nacional juvenil de defensa y desarrollo, que reemplace definitivamente el
antiguo servicio militar obligatorio, discriminatorio y autoritario;
• remuneración al personal de tropa;
• carrera militar para las mujeres;
• ninguna discriminación dentro de las instituciones militares por razón de raza,
religión, pensamiento político o filosófico, opción sexual, etc.
• Reconversión de la inteligencia estratégica en actividad civil, controlada
democráticamente.
• Nuevo derecho de armas para militares y civiles;
• presupuesto militar discutido en el parlamento, controlado regularmente.

7. Huánuco, 25 de mayo de 2001