Alexander Castiblanco

1. Presentado por Alexander Castiblanco Casas
TEMA:
COMFLICTO ARMADO EN EL SALVADOR
Guerra civil en el salvador
.En la guerra civil salvadoreña el enfrentamiento armado se llevó a cabo entre las fuerzas
guerrilleras del FMLN y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Una guerra civil es cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no son en su
mayoría fuerzas militares regulares, sino que están formadas u organizadas por personas
generalmente de la población civil.
El objetivo del FMLN era tomar el poder a través de la vía armada, sacar a los militares del
control del gobierno e instaurar una sociedad de corte socialista; mientras la FAES tenía
como objetivo conservar el estado de cosas existentes.
Es decir, mantener el control del gobierno y proteger los intereses de los grupos
económicamente más poderosos que por años se habían beneficiado económicamente a
partir del control del aparato gubernamental.
Los análisis sobre lo sucedido entre 1981 y 1992 son diversos. Estos se pueden resumir en
Tres posiciones analíticas:
la primera, sostenida por los gobiernos de la época, los intelectuales miembros de los
grupos dominantes, los militares y el gobierno de los Estados Unidos; para ellos la guerra
era resultado del éxito de hábiles agentes externos que pretendían imponer en El Salvador
un gobierno comunista. Según esta postura los problemas en El Salvador no eran locales;
sino causados por Fidel Castro y la Unión Soviética quienes pretendían expandir el
comunismo en Centroamérica. La segunda postura era sostenida por el FMLN, para quien
la guerra era producto del descontento por la desigualdad social, la concentración de la
riqueza en pocas manos y la dictadura militar que a lo largo del siglo XX había frustrado
todo intento democratizador en el país. La tercera posición era concebida desde la
academia, según los estudiosos, el conflicto militar era el resultado de la pérdida de

2. legitimidad por quienes dirigían la sociedad salvadoreña, por su incapacidad para integrar
políticamente a los sectores subordinados.
Las causas estructurales de la guerra pueden encontrarse por un lado, en la larga
permanencia de un régimen político
autoritario, la falta de un gobierno civil resultado de elecciones competitivas libres, un
sistema legislativo representativo, falta de independencia del poder judicial, total irrespeto a
los derechos humanos, ausencia de una prensa independiente o de un organismo electoral
autónomo. Por décadas lo que prevaleció fue el ejercicio del poder arbitrario, la intolerancia
frente a la oposición política, el uso de la fuerza ante las demandas de democracia, los
golpes de Estado, la persecución a los opositores políticos. Por otro lado, una estructura
económica que profundizaba la inequidad. Por largos años El Salvador fue un país
dependiente de la agro exportación principalmente de café, azúcar y algodón. La
distribución equitativa de la riqueza producida por la economía agroexportadora nunca fue
un tema discusión entre los grupos dominantes, a pesar del constante crecimiento
económico que alcanzó el país, un 5.2 % entre los años sesenta y setenta. Junto a ese
crecimiento marchó paralelo un empobrecimiento y un retraso de importantes segmentos de
la población.
Si bien es cierto que el régimen político autoritario y el sistema económico inequitativo,
rasgos de larga duración, pueden ser considerados como causas estructurales del conflicto
militar, no hay que dejar de lado las causas inmediatas, entre las que podemos mencionar:
los fraudes electorales de la década de los setenta (1972 y 1977) y la represión contra el
movimiento social y la oposición política. A principios de los años setenta, el debate dentro
de la izquierda salvadoreña se centró en las ventajas de la vía electoral sobre la lucha
armada. Pero al mismo tiempo que las elecciones fueron más y más fraudulentas, la lucha
armada apareció a muchos necesaria y justificable.
El desenvolvimiento de la guerra civil:
La mayoría de estudiosos de la guerra civil establecen su inicio en 1981. Sin embargo, hay
que hacer notar que desde principio de los años setenta surgieron varias organizaciones
armadas revolucionarias, tales como las Fuerzas Populares de Liberación (FPL, en 1971), el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, en 1972) y a mediados de la década las Fuerzas

3. Armadas de Resistencia Nacional (FARN, en 1975) y el Partido Revolucionario de los
Trabajadores Centroamericanos (PRTC en 1976) que ejecutaron acciones militares en
contra de los cuerpos de seguridad, secuestros de prominentes empresarios y políticos y
asaltos a bancos.
El tiempo que duro la guerra
Desde 1981 hasta Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos
firmados el 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional FMLN en el Castillo de Chapultepec, México, que
pusieron fin a doce años de guerra civil en el país.
Consecuencias:
Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, en su mayoría civiles. Si se tiene
en cuenta que en la década de 1980 la población de El Salvador rondaba los 4,5 millones de
habitantes, ello equivale a decir que casi el 2% de la población perdió la vida en el
conflicto. Decenas de miles de personas resultaron heridas físicamente (como consecuencia
de armas de fuego, explosiones, minas antipersonales, etc. y miles de ellos quedaron con
mutilaciones que los incapacitaron de por vida. Miles, también, resultaron con graves
secuelas psicológicas si se tiene en cuenta las violaciones a las que fueron sometidas
incontables mujeres y las torturas y vejaciones que padecieron otros tantos hombres).
Numerosos niños quedaron huérfanos de padre, madre, o ambos.
Los daños materiales fueron cuantiosos. Puentes, carreteras, torres de transmisión eléctrica,
etc. resultaron destruidos o severamente dañados; la fuga de capitales, y la retirada del país
o el cierre de innumerables empresas hicieron que la economía del país se estancara durante
más de una década. La reconstrucción de la infraestructura se ha prolongado hasta la
actualidad.
Desde el punto de vista social, el costo también ha sido muy alto. La desmovilización de los
ex-combatientes y su reinserción a la vida civil han sido una dura labor que aún continúa.
Como consecuencia de la guerra, quedaron en manos de la población civil miles de armas
de fuego, lo cual propició el surgimiento de las pandillas de jóvenes y adultos denominadas
maras, dedicadas a la delincuencia y al tráfico de drogas, y que han hecho de El Salvador

4. uno de los países (con ausencia de guerra) más violentos del mundo. Por otro lado, cerca de
500.000 salvadoreños se vieron obligados a abandonar el país. La mayoría se radicó en el
estado norteamericano de California, donde los emigrados y sus descendientes se han
convertido en una importante fuerza económico-laboral, y las remesas de dinero que envían
a sus familiares en El Salvador se han transformado en uno de los principales motores de la
economía nacional.
Desde el punto de vista político, el país se democratizó. Desde el final de la guerra civil
hasta ahora, todas las elecciones realizadas en El Salvador han sido cuidadosamente
monitorizadas por la ONU y otros organismos internacionales, a fin de asegurar la
transparencia de los comicios. Las nuevas instituciones creadas como producto de los
acuerdos de paz (Procuraduría de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil de El
Salvador, etc.) garantizan el buen funcionamiento del sistema político, y procuran preservar
a todos los sectores de la sociedad. No obstante todo ello, la guerra ha dejado una gran
polarización y resentimiento en la sociedad salvadoreña
Análisis del conflicto
El proceso socio político que desemboco en el tiene profundas raíces en toda la historia que
lo precedió: desde la masacre de 1932 y el continuismo del régimen militar en el poder
hasta la década de 1970, cargada de polarización y mayor conflictividad social. Esta
comprensión de la historia implica una mirada de 3 grandes tiempos
Las etapas del conflicto armado.
1. guerra de definición inmediata (1981-1984).
2. Desenvolviendo de la guerra (1984-1989).
3. Ofensiva y salida negociada (1989-1992).
Causas:
Doce años de guerra en El Salvador sacudieron en gran medida los cimientos de la
sociedad, y produjeron daños físicos y psicológicos en gran parte de la población. Las
cicatrices dejadas por este conflicto que enfrento a salvadoreños con salvadoreños están
presentes en la sociedad.
Actores e intervinieron en la guerra.
En conflicto: Fuerza Armada de El Salvador (FAES), que defendía el régimen establecido

5. contra los grupos revolucionarios, concentrados en el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional(FMLN). Que buscaba el cambio social por la vida armada.
Mediadores: La Iglesia Católica y organismos de derechos humanos trataron de lograr una
salida pronta y negociada al conflicto.
Influencia Externa: Estados Unidos y la Unión soviética tenían interés e influencia en el
conflicto.
Perdidas
Al menos 75 mil personas perdieron la vida en la guerra que sufrió El Salvador entre 1979
y 1992. Se estima que hasta un 80% de las víctimas eran civiles. Muchos de ellos fueron
asesinados en hechos que pasaron a considerarse como crímenes contra la humanidad, y
fueron investigados en el informe de la comisión de la verdad de 1993.
Causas del conflicto:
1. Permanecía de un régimen político militar autoritario.
2. Falta de un sistema legislativo representativo.
3. Ausencia de prensa libre, imposible del relato oficial.
4. Irrespeto sostenido a los derechos humanos.
5. Estructura económica que profundiza la desigualdad concentrando la riqueza en pocas
manos.
Causas internas
Inmediatas:
Fraudes electorales de la década de 1970 cierran la vida electoral para las transformaciones.
Fracaso de intentos de reformas sociales.
Represión creciente contra movimientos organizados y de oposición.
Causas Externas.
En el contexto de la Guerra Fría, el conflicto armado se insertó de manera clara en lo que se
denomina: "conflictos periféricos", que miden las fuerzas de las potencias enfrentadas.
La guerra obtuvo apoyo de Cuba, Nicaragua y la Unión soviética.

6. El gobierno, por su parte, tuvo apoyo directo de los Estados Unidos, aumento el suministro
de armamento y asesoría militar al ejército salvadoreño.
PERIODOS
(1981 – 1984)
Durante la década de 1970 se había generado la polarización y la espiral de violencia que
conducirían a la guerra. Cuando el FMLN lanzo enfrentamiento abierto comenzó de modo
coordinado en 1981. Durante este año se produjeron un significativa suma de gente
asesinada.
1984y1989
En cinco años la guerra ya había cobrado la vida de más de 50 mil personas y más de medio
millón de refugiados habían huido del país. El salvado se en deudo y las perdidas
económicas eran enormes. En este contexto se vivió la prolongación de la guerra, con una
intervención más grande de Estados Unidos y un cambio de estrategia: se pasó de una
confrontación abierta a una guerra de desgaste
1989 1992
El escenario político cambio radicalmente en 1989. Ese año llego por primera vez en la
historia a la presidencia el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
fundado en 1981. Con la victoria del candidato Alfredo Cristiani se comenzó nuevamente el
dialogo, aunque este fue abandonado por el FMLN, que lanzo su última ofensiva el 11 de
noviembre de 1989.
Acuerdos de paz:
.Ronda de La Palma,
El 15 de octubre de1984 hubo un primer acercamiento entre las partes en conflicto en la
ciudad norteña de La Palma. Dicha reunión dio como resultado el Comunicado Conjunto de
La Palma"; la delegación del Gobierno fue integrada por el Presidente dela República; por
su parte, la delegación de la guerrilla fue encabezada por el Doctor actuando como
moderador monseñor Arturo Rivera y Damas, Arzobispo de San Salvador . La declaración

7. fue escueta y vaga; sin acuerdos firmes y con el único logro de constituirse en una
cercamiento político.
Ronda de Ayaguelo,
La Libertad: se dio el 30 de noviembre de 1984, en Ayagualo, departamento de la Libertad.
Las comisiones fueron presididas por el doctor Abraham Rodríguez y el doctor Rubén
Zamora, por el gobierno y la guerrilla respectivamente. Como mediadores se presentaron
los menores Arturo Rivera y Damas, Giacomo Otonello y Gregorio Rosa Chávez. En dicha
reunión se emitió el "Comunicado Conjunto de Ayagualo el cual manifestaba la
disponibilidad al diálogo entre las partes y el compromiso de continuar negociando
Ronda de Sesori, San Miguel:
se había fijado para el 19 de septiembre de 1986 y los representantes del gobierno y la
guerrilla fueron Rodolfo Antonio Castillo Claramount y Jorge Villacorta respectivamente;
siempre bajo la mediación de monseñor Rivera y Damas. Sin embargo, no se realizó por un
quiebre en las negociaciones. Fue hasta varios meses después que se reanudó el proceso en
una reunión privada en Panamá, donde se acordó la evacuación al exterior de 42 lesionados
de guerra del FMLN el día29 de enero de 1987 y el canje del Coronel Omar Napoleón
Ávalos por 57 guerrilleros detenidos
Ronda de la Nunciatura Apostólica:
se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre de 1987. Bajo la ya acostumbrada mediación de
monseñor Rivera y Damas, representó al gobierno Fidel Chávez Mena y a la
guerrilla, Salvador Samayoa. En dicha reunión se emitió el "Comunicado Conjunto de la
Tercera Reunión de Diálogo el cual expresaba la voluntad de buscar un cese al fuego y de
respaldar las decisiones tomadas por el Grupo Contadora Intervención internacional
En junio de 1989, el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, convocó a una reunión de
diálogo que se realizó el 15 de septiembre de ese año en la Ciudad de México; allí se
acordó la solicitud conjunta de mediación dirigida al Secretario General de Naciones
Unidas, Javier Pérez de Cuéllar quién tras consultar al Consejo de Seguridad, nombró como
representante especial al peruano Álvaro de Soto. El 11 de noviembre de 1989, el FMLN
lanzó una ofensiva general para demostrar su fuerza militar. La ofensiva fue contenida por
la Fuerza Armada, que sin embargo sufrió gran cantidad de bajas. Tras esta batalla, muchos

8. analistas consideraron demostrada la imposibilidad de la victoria militar de cualquiera de
las dos partes en contienda
Acuerdos para la negociación
El 4 de abril de 1990, se celebró una reunión de diálogo en Ginebra, Suiza, donde se firmó
un acuerdo que fijó el conjunto de normas a seguir en el proceso de negociación y se
estableció la voluntad de ambas partes, Gobierno y FMLN, de alcanzar una solución
negociada y política al conflicto bélico. Además, se fijaron los objetivos de la negociación:
1: Terminar el conflicto armado por la vía política
2: Impulsar la democratización del país
3: Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos
4: Reunificar a la sociedad salvadoreña
Acuerdos firmados para la finalización de la guerra
El 26 de julio de 1990 se firmó el Acuerdo de San José, en Costa Rica, el cual estableció un
compromiso para respetar los Derechos Humanos por parte de las fuerzas en
contienda, poniendo fin a prácticas como los asesinatos selectivos y la desaparición forzada
de personas. Además, dio origen a la resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad para
la formación de una misión de observación para la resolución del conflicto. Dicha comisión
estaría integrada por civiles, militares y policías que velarían, cada uno en su campo, por el
correcto funcionamiento del proceso de paz.
El acuerdo de San José
dejó al descubierto la primera crisis en la negociación. El punto más álgido era la en un
país pequeño y sobrepoblado. Dado que el problema era de orden constitucional, la
solución circundaba dos opciones; por un lado, modificar la constitución para que pudiesen
ser incorporados los artículos más adelante; o también, incorporar las modificaciones
directamente ignorando las disposiciones constitucionales sobre modificación. La crisis
vino por parte de los grandes terratenientes, que con el reordenamiento de posesión de
tierras, acababan francamente perjudicados. La negociación arrojó la decisión de modificar
la constitución directamente, pero sin transgredir los procedimientos establecidos. En El

9. Salvador, para que una modificación a la constitución esté en vigor, debe ser ratificada por
dos Asambleas Legislativas distintas; en tal sentido, para que la asamblea legislativa
vigente lograse aprobar dichas reformas, debían estar listas antes del 30 de abril de 1991,
fecha en la que acababa su período legislativo. Dicha decisión obligó a los negociadores y
legisladores a extenuantes jornadas a fin de obtener acuerdos a tiempo.
El 27 de abril de 1991
se firmó el acuerdo de Ciudad de México en el castillo de Chapultepec, cual, como fue
mencionado anteriormente, también fue el sitio donde se firmaron los Acuerdos de Paz de
1992. En el 27 de abril de 1991, se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que
respectaba a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial,
militar, electoral y de Derechos Humanos. En una jornada legislativa sin precedentes en el
último día de su gestión, la asamblea legislativa ratificó las reformas constitucionales salvo
las referentes a la Fuerza Armada, lo cual generó una nueva crisis. Tras dicha jornada se dio
una condición sin precedentes en lo que iba de conflicto; por primera vez el gobierno se
flexibilizaba a cambiar la constitución en aras de la finalización de la guerra y el FMLN
aceptaba, por fin, la vigencia de la Constitución.
El 26 de julio de 1991
se estableció formalmente ONUSAL para la verificación del respeto a los Derechos
Humanos. Desde el 1 de enero de 1991 se había establecido una oficina que preparó las
condiciones mínimas de funcionamiento de la misión, siendo dotada de abogados,
educadores, verificadores de Derechos Humanos, personal militar y civil. Pese a que el
acuerdo de San José establecía que la misión se instauraría después del cese al fuego,
ambas partes en contienda pidieron a Naciones Unidas que se pusiese a funcionar antes de
lo planificado.
Pese a la llegada de la misión de Naciones Unidas, los encuentros de negociación entre el
gobierno y la guerrilla era estériles dado que había un punto inconcluso en lo referente a la
Fuerza Armada. El FMLN exigía para bajar las armas, que la Fuerza Armada cumpliese sus
compromisos de reducción de efectivos y de acoso militar hacia las fuerzas beligerantes; se
buscaban garantías de reincorporación de los combatientes guerrilleros a la sociedad civil,
en el marco de la legalidad y seguridad particular. Para tales efectos, se dio la intervención

10. directa del Secretario General de Naciones Unidas, quien logró sentar a las partes en Nueva
York el 25 de septiembre de 1991, en la sede de Naciones Unidas. En dicha cumbre se
acordaron las garantías mínimas de seguridad para un cese al fuego, las cuales sería
verificadas por la naciente Comisión Nacional para la Consolidación de la
Paz (COPAZ). Además, se obtuvieron los acuerdos necesarios para la modificación
constitucional sobre la Fuerza Armada.
La diferencia fundamental entre ONUSAL y COPAZ era su composición. La primera
estaba formada por observadores internacionales y sustentada por Naciones Unidas; la
segunda, estaba compuesta por miembros de todas las fuerzas políticas del país,
constituyéndose en la primera comisión multipartidaria en el El Salvador.
Pese a que hubo consenso entre el gobierno y la guerrilla, algunos sectores políticos,
empresariales y varios periodistas criticaron el acuerdo por considerarlo forzado; surgió una
campaña mediática de intimidación a las comisiones verificadoras, a lo cual se puso fin con
la firma del acta de Nueva York, donde ambas partes manifestaron definitivamente el
alcance de acuerdo de paz. El 31 de diciembre de 1991 se fijó la fecha para la firma de la
paz y se hizo pública la noticia; el 13 de enero de 1992 se acabaron de firmar los últimos
detalles previos a la solución definitiva del conflicto.
El 10 de enero, el Secretario General de Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad la
ampliación de las facultades y objetivos para que pudiese continuar apoyando el proceso
de paz y sus consecuencias; dicha modificación fue autorizada mediante la resolución 729
del 14 de enero de 1992.
El 16 de enero de 1992, se firmó en el castillo de Chapultepec, el texto completo de los
acuerdos en un acto solemne, con la asistencia de Jefes de Estado de países amigos, así
como de las delegaciones oficiales de negociación.
A pesar del progreso, la consolidación de la gobernabilidad democrática se vio truncada por
constantes problemas, como un débil sistema de protección de los derechos humanos; un
sistema electoral obsoleto; una cultura política muy polarizada; un aparato estatal
centralizado; y la falta de capacidades para negociar y resolver conflictos sociales.
Asimismo, el progreso se vio socavado por la violencia social generalizada. Uno de los
esfuerzos del PNUD durante los siguientes catorce años fue abordar la violencia. Abordar

11. este problema de violencia ha sido un foco de los esfuerzos programáticos del PNUD desde
2003.
El PNUD comenzó fomentando una mayor comprensión de la violencia, identificando
distintos factores, como instituciones débiles, consecuencias de la guerra civil, fácil acceso
a las armas, factores psicosociales, patrones culturales y crimen organizado internacional de
tráfico de armas y narcóticos. A pesar de que se destacaron varios aspectos de la violencia,
las respuestas se enfocaron en la manifestación más visible: las armas de fuego. El PNUD
respaldó el fortalecimiento del marco legal para el control de armas y los mecanismos
administrativos para implementarlo. Algunos proyectos abordaron el problema en un
ámbito nacional, mientras que otros se probaron en el ámbito local.
Una de las contribuciones más importantes del PNUD ha sido aportar información sobre la
violencia al debate nacional, mediante investigaciones, pruebas de operaciones y diálogos
participativos. Un estudio del PNUD sobre armas de fuego y violencia en El Salvador fue
fundamental para la formulación de propuestas del Gobierno para enmendar las leyes y
regulaciones existentes sobre armas de fuego. El estudio involucró a 70 investigadores y 35
supervisores, e incluyó datos policiales sobre 80.000 delitos.
Aunque estas intervenciones no han tenido un impacto cuantificable en la violencia,
ofrecieron marcos de referencia que se han adoptado en el país. En el municipio de San
Martín, una reducción del 49 % de la violencia mortal y del 24% del número de delitos
cometidos con armas de fuego se asoció al proyecto piloto del PNUD “Municipios libres de
armas”.
Desde 2005, 30 municipios han implementado la prohibición de armas, que afectan
directamente a más de dos millones y medio de personas. Al mismo tiempo, se han
aplicado algunos planes de control, aumentando la confiscación de armas legales e ilegales.
En febrero de 2011, los homicidios locales en el área metropolitana de San Salvador se
redujeron en un 19%, los robos en un 78% y las lesiones por arma en un 68%.
Las transformaciones después de un conflicto
Creación de capacidades institucionales lleva tiempo en las situaciones de post conflicto.
Incluso después del cese del conflicto armado, las tensiones sociales subyacentes complican
los procesos políticos, judiciales y administrativos. Los plazos que se estiman para lograr

12. una transformación sostenida son de décadas y no de tres a cinco años como los ciclos de
los proyectos
Justicia transicional en el salvador:
Con la firma de los Acuerdos de Paz, los que a su vez dieron inicio al proceso de
democratización dentro de la democracia de El Salvador Cruz, 2003. Los Acuerdos
traerían consigo, los términos de reformar el Estado y el establecimiento de una democracia
electoral de Karl, 1995; Ranum, 2007. Uno de los puntos más importantes que trajo la
transición política salvadoreña, específicamente en el capítulo I de los Acuerdos de Paz, fue
la exclusión del ejército de la política, la reforma de las instituciones de seguridad,
colocándolas bajo mando civil, y la intención de superación de la impunidad con la
creación de una Comisión de la Verdad que investigaría los más graves hechos de violencia
de la guerra civil.
Esta Comisión fue el organismo oficial instituido para investigar e informar sobre las
violaciones de los Derechos Humanos en el periodo de los 12 años de guerra civil y dio
paso al proceso de justicia transicional y que debió enfrentar contextos de tensión y
discusión marcados por la desmilitarización, la reformulación legal, la justicia, depuración
de los cuerpos de seguridad y la memoria entre otros
justicia transicional en El Salvador, basado en un modelo restaurativo Caracterizado por
constituirse desde el Estado Nación y movilizar una narrativa de las pasadas violaciones de
los derechos humanos como un modo de restituir los Derechos perdidos y no, por promover
activamente un enjuiciamiento de sus agentes violadores donde surge el dilema entre
justicia y verdad, en donde las Comisiones de Verdad cumplen el rol de esclarecedoras de
los hechos ocurrido en un tiempo determinado, a través de la recolección de testimonios y
del reconocimiento de lo sucedido retrasando así, la justicia retributiva bajo el argumento
de consolidar y asegurar el proceso de transición a la democracia .
La Comisión de Verdad de El Salvador,
Tuvo como misión investigar, documentar y publicar las violaciones a los Derechos
Humanos cometidos durante los doce años de guerra civil. El trabajo se dividió en cuatro
periodos de investigación: (1980-1983); (1983-1987); (1987-1989) y;(1989-1991). la

13. guerra de 12 años en El Salvador” (1992-1993), la división se debió a la evolución de la
guerra y la sistematicidad y frecuencia de ciertas prácticas violatorias de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario.
En el marco de la justicia transicional
en el salvador adopta, por investigar y describir hechos de violencia de singular
trascendencia y recomendar medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos en
el futuro (ONU, 1992-1993), lo que no condujo a la celebración de juicios ni tampoco a la
concesión de reparaciones significativas morales o materiales (Sieder, 2002). Lo que según
Teitel (2003), daría cuenta de una intensión que buscaba primordialmente la paz y la
disuasión para prevenir la recurrencia de los hechos de violación y no, la verdad, la justicia
y la promoción del estado de derecho
En los periodos investigados, la Comisión recibió más de 22,000 denuncias, de las cuales la
mayoría se referían a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas
haciendo públicos los nombres de los hechores de delitos y de las instituciones
responsables de las violaciones de derechos humanos, sin que se promovieran los procesos
penales respectivos. Decisión que se justificó por las escasísimas posibilidades de que un
sistema judicial, que había estado muy comprometido con dichos delitos, garantizara la
rendición de cuentas Es posible afirmar que el establecimiento de la verdad, el perdón y la
reconciliación en la transición de El Salvador, ha tenido como finalidad principal establecer
la paz, el Estado de derecho y la consolidación de la democratización. Así, la verdad y la
reconciliación, para facilitar la paz no contemplaron mecanismos que le dieran
sustentabilidad. Por el contrario, habría instalado la tendencia a evitar juicios y reforzar las
prácticas de olvido a través de la amnistía Este tipo de respuesta de justicia transicional
salvadoreña, favorece más a los gobernantes que a la ciudadanía. Ya que éstos destacan una
reconciliación que unifica a las representaciones y las identidades políticas, sobre todo por
medio de una verdad oficialmente sancionada y susceptible de constituir el objeto de un
consenso social, mientras que los defensores de las víctimas insisten en la heterogeneidad

14. Condena de la Corte IDH
El Salvador fue condenado por primera vez por violaciones a Derechos Humanos ocurridos
durante la guerra civil, en marzo de 2005. La Corte IDH dictó sentencia por la desaparición
forzada de las hermanas Serrano Cruz, caso que sentó precedente respecto a la importancia
de la justicia pos transicional al demandar la conjunción de: verdad, justicia y reparación.
Le seguiría la condena por el caso, Contreras y otros, en el año 2011 y finalmente, en el año
2012; por las masacres de El Mozote y lugares aledaños
Luego de firmados los Acuerdos de Paz, el Estado había negado a las víctimas la
satisfacción de sus legítimas demandas quedando sumidas en una desprotección y olvido de
sus experiencias y Derechos violentados. La llegada al poder de Mauricio Funes en el año
2009, a través del partido FMLN, con su consigna: Nace la esperanza, viene el cambio,
acrecentó las expectativas de parte importante de la ciudadanía vulnerada que esperaba
también una redefinición de la política pública de verdad, justicia y reparación para las
víctimas, olvidada y negada durante 20 años. Bajo este paradigma de cambio, el candidato
a vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, expresaba también que: cumplirían las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad sin tocar la amnistía; pero aseguró que ello
no impediría promover una política de reconciliación a través de reconocer los daños
morales y materiales a las víctimas se ha solicitado perdón por las violaciones a los
derechos humanos en la época de la guerra civil. Éste se ha utilizado evitando promover la
justicia y la derogatoria de la Ley de Amnistía. Además, los discursos del presidente han
sido asumidos desde el marco institucional estatal con un sentido marcadamente
personalizado, lo que evidencia la inviabilidad de la política de perdón para sustentar la
reconciliación. Si bien se ha presentado asociado a políticas de reparación de orden
simbólico y económico hacia las víctimas, no se ha dado paso a procesos de justicia y de un
auténtico perdón, y de comprensión histórica de lo vivido. El Salvador registra tres sendas
condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones acaecidas y
una pasividad de 20 años de desprotección a las víctimas del conflicto. Esta coyuntura
también orilla al partido FMLN a pedir perdón.
Durante más de 20 años, la Ley de Amnistía de El Salvador ha impedido que los autores de
los graves crímenes cometidos contra la población civil durante la guerra que enfrentó al
Gobierno y la guerrilla en los años 80 rindieran cuentas. Sin embargo, esto podría cambiar

15. próximamente. El 20 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
aceptó a trámite una demanda contra la Ley de Amnistía aprobada en marzo de 1993 para
proteger a los autores de crímenes graves cometidos durante ese conflicto, en la que se
aduce que es anticonstitucional.
La presión para anular la ley ha cobrado fuerza recientemente. En diciembre de 2012 la
Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la masacre
de El Mozote y lugares aledaños, en la que el Ejército asesinó a más de 1.000 personas,
entre ellas 450 niños. El tribunal dictó también que la Ley de Amnistía no puede
obstaculizar la investigación de dicha masacre y que los restos deben exhumarse,
identificarse y devolverse a los familiares de las víctimas. Además, el fallo ordenaba que en
el plazo de cinco años se proporcionara reparación a las víctimas.
El vínculo entre la rendición de cuentas por crímenes del pasado y la confianza ciudadana
en las instituciones que deben velar por los derechos de los ciudadanos es algo crucial para
desarrollar una paz duradera y una sociedad fuerte. “Sin algún tipo de proceso de justicia
penal que garantice la rendición de cuentas por parte de los responsables de crímenes, El
Salvador no podrá decir que realmente ha superado el legado de su violento pasado, afirma
David Tolbert, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Para que las víctimas sientan que se ha hecho algo de justicia y el conjunto de la sociedad
recupere la confianza en la capacidad de las instituciones del Estado para proporcionarla, es
preciso esclarecer la responsabilidad de los autores de esos graves crímenes masivos.
El Salvador entre los países con mayor índice de asesinatos del mundo, tienen su origen en
la cultura de impunidad que dejó sin castigo los crímenes sufridos por los civiles durante la
guerra civil.
Si hay algo que la Ley de Amnistía ha demostrado en el salvador es que las víctimas no van
a renunciar a la lucha por la justicia, sin importar lo mucho que puedan tardar en
conseguirla.
Control de convencionalidad:
Es importante saber el concepto control de convencionalidad para denominar a la
herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos
humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y

16. prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y su
jurisprudencia
Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador:
demás, ha dispuesto en el Caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños que el
Estado debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no
vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente
caso ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los
mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el
conflicto armado en El Salvador. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos
estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control de
convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondientes. Por otra parte, la Corte estima pertinente ordenar al Estado
que implemente, en un plazo razonable, programas permanentes de derechos humanos
dirigidos a policías, fiscales, jueces y militares, así como a funcionarios encargados de la
atención a familiares y víctimas de desaparición forzada de personas, en los cuales se
incluya el tema de los derechos humanos de niñas y niños desaparecidos durante el
conflicto armado interno y del sistema interamericano de protección de los derechos
humanos, así como del control de convencionalidad El derecho a la vida además de ser
fundamental e inderogable es indispensable para el disfrute de otros derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución de la República de El Salvador, al igual que
la Comisión Africana y la Corte Interamericana, se considera imprescindible y vinculante
los conceptos de interdependencia y complementariedad entre los derechos de primera y
segunda generación ya que permiten una mejor protección de los segundos. El objeto de
este apartado es presentar una interpretación del derecho aludido, teniendo en consideración
los parámetros antes expuestos, los principios de progresividad y pro homine para ello se
invocarán instrumentos e interpretaciones que permitan dotarlo de un contenido amplio y
garantista. Debe recordarse que una labor similar es desplegada por la Corte IDH al realizar
el control concentrado de convencionalidad, por tanto, se pretende que las autoridades
públicas del Estado Salvadoreño retomen las interpretaciones del derecho a la vida como la
que a continuación se presenta, a efecto de evitar futuras condenas internacionales por su

17. violación, tarea que podría desplegarse a través de la utilización o aplicación del CDC y
lograr una mayor protección del ser humano
Conclusiones
1: Que se reconozca, acepte expresamente y ejerza el control de convencionalidad en la
jurisprudencia que emita, en cumplimiento con las obligaciones establecidas en la
Convención Americana y por la fuerza normativa que se le ha reconocido a los tratados
internacionales a partir del artículo 144 de la constitución.
2: Que se celebren un convenio con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, en el sentido que ésta última lleve a cabo talleres o capacitaciones sobre los
estándares de derechos humanos fijados en el ámbito internacional, a efecto que las
autoridades públicas, dentro de sus respectivas funciones, ejerzan un control de
convencionalidad con respeto y apego a los Derechos Humanos.
3:Que se realice un análisis jurídico profundo previo a aprobar los proyectos de ley ante el
pleno, a efecto de evitar que las normas jurídicas emanadas del órgano legislativo
contradigan la Constitución como Ley Suprema y los tratados internacionales ratificados
por el Estado Salvadoreño incluyendo las interpretaciones que sobre los mismos se han
realizado