El documento describe cómo los monopolios y carteles dominan la economía hondureña a pesar de estar prohibidos por la constitución. Estos grupos económicos influyen en el gobierno para que apruebe leyes y decretos que los favorecen y eliminen la competencia, lo que permite que controlen industrias como el cemento, el azúcar, la harina de maíz y la telefonía celular. Como resultado, los consumidores hondureños pagan precios más altos por estos productos y servicios.

1. z
Las diez empresas más grandes del mundo
Empresa Ingreso anual Ingreso anual Ingreso
anual
2006 2005 2000
Exxon Mobil 339,938.0 270,772.0 210,392.0
Wal-Mart Stores 315,654.0 287,989.0 193,295.0
Royal Dutch 306,731.0 268,690.0 149,146.0
Shell
BP 267,600.0 285,059.0 148,062.0
General Motors 192,604.0 193,517.0 184,632.0
Chevron 189,481.0 147,967.0 48,069.0
DaimlerChrysler 186,106.3 176,687.5 150,069.7
Toyota Motor 185,805.0 172,616.3 121,416.2
Ford Motor 177,210.0 172,233.0 180,598.0
ConocoPhillips 166,683.0 121,663.0
Empresa Utilidades anuales Utilidades anuales
Utilidades anuales
2006 2005 2000
Exxon Mobil 36,130.0 25,330.0 17,720.0
Wal-Mart Stores 11,231.0 10,267.0 6,295.0
Royal Dutch 25,311.0 18,183.0 12,719.0
Shell
BP 22,341.0 15,371.0 11,870.0
General Motors -10,567.0 2,805.0 4,452.0
Chevron 14,099.0 13,328.0 5,185.0
DaimlerChrysler 3,536.3 3,067.1 7,295.4
Toyota Motor 12,119.6 10,898.2 4,262.6
Ford Motor 2,024.0 3,487.0 3,467.0
ConocoPhillips 13,529.0 8,129.0

2. Cada una de ellas son economías mayores que Portugal, Israel, Irlanda o
Nueva Zelanda, Noruega, Arabia Saudita y Austria. Cada vez menos
empresas, más grandes y con mayor porcentaje de mercado.
Las políticas monopólicas son prácticas inconstitucionales pero más que comunes en
Honduras, promovidas desde el gobierno por empresarios y políticos que acceden al poder
para favorecer sus intereses personales y de grupo en detrimento del principal segmento de
la población: el 80 por ciento de pobres que la conforman.
Aunque la Constitución de Honduras prohíbe los monopolios esta es una práctica común en
el país favorecida abiertamente por el poder político hecho gobierno que hace uso de la
emisión de leyes, decretos y acciones para favorecer a los emporios económicos, sin
importar que la mayoría de sus gobernados sobreviven día a día entre los límites de la
pobreza y la indigencia.
En Honduras, el mercado de libre competencia es tan solo una utopía que se desvanece a
diario entre quienes invirtieron capitales y tiempo en empresas creyendo que podían
insertarse en un mercado con reglas claras, equitativas.
En teoría, un mercado de libre competencia debe regirse, entre otras reglas, por las
siguientes: regulaciones de monopolios naturales, políticas antimonopolios, política de
fusiones.
Pero en Honduras -aunque se proclama un mercado de libre competencia, ninguna de estas
reglas es aplicada: no hay una ley antimonopolio y los monopolios naturales -como el de las
telecomunicaciones- no cumplieron con su misión constitucional y más bien han sido
obstáculos para el desarrollo integral del sector. Tampoco existe una ley que regule la
fusión de empresas en el país.
Monopolios que dañan
Los ejemplos abundan: desde el Estado la historia no es nada positiva pues los monopolios
favorecidos constitucionalmente para proteger los intereses de la colectividad no
cumplieron con su papel histórico y han comenzado a privatizarse.
La experiencia con los monopolios
estatales es frustrante. Paradójicamente,
han sido empresas rentables pero mal
manejadas administrativamente, a las que
convirtieron en agencias de colocación de
activistas políticos y en fuentes de
financiamiento de campañas proselitistas
en detrimento del usuario a quien le
brindan un pésimo servicio, tienen una
cobertura limitada y carecen de capacidad
de competir en un mercado de libre

3. Los monopólios estatales; empresas rentables pero mal
administradas competencia.
Y en el ámbito privado los ejemplos abundan: el cemento, el azúcar, la telefonía celular, la
harina y el pollo son quizá de los ejemplos más representativos del tema.
Las dos compañías cementeras se han repartido el mercado y negocian los precios de venta
de este producto en detrimento de los ciudadanos y del país que ante el abuso de las
empresas no pueden hacer absolutamente nada.
El gobierno les apoya manteniendo vigentes altos aranceles para la importación del
producto de mercados extra regionales, donde el producto es mucho más barato.
Comprar cemento en Asía sería mucho más barato, dijo a periodistas en una ocasión el
viceministro de Finanzas, Irving Guerrero.
La industria del azúcar y la comercialización de combustibles se manejan de igual manera.
Son industrias altamente favorecidas por políticas estatales que en nada favorecen a la
población, dicen economistas independientes consultados sobre el tema.
Carteles como el del azúcar, la harina y el pollo que funcionan muy sencillamente: es solo
ponerse de acuerdo en los niveles de producción en un período determinado y de los precios
de venta de sus productos al consumidor.
El caso más patético es el del azúcar en Honduras. Ocho ingenios producen el grano dulce
pero es una sola central, la Central de Ingenios, la que comercializa el producto. ¿Y todo
esto en detrimento de quien?, se preguntan.
Y para quienes no estén de acuerdo es también fácil el proceso. Si se mantienen en el
negocio oponiéndose a las reglas establecidas por los grandes productores deben
conformarse a salir del negocio más temprano que tarde.
Otro caso es el de la telefonía celular que ha manejado por ocho años la compañía
CELTEL, en la cual -según datos oficiales- los inversionistas nacionales solo tienen la
mínima representación.
"Son hombres de negocios ligados al poder político desde el cual han logrado influir para
favorecer sus propios intereses económicos", resaltan.
Un ex gerente de esta empresa es el actual ministro de Estrategias del gobierno del
presidente Ricardo Maduro, Ramón Medina Luna, quien, a su vez fue viceministro de
Economía del gobierno del también nacionalista Rafael Leonardo Callejas.
Como consecuencia de estas políticas, los hondureños pagan las tarifas más altas de
teléfonos celulares en Centro América.
Una nueva empresa, MEGATEL - EMCE, operará la banda PCS este año, pero la libre
competencia tampoco será efectiva, ya que el contrato de concesión de 25 años otorgado, se
establece que las dos empresas operadoras de este servicio deberán cobrar las mismas
tarifas en los próximos cuatro años.
Como se favorecen
El gobierno ha encontrado en la legislación la mejor forma de apoyar a los grupos

4. monopólicos nacionales y extranjeros, se atreve a comentar un alto funcionario del gobierno
del presidente Maduro, que pide el anonimato.
Menciona, como ejemplos, la ley de incentivos al turismo que favorece a las cadenas
transnacionales de comidas rápidas que operan restaurantes a lo largo y ancho del país, con
un trato preferencial del que no gozan los empresarios nacionales que operan en el mismo
rubro.
Una casa de hamburguesas de capital nacional ha cerrado nueve
locales. Dicen que no pudieron con la carga tributaria impuesta,
mientras sus competidores transnacionales están exentos de estos
pagos.
La legislacion es la mejor
manera de apoyar a los
monopolios
"Y no es justo que en esta esquina esté In and Out (local de venta de hamburguesas) y
pague todos los impuestos habidos y por haber y en la otra esquina esté Burguer King y no
pague nada", dijeron economistas.
En Honduras tampoco se cuenta con leyes antimonopólicas para regular éstas prácticas que
distorsionan los mercados, y mucho menos con leyes que regulen procesos como el de las
fusiones de la gran empresa para favorecer intereses de grupo o sacar del mercado de una
forma desleal a los competidores con posibilidades de éxito.
La falta de información sobre quién o quiénes son los dueños de las empresas que se
fusionan favorecen esta irregularidad.
Un funcionario del gobierno del presidente Ricardo Maduro que pidió el anonimato dice
que lo primero que se debe hacer para revertir esta situación es "desmantelar" los
monopolios y carteles económicos existentes.
"Hay que definir las reglas del juego y principalmente el papel de las grandes
transnacionales que se afincan en el país con un gran propósito: dominar capitales y gente",
plantea.
Los políticos y la economía
Pero estos planteamientos se vuelven utópicos cuando se hacen análisis de la estructura del
poder, que llevan a concluir que los empresarios ahora se han metido a políticos para
defender desde esa nueva esfera sus intereses personales y de grupo.
Se ha logrado definir que grandes empresarios y fuertes grupos económicos se han
convertido en los principales financistas de las millonarias campañas proselitistas de los
políticos.
Empresarios - políticos que una vez hechos gobierno se olvidan de la gran masa electoral y
dedican su tiempo a gestar acciones, políticas, leyes que favorezcan a los emporios
económicos que representan.

5. El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) realiza actualmente un estudio
para determinar el impacto fiscal favorable o desfavorable para el estado tras la aplicación
de este tipo de medidas.
Quieren determinar que es lo que deja de captar
el Estado y cuánto realmente genera en términos
de actividad económica, términos de empleo, si
compensa la pérdida de ese ingreso tributario,
dijo uno de sus directivos. A priori, se establece
que el Estado no ha tenido mayores beneficios
con este tipo de medidas y mucho menos los
consumidores que se ven obligados a vivir con
un mercado distorsionado por la ambición
desmedida de los empresarios y la indiferencia
Raf Flores, sub-coordinador del FOSDEH del gobierno.
Las políticas económicas no han sido nada positivas. Lo único que estamos exportando
ahora mismo es pobres, pobres que "huyen" del país hacia Estados Unidos en la búsqueda
del mal llamado "sueño americano" que a muchos les trunca la vida en el penoso camino
que deben seguir para alcanzarlo.
Pobres que no tienen trabajo o si lo tienen ganan de los salarios más bajos de Centro
América (tabla de precios y salarios) los que no alcanzan para cubrir las necesidades
mínimas de la familia ya que los mismos se ven encarecidos por las políticas monopólicas y
proteccionistas a favor de la gran empresa.
Estudios de Naciones Unidas en Tegucigalpa revelan que más del 70 por ciento de la
población hondureña vive con un ingreso de un dólar diario.
Y en este contexto surgen las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos oportunidad de oro, según algunos economistas, para terminar con los
grupos monopólicos y oligopólicos que manejan el mercado nacional.
No obstante, quienes se oponen al proceso de globalización consideran que esta es la puerta
al fracaso de la pequeña y mediana empresa que no tendrá capacidad de competir con los
grandes monopolios internacionales que esperan con ansiedad la apertura de mercados para
seguir extendiendo sus tentáculos a lo largo y ancho del continente americano.
Economistas recomiendan al gobierno de Honduras definir primero una estrategia para
enfrentar con éxito las negociaciones del TLC y su posterior inserción en el mundo
globalizado de la economía, caso contrario, vaticinan, el país está condenado al fracaso.
También reconocen los primeros frutos del proceso de negociación de un TLC con Estados
Unidos que obliga a los países centroamericanos a aprobar leyes antimonopólicas antes de
la entrada en vigencia del mismo, prevista para el año 2005.
En Honduras ya se está hablando del tema y con mayores opciones de que la propuesta
llegue a buen término. Desde el Programa de Competitividad se está hablando de la
elaboración de una ley antimonopolios, la que deberá ser discutida y aprobada por el
Congreso Nacional como parte del proceso de inserción en el TLC con Estados Unidos.

6. Dos anteproyectos más se encuentran en alguna gaveta del Poder Legislativo. Fueron
documentos que llegaron al hemiciclo pero nunca fueron siquiera presentados a
consideración de la Cámara para su discusión porque no convenía a los intereses de aquellas
empresas favorecidas con estas prácticas.
El reto es, entonces, para la clase política que deberá discutir desde su principal espacio, el
Congreso Nacional, los beneficios de aprobar o improbar una legislación que por fin regule
las imperfecciones del mercado que ahora mismo benefician a una élite empresarial y
perjudican al 80 por ciento del total de habitantes de la nación más pobre de América
Latina.
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