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1. Beneficios máximos para las empresas y mínimos para Venezuela
Durante el gobierno de Gómez y aun años después de muerto el dictador, Venezuela fue tierra de promisión,
generosa jauja, para los consorcios internacionales del petróleo.
Durante los años 27 de tiranía, no pudo debatirse públicamente en el país el tema del petróleo, ni ningún otro de
intereses generales. En los despachos oficiales, organizados rudimentariamente, no existían departamentos de
investigación de costos de producción. El pueblo venezolano no pudo conocer entonces el despojo de que se hacía
victima a la nación, cuya riqueza minera aportaba ganancias exageradas al inversionista extranjero y mínimos proventos
al Estados y al país.
Las publicaciones que sobre ese particular se hacían fuera de Venezuela no tenían acceso a la opinión pública
nacional. Una como muralla china aislaba al país de todo contacto con las ideas que se agitaban en el mundo.
Pero más allá de las fronteras nacionales si era de conocimiento generalizado la explotación inicua de que era
víctima Venezuela. De ella se hacía eco Ludwell Denny, en uno de sus libros varias veces citado, al referirse a las
ganancias exorbitantes percibidas por las compañías operantes en el país.

2. Las utilidades crecen, a pesar de los gastos de transporte –comentaba ese autor. La Venezuela Oíl
Concesión subsidiaria de la Dutch-Shell, pago 55 ½ de dividendos en 1927, a más de 15% de los
bonos de la compañía. Gano $3.4 millones sobre $10 millones de capital invertido. El General
Asphalt, una compañía de Trinidad, vendiendo su producción venezolana a la Dutch-Shell en el año
26-27, gano $2 millones sobre un capital invertido de $6.5 millones. Ápex Trinidad Oilfield pago un
80% de dividendo en 1927-1028. La Lago Petroleum Corporation, subsidiaria de Standard Oíl, gano
en el año de 1927 cerca de $ 8 millones, sobre un capital de trabajo de $ 3.5 millones. Las acciones
de las compañías operantes, norteamericanas e inglesas, han incrementado su valor en alrededor de
un 600% de 1924 a 1927

3. Mc. Dermond, el autor ya también citado, informa de las ganancias reportadas para aquello años por la Venezuela
Oíl Concessions, Ltd., una de las mayores productoras de la cuenca zuliana. Fueron de 4.6 millones de libras esterlinas
para 1931 y de 2.9 millones de libras esterlinas en 1930.
Todo cuanto había de oculto acerca de las circunstancias que hacían posible esas ganancias en progresión
geométrica constante, quedó revelado con la investigación hecha, a comienzos de 1931, por la Cámara de los Estados
Unidos.
La glosó en documentada información, The New York Times, en su edición del 8 de febrero de 1931. En esos
mismos días había rendido la comisión de tarifas del Senado un informe demostrativo de “que el petróleo crudo
venezolano podía ser llevado a los puertos del Atlántico con un costo menor de la mitad del requerido por el petróleo
procedente de los campos centro occidentales”. Al propio tiempo, el respectivo Comité del Senado dio un dictamen
favorable a un proyecto de ley del senador Capper, relativo a la restricción de las importaciones de “crudos” y de
refinados procedentes de los campos venezolanos.

4. Esta resolución parlamentaria era remate de un proceso iniciado meses atrás. En junio de 1930, el senador
Thomas, de Oklahoma –“portavoz de los productores del oeste”, como lo calificaba el New York Times--
propuso que se investigara el costo de producción y de transporte de los petróleos nacionales, en comparación
con los del petróleo venezolano. La conclusión a que llego esa esa Comisión fue terminante: el costo total de
un barril de petróleo producido en los Estados Unidos era de $1.89 puesto en la costa atlántica de la Unión y
puesto allí mismo un barril producido en la hoya petrolífera de Maracaibo costaba apenas 89 centavos de
dólar, de los cuales 69 centavos correspondían al costo hasta el puerto de embarque; y el resto a los gastos de
transporte y otros.
En otras palabras, los petróleos baratos de Venezuela, nombre con el cual se les designaba a los
mercados de consumo, le costaban a las compañías $1.09 menos, por barril, del precio de costo en los Estados
Unidos.

5. Esta realidad, reveladora de la forma como los taladros hundidos en el suelo de Venezuela extraían
proventos escandalosos para las accionistas de la City y de Wall Street, era perfectamente conocido por los
doctores del equipo gomecista. Gumersindo Torres, el ministro de Fomento del Memorándum tantas veces
citado, decía en 1930 a las compañías, con acento de cauteloso reproche:
El mercado de esos productos [se refería al petróleo crudo y a la gasolina], son los Estados Unidos donde los productos de la región del Lago de Maracaibo compiten
ventajosamente con los similares americanos, porque se les puede poner en el mercado a menos costo que aquellos, tanto que se vuelve a tratar hoy la cuestión de gravar en los
Estados Unidos los petróleos venezolanos. Dumping
Esta situación no solo significaba sobre-beneficios para las compañías, sino competencia “desleal”
para los productores independiente de los Estados Unidos. Y fue seguramente bajo la presión de éstos y
con base en el informe de la Comisión de Tarifas de Senado que presentó su proyecto el senador Capper.

6. En él se prohibía por tres años la importación de territorio estadounidense de aceites refinados y se fijaban
cuotas de importación de “crudos” para los varios países productores. De haberse promulgado esa ley, a Venezuela,
que en 1928 exporto para los Estados Unidos 21.9 millones de barriles, le hubiera correspondido una cuota de
apenas 4.4 millones de barriles de “crudo” para los tres años siguientes y no hubiera podido exportar ni un solo
barril de productos refinados.
Como era lógico esperar, la dictadura se alarmó. Esa restricción de haberse cumplido, hubiera significado la
bancarrota de las finanzas públicas y de la vida económica de Venezuela, que ya para entonces estaban girando
alrededor del pivote petrolero. Las agencias de noticias internacionales estuvieron informando para aquellos días de
constantes visitas del ministro de Gómez en Washington—Pedro Manuel Arcaya—al secretario de Estado Stimson.
Y al propio tiempo, los consorcios con inversiones en Venezuela movilizaban su clientela parlamentaria. La presión
ejercida sobre el Senado dio su resultado; la ley Capper se archivó y a los productores independientes no les quedo
otro camino sino el de rumiar, entre aspavientos de prensa, la derrota recibida.

7. Pero volvieron a la carga, algún tiempo después y obtuvieron sino todo lo que pedía el proyectos del
senador Capper, cuando menos la fijación de un impuesto de importación de ½ centavo de dólar por galón de
aceite crudo o de fuel oíl; 2.5 centavos por galón gasolina y 4 centavos por galón de lubricante, que pasaran
por las aduanas de la Unión norteamericana. La dictadura venezolana, previendo la disminución de ingresos
fiscales derivada de la aplicación de esa medida, redujo en 1932 su presupuesto de gastos a 144.8 millones de
bolívares, contra 200 millones que había erogado en el año anterior.

8. La participación nacional en una riqueza del país que proporcionaba excepcionales
ganancias a las empresas no venezolanas que la manipulaban, alcanzaba un volumen
escandalosamente bajo. En documento oficial de la época inmediatamente posterior a la muerte
de Gómez se hizo un impresionante resumen numérico de esa situación.
Desde julio de 1919 a junio de 1936, inclusive – comprueba se documentó—el Fisco nacional percibió
de las compañías petroleras por todos los conceptos las sumas de 612 millones de bolívares, habiendo
alcanzado la explotación en el mismo lapso a 1,262 millones de barriles, o sea cuarenta y ocho céntimos de
bolívar por unidad. Y en ese mismo lapso el precio promedio del crudo fue de $1.37 que calculado a Bs. 5,
da un total de ingresos brutos par las petroleras de Bs.8644 millones, o sea que lo pagado por ellas al fisco
representaba solamente 7%.