1. Absueltas en Perú 107 personas acusadas por un conflicto minero en
2005
28 personas que protestaban contra el proyecto fueron torturadas y
luego acusadas de delitos
El fiscal que vio a los heridos se enfrenta a juicio oral por omisión
de denuncia
JACQUELINE FOWKS Lima 10 NOV 2012
Una corte de Piura, departamento del norte del Perú, ha absuelto a
107 personas -entre comuneros, dirigentes locales, periodistas y
autoridades provinciales- de delitos de los que habían sido acusados
después de que la policía los retuviera en un campamento minero y
los torturara por oponerse al denominado proyecto Majaz en 2005. La
información fue difundida por la ONG Federacion Ecumenica para la
Paz, que asumió la defensa legal de los inculpados irregularmente por
los delitos.
A principios de agosto de 2005, un grupo de comuneros, un
periodista de una radio local, líderes ambientalistas y alcaldes
provinciales emprendieron una marcha hacia la entrada del
campamento del proyecto minero, de capitales británicos, situado en
Huancabamba, provincia serrana de Piura para quejarse de afectaría
a su acceso a recursos naturales. Entonces, vigilantes privados de
Forza -que prestaba servicios de seguridad a la empresa que luego se
denominó Rio Blanco Copper- y efectivos de la Policía Nacional se
enfrentaron a ellos y los secuestraron un par de días. En el
campamento, los golpearon, los envolvieron en sacos de tela,
abusaron sexualmente de un par de mujeres y los amenazaron de
muerte.
Como resultado de esas agresiones, un hombre murió. El fiscal de
Huancabamba, Lorenzo Toledo Leyva, que vio al grupo en tales
condiciones, heridos y atados, los acusó luego -falseando pruebas- de
robo de armas de fuego, entorpecimiento de servicios públicos, y
complicidad en delitos contra la vida, entre otros delitos.

2. En julio del año pasado, la empresa Rio Blanco -demandada
civilmente por abogados peruanos con el apoyo de un defensor
británico ante los altos tribunales de Londres- aceptó una negociación
y decidió indemnizar a los agraviados, con el fin de no llegar al juicio
oral en Gran Bretaña, pero el proceso continuó en el Perú.
Siete años después los tribunales han absuelto a los 107 ciudadanos
y ha empezado el juicio contra el fiscal de Huancabamba por delito de
omisión de denuncia, lo cual se suma a una condena previa por delito
de corrupción de funcionario, por la que ya estaba preso. La
resolución judicial llega además cuatro meses después de que la
empresa, hoy de capitales chinos, anunciara a los alcaldes
provinciales de Huancabamba y Ayabaca su interés de retomar el
proyecto minero de extracción de cobre.
En la ultima década, casos similares de muertos y heridos en
conflictos sociales relacionados con la minería, han sido archivados o
han tardado muchos años en ser resueltos, de modo que los
responsables de las muertes, heridas o torturas contra los que
protestaban quedan sin sanción.