Análisis del Protocolo de Acuerdo por Fedemun IX Región.de la Araucanía.-

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La firma del protocolo de acuerdo entre la confederación de funcionarios municipales de
Chile, Asemuch Chile, la Asociación de Municipalidades de Chile y el Gobierno por medio
de la SUDERE, en diciembre de 2014, deja en una gran nebulosa a miles de trabajadoras y
trabajadores municipales de Chile; en primer lugar porque su aprobación fue firmada a
espaldas de estos, inconsulto en su totalidad, y además, a medida que se analiza su
contenido surgen numerosas dudas, y también numerosas certezas sobre intenciones y
resultados del protocolo.
Se debe comenzar de la génesis del mismo, una plataforma de cuatro puntos:
1.- Ampliación y readecuación de las plantas municipales; la ampliación de las plantas no
es algo antojadizo de parte de las y los trabajadores municipales, sino que obedece a
temas de gran importancia:
a) El aumento de la población casi al doble, mientras que la dotación municipal está
estancada desde 1994, esto sin dudas dificulta una atención acorde a las demandas de
una ciudadanía cada vez mas empoderada y exigente, aumenta el ausentismo y las
enfermedades labores.
b) El personal de planta o de carrera son la continuidad del estado, encargados de
fiscalizar el gasto fiscal.
c) Evitar el uso y abuso de los puestos municipales como botines políticos.
d) Terminar con la precarización de puestos de contrata y honorarios, que son en su gran
mayoría chantajeados por la autoridad política de turno, sin derechos mínimos, ni
laborales, ni previsionales, ni de salud.
2.- Homologación de programas de mejoramiento a la gestión: estos programas nacen
con el afán de mejorar la gestión municipal por medio de incentivos económicos, sin
embargo cuando, nace existe ya una gran diferencia con respecto de servicios del
gobierno central, ejemplo de ello es que en el nivel central se paga un tope de 30,6% del
sueldo base, con un componente base de 15%, es decir, para las trabajadoras y
trabajadores del nivel central está asegurado un 15% sin el cumplimiento de ninguna
meta, mientras que para el mundo municipal el techo de los PMG, es de 10%, y un
componente base de 0%, lo que significa que para obtener un incentivo económico por
este concepto los municipales debemos cumplir el 100% de las metas, para obtener aun

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así 4% menos que el incentivo obtenido por nada en el sector centralizado, un acto de
absoluta injusticia y que deja claramente en evidencia que existen trabajadores de
primera y segunda clase en el estado chileno.
3.- Reconocimiento y pago del incremento previsional; este incremento nace al
modificarse arbitrariamente el sistema previsional chileno por medio del decreto ley
3.500, que ordena la capitalización individual, y posteriormente el decreto ley 3.501, en su
artículo 2°, ordena un incremento en las remuneraciones equivalente al descuento
previsional, esto para evitar la disminución de la liquidez salarial de las y los trabajadores,
en el caso de los trabajadores municipales este incremento no fue aplicado en su
totalidad, tal como lo reconoce la Contraloría General en su dictamen 8.466 del 2008; para
lograr justicia en este aspecto muchas asociaciones de funcionarios demandaron y
numerosos tribunales han reconocido judicialmente este derecho, sin embargo el
gobierno niega rotundamente el reconocimiento del mismo, actuando de manera
matonesca por medio del consejo de defensa del estado y la misma contraloría,
persiguiendo y amenazando a quienes se atrevieron a denunciar esta injusticia en
tribunales.
4.- Reconocimiento de título profesional, técnico y de responsabilidad; el espíritu de esta
demanda va en gran medida a solucionar la permanente emigración de profesionales a
otros servicios, o a la empresa privada, donde un profesional puede llegar a ganar el doble
de lo que gana en un municipio por la misma labor, esta realidad es claramente
discriminatoria, ya que a los municipios llega en su gran mayoría personas de escasos
recursos y son ellos que requieren de servicios profesionales y de calidad, mas aun si
tenemos en consideración que en los servicios centralizados se paga esta asignación, de la
misma forma sucede con los técnicos, y se busca un reconocimiento a la responsabilidad
por las diversas labores existentes en los municipios, solo de ejemplo podemos mencionar
el caso de los conductores de camiones recolectores, maquinas con un costo de 80
millones, en manos de un auxiliar grado 19, con una remuneración que en algunos casos
no supera los $250.000.

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Qué respuesta se da a nuestras demandas por medio de la firma del protocolo:
1.- Ampliación y readecuación de las plantas municipales; “cada 10 años, a propuesta del
alcalde y con acuerdo del concejo y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias, se
podrá aumentar el gasto en personal para plantas de un 35% actual a un 40% y el gasto en
personal para contratas, de un 25% actual, a un 40%”…; claramente este punto es una
burla para las aspiraciones de miles de trabajadores, no solo no cumple el objetivo
primordial que es el aumento de las plantas, ya que entrega al arbitrio de los alcaldes el
aumento del gasto, solo un 5%, que podrá o no ser aumentado, y de ser, puede o no ser
utilizado en aumento de cupos de plantas, como también podría ser utilizado en pago de
horas extras para puestos de confianza, como se ha denunciado en innumerables
oportunidades por lo que es un temor real; por otra parte se da mayor facilidad a la
precarización del trabajo municipal al aumentar el gasto en contratas, lo que claramente
entrega más facilidades a las autoridades políticas de turno para mantener el “chantaje”
político, evitar la fiscalización, aumentar el clientelismo.
Otro aspecto que menciona el protocolo para dar solución a este punto es la “subida” de
grados, para el 2015, un grado con condición de antigüedad de 5 años, para quienes estén
en los grados de 20 al 10, y otro grado el 2017 para quienes estén en grados del 20 al 15;
esta medida, que se aparta del espíritu original de la demanda, provoca además una gran
discriminación en los municipios recientemente creados y que no tienen esa condición de
antigüedad.
Como otra solución a este punto, el protocolo plantea que se debe solucionar por medio
de leyes de incentivo al retiro, pero de la misma forma esto queda al arbitrio de la
autoridad comunal, en la actualidad luego de varias leyes de incentivo al retiro, hay
comunas que mantienen muchas vacantes en las plantas, no llaman a concurso y prefieren
los contratos a honorarios y contratas, esta evidencia está al alcance tanto de las
autoridades como de los dirigentes de la confederación, por lo que es fácil entender que
este punto solo pretende engañar voluntades frente a un acuerdo que no da soluciones a
esta problemática.
2.- Homologación de programas de mejoramiento a la gestión: aunque en este punto el
protocolo cumple los requerimientos de “hacer justicia”, frente a la desigualdad existente
con el sector central, deja una nebulosa frente a su futuro financiamiento, ya que en el
protocolo solo menciona financiamiento para el año 2015, lo que hace suponer que se

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transformara en otra ley de incentivo al retiro, que cada vez que hay indicios de
descontento, se aprueba una nueva ley, o lo peor que quede sujeto el pago a la
disponibilidad presupuestaria de los municipios, lo que generara otra desigualdad en los y
las trabajadoras municipales, dependiendo de los recursos financieros de sus comunas.
3.- Reconocimiento y pago del incremento previsional: este punto ni siquiera es
mencionado en el protocolo, no obstante es claro que el gobierno no tiene la voluntad de
solucionar esta problemática, más aun, mientras el CDE realiza escaladas de persecución y
arremetidas en tribunales, que pretenden desconocer los acuerdos de concejo, atenta
contra la autonomía municipal; la CGR sin respetar su propia ley orgánica, realiza juicios
de cuentas y persecuciones a funcionarios que firmaron decretos de pago, amenazas a
alcaldes y concejales, y criminaliza el actuar en derecho de las y los trabajadores
municipales en medios de prensa.
4.- Reconocimiento de título profesional, técnico y de responsabilidad: de este punto, el
protocolo solo hace un reconocimiento a los escalafones de profesionales, quedando en
deuda el reconocimiento a quienes siendo profesionales están en otros escalafones, a los
técnicos, y el reconocimiento a la responsabilidad, tal y como existe en otros servicios,
incuso en servicios municipales como la salud; el avance en este punto es claramente una
discriminación, en primer lugar no incentiva la capacitación ni la profesionalización, ya que
solo viene a compensar (con justicia) a quienes han estado en estos escalafones por años,
pero no provoca el incentivo necesario para lograr interés en la profesionalización o
capacitación o permanecer en los municipios.
Otros aspectos del protocolo:
I.- Compensación de predios exentos ($ 41.508 millones); este punto jamás estuvo en la
plataforma de demandas municipales, y junto con el aporte de $ 15.691 millones para
recolección de residuos sólidos; preocupa en este punto no solo que venga a “engrosar”
con cifras estratosféricas un protocolo que no cumple en absoluto las demandas de las y
los trabajadores municipales, sino que en gran medida va en directo apoyo de la
tercerización de los servicios de recolección, lo que en el futuro con fondos estatales
fortalecerá la internalización de los servicios municipales, disminuyendo cada vez más el
tamaño de los municipios, precarizando el empleo y precarizando los servicios, obligando
al estado a subvencionar a empresas privadas, como el caso del transantiago.

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II.-Fortalecimiento municipal:
a) Fortalecimiento de asociaciones municipales.
b) Apoyo a gestión local de transparencia municipal
c) Fortalecimiento a municipios con alcaldes mapuches.
d) Acreditación de calidad de servicios municipales.
Todos estos aspectos, en sumatoria requieren de recargo de trabajo, por lo que más que
favorecer a las y los trabajadores, contribuye a la sobrecarga laboral que hoy
denunciamos, y que solo se solucionaría con el punto “1” de la plataforma original de
demandas.
III.- Ley de incentivo al retiro; el incentivo al retiro tiene dos objetivos claros, primero,
mientras exista el actual sistema previsional, los trabajadores se retiran con jubilaciones
precarias, y muchos se niegan a retirarse y vivir su retiro en la miseria, este bono viene en
parte a mejorar el sueldo de retiro; se renueva año a año, motivo por cual no estaba en la
plataforma original de demandas, y se hace necesario permanente para generar el
movimiento en las plantas municipales.
IV.- Academia de formación y capacitación; aunque esta ley se aprobó mucho antes de
firmar el protocolo, nadie se explica porque esta inserto en el mismo, mas aun que el
marco de la misma, está claramente definida como apoyo a la gestión de la autoridad
política comunal, con recursos insuficientes y sin claridad de postulación a becas, es
claramente un instrumento de gestión alcaldicia.
En resumen, si se lleva todo esto a simples matemáticas tenemos que:
Del punto “1”, ampliación y readecuación de las plantas municipales, resultado 0%
Del punto “2”, homologación de programas de mejoramiento a la gestión, resultado (sin
claridad de financiamiento futuro, y homologación parcializada) 25%
Del punto “3”, reconocimiento y pago del incremento previsional, resultado 0%.

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Del punto “4”, reconocimiento de título profesional, técnico y de responsabilidad,
resultado; (con el reconocimiento incompleto de un estamento) 20%
Resultado final: 11,25% de cumplimiento de la plataforma de demandas.
Ante esta realidad se hace urgente tomar medidas de unidad y denuncia frente a lo que es
una burla de parte de las autoridades, y reiniciar una escalada de movilizaciones antes que
se elabore y apruebe una ley en estas condiciones.