El fallo de la corte no impide reducir el Déficit Fiscal

1. 21 de Agosto de 2016 – Número 666
EL FALLO DE LA CORTE NO IMPIDE
REDUCIR EL DÉFICIT FISCAL
El fallo de la Corte sobre la readecuación tarifaria implica que la estrategia de
reducir déficit fiscal vía recorte de subsidios llevará más tiempo del planeado. Por
lo tanto aumenta la pertinencia de revisar otros componentes del gasto público. En
este sentido, reformar el sistema previsional y desmantelar intervenciones
nacionales superpuestas con funciones provinciales no solo resultan prioritarias
sino que, después de la intervención de la Justicia, pasan a ser urgentes.
La Corte Suprema de Justicia decidió retrotraer parte de los incrementos sobre las tarifas del
servicio de gas. En el fallo se argumenta que al tratarse de un servicio monopólico es muy
importante respetar el procedimiento que contempla audiencias públicas. Además, se señala
que al haberse acumulado más de una década de retraso tarifario se debe dar tiempo para
que las familias tengan la posibilidad de reprogramar sus consumos y adapten sus
presupuestos. No se prohíbe la readecuación de las tarifas pero se exige apego a los
procedimientos y una aplicación gradual para los consumos familiares.
Entre los principales impactos del fallo uno de los más relevantes es que obliga a continuar
derivando una importante cantidad de recursos fiscales a subsidiar las tarifas. Esto
entra en colisión con el objetivo de reducir el déficit fiscal, condición indispensable para
recuperar la estabilidad de precios, la inversión y el crecimiento. La gradualidad que impuso
la Corte altera el plan fiscal que se venía sosteniendo.
En este sentido es importante tener en cuenta que los subsidios económicos representaron
aproximadamente el 15% del gasto público primario de la Administración Pública Nacional
en la primera mitad del año 2016. El resto se integra por:
• El 63% se destina a gastos de carácter social (previsión social, salud, educación,
vivienda e infraestructura básica).
• El 16% se aplica al pago de salarios y funcionamiento del Estado.
• El 6% se destina a inversión pública.
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2. Estos datos muestran que los recursos fiscales asignados a subsidiar la energía, el
transporte y las empresas públicas representan prácticamente un cuarto del gasto social, lo
mismo que se gasta en salarios públicos y más del doble de lo que se asigna a obra pública.
Se trata de una enorme cantidad de recursos fiscales que en la mayoría de los casos
beneficia a personas de ingresos medios y altos, produce ineficiencias y oportunidades de
corrupción y ha llevado a la crisis del sector energético. Sin perjuicio de ello, también
muestran que la gradualidad que impuso la Corte no necesariamente implica claudicar
en el objetivo de reducir el déficit fiscal. Muy por el contrario, existen otros componentes
del gasto público donde con adecuadas estrategias se puede mejorar las cuentas fiscales.
Un área ineludible de reformas es el sistema previsional. En este aspecto queda más
explicito el error de no haber contemplado en la Ley de Reparación Histórica a los
Jubilados cambios en la organización del sistema previsional. El reconocimiento de las
deudas es justo y necesario, pero también es imprescindible corregir muchas inconsistencias
e inequidades que cobijan las normas previsionales vigentes. Si bien en la ley se contempla
la creación de una comisión para abordar el tema, su dinámica resulta demasiado cansina
frente a la insolvencia en que se encuentra el sistema jubilatorio.
En el resto del gasto social también hay espacios de reformas. Siguen operando una
treintena de programas federales en educación, salud y desarrollo social que en lo que va
del año distribuyó $40 mil millones entre las provincias en un esquema heredado de
intervenciones nacionales superpuestas con las responsabilidades provinciales.
Replanteando este rol, se podría desmantelar estructuras burocráticas inútiles que se fueron
acumulando durante décadas bajo la lógica de un Estado nacional invasivo de las funciones
provinciales y municipales.
El fallo de la Justicia en el tema tarifario no es un obstáculo insalvable para cumplir con la
meta de reducir el déficit fiscal y, por esta vía, bajar la inflación y aumentar la producción.
Por el contrario, es un factor adicional que alerta sobre la necesidad de avanzar de manera
más veloz y decidida en la modernización del Estado para convertirlo en un instrumento
eficaz de promoción del desarrollo social sustentable y equilibrado.
Estructura del gasto primario de la Administración Pública Nacional
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