El documento describe un proyecto de ley de asocios público-privados presentado por el gobierno que permitiría a empresas privadas administrar y cobrar por servicios públicos actualmente brindados por el Estado. De aprobarse, esto podría reducir la capacidad del Estado para brindar servicios, encarecer los costos para los usuarios, y aumentar el poder de grandes empresas a costa de empleos públicos y accesibilidad para los más pobres. El documento concluye que la ley es una forma de privatización que perjudicaría a las familias más