La Convención 169 de la OIT reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo su derecho a las tierras ancestrales, a determinar sus prioridades de desarrollo, y a preservar su cultura e identidad. En Perú, varios decretos emitidos en 2008 fueron vistos como una amenaza a estos derechos y llevaron a protestas de los pueblos amazónicos que culminaron en enfrentamientos violentos en Bagua en 2009 entre manifestantes y policía, dejando muertos de ambos

1. 28/07/2006 - 28/07/2011

2. CONVENCIÓN 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS Y TRIBALES
El convenio hace hincapié en los derecho de
trabajo de los pueblos indígenas y tribales y
su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a
la educación.
Determinando la protección de "los valores y
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios" de los pueblos indígenas, y define "la
importancia especial que para las culturas de nuestro
territorio y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras
o territorios".Así como la importancia de las
actividades económicas tradicionales para su
cultura.También que los servicios
de salud para indígenas deberán organizarse en
forma comunitaria, incluyendo los métodos de
prevención, prácticas curativas y medicamentos
tradicionales. Los programas de educación "deberán
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus
sistemas de valores" y además, "deberán adoptarse
disposiciones para preservar las lenguas indígenas".
La Convención 169 de
la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales, también conocida
como Convenio 169 de la OIT es
una declaración de 1989, que
precede la declaración de las
Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
Tiene como predecesora a la
convención 107 adoptada en 1957.
La Declaración precisa los derechos
colectivos e individuales de los
pueblos indígenas, especialmente sus
derechos a sus tierras, bienes,
recursos vitales, territorios y
recursos, a su cultura, identidad
y lengua, al empleo, la salud,
la educación y a determinar
libremente su condición política y
su desarrollo económico.

3. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o
adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y
controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en
razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra
forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas
tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente
las costumbres, las tradiciones y los sistemas de
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
ARTÍCULO 26

4. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del
medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras
o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar
programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa
conservación y protección, sin discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no
se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los
pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e
informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea
necesario, que se apliquen debidamente programas de
control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos
indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y
ejecutados por esos pueblos.
Artículo 29

5. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus
tierras o territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones
representativas a fin de obtener su consentimiento libre
e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con
el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación
justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas
adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden
ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
Artículo 32

6. El 28 de octubre de 2007 el
presidente del Perú publicó
un artículo, titulado "El
síndrome del perro del
hortelano", donde indicó que
algunas comunidades nativas
del Perú mantenían
improductiva su tierra,
oponiéndose al progreso.
Esto fue interpretado como
un agravio por los pueblos
amazónicos
“Hay millones de hectáreas para
madera que están ociosas, otros
millones de hectáreas que las
comunidades y asociaciones no han
cultivado ni cultivarán, ad-más cientos
de depósitos minerales que no se
pueden trabajar y millones de
hectáreas de mar a los que no entran
jamás la maricultura ni la producción.”

7. “Para que haya inversión se
necesita propiedad segura [de
la tierra], pero hemos caído en
el engaño de entregar
pequeños lotes de terreno a
familias pobres que no tienen
un centavo para invertir…”
“Este es un caso que se encuentra
en todo el Perú, tierras ociosas
porque el dueño no tiene formación
ni recursos económicos, por tanto
su propiedad es aparente. Esa
misma tierra vendida en grandes
lotes traería tecnología de la que se
beneficiaría también el comunero.”
Con claridad el presidente García va
al fondo del problema: ¿quién debe
disponer de los recursos naturales
del país que, constitucionalmente,
son de toda la nación? La gran
inversión. ¿Quiénes no deben
disponer de ellos? Las comunidades.
¿Por qué? Porque no tienen ni la
educación ni los recursos
económicos suficientes. Y como no
tienen educación ni economía, sus
derechos de propiedad no son

8. Junio 2008
Dentro de la legislación para el TLC, el
Poder Ejecutivo emite decretos que
tratan sobre los pueblos nativos del
Perú.
Agosto 2008
El 18 de agosto de 2008, Alberto Pizango
(presidente de AIDESEP) apoyó las
protestas de los Pueblos
Indígenas Amazónicos que tomaron control
de dos instalaciones petroleras: un
yacimiento de gas natural en el sur del
Perú explotado por la compañía
argentina Pluspetrol, y un oleoducto en el
norte, de propiedad de Petroperú.
Los indígenas tomaron como rehenes a
dos oficiales de policía.
La tensión se incrementó cuando Pizango
respondió a la amenaza gubernamental de
enviar tropas declarando que "los
indígeneas se defienden contra la agresión

9. El Congreso forma
una comisión para
estudiar los demás
decretos, sobre todo
los puntos que entran
en conflicto con la
Constitución y tienen
que ver con la
violación del
Convenio 169 de
la OIT. AIDESEP
envía cartas al
Congreso y al
Presidente
del Consejo de
Ministros, Yehude
Simon, exigiendo que
la comisión emita
opinión respecto a
Abril 2009
A falta de respuesta, el
9 de abril se inicia el
paro amazónico. Las
protestas indígenas
continuaron exigiendo
la derogación de seis
decretos, considerados
inconstitucionales por la
Comisión de
Constitución del
congreso peruano, que
permitirían que el 60%
de los bosques
primarios de la
Amazonia peruana
sean vendidos a
empresas
transnacionales para
explotación de
hidrocarburos o el
Marzo 2009

10. El 4 de
junio la Defensoría del
Pueblo presentó una
demanda de
inconstitucionalidad
contra el DL 1064 ante
el Tribunal Constitucional
por considerar que
vulnera los derechos de
propiedad de la tierra y
de consulta previa de los
Pueblos Indígenas.
Mientras, el congreso
decide no debatir la
derogatoria de los
decretos legislativos
1064 y 1090 en una
votación con mayoría del
partido del
gobierno APRA; y sin la
participación del Partido
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11. El 4 de junio la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de
inconstitucionalidad contra el DL 1064 ante el Tribunal
Constitucional por considerar que vulnera los derechos de
propiedad de la tierra y de consulta previa de los Pueblos
Indígenas. Mientras, el congreso decide no debatir la derogatoria
de los decretos legislativos 1064 y 1090 en una votación con
mayoría del partido del gobierno APRA; y sin la participación
del Partido Nacionalista Peruano, los principales opositores.
El 5 de junio tras la incursión policial ordenada desde el ejecutivo
en la zona de la Curva del Diablo, en Bagua, resultó en un saldo
fatal de 23 policías muertos 17 y un número indeterminado de
civiles (entre indígenas y habitantes locales). Los nativos afirman
que los policías dispararon primero. La policía reporta que fueron
los nativos quienes dispararon primero, luego de quitarles algunas
armas. En la carretera habían unos 2.500 civiles protestando, entre
indígenas y habitantes locales. Los sucesos generaron mucha
atención en la prensa del Perú y subsecuentemente fue descrito
como EL BAGUAZO.
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12. Julio 2009
El 3 de julio la Defensoría del Pueblo
emitió un reporte sobre los hechos.
Un policía desparecido y 33 muertos
(12 policías murieron en una carretera
en enfrentamientos con los nativos y
11 en un campo petrolero mientras
eran rehenes de los nativos). 10 civiles
muertos (en la carretera murieron 4
nativos; en Bagua murieron 1 nativo y
5 pobladores de la ciudad). 200
heridos y 83 detenidos. Hubo 82
heridos de bala y 9 siguen
hospitalizados. Están acusadas 84
personas, de ellos 41 con orden de
detención.

13. C
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A
C
T
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S
T
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C
A
S
conservación de los recursos
forestales.
conservación de la fauna
silvestre.
Igualdad

14. C
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A
S
violación a sus derechos sobre
sus tierras y territorios
Conservación del hogar
con todo y su diversidad
cultural
No a la quema de
árboles

15. D
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S
O
R
E
S
Asociación Interétnica
de Desarrollo de la
Selva Peruana
(AIDESEP)
Confederación de Nacionalidades
Amazónicas (CONAP)

16. ElComercio.pe
DOMINGO 5 DE JUNIO DEL 2011 06:50PM
LA HERIDA SIGUE ABIERTA EN BAGUA DESDE
HACE DOS AÑOS
Luego del 5 de junio del 2009 no se
puede pronunciar Bagua sin dolor.
Desde ese 5 de junio, Santiago
Manuin, líder awajun que fue herido de
gravedad en el enfrentamiento en el
que murieron 10 indígenas, ve cómo
su pueblo continúa ignorado, pese a
las promesas de aprobar una ley de
consulta previa que les garantice una
participación en el sistema
democrático. Desde ese 5 de junio,
Felipe Bazán se despierta pensando
que su hijo está vivo, el policía
desaparecido el día en que también
murieron 23 agentes. A menos de un
mes y medio de que este gobierno
concluya su gestión, Bagua sigue
retumbando en un eco de indiferencia.
Abanto indica que luego de cerca
de once meses de postergaciones,
durante los cuales la defensoría
también ha insistido, el pleno aún
no ha priorizado este tema para
debatirlo. “El Congreso todavía
puede aprobar lo establecido en la
autógrafa y podríamos tener una
ley de consulta antes del próximo
gobierno. Hay que entender que
esta ley sería la clave para
prevenir los conflictos sociales y
que a través del diálogo se proteja
a las comunidades”, agrega.

17. Yehude Simon, primer
ministro ese 5 de junio,
hace un mea culpa y
promete que resarcirá la
deuda pendiente cuando
empiece su labor de
congresista. “Yo voy a
luchar para que esa ley de
consulta se apruebe y tengo
un proyecto con los deudos
de los policías. No los he
olvidado”, ofrece
En Bagua, la vida sigue igual que
hace dos años, con más heridas,
eso sí. Mientras tanto esperan que
el próximo gobierno sí pague esa
deuda histórica con su pueblo.