"Boletín nº 230- Abril / Mayo 2017" WRM

Boletín del WRM
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Nro. 230 – Abril / Mayo 2017
Comunidades en resistencia frente al consumo devastador
impulsado por las corporaciones
NUESTRA OPINIÓN
• El consumo corporativo: lo que las empresas quieren esconder con
discursos de sustentabilidad p. 2
COMUNIDADES EN RESISTENCIA FRENTE AL CONSUMO
DEVASTADOR IMPULSADO POR LAS CORPORACIONES
• Agua y celulosa: la sed del Norte y la resistencia en el Sur p. 4
• Demanda fabricada: los impulsores de las políticas detrás del crecimiento
implacable del aceite de palma p. 8
• Carne industrial: abriéndose paso en los mercados p. 13
• Lavado de madera ilegal: cómo la madera tropical usurpada a través del
acaparamiento de tierras termina en las mueblerías p. 16
• La estafa de las plantaciones de palma “verdes”: el caso de OLAM p. 21
• La cotidiana lucha de las mujeres kichwas de Sarayaku en Ecuador p. 27
• La resistencia de los Ngäbe y los Buglé: dejando a las extractivas fuera de
sus territorios p. 30

Boletín nº 230 del WRM, Abril - Mayo de 2017 | wrm@wrm.org.uy | http://www.wrm.org.uy
2
• Producción y consumo de alimentos: la resistencia contra la dominación
p. 33
• La mujer y la palma aceitera tradicional: una lucha por la vida p.38
ALERTAS DE ACCIÓN
• ¡Salvemos la península Ampasindava en Madagascar! p.42
• ¡Detengan el modelo extractivo minero en Panamá! p.42
• ¡El derecho a resistir el acaparamiento de tierras! p.43
• Filipinas prohíbe nuevas minas de metal a cielo abierto p.43
• El proyecto de compensación de biodiversidad de Río Tinto en Madagascar
impone severas restricciones a las comunidades locales p.43
• Noruega: ¡sacar las inversiones de las plantaciones de eucaliptos! p.44
RECOMENDADOS
• Implicaciones socio-ambientales de la construcción del espacio turístico
p.44
• El avance de las plantaciones forestales en los territorios de los agricultores
en el corredor de Nacala: el caso de Green Resources Mozambique p.45
• Portucel: el proceso de acceso a la tierra y los derechos de las comunidades
locales en Mozambique p.45
• Una visión general de las inversiones a gran escala en la región de Mekong
p.46
NUESTRA OPINIÓN

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despojo de pueblos del bosque- logra entrar a los mercados de los EEUU, Japón o la
Unión Europea.
Frente a esta tendencia de vender a los contaminadores como empresas “verdes”, los
pueblos siguen imponiendo una fuerte resistencia. En este boletín presentamos cuatro
ejemplos de resistencias que visibilizan y exponen la destrucción que los procesos de
producción y consumo industrial ocasionan. Los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé de
Panamá, quienes lograron prohibir toda actividad minera e hidroeléctrica en sus
territorios; el pueblo indígena Sarayaku en la amazonia del Ecuador, quienes, en
especial las mujeres, siguen en pie de lucha por más de 15 años contra la explotación
petrolera en sus bosques; la lucha constante del Movimiento de Pequeños Agricultores
del Brasil, quienes afirman que “producir, comercializar y consumir alimentos
saludables es un acto político de profundo enfrentamiento al orden, es un
enfrentamiento directo a la lógica agroalimentaria impulsada por el capitalismo”; y la
creciente organización de las mujeres en Camerún frente a los monocultivos de palma
aceitera y sus consecuencias devastadoras, en especial para las mujeres.
La lógica de la economía capitalista se basa en la continua acumulación de riqueza por
algunos cuantos, que implica además una persistente producción y consumo. Las nuevas
estrategias de presentar a las corporaciones con “sellos verdes” o discursos de
sustentabilidad no hacen más que profundizar el modelo extractivista, haciéndole creer a
los consumidores que la destrucción está siendo “compensada” o que un proyecto
destructivo puede ser de alguna manera “sustentable”.
Una manera de ofrecer nuestra solidaridad con las muchas resistencias locales es hacerle
frente directo al modelo económico capitalista, rechazando, denunciando y exponiendo
las diversas estrategias corporativas que intentan esconder un sistema de constante
extracción, contaminación y destrucción.
¡Buena lectura!
COMUNIDADES EN RESISTENCIA FRENTE AL
CONSUMO IMPULSADO POR LAS CORPORACIONES

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Agua y celulosa: la sed del Norte y la resistencia en el Sur
Aproximadamente 50 años atrás, reemplazando la Mata Atlántica original, se
introdujeron las primeras plantaciones químicas de eucalipto de rápido crecimiento de la
Aracruz Celulose, hoy denominada Fibria, en el Norte del Estado de Espírito Santo,
Brasil (1). Hace 40 años, sobre la principal aldea indígena Tupiniquim (Macacos), se
instalaba el complejo industrial de celulosa de la actual Fibria, en Barra do Riacho,
distrito de Aracruz. Actualmente, en 2017, la sequía castiga a los pueblos y familias
resistentes, y la contaminación actúa como arma política en la expropiación de sus
territorios.
Para toda la sociedad en la región, el acceso al agua es un enorme sacrificio y un
desafío. El racionamiento es constante. La calidad es siempre cuestionada por los
habitantes de la región, sean de los territorios indígenas, de otros pueblos tradicionales,
como quilombolas (comunidades formadas a partir de esclavos que lograron escapar al
cautiverio), ribereños, campesinos o pescadores; sean estos de la periferia de los
distritos periurbanos, con sus instalaciones industriales y portuarias.
Al depender, en su inestabilidad estructural, de los malabarismos de la agroquímica, el
monocultivo de eucalipto a gran escala despierta miedo y desconfianza en la población
que vive en su entorno. Para su propia seguridad, cuando pueden hacerlo, evitan beber
el agua de los pozos y arroyos que sobreviven a la sequía. Son testigos de la ejecución
de planes de manejo con uso intenso y cotidiano de herbicidas, insecticidas, fungicidas
y fertilizantes, y de la contaminación de trabajadores subcontratados y animales. En los
distritos industriales, la producción y la exportación de celulosa acapara el agua de toda
la región, utilizada para abastecer a las tres fábricas y a sus industrias asociadas (cloro,
peróxido, etc.), que absorben una cantidad equivalente al consumo de toda la región
metropolitana de la capital, Vitória (1,9 millones de habitantes/IBGE, 2016).
En los municipios de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares y Aracruz, desde fines
de los años 60, el monocultivo de eucalipto —que ocupa gran parte de estos
municipios— y el complejo industrial portuario de la celulosa someten a ríos y arroyos,
nacientes, lagos y mar a los estándares de la sed de consumo del Norte. En Espírito
Santo, se evidencian sus trágicos resultados y efectos: la creciente aridez del clima, el
agotamiento y la contaminación del agua, la sed de la naturaleza y de las personas. Pese
al aumento de las exportaciones hacia los Estados Unidos y China, el mercado de
consumo europeo continúa central para el lucro de la Fibria Celulose, y para financiar
su guerra por el agua.
En el Norte predomina otro tipo de sed y contaminación, de carácter existencial. Se trata
de la manipulación, esclavización y uniformización de los deseos. Sedientos de más
papeles sanitarios y envases, esos embalajes de los objetos de consumo donde, por
ejemplo, se puede fijar el sello verde del FSC y su greenwashing —lavado verde— (2).
En el Norte, desarrollando y disciplinando los territorios mentales a niveles de consumo
estratosféricos, la llamada Economía Verde presenta escapes para el largo aburrimiento
y nihilismo del viejo mundo. Creen que el agua siempre estará disponible en las botellas
pet one-way, es decir, desechables.

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Ya en este Sur tropical, ocurre lo contrario. La resistencia no cree en el desarrollo como
camino para el buen vivir; y vive llena de deseos: quiere revisar y reinventar el destino
histórico, quiere crear y experimentar tecnologías de transición pos eucalipto, quiere
denunciar las violaciones a derechos humanos y a la naturaleza, quiere proteger y cuidar
el agua y la vida, pues no puede pasar al margen del propio e injusto planeta compartido
con el Norte. Una contracultura anticapitalista se agarra a la protección de las aguas y
del clima, amenazada por los acuerdos internacionales, corporaciones financieras,
económicas, tecnológicas, y por las políticas de desarrollo del modo de ser europeo.
Definitivamente, no es para los pueblos del Sur que se construye la Economía Verde.
Ese es el caso, por ejemplo, en los territorios quilombolas de Sapê do Norte de Espírito
Santo. Rodeadas por vastas plantaciones de eucalipto y perforaciones para la
explotación de petróleo y gas, las 33 comunidades quilombolas experimentan la
desaparición y contaminación de sus arroyos y nacientes, de sus bosque y semillas, de la
caza y el pescado. En 2015, mientras el Estado decretaba situación de calamidad pública
debido a estar meses sin lluvia y a la crisis hídrica generalizada, las constructoras
subcontratadas de la Fibria, (como Plantar y Emflora, entre otras) extraían lo poco que
quedaba de agua en el Río São Domingos, con decenas de camiones cisterna de
agroquímicos, para regar sus sembrados recientes de eucalipto. Mientras tanto, en el
quilombo de Linharinho, los que dependían del agua del río no podían regar sus huertos
ni sus microsistemas agroforestales, que garantizan alimento, renta y que protegen la
vegetación ciliar del río, contra la invasión criminal del eucalipto. Durante la sequía de
2015, en la familia de Sapezeiro y Joice, de la Comisión Quilombola de Sapê do Norte,
no había agua siquiera para lavar las ropas de los niños, para bañarse o para los
animales, según denunciaron en audiencia del CONSEA (Consejo Estadual de
Seguridad Alimentaria), frente al Gobierno del Estado y al Ministerio Público Federal.
En la comunidad quilombola de Angelim do Meio, a orillas del Río Angelim, en
Conceição da Barra, desde la llegada de los eucaliptos y de los cultivos de caña que la
rodean, el acceso al agua del río se volvió imposible, debido a la inmensa
contaminación por agroquímicos y a constantes derrames de deshechos de las industrias
de alcohol y azúcar que se instalaron en el extremo Norte de Espírito Santo. Denunciada
desde 2014 en informes de violación de derecho humano a la alimentación adecuada,
junto al CONSEA, en Brasilia y en Espírito Santo, la situación en Angelim do Meio
continúa grave en 2017. Un crimen social y ambiental aún sin una correcta reparación,
pues, aunque ya conquistó una caja de almacenamiento de agua, la comunidad todavía
depende del abastecimiento de camiones cisterna, sea de la municipalidad, sea de las
empresas de eucalipto o de caña de azúcar.
En las comunidades ribereñas y de pesca artesanal en Linhares, la convivencia con la
sequía y la contaminación se repite. El Río Doce, principal cuenca fluvial de Espírito
Santo, en su desembocadura, entre los distritos de Regência y Povoação, ya no lograba
desaguar en el Atlántico, poco antes del mayor crimen ambiental de la historia de Brasil,
cuando la empresa de minería Samarco (propiedad de la BHP y de la Vale) derramó 40
millones de litros de lodo tóxico sobre su lecho, a fines del 2015. Nuevo estado de
calamidad pública. Desde 2016, centenas de ribereños, pescadoras artesanales,
campesinos y trabajadores rurales sin tierra son obligados a desplazarse hacia otras
regiones de los alrededores, menos contaminadas, donde ocupan áreas en disputa con la
Fibria y con la Petrobras. El Estado, las grandes empresas, la prensa local y la unidad de
conservación los criminaliza. ¡A ellos, que ni siquiera recibieron las reparaciones

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necesarias por los sucesivos crímenes ambientales de la Samarco, de la Fibria y de la
Petrobras!
Ya en el 2002, cuando la Fibria inaugura su tercera fábrica de celulosa, en el distrito de
Barra do Riacho, en Aracruz, la empresa percibe el colapso hídrico de la región.
Percibía también que, debido a su demanda expansiva, debería buscar agua aún más
lejos de su planta industrial. Construido e inaugurado con prisas, con una licencia
ambiental de lo más sospechosa, bajo fuerte crítica de movimientos sociales,
organizaciones de la sociedad civil, abogados, técnicos e investigadores académicos, el
Canal Caboclo Bernardo comenzaba a traer a la empresa las aguas del Río Doce,
interconectando microcuencas a su reserva hídrica industrial. En esa época, la empresa y
los gobernantes justificaban el canal con la excusa de abastecer a los pobladores de
Barra do Riacho y Vila do Riacho, distritos localizados en las inmediaciones de las
fábricas y del puerto de celulosa. ¡Pura farsa! Quince años después, en los mismos
distritos, el racionamiento de agua es constante y el agua salinizada y contaminada del
Canal no puede ser usada para el abastecimiento de la población. Incluso para las
fábricas de celulosa, el agua contaminada del Río Doce no puede ser usada sin antes
aplicarle un cóctel químico que la deje adecuada a los estándares de la maquinaria,
conforme a informaciones de trabajadores del propio complejo industrial. Ribereños,
pescadores, sin tierras y liderazgos de Barra y Vila do Riacho también presenciaron la
muerte masiva de peces en el Canal Caboclo Bernardo en el año 2016.
Buscando adaptarse al colapso hídrico del Estado, en detrimento del agua que podría
abastecer a la población, la empresa inicia la construcción de mega pozos artesanos, de
gran profundidad y diámetro, dentro de su propia planta industrial. Líderes indígenas de
la aldea Tupiniquim de Pau Brasil, pobladores y pescadores de Barra do Riacho temen
el agravamiento de la sequía en sus ríos y arroyos.
El monopolio del agua por parte del complejo agroindustrial de la celulosa ha
provocado serios impactos sociales y ambientales en toda la región Norte de Espírito
Santo. Para contener un vasto entorno rebelde, la empresa utiliza empresas
subcontratadas de seguridad patrimonial, agravando aún más los conflictos. Su política
de responsabilidad social alterna entre la violenta amenaza de desahucio y la
manipulación de conflictos intercomunitarios o, inclusive, dentro de una misma
comunidad. Actualizando la maldición ecológica de Aracruz Celulose, la actual Fibria
confirma la previsión del naturalista Augusto Ruschi, que ya en los años 60/70 acuñó el
término “desierto verde” para referirse a los cultivos de eucalipto.
Mientras el Norte prosigue en su consumo desenfrenado de papel, por todo Espírito
Santo los pueblos experimentan estrategias de resistencia, de defensa de sus territorios y
de protección del agua. Retoman territorios tradicionales, reconvierten surcos de
eucalipto a la agroecología de los alimentos, retoman vegetaciones ciliares invadidas
por el monocultivo e implantan sistemas agroforestales, controlan y denuncian
violaciones de derechos humanos y de la naturaleza, aprenden tecnologías de mejor
convivencia con la sequía, enfrentan la violencia de la policía privada y militar,
levantan campamentos. Sobrevivieron a los primeros 50 años. Estarán ahí después que
la empresa cierre su primera fábrica, por falta de agua.
Marcelo Calazans, marcelo.fase [at] gmail.com
Sociólogo y educador de FASE Espírito Santo, Brasil

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(1) Vea más información sobre la resistencia a la Aracruz Celulose / Fibria, en:
http://wrm.org.uy/pt/?s=Fibria+Aracruz
(2) Vea más información sobre los modelos de certificación de los monocultivos en:
http://wrm.org.uy/pt/navegue-por-tema/plantacoes-de-arvores/certificacao/
Demanda fabricada: los impulsores de las políticas detrás del
crecimiento implacable del aceite de palma
En Indonesia - el mayor productor de aceite de palma del mundo - las plantaciones de
palma aceitera se multiplicaron por diez entre 1985 y 2005/06, llegando a 6,4 millones
de hectáreas, una superficie que desde entonces se ha duplicado alcanzando los 13,5
millones de hectáreas, y que crece medio millón de hectáreas por año. Mundialmente,
las plantaciones de palma aceitera cubren ahora una superficie mayor que Nueva
Zelandia [1]. El mayor crecimiento se da en los trópicos, abarcando Filipinas, Camerún,
República Democrática del Congo, República del Congo, Perú, Colombia, Ecuador,
Brasil, Honduras y Guatemala.
El aceite de palma es el aceite vegetal más barato a escala mundial [2], y esto ha hecho
que la demanda de aceite de palma sea impermeable a los vaivenes de los precios. Pero
no ocurre lo mismo con los pequeños productores de aceite de palma, cuyos medios de
vida pueden ser destruidos cuando los precios bajan. Las empresas palmícolas y los
comerciantes están seguros de que el consumo mundial del aceite de palma seguirá
creciendo sin parar, y que no hay razones para dudar de ello. Sin embargo, la industria
del aceite de palma no responde simplemente a la creciente demanda de sus productos:
ha ayudado en primer lugar a fabricar el interminable aumento de la demanda, en
estrecha colaboración con gobiernos y otros actores políticos.
La reciente tasa récord de expansión de la palma aceitera está estrechamente vinculada a
la masiva expansión del uso de agrocombustibles en la Unión Europea. Las políticas de
la Unión Europea en materia de agrocombustibles han sido responsabilizadas - con
razón - de alimentar el destructivo auge del aceite de palma en los trópicos, pero los
mecanismos por los cuales los agrocombustibles impulsan el crecimiento de las
plantaciones de palma aceitera son complejos. Su impacto se complementa con el de las
políticas nacionales en materia de agrocombustibles, especialmente en Indonesia, y de

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las continuas políticas de “libre comercio” y promotoras de los agronegocios, que
destruyen la soberanía alimentaria en la India, China y en todos lados.
En primer lugar, echemos un vistazo al papel que cumplen las políticas de la Unión
Europea en materia de agrocombustibles: durante mucho tiempo la Unión Europea fue
líder mundial en la producción de agrodiesel, que se elabora principalmente a partir de
aceites vegetales. En 1997 produjo alrededor de 475.000 toneladas de agrodiesel, la
mayor parte procedente del aceite de colza producido en Alemania. En 2010 la
producción de agrodiesel de la Unión Europea había aumentado a 9,5 millones de
toneladas, y en 2016 a unos 13,7 millones de toneladas [3]. Este crecimiento puede
atribuirse únicamente a las subvenciones, que incluyen metas específicas: la primera
meta no vinculante en materia de agrocombustibles se estableció en 2003; en 2005 se
adoptó un Plan de Acción sobre la Biomasa; y en 2009 la Unión Europea aprobó la
Directiva sobre Energías Renovables, que estableció el propósito general de lograr que
las fuentes de energía renovable representen para 2020 el 20 por ciento de la energía de
la UE, y que el 10 por ciento de los combustibles usados para el transporte debe
provenir de fuentes renovables. Hasta el momento se logró que dos tercios del 20 por
ciento de energía proveniente de fuentes renovables se cubran con bioenergía, que
incluye la madera así como los agrocombustibles, tal como los obtenidos a partir del
aceite de palma. De no existir objetivos obligatorios y subvenciones, el mercado de
agrocombustibles de la Unión Europea se derrumbaría.
Las políticas de la Unión Europea en materia de agrocombustibles fueron el resultado
de concertados esfuerzos de cabildeo de grupos de interés convergentes, desde grandes
agricultores europeos hasta fabricantes de automóviles (que utilizaron los
agrocombustibles como medio de evitar normas más estrictas sobre la eficiencia de los
automóviles), las compañías petroleras que invierten en agrocombustibles y la
agroindustria.
Entre 2000 y 2006 las importaciones de aceite de palma de la Unión Europea se
duplicaron por dos razones: la primera y principal fue que la Unión Europea quemaba
tantos volúmenes de aceite de colza como agrodiesel, que pasó de exportador neto a
importador neto de ese aceite vegetal. Como resultado, la industria alimentaria sustituyó
el aceite de colza con el de palma. En 2006, el aceite de palma representaba un
insignificante 1 por ciento del agrodiesel de la Unión Europea [5]. A pesar de ser más
barato que otros aceites vegetales, no era una materia prima de agrodiesel popular
porque el aceite de palma y el agrodiesel fabricado a partir de él se solidifican con las
temperaturas invernales de Europa, lo que perjudica los motores de los automóviles. En
segundo lugar, el aceite de palma se estaba convirtiendo en una fuente popular de calor
y energía “renovables”. En 2007 Alemania quemó el 57 por ciento de sus importaciones
de aceite de palma, casi un millón de toneladas, en centrales combinadas de calor y
electricidad [6], y en las centrales eléctricas holandesas, el aceite de palma fue uno de
los dos combustibles utilizados en combustión conjunta (cocombustión). Tras el repunte
de los precios del aceite de palma en 2008 así como de las campañas de ONGs y
activistas que lograron introducir reformas a las subvenciones, este particular mercado
del aceite de palma se derrumbó en ambos países.
En 2015 todavía se quemaban unas 650.000 toneladas de aceite de palma en centrales
térmicas [7], la mayoría de ellas probablemente en Italia, pero mucho más se utiliza
como agrocombustible para el transporte. En el mismo año se utilizaron 3,35 millones

10
de toneladas de aceite de palma para automóviles, y el 54 por ciento (4 millones de
toneladas) del total de las importaciones de aceite de palma de la Unión Europea se
destinó para su uso como agrocombustible, lo que incluye los destinos para calefacción
y electricidad. Estas cifras son pruebas concluyentes de que los estándares de
sostenibilidad de los agrocombustibles de la Unión Europea no han tenido efecto alguno
ni en cuanto a las fuentes de aprovisionamiento de los agrocombustibles ni en cuanto a
la deforestación provocada por el consumo de aceite de palma: casi todo proviene del
sudeste asiático, donde el aceite de palma ha sido la principal causa de la destrucción
acelerada de la selva tropical y de las emisiones derivadas de las turberas drenadas e
incendiadas, especialmente en Indonesia. Al mismo tiempo, como lo demuestran las
tendencias anteriores, no hace ninguna diferencia evidente si la Unión Europea quema
aceite de palma o aceite de colza en los automóviles: ambos causan igualmente la
expansión de la palma aceitera, directa o indirectamente.
Una razón fundamental de la creciente popularidad del aceite de palma entre los
productores de agrocombustible de la Unión Europea es el “avance tecnológico”. En
2007, la petrolera finlandesa Neste Oil abrió la primera refinería del mundo que produjo
un nuevo tipo de agrocombustible fabricado a partir de las mismas materias primas que
el agrodiesel: el Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO, por su sigla en inglés). El HVO se
refina en las refinerías de petróleo y el diesel HVO es intercambiable con el diesel de
combustibles fósiles. Resuelve el problema de la congelación del aceite de palma en
invierno. En 2011, Neste Oil había abierto tres grandes refinerías de HVO, utilizando
principalmente aceite de palma. Desde entonces afirma haber cambiado la mayor parte
de su producción de HVO, pasando del aceite de palma crudo a “deshechos y residuos”
como materia prima. Pero una parte no divulgada de sus “residuos” se elabora
directamente con el aceite de palma crudo, que varios países, entre ellos Suecia y
Alemania, clasifican con toda razón como aceite de palma virgen [8]. Como mínimo,
otras tres compañías petroleras europeas - Eni, Repsol y Total - están aumentando la
producción de aceite de palma. Galp Energia, dueña de plantaciones de palma aceitera
en Brasil, también está desarrollando la capacidad de refinar HVO. Es motivo de
preocupación que el HVO sea la única tecnología comercialmente viable para los
agrocombustibles de la aviación [9]. El impulso actual de la industria de la aviación y
del organismo especializado de la ONU para los agrocombustibles de la aviación,
podría crear otro mercado para el aceite de palma, aunque hasta ahora las aerolíneas han
tenido cuidado de evitar el aceite de palma por temor a dar una mala imagen.
En teoría, la demanda europea de aceite vegetal virgen para los agrocombustibles
debería estabilizarse o incluso reducirse: en 2015 la Unión Europea acordó limitar la
contribución de los agrocombustibles terrestres al 7 por ciento del total de combustibles
para el transporte. Esto sigue siendo considerablemente mayor que el uso actual de
agrocombustibles, pero la Comisión Europea ha propuesto reducir gradualmente el tope
hasta el 3,5 por ciento para el año 2030, aunque las compañías de agrocombustibles, y
sin duda la industria del aceite de palma, presionarán fuertemente en contra de esto. [10]
En 2016, la UE fue superada por primera vez por Indonesia como el mayor consumidor
mundial de agrocombustible a partir del aceite de palma. Gracias a una subvención al
agrodiesel aprobada en 2015, Indonesia utilizó 6,3 millones de toneladas de aceite de
palma en automóviles [12]. Indonesia y la Unión Europea, por lo tanto, queman
anualmente alrededor de 10,2 millones de toneladas de aceite de palma convertido en
agrocombustibles, y otros países, como Malasia [13], han empezado a utilizar

11
cantidades mucho más pequeñas. En total, alrededor del 15 por ciento de la producción
anual de aceite de palma del mundo - 71,44 millones de toneladas - se quema como
combustible [14].
Las plantaciones de palma aceitera rara vez se establecen para un sólo uso final
determinado [15]. Resultan atractivas para los grandes inversores, ya que ofrecen
numerosos mercados y usos intercambiables, tanto del propio aceite de palma (utilizado
para alimentos, jabón, productos oleoquímicos y cosméticos, y como combustible)
como de sus subproductos (utilizados como combustible o ración para animales).
La creciente demanda de aceite vegetal en todo el mundo es atribuible a los
agrocombustibles [16], pero aún así, gran parte del aceite vegetal - incluido el aceite de
palma - continúa teniendo como destino los mercados alimenticios, siendo que India,
China y Pakistán absorben un tercio de la producción mundial de aceite de palma. En
India, las importaciones de aceite vegetal aumentaron de 100.000 toneladas anuales a
mediados de la década de 1990, a 15 millones de toneladas en la actualidad, de las
cuales dos tercios son de aceite de palma [17]. Esto fue resultado directo de la adhesión
de la India a la OMC y la “liberalización” de su mercado de aceite comestible a
mediados de los años 90, así como de los acuerdos de libre comercio, especialmente el
acuerdo ASEAN-India que entró en vigor en 2003. Bajo la presión, primero del Banco
Mundial y luego de los países de la ASEAN, con fuertes grupos de poder vinculados al
aceite de palma, la India abolió todas las protecciones que tenía para los millones de
pequeños agricultores cuyo sustento dependía de cultivar una variedad de cultivos de
aceite vegetal de uso doméstico. Al mismo tiempo, los comerciantes de palma y soja
estaban preparados y prontos para inundar el mercado de la India con aceites baratos
[18]. También es posible rastrear las importaciones de aceite de palma por parte de
China al momento en que el país se unió a la OMC y cuando posteriormente firmó un
acuerdo de libre comercio con la ASEAN. La Junta de Aceite de Palma, de Malasia,
atribuyó el aumento del 34 por ciento de las importaciones de aceite de palma del país
entre 2005 y 2010 al acuerdo con la ASEAN, y acreditó la duplicación de las
importaciones paquistaníes de aceite de palma entre 2007 y 2010 al acuerdo de libre
comercio entre Pakistán y Malasia [19]. Situaciones similares ocurren en otros países
del Sur, también, donde la soberanía alimentaria, en especial sobre los aceites
comestibles, es sistemáticamente destruida a través de políticas comerciales que
favorecen los intereses de los agronegocios, entre ellos los de la industria del aceite de
palma.
Hasta ahora no se ha realizado un estudio exhaustivo del papel de la industria del aceite
de palma en cuanto a las presiones que dan lugar y forma a las variadas y numerosas
políticas en todo el mundo, las cuales han facilitado el crecimiento vasto y
aparentemente interminable del aceite de palma. Es un análisis que sin duda resultaría
muy útil.
Almuth Ernsting, almuthbernstinguk[at]yahoo.co.uk
Biofuel Watch UK, http://www.biofuelwatch.org.uk/
[1] Se estima que es de 27 millones de hectáreas. Véase el informe “Green Gold
Biodisel” de Watch Indonesia! http://www.biofuelwatch.org.uk/2007/green-gold-
biodiesel-players-in-indonesia/ y el informe “Sustainable Disaster”
http://www.burness.com/wp-content/uploads/2016/04/Indonesia-Palm-Oil-Brief.pdf

12
[2] El precio del aceite de palma se vio debilitado en breves ocasiones por el del aceite
de soja estadounidense, pero no por el aceite de soja en general:
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf
[3] Ver el informe “A Foreseeable Disaster”, http://tni.org/files/download/hotl-
agrofuels.pdf y un informe de GAIN de 2016 sobre la UE,
https://www.tni.org/en/search?search=files%20downloagain%20fas%20usda%20gov%
20Recent%20GAIN%20Publications%20Biofuels%20Annual%20Hague%20EU%2028
%206%2029%202016%20pdfd%20hotl%20agrofuels%20pdf - Hay que tener en cuenta
que las cifras de 2013 y 2016 también incluyen al HVO.
[4] Worst EU Lobby awards, v3.epha.org/spip.php?article3251
[5] FAO, 2006, “Biofuels and Commodity Markets – Palm Oil Focus”
s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.rlc.fao.org/ContentPages/15778750.pdf
[6] Rettet den Regenwald e.V., “EEG Motor der Regenwaldzerstörung”,
regenwald.org/files/de/PM-RdR-Palmoel-BHKW-21-1-10.pdf
[7] Transport and Environment, 2016, “Europe keeps burning more palm oil in its diesel
cars and trucks”.
transportenvironment.org/sites/te/files/2016_11_Briefing_Palm_oil_use_continues_to_g
row.pdf
[8] Ver el informe “Palm Fatty Acid Distillate in biofuels”, blogg.zero.no/wp-
content/uploads/2016/03/Palm-Fatty-Acid-Distillate-in-biofuels.-ZERO-and-Rainforest-
Foundation-Norway.pdf (Noruega ha adoptado desde entonces la definición de Suecia).
[9] Véase “The high-flown fantasy of aviation biofuels”,
thebiomassmonitor.org/2016/09/05/opinion-the-high-flown-fantasy-of-aviation-
biofuels/
[10] Política y legislación sobre biocarburantes biofuelstp.eu/biofuels-legislation.html y
Legislación de la UE eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=consil:ST_15120_2016_INIT
[11] Informe HLPE, “Price volatility and food security”
fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE-price-volatility-and-food-
security-report-July-2011.pdf
[12] Reuters, “Palm oil demand from Indonesia biodiesel sector to surge by 2020”,
2016, reuters.com/article/palmoil-outlook-biodiesel-idUSL4N1DQ1DI
[13] Véase un informe de GAIN de 2016 sobre Malasia,
gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Kuala%20Lu
mpur_Malaysia_7-27-2016.pdf
[14] USDA, “World Markets and Trade”,
apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf - Hay que tener en cuenta que esta
cifra 2016/17 incluye el aceite de palma crudo y el aceite de semilla de palma.
[15] Véase el informe “A Foreseeable Disaster”, tni.org/files/download/hotl-
agrofuels.pdf
[16] “Markets and Markets”, 2017, “Global Vegetable Oil Market”,
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/oil.asp
[17] Index Mundi indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=imports,
y Líneas de Negocios, 2017, Las importaciones de aceite vegetal proyectadas a 150 lakh
toneladas en 2016-17, thehindubusinessline.com/economy/agri-
business/oil/article9349762.ece
[18] Véase el impacto de la liberalización comercial en el sector del aceite comestible
de la India siccfm.blogspot.co.uk/2012/01/trade-liberalization-and-impact-on.html
[19] GRAIN, “Cheap Oil”, grain.org/article/entries/5040-cheap-oil

13
Carne industrial: abriéndose paso en los mercados
El consumo de carne está aumentando en muchas partes del mundo. De continuar las
tendencias actuales, el consumo mundial de carne crecerá un 76 por ciento más para
2050, anuncian los últimos estudios. Médicos y científicos han estado advirtiendo que
comer demasiada carne es malo para la salud y está vinculado a varios tipos de cáncer,
enfermedades del corazón y otros trastornos. Este aumento del consumo de carne
también repercute negativamente en el medio ambiente, ya que la ganadería comercial
es responsable de gran parte de la deforestación en todo el mundo. A esto se agrega el
daño que provoca al clima. La FAO calculó que, hoy en día, tan solo la producción de
carne - especialmente la de tipo industrial - genera más emisiones de gases de efecto
invernadero que el total del transporte mundial. Por otro lado, si los grandes
consumidores de carne industrial mantuvieran su nivel de consumo en las cantidades
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, el mundo podría reducir el 40
por ciento de todas las emisiones actuales de gases de efecto invernadero.
Entonces, ¿por qué aumenta el consumo de carne más allá de los niveles sostenibles y
saludables? La explicación más común y lineal dice que esto se debe a que la creciente
clase media de varios países de reciente industrialización ahora puede darse el lujo de
comer más carne, y aprovecha la oportunidad. De hecho, el crecimiento proyectado del
consumo de carne es especialmente grave en países como China, Brasil, India y otros
países de esas regiones. Pero eso es sólo una parte de la historia.
En cuanto a la producción, no toda la carne se produce de la misma manera. La carne
industrial producida en empresas agropecuarias es el segmento de producción de carne y
lácteos que ha crecido más rápidamente: representando el 80 por ciento del crecimiento
mundial de los últimos años. Éste es precisamente el caso de la producción de cerdos y
aves de corral, que de manera vertiginosa ha pasado a manos de empresas, quienes son
ahora las que la controlan. La producción industrial de carne es lo que está detrás del
aumento del consumo, ya que se basa en la producción altamente concentrada de
excedentes de carne barata que se comercializan mundialmente como productos básicos
y así fuerzan su entrada a los mercados de todo el mundo.

14
Consolidando el mercado de la carne industrial
Entonces, ¿por qué la producción de carne industrial resulta tan barata y puede
expandirse tan rápidamente por todo el mundo? El confinamiento de ganado en altas
densidades para engorde forma parte de un esfuerzo sistemático por lograr la mayor
producción al menor costo. Sin embargo, aquí hay en juego al menos tres factores
estructurales clave: la lucha de las empresas cárnicas para evitar que regulen su sector,
la alta subvención de la carne industrial y la firma de acuerdos comerciales para
conseguir la expansión masiva de la carne industrial en los mercados de todo el mundo.
Cuando Alemania redactó directrices para reducir el consumo de carne, demostrando
que una reducción del 50 por ciento para 2030 sería “crucial para la protección del
clima”, la industria presionó. Fue difícil. Cuando en noviembre de 2016 llegó la fecha
de lanzamiento del plan nacional sobre el cambio climático, éste había sido
desmantelado, quedando despojado de cualquier posible referencia a los gases de efecto
invernadero provocados por el sector agrícola. Se pueden contar historias similares
sobre el grupo de presión de la industria cárnica en Estados Unidos, Brasil y otros
países donde ese sector es poderoso.
Aunque se opone a ciertos tipos de regulación, la industria no tiene reparo en sacar feliz
provecho de las subvenciones del gobierno. En 2013, los países de la OCDE destinaron
53.000 millones de dólares a los productores de ganado, y la Unión Europea pagó 731
millones de dólares a su industria ganadera. El mismo año, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos pagó más de 300 millones de dólares a sólo seis enormes
compañías cárnicas (empezando por Tyson Foods) para incluir carne y productos
lácteos en las bandejas escolares, en comparación con apenas una fracción de eso para
los proveedores de frutas y verduras. De hecho, casi dos tercios de todas las
subvenciones agrícolas de Estados Unidos se destinan a carne y productos lácteos, en
gran parte a través de la producción subvencionada de alimento animal. De no contar
con las subvenciones y con la posibilidad de descartar los costos ambientales y sociales
así como los impactos causados por las empresas, sin duda que el costo de la carne
industrial sería muy alto.
Pero las grandes armas en el arsenal de la industria cárnica son los acuerdos de “libre
comercio”. Estos acuerdos de comercio que benefician a las empresas, impulsan
artificialmente la producción y el consumo promoviendo el dumping (es decir, el
deshacerse) de carne y productos lácteos baratos en países de bajos ingresos. Incluyen
cláusulas que eliminan la protección de los agricultores locales frente a la competencia
extranjera, que hacen que sea ilegal dar preferencia tanto a los proveedores como a los
productos locales, y que someten las reglamentaciones gubernamentales a un
mecanismo de solución de controversias entre inversionista y Estado por el cual una
empresa extranjera puede demandar al gobierno que adopte leyes sociales o
ambientales, con el argumento de que esas medidas le restan posibilidades de obtener
ganancias.
Cómo los acuerdos de libre comercio impulsan la expansión de la industria de la carne y
los productos lácteos
• Forzando a disminuir los aranceles en los últimos mercados “protegidos”. Esto
constituye una amenaza en los países donde todavía existen aranceles para proteger a

15
los agricultores locales frente a la competencia extranjera, o donde los agricultores se
benefician de subvenciones y otros mecanismos de regulación de los precios. En este
caso estarían países de bajos ingresos como India, que ahora se enfrenta al acuerdo
comercial conocido como RCEP, sigla en inglés de Regional Comprehensive
Economic Partnership (Asociación Económica Regional Integral). El RCEP tendrá
un gran impacto en el sector de carnes y lácteos de la India, forzándola a abrirlo a las
importaciones provenientes de Australia y Nueva Zelanda. 70 millones de
productores de leche de la India se ven amenazados a corto plazo por la importación
de estas poderosas empresas cárnicas. Pero los aranceles también son un problema en
los países de altos ingresos que negocian el acuerdo de la Asociación Transatlántica
para el Comercio y la Inversión (TTP o TTIP, sigla en inglés de Transatlantic Trade
and Investment Partnership), que tiene como objetivo abrir la Unión Europea a
mayores importaciones de carne vacuna procedente de Estados Unidos, así como de
los países que participan en el TTP, en el cual el acceso de las empresas
estadounidenses a los consumidores de carne y lácteos de Japón, Canadá y México,
en particular, fue primordial para los negociadores de Estados Unidos.
• Declarando ilegales las preferencias locales. Dar preferencia a proveedores o
productos locales se torna decididamente ilegal en los tratados pendientes de
aprobación, como el TPP. “Consumir lo local” está en el corazón mismo de las
estrategias de sentido común para apoyar a los pequeños agricultores y revertir el
cambio climático, reflexionando sobre las maneras en las cuales producimos,
distribuimos y accedemos a los alimentos. Pero esto se vuelve imposible en el marco
de los actuales tratados comerciales, y está sujeto a sanciones muy duras. Aún cuando
ahora algunas de estas negociaciones y acuerdos están empantanados por la
conmoción del Brexit (el Reino Unido que abandona la Unión Europea), por el
presidente de la derecha estadounidense Trump, y otras tendencias nacionalistas, está
claro que los intereses comerciales detrás de estos acuerdos seguirán avanzando.
• Imponiendo una armonización normativa entre los signatarios de los acuerdos
comerciales con el fin de abrir aún más los mercados y someter esa apertura a
cláusulas de “statu quo” y de “trinquete”. Cuando un país la firma, la cláusula de statu
quo congela el grado de regulación que tiene ese país en determinados sectores. Eso
significa que sólo puede “des”-regular desde ese nivel en adelante, es decir, no puede
adoptar las normativas nuevas o adicionales que considere necesarias. La cláusula de
“trinquete” significa que una vez que un país adopta medidas para liberalizar y abrir
su mercado, nunca podrá dar marcha atrás. Por lo tanto, una medida tomada por un
gobierno en el poder - por ejemplo para abrirse a las importaciones de carne
producida en agrofactorías - no puede revertirla otra administración que llegue
después al poder, desarticulando así el proceso democrático que pueda dar lugar a
actuar en favor del clima.
• Estableciendo que las reglamentaciones ambientales estén sujetas al sistema de
solución de controversias entre inversionista y Estado (ISDS, por su sigla en inglés).
Esto significa que si un país firma un acuerdo típico de inversión - que incluye al
ISDS -, una empresa extranjera puede demandar al gobierno si éste adopta medidas de
política de interés público que puedan afectar las utilidades anticipadas de esa
empresa. Por ejemplo, si un gobierno aumenta los impuestos sobre el consumo de
carne, esta medida podría ser impugnada en el marco del ISDS por la industria
cárnica. La simple amenaza de este tipo de demandas, en las cuales los pagos

16
compensatorios habitualmente llegan a cientos de millones de dólares, ha llegado a
amedrentar a algunos responsables de políticas, que por temor dejan de implementar
políticas ambientales o sociales.
Todo esto impulsa la producción y el consumo industrial, promoviendo el dumping de
carne y productos lácteos baratos en los países de bajos ingresos. Esto no sólo está
matando los medios de subsistencia locales, sino que también está matando nuestra
salud - especialmente de quienes no pueden darse el lujo de acceder a carne de otro
origen, o porque ni siquiera está disponible - y a nuestro clima.
Es imperioso que revirtamos la expansión de las “cadenas de valor” de la industria de la
carne y los productos lácteos a escala mundial, consagradas en los grandes acuerdos
comerciales entre los principales bloques comerciales; se eliminen las subvenciones a la
carne industrial; y se obligue a la industria a asumir la responsabilidad por los daños
ambientales y sociales que causa. Es necesario que reconozcamos esto y que tanto la
inversión como las políticas de apoyo se reorienten a los mercados locales, nacionales y
regionales para obtener ganado producido de forma sostenible por pequeños
productores.
GRAIN, www.grain.org
Este artículo se basa en:
- Tomar el toro por los cuernos: reducir la producción industrial de carne y lácteos
puede frenar su impacto negativo en el clima
https://www.grain.org/article/entries/5648-tomar-el-toro-por-los-cuernos-reducir-la-
produccion-industrial-de-carne-y-lacteos-puede-frenar-su-impacto-negativo-en-el-clima
GRAIN
- The Global Dangers of Industrial Meat – GRAIN & Raj Patel, en Civil Eats.
(En estos artículos se pueden encontrar las referencias de las cifras citadas)
Lavado de madera ilegal: cómo la madera tropical usurpada
a través del acaparamiento de tierras termina en las
mueblerías

17
Con una exportación de madera tropical, principalmente a China, que en 2013 se ubicó
en 3,1 millones de metros cúbicos, Papúa Nueva Guinea (PNG) se convirtió en los
últimos años en el mayor exportador mundial de madera tropical, superando a Malasia,
que en las últimas décadas había ocupado el primer lugar.
PNG alcanzó el codiciado primer lugar después de incrementar la explotación de sus
recursos forestales a través de un mecanismo legal denominado SABL (sigla de su
nombre en inglés relativo a arrendamientos especiales de agricultura y negocios). Según
una comisión investigadora del gobierno, la mayoría de los SABL carecen del
consentimiento libre, previo e informado de la población local, y adolecen de fraude,
mala conducta e incompetencia (1). En septiembre de 2013, el Primer Ministro de PNG
declaró que el sistema “reveló una escandalosa trama de corrupción y mala gestión en
todas las etapas del proceso” (2). Posteriormente anunció que todos estos acuerdos
debían ser considerados ilegales y en función de ello, cancelados (3). Sin embargo,
hasta la fecha el gobierno no ha adoptado ninguna medida decisiva para cancelar los
tratos engañosos sobre la tierra, detener la tala ilegal o devolver la tierra a sus dueños
legítimos.
Los SABL son sólo la punta del iceberg. Los 5,5 millones de hectáreas arrendadas en el
marco de este mecanismo en los últimos años, se agregan a los 10 millones de hectáreas
ya asignadas por el gobierno como concesiones madereras (4). Esto significa que más
de un tercio de los 46 millones de hectáreas del país está ahora en manos de empresas
madereras extranjeras, la mayoría procedentes de Malasia.
Según numerosas investigaciones realizadas tanto por organismos oficiales como por
organizaciones no gubernamentales, la mayoría de estas concesiones parecen ser
también ilegales. Una evaluación de la industria maderera realizada en 2006 por
encargo del gobierno de PNG, reveló que “no es posible considerar de manera creíble
que la mayoría de las actividades forestales cumplen las leyes y reglamentaciones
nacionales, y por lo tanto, son ilegales". (5) Se reveló que la Autoridad Forestal de PNG
tiene deficiencias importantes y en ella impera la corrupción generalizada (6). Además,
“se permite que la industria ignore las leyes de PNG y, de hecho, en muchos casos
obtiene un trato preferencial, mientras que los sectores rurales pobres son los que deben
sufrir las consecuencias sociales y ambientales de una industria que actúa en gran
medida por fuera del sistema regulador”. (7) Una evaluación gubernamental de 14
actividades madereras -incluidas las cinco mayores - concluyó que no era posible definir
como legal a ninguna de ellas, y que tan sólo una cumplía más del 50 por ciento de los
criterios imprescindibles que definen a las actividades de explotación maderera como
legales en PNG. (8)
Este saqueo de los bosques de PNG se lleva a cabo en un país que supuestamente tiene
la distribución de la tierra más igualitaria de todo el mundo y donde el 97 por ciento de
la tierra es consuetudinaria, es decir, manejada colectivamente por tribus y clanes. En el
país rige una constitución que protege los derechos consuetudinarios de los pueblos
sobre la tierra, los recursos naturales y el ambiente. Tal como se documentó en la
película y el informe On Our Land (9), del Instituto Oakland, la extracción maderera en
PNG oculta la tragedia multidimensional de la traición a las protecciones
constitucionales del pueblo y la pérdida del patrimonio cultural, la tierra y los medios de
subsistencia de millones de personas en Papúa Nueva Guinea.

18
Al igual que en varios otros países del Sur, las comunidades locales que se oponen al
robo de sus tierras y recursos sufren fuertes presiones. Se enfrentan a intimidaciones,
palizas, arrestos y acciones legales. Las fuerzas policiales a menudo actúan en nombre
de los madereros y viajan en vehículos de la empresa. En múltiples ocasiones, quienes
han tratado de impedir las operaciones madereras a través de bloqueos y protestas
pacíficas, han sido arrestados, golpeados y encarcelados, a veces en lugares de
detención lejanos.
La ilegalidad de las actividades madereras y la criminalización de quienes protegen sus
territorios y bosques no impide que la madera ingrese a los mercados legales. Las
inspecciones de las exportaciones sólo verifican la cantidad y la descripción de la
madera para poder cobrar los impuestos a la exportación, pero no se establece ninguna
conexión entre la documentación legal de los productos madereros y el carácter ilegal
de la mayoría de las actividades madereras en PNG. (10) Una vez cargada en un buque,
la madera obtenida ilegalmente se convierte en legal, con los documentos de envío
avalados por las aduanas locales.
PNG es uno de los países identificados en un informe de PNUMA-INTERPOL de
noviembre de 2012, como un importante exportador de madera ilegal que luego es
blanqueada a través de operaciones mundiales de blanqueo. Después de realizar un
análisis de las actividades madereras que se llevan a cabo en la cuenca del Amazonas,
África Central y Asia-Pacífico, el informe sostiene que “la tala ilegal no ha disminuido,
sino que va en aumento a medida que los cárteles se organizan mejor”. (11) El negocio
ilegal de la madera es altamente lucrativo ya que el valor económico de la tala ilegal a
escala mundial se estima que ronda entre los 30.000 y 100.000 millones de dólares. (12)
China es un actor central de este sistema mundial. Es el primer importador, exportador y
consumidor de madera ilegal en el mundo. (13) Entre 2010 y 2014, la cantidad de
madera tropical importada por China aumentó de 34 a 51 millones de metros cúbicos,
con un valor que aumentó de 2.400 a 5.500 millones de dólares. (14) La madera ilegal
se utiliza en el país, pero también se procesa y exporta como muebles, piezas, pisos, etc.
Desde 2005, China se ha convertido en el mayor exportador mundial de muebles y
piezas de madera, y su cuota de mercado sigue creciendo. El valor de las exportaciones
chinas de muebles y piezas de madera fue de 16.300 millones de dólares en 2010, un
salto del 35 por ciento con respecto al año anterior. (15) En 2013 alcanzó los 19.400
millones de dólares, un aumento de casi el 20 por ciento en comparación con el año
2010. (16)
Si bien China es el destino de más del 90 por ciento de las exportaciones de madera de
PNG (17), también importa grandes volúmenes de otros países como Mozambique,
Benin, Ghana, República Democrática del Congo, República Centroafricana y
República Democrática Popular Lao (18). Según la Organización Internacional de las
Maderas Tropicales (OIMT), “actualmente se considera que un porcentaje sustancial de
las importaciones de madera tropical de China proviene de regiones de alto riesgo con
limitada documentación legal”. (19)
Los otros actores clave son los principales países importadores: Estados Unidos es el
mayor mercado de exportaciones de muebles de madera de China, con cerca de 7.000
millones de importaciones en 2013 - el 35 por ciento de las exportaciones de China.

3
El consumo corporativo: lo que las empresas quieren
esconder con discursos de sustentabilidad
Ya sabemos que el excesivo nivel de consumo individual, que resulta del sistema
económico capitalista, conlleva gran destrucción de territorios, fuentes de agua, bosques
y el sustento de millones de personas, sobre todo en el Sur Global. En el imaginario de
muchas personas, el consumismo de las personas es lo que alimenta esta gran
destrucción. Pero en este boletín no nos enfocamos en el consumo individual, aunque
seguramente importante. Nos preguntamos ¿qué hay detrás de los procesos de
producción industriales? Buscando responder a esta pregunta constatamos la existencia
de otro tipo de consumo, uno masivo y destructivo: el consumo corporativo. El
propio modelo económico capitalista obliga a este consumo sistemático. Debido a sus
impactos, las corporaciones buscan esconder este consumo detrás de un engranaje de
publicidad y relaciones públicas. El consumo corporativo o industrial muestra también
como el consumo es algo muy central para la acumulación de capital.
Así, por ejemplo, uno de los artículos aborda las empresas productoras y exportadoras
de celulosa en Espíritu Santo, Brasil, que además de instalar millones de hectáreas de
monocultivo de eucaliptos sobre bosques y territorios comunitarios, acaparan el agua
de toda la región para abastecer sus fábricas e industrias asociadas, provocando serios
impactos sociales y ambientales. Otros dos artículos del boletín nos advierten sobre
cómo las políticas públicas pueden también facilitar la dominación del consumo
corporativo. Uno de ellos se enfoca en la industria de producción de carne -una causa
importante de deforestación y de acaparamiento de tierras- que ha influenciado
políticas de subsidios y acuerdos comerciales para su propio beneficio, propiciado el
aumento en el consumo de carne a nivel mundial. El otro artículo resalta la política de
agrocombustibles de la Unión Europea como motor en el consumo de aceite de palma
en la región, lo que ocasiona la destrucción de bosques tropicales a una escala
alarmante.
Frente al incesante consumo corporativo y la destrucción asociada, las comunidades
afectadas junto a redes internacionales han visibilizado y denunciado eso públicamente,
así como también sus luchas de resistencia. Ya que la mala publicidad puede interferir
con las ventas y alejar a inversionistas y prestamistas, las empresas y sus aliados se han
visto forzados a reaccionar.
Hoy en día, las empresas más destructivas, de la mano de las grandes ONGs de la
conservación, pueden obtener “sellos verdes” o financiar proyectos de “compensación”
que en teoría suplen la biodiversidad perdida o contrarrestan la contaminación emitida.
Las corporaciones gastan trillones de dólares en sus campañas de publicidad, relaciones
públicas y actividades de cabildeo cada año y la estrategia de moda es vender la idea de
que la producción y el consumo industrial es “sustentable” o “verde”.
En este sentido, un artículo enfocado en la empresa palmícola OLAM Internacional
expone, entre otras cosas, cómo los procesos de certificación en realidad benefician a
las empresas y refuerzan un modelo basado en el consumo constante. Otro artículo
sobre el tráfico ilegal de madera en Papúa Nueva Guinea enfatiza que, a pesar de las
políticas de regulación existentes, la madera ilegal –que conlleva la criminalización y

20
The Great Timber Heist: The Logging Industry in Papua New Guinea
https://www.oaklandinstitute.org/great-timber-heist-logging-industry-papua-new-guinea
Taking On the Logging Pirates: Land Defenders in Papua New Guinea Speak Out!
https://www.oaklandinstitute.org/illegal-logging-papua-new-guinea-speak-out-palm-oil-
corruption
Para mirar el video “On Our Land”, ir a: https://www.oaklandinstitute.org/on-our-land-
full-film
(1) Ver informes y transcripciones en la página web de la Comisión de Investigaciones:
http://www.coi.gov.pg/sabl.html (acceso del 5 de septiembre de 2015)
(2) “Statement by the Prime Minister Hon. Peter O’Neill CMG MP on the Report on the
Commission of Inquiry into Special Agriculture and Business Leases,” pág. 2.
http://www.coi.gov.pg/documents/COI%20SABL/PM%20Statement%20COI%20SAB
L%20Final%20Report.pdf (acceso del 23 de octubre de 2015).
(3) “Papua New Guinea Must Act Now to Cancel SABL Land Leases and Return Land
to Local Communities.” Oakland Institute, 30 de junio de 2014.
http://www.oaklandinstitute.org/papua-new-guinea-must-act-now-cancel-sabl-land-
leases (acceso del 5 de setiembre de 2015).
(4) Papua New Guinea Investment Promotion Authority. Forestry.
http://www.ipa.gov.pg/agriculture/forestry (accessed July 7, 2015).
(5) Logging, Legality and Livelihoods in PNG: Synthesis of Official Assessments of the
Large-Scale Logging Industry.” Forest Trends 1 (2006).
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Ibid.
(9) Mousseau, Frederic. On Our Land: Modern Land Grabs Reversing Independence in
Papua New Guinea, Oakland Institute, 2013. http://www.oaklandinstitute.org/land-
deals-papua-new-guinea (accessed del 5 de septiembre de 2015).
(10) Ibid.
(11) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green
Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds
Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment
Programme, GRIDArendal. www.grida.no
(12) Ibid.
(13) “Appetite for Destruction: China’s Trade in Illegal Timber,” Environmental
Investigation Agency (EIA), Londres, 2012.
(14) “Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation 2013-2014.”
International Tropical Timber Organization, 2015.
(15) “Annual Review and Assessment of the World Timber Situation,” International
Tropical Timber Organization, 2012 , p. 33.
International Tropical Timber Organization, 2015.
(17) Ibid, p. 11.
(18) Ibid, p. 10.
(19) Ibid, p 10.
(20) “Appetite for Destruction: China’s Trade in Illegal Timber,” Environmental
Investigation Agency (EIA), Londres, 2012.
International Tropical Timber Organization, 2015, p 24.

21
(22) Nellman, C. “Green Carbon, Black Trade.” INTERPOL Environmental Crime
Programme, 2012.
(23) Stark, T. y P.C. Sze. “Sharing the Blame: Global Consumption and China’s Role in
Ancient Forest Destruction.” Greenpeace International y Greenpeace China. Marzo de
2006.
(24) “Guidance Document for the EU Timber Regulation.” Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm, acceso del 29 de agosto
de 2013; “The US Lacey Act FAQ.” Environmental Investigation Agency.
(25) Nellman, C. “Green Carbon, Black Trade.” INTERPOL Environmental Crime
Programme, 2012
La estafa de las plantaciones de palma “verdes”: el caso de
OLAM
¿Cómo logran las grandes compañías de palma aceitera que su aceite de palma se venda
como un producto “verde”, “sostenible” y “amigable con el clima” cuando no es nada
de eso? ¿Cómo esta imagen verde ayuda a las empresas a expandirse aún más, como
ocurre ahora en África? Este artículo examina el caso de la empresa OLAM
International, que en febrero de 2017 publicó su documento de política mundial sobre
los bosques (Draft Global Policy on Forests) (1). Las promesas de OLAM son
simplemente una cortina de humo en torno a lo que sigue siendo su principal objetivo:
aumentar los beneficios.
¿Han cambiado las compañías de palma aceitera?
Eso es lo que quieren que creamos. El referido documento de política mundial para los
bosques dice: “El propósito principal de OLAM es crecer responsablemente, para
satisfacer las necesidades esenciales del mundo”. Expresa su preocupación por brindar
“seguridad alimentaria” a “los 9 mil millones de personas que para el año 2050 habrán
de habitar nuestro planeta” y la necesidad de lograr “empleo a largo plazo” y
“oportunidades de sustento en las zonas rurales”. A primera vista, el documento parece
escrito por una institución benéfica o estatal y no por una transnacional, lo cual nos hace
preguntarnos: ¿cambió la empresa OLAM?

22
Tal transformación obligaría a OLAM a no tener como prioridad la maximización de los
beneficios de sus principales propietarios - la empresa de inversión Temasek (52,3%) de
Singapur y la japonesa Mitsubishi (20,3%). Pero mirando la “declaración del director”
de su informe anual de 2015 queda claro que no ha habido tal cambio. No se hace
referencia a los antes mencionados 9 mil millones de personas que se calcula habitarán
el planeta en 2050, sino más bien a una preocupación por el “bienestar y prosperidad”
de la empresa, lo cual implica “competitividad en el mercado, calidad de los retornos,
crecimiento comercial y aumento de la productividad.” (2)
El único cambio real es el discurso de OLAM. Este cambio es resultado directo de las
numerosas luchas de las comunidades locales y de quienes las apoyan, dando
visibilidad a la creciente evidencia de los impactos negativos de las plantaciones a
gran escala de monocultivos de palma aceitera para uso industrial. La
deforestación, la contaminación ambiental y la invasión de territorios de comunidades
han afectado la imagen de empresas como OLAM entre los consumidores de aceite de
palma y los bancos que financian su negocio. Una mala imagen podría eventualmente
interferir con las ventas de OLAM y su capacidad para atraer préstamos, y con ello
amenazar su objetivo principal de crecimiento comercial y obtención de lucro.
Las empresas se vieron obligadas a hacer algo. Hoy en día, casi todas las empresas de
palma aceitera tienen departamentos de “sostenibilidad” y se involucran en procesos y
compromisos que pretenden abordar los problemas que ellos mismos crean,
especialmente la deforestación. El documento de política mundial sobre los bosques de
OLAM enumera varias iniciativas y principios a los que se propone adherir, tales como
el sistema de certificación de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible
(Roundtable of Sustainable Palm Oil, RSPO) (3), los conceptos de Bosques de Alto
Valor de Conservación (HCV, por su sigla en inglés) y con Altas Reservas de Carbono
(HCS, por su sigla en inglés), así como el Principio del Consentimiento Libre, Previo e
Informado (CLPI).
La pregunta que sigue, entonces, es: ¿estos procesos y compromisos representan alguna
diferencia sustancial para las comunidades afectadas? Argumentamos que no y que por
lo tanto, les sirven a las empresas. En primer lugar, estos compromisos, discutidos en
salas de conferencias con aire acondicionado, lejos de la realidad de las comunidades
rodeadas de monocultivos, no son vinculantes sino voluntarios. En segundo lugar, las
empresas ejercen un fuerte control sobre los sistemas de certificación - muy promovidos
por algunas ONG, como WWF - y pueden asegurar que estos sistemas no afecten de
manera sustancial sus actividades, como ocurre con la RSPO, donde las empresas del
sector de la palma aceitera conforman la gran mayoría de los miembros. Y en tercer
lugar, ninguno de estos compromisos exige introducir cambios en el modelo de
producción de monocultivo a gran escala. Varios estudios de todo el mundo (4) revelan
que la ocupación a gran escala de tierras estratégicamente localizadas, obviamente
fértiles y, por tanto, a menudo comunitarias, es inherente a este modelo, el cual conduce
necesariamente a la deforestación. Un informe reciente elaborado por la ONG Mighty
Earth, con sede en Estados Unidos, en colaboración con la ONG gabonesa Brainforest,
muestra que OLAM, una empresa certificada por la RSPO, desde 2012 ha deforestado
en Gabón cerca de 20 mil hectáreas de bosques en sus cuatro zonas de concesión. (5)
Algunas lagunas adicionales que benefician a OLAM

23
Estudiando el documento de OLAM de política mundial sobre los bosques, es posible
identificar otras formas en que la empresa, apelando a una redacción ingeniosa, puede
afirmar - en el papel - que adhiere a los compromisos, pero sin cambiar casi nada en los
hechos.
Es necesario considerar las profundas y desiguales relaciones de poder entre las
comunidades y las empresas para entender por qué las comunidades en Gabón no tienen
la misma voz e influencia que OLAM en los llamados “procesos de múltiples partes
interesadas”, los cuales la empresa aduce seguir en su políticas. Por ejemplo:
- OLAM se compromete a proteger los “derechos” de la comunidad. ¿La empresa tiene
realmente la intención de respetar y reconocer los derechos consuetudinarios de las
comunidades sobre la tierra, y así prevenir la mayoría de los problemas asociados con
la expansión de la palma aceitera industrial? Obviamente que no. OLAM sólo se
refiere al derecho de “consentimiento libre, previo e informado de la población
local”. Éste es un principio fuerte en el papel, pero se vuelve mucho más débil si se
considera el contexto local. En Gabón, OLAM no sólo cuenta con el apoyo del
gobierno, algo común para las compañías de palma aceitera en la mayoría de los
países, sino que el propio gobierno de Gabón es accionista de OLAM Gabón, y el
propio presidente Ali Bongo es un fuerte partidario del negocio de palma aceitera de
OLAM en el país. Su régimen autoritario tiene el poder de nombrar y controlar a los
representantes políticos locales a la escala de las aldeas. Como resultado, OLAM, en
colaboración con las autoridades locales, puede utilizar las estructuras de poder para
silenciar la oposición de las comunidades afectadas. En este contexto, el
Consentimiento Libre, Previo e Informado no es una herramienta que sirva a las
comunidades para defender sus territorios.
- OLAM está comprometida con los “procesos de múltiples partes interesadas”, como
la certificación RSPO. Esto también le conviene a OLAM, porque hay una serie de
lagunas que le aseguran poder controlar el proceso a su favor. Por ejemplo, las
propias empresas contratan a los consultores que llevan a cabo las llamadas
auditorías de certificación “independientes”. Y si bien la RSPO argumenta que
dispone de un mecanismo de quejas, se trata de un sistema de difícil acceso y uso por
parte de las comunidades. Y aún si llegaran a hacerlo - a menudo con apoyo externo -
, les resultará difícil lograr un resultado positivo. Según Jefri Saragih, de Sawitwatch,
una ONG indonesia que apoya a comunidades afectadas por plantaciones industriales
de palma aceitera y con experiencia en ayudarlas a presentar reclamaciones ante la
RSPO: “Con más de 50 casos sin resolver, es justo decir que la RSPO no ha podido
hacer frente a los numerosos impactos negativos causados por las plantaciones de
palma aceitera a gran escala. Desde un punto de vista social, podemos ver que
actualmente hay más de 40 casos que han sido sometidos a la Secretaría de la RSPO
y que no han sido resueltos”. (6) La RSPO es más bien una herramienta de marketing
para proteger las exportaciones del aceite de palma y los beneficios de OLAM.
- OLAM está comprometida con la no deforestación de los bosques de Alto Valor
de Conservación y con Altas Reservas de Carbono. Pero, ¿quién define cuales son
los bosques de alto valor de conservación y con altas reservas de carbono?
Ciertamente no las comunidades. Son definidos por consultores especializados,
empresas y especialmente ONGs conservacionistas. Las comunidades argumentan
que para ellas toda su tierra consuetudinaria es importante, independientemente de

24
cuánto “carbono” o “valor de conservación” se le atribuya a una zona en particular.
Incluso aquellas tierras clasificadas por los consultores como “bosques
degradados” son importantes para las comunidades.
- OLAM está comprometida con la seguridad alimentaria. La “seguridad alimentaria”
es un concepto atractivo para empresas como OLAM porque no cuestiona quién
controla la producción de alimentos ni cómo y qué se producirá. Estas cuestiones
esenciales forman parte de otro concepto mucho más amplio y más político
defendido mundialmente por grandes movimientos campesinos como La Vía
Campesina: la soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria sin
embrago está ausente en los documentos de política de “sostenibilidad” de las
empresas, porque la práctica de las empresas es acaparar y controlar cada vez más las
tierras campesinas y los mercados y las cadenas de alimentos, para incrementar su
crecimiento y sus beneficios. OLAM, por ejemplo, tiene un programa llamado
GRAINE, que promete aumentar la producción de alimentos en Gabón. Aunque esto
suena bien y obviamente promueve la imagen de OLAM, la mayor parte de lo que el
programa ha estado haciendo hasta ahora en los hechos en Gabón es establecer
plantaciones industriales de palma aceitera en las tierras de las comunidades. (7)
Si no han sido las empresas, ¿quién o qué ha cambiado?
En el pasado, numerosas ONGs sociales y ambientales, especialmente del Norte,
denunciaban y realizaban acciones contra la deforestación tropical, como llamar a hacer
boicots a la madera tropical. Hoy en día, sin embargo, existe un número importante de
ellas que se sientan a la mesa con empresas del agronegocio para discutir mecanismos
de certificación, principios, criterios, políticas, salvaguardias para comunidades y
bosques, bosques de alto valor de conservación y con altas reservas de carbono, etc., a
veces con fondos proporcionados por esas mismas empresas.
Este cambio en la forma de trabajar de las ONG ha beneficiado a las empresas y
con frecuencia ha debilitado las luchas de las comunidades. Por un lado, ha creado
divisiones entre las ONG, y por otro, ha dado legitimidad a los compromisos de
“sostenibilidad” de las empresas. Las empresas ahora pueden decir “tenemos el apoyo
de las ONG”. Por ejemplo, la mencionada ONG Mighty Earth, que denunció por
primera vez a OLAM en diciembre de 2016 por la deforestación de 20 mil hectáreas,
poco después, en febrero de 2017, negoció un acuerdo con la empresa donde ambas
partes declararon que “colaborarían en la conservación de los bosques y la agricultura
sostenible” en “Gabón y otros países muy boscosos”. El acuerdo fue facilitado por otra
ONG, World Resources Institute (WRI), y negociado en Washington DC, Estados
Unidos, muy lejos de las comunidades de Gabón. (8)
Otra consecuencia a escala local de este tipo de participación de las ONG,
especialmente las ONG internacionales, es que suelen presionar e influir de manera
verticalista en comunidades y en los grupos y activistas que las apoyan, para que se
relacionen con las empresas como el mejor camino a seguir. Numerosas comunidades y
grupos y activistas solidarios, en lugar de dedicar su precioso tiempo al fortalecimiento
de las capacidades de las organizaciones locales para emprender luchas de resistencia
cada vez más difíciles, se ven empujadas a monitorear los compromisos de las empresas
o a participar en “eventos de múltiples partes interesadas”. Las organizaciones locales

25
que a pesar de todo dan prioridad a la organización popular, generalmente deben hacer
frente a acciones intimidatorias.
Un ejemplo ocurrió recientemente en las plantaciones de OLAM en Gabón. Las ONG
gabonesas Muyissi y Brainforest, junto con una plataforma de ONGs llamada Gabon
Ma Terra Mon Droit y grupos de activistas africanos e internacionales, organizaron un
taller donde las comunidades afectadas por OLAM pudieron encontrarse para
intercambiar experiencias con otros activistas de países africanos afectados por
plantaciones y así comprender mejor los impactos de los negocios de OLAM. Después
de este taller, el director de una ONG local y otros líderes comunitarios fueron
intimidados por las autoridades locales, quienes les advirtieron que debían dejar de
organizar ese tipo de eventos y de organizar a las comunidades. (9)
Maquillaje verde para expandir el negocio
Existe un número cada vez mayor de productos que prometen a los consumidores que
no dañan el medio ambiente ni a las comunidades a través de certificados, como el de
RSPO. Dan la falsa impresión de que nuestro modelo globalizado de producción y
consumo funciona bien. Esto es profundamente incorrecto. Es necesario reducir y
limitar el actual nivel de producción y consumo, pero los sistemas de certificación
del sector empresarial que los benefician no hacen nada para abordar esto. Por el
contrario.
El sello RSPO, por ejemplo, supuestamente garantiza que el aceite de palma utilizado
en varios productos es “sostenible”, pero en realidad se trata de abrir cuotas de mercado
a las empresas que crearon el sello. La producción y el consumo “sostenibles”, según la
RSPO, refiere a aumentar la producción y el consumo y conseguir una mayor cuota de
mercado, en asociación con empresas multinacionales. De hecho, en su evaluación de
2015, la RSPO habla sobre todo de un “aumento” del aceite de palma: aumentando la
membresía de RSPO en un 20%; aumentando sus productores de aceite de palma en un
6%; aumentando el 100% de aceite de palma sostenible en 10 países europeos para que
“todo el aceite de palma de Europa sea sostenible para 2020”; y aumentando el consumo
de aceite de palma certificado por la RSPO en un 10% en el megamercado de China
para el año 2020. La RSPO termina su visión general diciendo que trata de “transformar
los mercados para que el aceite de palma sostenible sea la norma en todos los países”.
(10) Por lo tanto, la RSPO no trata de que un modelo de producción altamente
concentrado y desigual que provee aceite vegetal barato para la industria de comida
chatarra se transforme en un modelo de aceite vegetal producido a pequeña escala y a
nivel local, de acuerdo a principios de justicia agroecológica y social. La RSPO
simplemente apunta a aumentar la cuota de mercado del aceite de palma
certificado por la RSPO y a salvaguardar los beneficios de las empresas. Esto
también explica por qué la RSPO organizó el programa “African Road Show” que
estuvo en Gabón en 2012 (11).
Si no se cambia el modelo de monocultivo a gran escala, los programas como la RSPO
seguirán vendiendo un mensaje falso. Estos argumentan que los monocultivos de palma
aceitera a gran escala podrían ser, como dice OLAM en su política, “sostenibles”, algo
que uno puede “cultivar responsablemente” y que puede “coexistir” con el “bienestar de
las comunidades”. Cuando los consumidores y los bancos creen en este mensaje, las
empresas pueden expandir su negocio de aceite de palma mientras, al mismo tiempo,

26
oprimen a aquellas comunidades que luchan contra las ahora llamadas empresas
"sostenibles".
Desafíos por delante
Entonces, ¿qué se puede hacer para trabajar hacia un cambio estructural y para reducir
las relaciones de poder desiguales?
Las comunidades necesitan apoyo. Los grupos y activistas internacionales, nacionales y
locales deben seguir dando prioridad al apoyo y el fortalecimiento de la capacidad
organizativa de las comunidades y sus luchas; crear redes e intercambios entre las
comunidades y entre los países y continentes, con el fin de fortalecer movimientos
globales de luchas contra un modelo de lucro que es destructivo para el bienestar y el
futuro de las comunidades, los bosques y el clima.
Los compromisos de las empresas con respecto a la sostenibilidad deberían ser
jurídicamente vinculantes. Las ONG deben rechazar y no participar de compromisos
voluntarios. La experiencia demuestra que estos no sólo han fracasado sino que han
mejorado la imagen de las empresas, mientras que ponen en grave peligro las luchas de
las comunidades locales.
Los consumidores tienen un papel importante que desempeñar: rechazar, cuestionar
públicamente y boicotear a la RSPO y otros certificados comerciales, porque crean una
imagen falsa que sólo beneficia a las empresas. También apoyar los productos de la
agricultura campesina local, contribuyendo a la soberanía alimentaria, es decir, al
control de las comunidades sobre sus tierras así como sobre la producción y el
suministro local de alimentos, en lugar de comprar productos importados basados en
una producción de monocultivos a gran escala, controlada por transnacionales como
OLAM.
GRAIN y WRM
(1) Documento de política mundial sobre los bosques (Draft Global Policy on Forests)
de OLAM Internacional – versión 1, 28 de febrero de 2017
(2) Reporte Anual de OLAM 2015: http://olamgroup.com/investor-relations/annual-
report-2015/annual-financial-statements/
(3) La RSPO es una iniciativa fundada en 2001. Se trata de una asociación entre la
industria del aceite de palma y algunas ONG, con WWF como uno de los principales
actores. Es una respuesta de la industria del aceite de palma a los conflictos y los
problemas ambientales, especialmente la deforestación, causados por la rápida
expansión de la industria, principalmente en Indonesia y Malasia, en los últimos 20
años. La RSPO tiene ahora más de 750 miembros y sólo 13 de ellos son ONG, por lo
que los restantes 740 miembros son empresas relacionadas con el sector del aceite de
palma. La RSPO entrega certificados a los productores de aceite de palma, a partir de
un conjunto de principios y criterios aprobados por los miembros de la RSPO. En su
página web (www.rspo.org), la RSPO señala que en octubre de 2015 ya había
certificado alrededor de 2,56 millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera
como "sostenibles".
(4) http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/plantaciones-de-arboles/
(5) http://www.mightyearth.org/blackbox/

29
pero igual caminé”, manifiesta. “Entre 20 mujeres agarramos una canoa y nos
fuimos al lugar donde había aterrizado un helicóptero con trabajadores de la
empresa. Agarramos a los trabajadores y los trajimos al centro de la comunidad.
También cogimos a unos militares y les quitamos las armas. Nosotras solamente
teníamos lanzas”, explica Santi, que anteriormente fue secretaria de AMIS,
organización que después pasó a llamarse Kuri Ñampi (Camino de Oro).
Finalmente, la comunidad consiguió expulsar a la petrolera de su territorio, pero no se
quedó ahí. Sarayaku denunció al Estado frente a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por haber permitido la entrada de CGC sin realizar una consulta a la
comunidad. En 2012, el Tribunal, obligó al Estado a pedir disculpas públicas y a
llevar a cabo una consulta previa, libre e informada a los habitantes de la
comunidad antes de iniciar cualquier proyecto petrolero en su territorio.
Aunque Sarayaku ganó la batalla, sus mujeres han continuado con su lucha tanto dentro
como fuera de la comunidad. El 8 de marzo de 2016, coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer, cientos de warmis de siete nacionalidades indígenas salieron
a las calles para protestar contra la concesión de dos bloques petroleros que afectan
parcialmente al territorio de Sarayaku, al consorcio chino Andes Petroleum.
Mujeres kichwas, waoranis, záparas, shiwiar, andoas, achuar y shuar dejaron
clara su intención de combatir las aspiraciones extractivistas del Ejecutivo de
Rafael Correa y de las petroleras chinas Sinopec y CNPC.
Pese a que durante sus primeros meses en el Gobierno se alineó con el movimiento
indígena y las organizaciones ecologistas, Correa no tardó en alejarse de ellas y
continuar con el legado extractivista de sus antecesores. Desde 2015, además, se ha
recrudecido la represión de la protesta indígena. En agosto tuvo lugar el paro
nacional promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), que se saldó con más de un centenar de detenidos. En la cordillera del
Cóndor, el Ejército desalojó las comunidades shuar de Tundayme y Nankints para dar
paso a dos megaproyectos mineros.
Una lucha diaria
En su revuelta cotidiana contra el patriarcado ancestral, las mujeres de Sarayaku
consiguieron restringir la distribución de alcohol, exceptuando la chicha, la bebida
tradicional de yuca que ellas mismas fermentan con su saliva. “Las mujeres tuvieron
que luchar mucho en las asambleas para que los hombres lo aceptaran”, narra
Abigail Gualinga, una joven de 20 años que pertenece a la nueva generación de mujeres
luchadoras de Sarayaku. Aunque esta restricción no ataja las desigualdades
derivadas del sistema patriarcal, sí mejora sustancialmente las condiciones de vida
de las warmis. En su libro Mujeres de maíz escrito desde Chiapas, México, Guiomar
Rovira expone que “El alcohol ha sido junto con la religión y las armas una forma
de control y subyugamiento de los campesinos e indígenas pobres. Su consumo ha
sido celosamente cultivado por patronos, caciques y demás explotadores”.
Gran parte de los esfuerzos de las mujeres indígenas organizadas tiene como objetivo
resistir frente al patriarcado originario ancestral que pauta los roles de género en sus
comunidades. Según Lorena Cabnal, indígena xinca de Guatemala y teórica del

30
feminismo comunitario, el patriarcado ancestral es “un sistema milenario estructural de
opresión contra las mujeres originarias o indígenas”.
El caso de Sarayaku no es el único en Ecuador en el que las mujeres han tomado un rol
protagónico en la defensa de sus cuerpos y de sus territorios ancestrales. Desde su
puesto como dirigente de mujeres de la CONAIE, Katy Machoa revela la razón
principal por la cual las mujeres amazónicas están tan decididas a luchar. “Tenemos una
relación muy cotidiana, diaria, de pertenencia con la tierra. En la selva todo sale de la
tierra, es nuestra fuente de vida, no tenemos otra fuente de ingreso. El hecho de que
todo el desarrollo y el mantenimiento de la familia dependa del territorio provoca que
cuando todo eso se ha visto amenazado, las mujeres nos hemos organizado para salir a
demandar respeto por nuestra forma de vida”, revela.
En Sarayaku, existe todavía desigualdad en el acceso a cargos políticos. A pesar de
que la lucha de Sarayaku dura ya más de tres décadas, solo en los últimos años las
mujeres han tenido acceso al consejo de gobierno comunitario. Asimismo, pese al
liderazgo que han tenido las warmis en la resistencia contra la explotación petrolera,
apenas una mujer ha sido presidenta del gobierno autónomo. Así pues, tanto en la lucha
política como en la lucha cotidiana, a las mujeres les queda todavía mucha batalla que
dar.
Mientras tanto, mujeres como Rita continúan levantándose a las cuatro de la madrugada
para preparar el desayuno, caminar hasta sus chakras para quitar las malas hierbas y
regresar cargando cestas llenas de yuca, plátano o papaya. Rita, como tantas otras
warmis, sigue preparando la chicha y saliendo a la ciudad a manifestarse contra las
injerencias del Estado y de las empresas petroleras en su territorio. Rita, cuya placenta
está enterrada en la tierra de Sarayaku que la vio nacer, no ceja en su empeño de
defender el territorio que sus abuelas le legaron y que ella aspira a ceder intacto a
sus nietas. Y Rita, además, ansía dejar de tener miedo cuando vuelve de una marcha
porque, como recuerda Machoa, “los hombres no tienen el temor de que alguien les
espere en la casa después de su actividad política y las golpee, pero las mujeres sí”.
Este es un resumen del artículo original, el cual fue publicado en enero de 2017 en
Pikara Magazine:
http://www.pikaramagazine.com/2017/01/la-cotidiana-lucha-de-las-mujeres-kichwas-
de-sarayaku/
Jaime Giménez, https://twitter.com/jaimegsb
Periodista, Sarayaku (Ecuador)

31
La resistencia de los Ngäbe y los Buglé: dejando a las
extractivas fuera de sus territorios
Con una historia plagada de atropellos e imposición desde los tiempos de la
colonización, los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé, enraizados en el occidente de
Panamá, continúan una lucha constante y sin treguas por una autonomía libre de
mineras, hidroeléctricas y otras industrias destructivas en sus territorios (1).
Hoy en día, las industrias más destructivas pueden obtener “sellos verdes” para vender
imágenes benevolentes con el medio ambiente o financiar proyectos de “compensación”
que en teoría suplen la biodiversidad perdida o contrarrestan la contaminación emitida.
Sin embargo, estas estrategias no hacen más que profundizar el modelo extractivista
actual, haciéndole creer a los consumidores que la destrucción está siendo
“compensada” o que un proyecto destructivo es de alguna manera “sustentable”.
Frente a esta tendencia de vender a los contaminadores como empresas “verdes”, con
eslóganes sobre sustentabilidad, los pueblos están imponiendo una fuerte resistencia. Es
así que la comarca Ngäbe-Buglé fue una fuente de inspiración cuando en 2010 logró
una ley de prohibición a la minería e hidroeléctricas en su comarca. Asimismo, en
marzo de 2017, El Salvador pasó una legislación para prohibir todo tipo de minería de
metal en el país luego de fuertes protestas (2). Costa Rica también, producto de mas de
15 años de resistencia popular, cuenta con una prohibición nacional de minería metálica
a cielo abierto (3). Y también en marzo último, una municipalidad al sur de Colombia
logró la prohibición de lo que sería la mina de oro a cielo abierto más grande del
mundo, luego que la gran mayoría de la población afectada estuviera en contra y haya
resistido su implementación (4).
En esta ocasión, conversamos con Rogelio Montezuma, jefe del Comité para la Defensa
de la Comarca Ngäbe-Buglé, actor clave en la resistencia contra la mina de cobre en
Cerro Colorado e hidroeléctricas.
Entrevista con Rogelio Montezuma
1. ¿Cuáles eran los planes mineros e hidroeléctricos en la comarca?

32
Los planes eran activar una concesión minera en el territorio Ngäbe Bugle en el año
2010, reformando el código minero para propiciar la inversión extranjera. Esto además
hubiera permitido la concesión de agua para la construcción de una hidroeléctrica, cosa
que la población rechazó firmemente en 2011 y 2012. En consecuencia, el entonces
gobierno de Ricardo Martinelli derogó la ley que reformaría el código minero y legisló
otra ley para que se prohibiera la exploración y la explotación minera, así como las
hidroeléctricas, en la comarca Ngäbe Bugle.
2. ¿Por qué fue y es tan importante proteger el Cerro Colorado contra las
intervenciones extractivas?
Proteger Cerro Colorado es importante por la biodiversidad existente, de la que
dependen las comunidades Ngäbe con cultura indígena, tradiciones y costumbres, así
como los ríos, los cuales cobran mayor importancia en este lugar ya que estos nacen
desde ahí y abastecen a la población indígena y no indígena. Además, geográficamente
el Cerro Colorado está considerado como corredor biológico mesoamericano y es el
pulmón de la comarca.
3. ¿Cómo organizaron la resistencia? ¿Cuál fue la estrategia?
La resistencia se ha logrado mantener por la conciencia de la población que habita en
esta comarca. Para lograr esto, se fue bajando informaciones a las comunidades sobre
los impactos negativos en la parte social, ambiental y cultural, proyectando videos sobre
las malas experiencias de la explotación de la industria minera en otro pueblos
indígenas.
4. ¿Cómo se confrontó la criminalización y represión que desplegó el
gobierno?
La población Ngäbe lucha a conciencia por su vida. Jamás renunció a la resistencia a
pesar de la masacre y la brutal represión de la policía nacional, hasta que se logró
establecer el acuerdo que garantiza su aspiración de ser un pueblo libre de minería e
hidroeléctricas.
5. ¿Por qué el acuerdo contra mineras e hidroeléctricas en la comarca no
afectó a la represa de Barro Blanco?
El acuerdo que se dio después de la represión se torna en la legislación que prohíbe la
exploración y explotación minera en la comarca así como las represas. No se pudo
lograr cancelar la hidroeléctrica de Barro Blanco por estar fuera de los límites del área
comarcal, aunque a pesar de esto sí tiene incidencia y afecta a las comunidades Ngäbe
que viven a la orilla del río donde se construyó la represa.
6. ¿Ya se pueden ver impactos en las comunidades y en los bosques por la
ejecución de dicha represa? ¿cuáles?
El impacto real es la inundación que se ha dado a las comunidades que viven a la ribera
del río Tabasara con el llenado del embalse. Pero esto está todavía por definirse por la

33
resistencia ya que los afectados han llegado a tal punto de desesperación que no
sabemos que va ocurrir en un futuro no muy lejano.
7. ¿Cómo se podría apoyar desde afuera la lucha del los pueblos Ngäbe-Buglé
hoy en día?
La participación a conciencia de la población es fundamental frente a cualquier
escenario que surja en proyecto similares que se traten de imponer al pueblo. Además,
la defensa de la legislación es esencial ahora y siempre.
(1)http://wrm.org.uy/oldsite/countries/Panama/article1.html;
http://wrm.org.uy/oldsite/boletin/46/Panama.html
(2) https://ramumine.wordpress.com/2017/03/31/el-salvador-prizing-water-over-gold-
bans-all-metal-mining/
(3) http://www.bdlaw.com/assets/htmldocuments/Costa%20Rica%20Proyecto-
159481.pdf
(4) https://ramumine.wordpress.com/2017/03/28/central-colombia-town-bans-worlds-
largest-open-pit-goldmine/
(5) Ver: http://www.radiotemblor.org/prohiben-la-mineria-a-cielo-abierto-en-areas-
protegidas-de-panama/
Producción y consumo de alimentos: la resistencia contra la
dominación
Para comenzar a discutir con profundidad la producción, y también el consumo, de
alimentos, en especial en un país como Brasil, se hace necesario recordar y mencionar
una serie de hechos.
En primer lugar, siempre debemos recordar que comer es un hecho de la existencia
humana, no un hecho menor. Cuarenta días sin comer pueden ser fatales para cualquier
persona. No tenemos la capacidad que tienen las plantas de consumir minerales
directamente y sostenernos con ellos. Necesitamos alimentos producidos por plantas y
animales (1), que la naturaleza por sí misma no es capaz de producir para los miles de

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